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lunes, 21 de octubre de 2013

Diccionario de la Crisis: estado

estado.
(Del lat. status).
~ del bienestar.
1. m. Término acuñado por los ideólogos del sistema para hacernos creer que el capitalismo era capaz de garantizar la felicidad de toda la población, por los siglos de los siglos, logrando la cuadratura del círculo. Se trató de un pacto de paz social donde el capital privado seguía obteniendo beneficios y la clase obrera de un reducido número de países tenía salarios decentes, un coche, frigorífico, pensiones públicas, educación, Sanidad, etc. A cambio de estos servicios, los grandes partidos de la izquierda institucional y las grandes centrales sindicales se comprometieron a no dar la vuelta a la tortilla, a no actuar en contra de las relaciones de poder del capitalismo. Estos servicios se construyeron en Europa a costa del incremento de la sobreexplotación de los pueblos de la periferia, por lo que nuestro supuesto bienestar se fundó en el subdesarrollo, el intercambio desigual y el robo de materias primas y recursos de esos países.*
~ fallido.
1. m. Estado caracterizado por un fracaso social, político y económico, cuyo gobierno es tan débil o ineficaz que tiene poco control sobre bastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Además, en este tipo de estados, las multinacionales actúan del mismo modo que los "señores de la guerra" hacen en los estados tercermundistas, es decir, someten al país a sus abusos.**


[*] Definición propuesta por Ángeles Maestro en "La Transición rompió la continuidad con las luchas históricas de los pueblos del Estado". Canarias Semanal, 9 de diciembre de 2013.
[**] Definición propuesta por Julio Anguita en la Asamblea de Córdoba del Frente Cívico "Somos Mayoría" del 20 de septiembre de 2013.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

La transición del Estado del Bienestar al Estado de la Caridad

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Fuente: El País
Si bien es admirable que ante situaciones de emergencia surjan iniciativas altruistas en ayuda a quienes las sufren, no podemos olvidar que la caridad como herramienta para paliar dramas humanos es indicio de un preocupante retroceso de conquistas sociales. Si realmente la formación es un derecho, el Estado ha de velar por su cumplimiento y la ciudadanía ha de reclamarlo. En otro caso, nos veremos abocados a una situación en la que los hijos de la gente humilde dejarán de estudiar porque sus familias no se lo podrán permitir, salvo quizás unos pocos que puedan disfrutar de la caridad de quienes quieran "apadrinarlos". En definitiva, nos encontramos ante una lamentable transición del Estado del Bienestar al Estado de la Caridad.

sábado, 3 de agosto de 2013

Cuidado con los ideólogos de la precariedad

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Fuente: Vozpópuli
Nos dicen desde la FAES -el aparato ideológico del Partido Popular- que la emancipación femenina, la extensión de la educación y la longevidad ponen en riesgo el Estado de Bienestar. ¿A qué Estado del Bienestar se referirán?, ¿al mismo a cuya destrucción ellos han colaborado activamente? Vivimos en una época de retrocesos sociales sin precedentes en la que una ciudadanía confundida conforma con que los recortes de derechos no sean excesivos. Se trata de una faceta más de la lucha de clases, en la que el neoliberalismo nos condena a la precariedad y luego sus ideólogos la justifica a base de falacias. En definitiva, comienza a cumplirse la vieja aspiración de las oligarquías de retroceder a la época en la que los trabajadores vivían para trabajar y procrear, su nivel educativo era el mínimo para realizar su cometido, y la mujer era una máquina de parir, eso sí, con teja y mantilla.

domingo, 30 de junio de 2013

Sobre la "adicción" al bienestar

La imagen de la jornada

Fuente: Europa Press
Gracias a la directora gerente del FMI, ahora nos enteramos que el bienestar es "adictivo" y, por tal motivo, la economía mundial necesita "desengancharse" de los años de comodidad que en tiempos pasados pudiese haber disfrutado, para lo cual sería imprescindible llevar a cabo nuevas reestructuraciones de los mercados laborales. Esta incomprensible afirmación, junto a la entusiasta defensa de Lagarde a las reformas estructurales llevadas a cabo en España e Italia, hace pensar que el bienestar que realmente preocupa al FMI es el que pudiese disfrutar la ciudadanía en otros tiempos. Se trata de la lógica del gran capital, a quien esta señora tan bien representa, el cual ya no necesita ningún contrapeso ideológico para contener las aspiraciones de los pueblos. Queda claro que el estado del bienestar ya no está ni se espera que regrese.

martes, 1 de enero de 2013

Feliz 2013, está en tu mano

Los deseos de año nuevo han de ir de la mano de un compromiso activo de cambiar las cosas. En la mano de cada ciudadano se encuentra responder de modo crítico a las promesas de los gobernantes, portavoces de los grandes poderes.

Año nuevo, vida nueva, reza el dicho. Quizás por eso, en un momento de simbólico comienzo de una nueva etapa, aunque sea una simple marca en el calendario, nos gusta desear las mejores fortunas a amigos y allegados.

Unos deseos de felicidad que contrastan con el balance del año que termina. 2012 ha dejado un intolerable rosario de números rojos[1] en forma de recortes en derechos fundamentales, en justicia social, en desigualdad ante la ley y la justicia. El gran capital ha mostrado su verdadero rostro, desvelando su plan para la periferia europea, en el que también pretende incluir a Francia[2]. Sus portavoces afirman sin tapujos que el año entrante será duro[3]. Esto significa que seguirán ahondando en las políticas de austeridad que tanto daño están haciendo a las clases populares en toda Europa[4]. La brecha entre ricos y pobres se hará aún mayor[5], mientras una parte de la población más precarizada seguirá sin comprender lo que realmente ocurre e irá extremizando sus ideas. No es casual el espectacular incremento de apoyos a Amanecer Dorado en Grecia y su desembarco en Italia[6].

El fantasma del rescate -el que no admite eufemismos- seguirá ahí[7]. El miedo a su llegada posiblemente justificará nuevas reformas en legislación laboral y en pensiones. El desempleo, seguirá siendo el gran drama, por lo que nadie se atraverá a denunciar la galopante precariedad laboral que venimos sufriendo. Muchas empresas de economía perfectamente saneada seguirán presionando a sus trabajadores para que acepten bajadas de sueldos, mientras las administraciones hará lo propio con sus empleados[8]. Día a día nos iremos alejando del Estado del Bienestar para asumir una economía de subsistencia, basada en la competición entre supervivientes en un mercado laboral incapaz de dar empleo para todos, y mucho menos digno.

Los servicios públicos seguirán siéndolos, aunque para beneficio privado. La privatización de hospitales y escuelas significa que los enfermos perderán su estatus de pacientes para pasar a ser clientes, al igual que los alumnos. Tanto puedas pagar, así será el trato recibido y la calidad del servicio.

Podemos desear un feliz 2013 pero, como bien apuntaba un amigo, la felicidad no se alcanza con el deseo, sino con la lucha, el antagonismo y las resistencias. La aceptación acrítica y borreguil de nuestro destino es el sueño hecho realidad de los grandes poderes y sus secuaces. Los buenos deseos han de transformarse en un activismo personal que permita reapropiarnos de nuestras propias vidas, que nos lleve a la construcción de algo que merezca llamarse humanidad.


[1] http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/2012_6_83701631.html
[2] http://www.economist.com/news/leaders/21566640-why-france-could-become-biggest-danger-europes-single-currency-time-bomb-heart
[3] http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/30/economia/1356890989.html
[4] http://www.noticiasdealava.com/2012/12/29/politica/estado/austeridad-y-reformas-sera-tambien-el-credo-de-rajoy-para-2013-un-ano-muy-duro
[5] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/14/actualidad/1350245239_192913.html
[6] http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4435504/11/12/Los-tentaculos-de-Amanecer-Dorado-se-extienden-por-Europa-desembarcan-el-Italia.html
[7] http://www.laprovincia.es/economia/2012/12/31/espana-comenzara-2013-sobra-rescate-ue/506316.html
[8] http://www.rtve.es/noticias/20120809/bce-apuesta-bajada-salarios-espana/555706.shtml

jueves, 27 de diciembre de 2012

El derecho a descansar dignamente tras una vida de sacrificios

La insistencia de los grandes organismos al servicio de los poderes financieros, como el FMI o la Comisión Europea, de retrasar la edad de jubilación denota su interés en penalizar a la clase trabajadora por el hecho de vivir más de su vida útil según los parámetros del capital.

La Europa del capital vuelve a hacer de las suyas. En esta ocasión se trata de la última sugerencia de la Comisión Europea acerca de retrasar, de nuevo, la edad de jubilación[1]. Cualquier consideración hacia nuestros mayores queda relegada a un segundo plano cuando se enfrenta a oscuros cálculos de economistas al servicio de los grandes poderes para quienes los trabajadores son, ni más ni menos, objetos desechables una vez que han culminado su vida útil.

Esta grotesca concepción de las personas mayores, por parte de los tecnócratas de la Comisión Europea, evoca a aquel análisis del FMI de principios del 2012 que consideraba un riesgo el hecho de que la gente viva más de lo esperado[2]. Ahora resulta que, tras una vida llena de sacrificios, aceptando sumisamente empleos malpagados, sufriendo el desgaste de jornadas maratonianas, madrugando cada mañana para acudir puntualmente al lugar de trabajo, dedicando más de una tercera parte del día a trabajar, ni siquiera tenemos derecho a unos años de descanso.

La sugerencia de la Comisión Europea se resume en penalizar a la clase trabajadora por atreverse, en promedio, a vivir más. Todo ello respaldado por un argumento tan simplista como relacionar el envejecimiento general de la población con la sostenibilidad de las pensiones. Por supuesto, si la cuestión del ajuste la edad de jubilación se limita al interés particular del capital financiero, tal argumento no admitirá discusión alguna. Incluso será cuestión de tiempo de que la caterva de sumisos todólogos que pululan los medios de comunicación comiencen a repetir el consabido argumento, que ya recitaron hace poco más de año y medio, con tal de justificar la nueva ocurrencia del gran capital europeo.

Sin embargo, fuera del espacio acotado por el establishment hay economistas que no cesan de advertir del disparate que suponen los argumentos a favor de retrasar la edad de jubilación[3]. Una sociedad cada vez más tecnificada y, por tanto, más productiva no debería tener problemas en obtener fondos para sufragar las pensiones por mucho que aumente la población jubilada. Ahora bien, si el modelo actual de fondo público de pensiones se basa fundamentalmente en las cotizaciones de los empleados, lo lógico es potenciar la creación de puestos de trabajo de calidad para asegurar entradas de dinero suficientes en el fondo de la Seguridad Social. En todo caso, nada impide que, en el peor de los escenarios futuros, el Estado habilite otras opciones de financiación para el fondo público de pensiones. Claro está que aquello implicaría elevar los impuestos a quienes más tienen y perseguir con tenacidad el fraude fiscal y la evasión de capital.

Por otro lado, conviene aplicar cierta cautela ante los estudios que sugieren un escenario de impagabilidad de las pensiones. Hasta el momento, ninguna de las profecías al respecto ha acertado. Ya en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[4]. Uno de los informes más recientes viene de la mano de Rodrigo Rato quien, a pesar de su incapacidad de predecir el futuro de Bankia, se atrevía a pronosticar del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[5].

La otra estadística para justificar el retraso de la edad de jubilación, la del aumento de la esperanza de vida, no sólo es fundada sino tendenciosa. Por una parte, vista la deriva que está tomando el sistema público sanitario, habría que comenzar por plantearse si la tendencia al crecimiento en la esperanza de vida de la población está próxima a su fin. Tan sólo hay que observar aquellos núcleos familiares compuestos por miembros de tres generaciones que son sostenidos por las pensiones de los abuelos. Se dan cada vez más casos de ancianos que prescinden de sus tratamientos médicos, destinando tales presupuestos al bienestar básico de hijos y nietos[6]. Además, como señalan otros estudios, la esperanza de vida es desigual para los ciudadanos si se tiene en cuenta el factor clase social. Simplemente, las clases más desfavorecidas apenas sobreviven estadísticamente unos años a la actual edad de jubilación. Así, "un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años"[7].

Es profundamente injusto que, tras una vida trabajando, produciendo, consumiendo, en definitiva, creando una plusvalía que fundamentalmente va a los bolsillos de los más poderosos, ni siquiera se reconozca a los trabajadores el derecho a un descanso digno en los últimos años de su vida. El gran capital ha convertido al ser humano, a la persona, en un instrumento de usar y tirar al que sólo presta un mínimo de atención mientras le es útil. Lo más rentable, desde su perspectiva, es que el diligente empleado pase a mejor vida el día después de su jubilación. Simplemente grotesco.


[1] Bruselas pide a España que retrase la edad de jubilación para frenar el gasto en pensiones". El Confidencial, 18 de diciembre de 2012.
[2] "El FMI pide bajar pensiones por "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado"". El País, 11 de abril de 2012.
[3] Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón (2010): ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. ATTAC, Madrid.
[4] Ibid, 31.
[5] "Rodrigo Rato advierte que el sistema de pensiones español puede entrar en déficit en el 2022". El Diario Exterior, 20 de enero de 2010.
[6] "Uno de cada tres ancianos españoles ayuda a sus hijos a sobrevivir con la pensión". El Confidencial, 14 de junio de 2012.
[7] Vicenç Navarro: "El retraso de las jubilaciones". Público, 16 de diciembre de 2012.

domingo, 4 de noviembre de 2012

Un solo motivo para unirse a la huelga general

Se suele decir que los derechos que no se usan se acaban perdiendo. Las reticencias de algunos trabajadores a secundar la huelga general del 14 de noviembre supone la renuncia a utilizar la principal herramienta de negociación de la clase trabajadora, un derecho dispuesto a ser cercenado por la patronal y los dirigentes políticos más conservadores.

Los trabajadores del Estado español vuelven a enfrentarse a la disyuntiva de secundar, o no, una convocatoria de huelga general. La decisión para muchos no es sencilla. Un significativa parte de la población es cada vez más consciente de que la interminable cadena de recortes y agresiones a los trabajadores no pueden llevar a nada bueno. Por el contrario, el espejo de Grecia se vuelve cada vez más diáfano, mostrando un panorama de precariedad generalizada en la que muchos españoles comienzan a ver reflejado su futuro inmediato, cuando no su presente.

No obstante, es razonable que cualquier asalariado siga planteándose en dilema de qué hacer el día 14 de noviembre. El hecho de ir a trabajar ese día no significa en absoluto estar de acuerdo con la desastrosa política de austeridad y recortes. Sin embargo, muchos trabajadores tienen miedo a "señalarse", a convertirse en candidatos a perder su puesto de trabajo, como ocasionalmente "advierten" sin tapujos algunos jefes prevaricadores; otros han caído presas del desánimo y piensan que de poco vale un huelga cuando el Gobierno va a continuar haciendo lo que le dé la gana. El depauperado estado de las economías familiares simplemente imposibilita a muchos trabajadores tan siquiera plantearse perder un día de su jornal, mientras otros saben que esas horas no trabajadas luego las tendrán que recuperar echando horas extras que jamás serán remuneradas.

La realidad es que todos los argumentos antes descritos, que bien podrían ser utilizados por trabajadores con plena conciencia de clase para justificar su no adhesión a la jornada de huelga, son también síntomas de un grave problema que adolece el panorama laboral en España: la casi total desprotección del asalariado, consecuencia de una sucesión de reformas laborales que tan sólo han servido para inclinar la balanza del pacto social hacia los intereses de la patronal. Es justo achacar parte de culpa de esta situación de desprotección a las fuerzas sindicales mayoritarias, las cuáles se han ajustado a su papel de apaciguar a los movimientos obreros a base de pactar unas mínimas condiciones con la patronal que garantizaban cierta paz social. El Estado del Bienestar supuso el desclasamiento de gran parte de la población, una pérdida de conciencia de clase que, con los años, se demostraría fatal, resultante en una paradójica división entre los propios trabajadores, llevando a algunos a identificar a todo el movimiento sindical como el principal enemigo. La consecuente pérdida de cualquier capacidad combativa por parte de los trabajadores supuso el debilitamiento de los propios sindicatos, cuya capacidad de negociar se había rebajado ostensiblemente. A esto habría que sumar la interesada amplificación de los defectos de los sindicatos mayoritarios por parte de los grandes medios de comunicación.

El resultado de lo anteriormente descrito es una situación en la que el movimiento sindical, en su totalidad, se encuentra desacreditado para una gran parte de la opinión pública, por lo que su apoyo se vuelve cada vez más tibio. Tibieza que, por otra parte, sólo sirve para reducir aún más la capacidad de los sindicatos a defender sus posiciones. Así, los sindicatos mayoritarios venden como triunfos alcanzar pactos que suponen, en la práctica, retrocesos en los derechos de los trabajadores[1]. En este mundo al revés, surgen advenedizos grupos sindicales que parecen estar más en sintonía con los intereses patronales que con los de sus propios afiliados, que incluso se niegan a secundar una huelga como la del 14 de noviembre, la primera de la historia en agrupar a trabajadores de varios estados europeos.

Valga el breve análisis anterior para recalcar la debilidad de la clase trabajadora en España, subsidiaria del coste de los desmanes del gran capital que ha provocado la actual crisis y sus miserias. Una clase trabajadora que necesita con urgencia recuperar la conciencia de clase que otrora tuvo si no quiere perder todas y cada una de sus conquistas sociales. Los tecnócratas de la troika ya proponen abiertamente reducir el sueldo mínimo, aumentar la jornada laboral[2] o retrasar -de nuevo- la edad de jubilación, mientras que la patronal española clama contra el derecho a la huelga[3] y el Partido Popular juega a su ya clásico juego de insinuar para luego negar lo insinuado, en este caso en lo referido a sus intenciones de limitar el mencionado derecho[4][5][6].

Decía Carl Sagan que "los derechos y las libertades, o se usan o se pierden"[7]. En esa tesitura se encuentra ahora el derecho a la huelga. No se puede olvidar que, gracias a las huelgas, la clase trabajadora consiguió que a partir de un primero de mayo de 1886 se estableciese la jornada de ocho horas que 126 años después vuelve a peligrar. Por eso, el principal motivo para hacer huelga el día 14 de noviembre es la defensa del propio derecho a la huelga, herramienta última de negociación de los trabajadores, su derecho a dejar de vender por un día su fuerza de trabajo para renegociar su valor.


[1] "Patronal y sindicatos se felicitan por el acuerdo para la moderación salarial". El Mundo, 25 de enero de 2012.
[2] "Rebajar el salario mínimo o ampliar la jornada laboral, las medidas propuestas por la troika". Cadena SER, 14 de octubre de 2012.
[3] "La patronal pide restringir el derecho de huelga". Público, 16 de febrero de 2012.
[4] http://www.publico.es/dinero/422720/el-gobierno-esta-dispuesto-a-revisar-el-derecho-de-huelga
[5] http://www.ppasambleamadrid.es/henriquez-de-luna-a-favor-de-regular-el-derecho-a-huelga/
[6] http://www.antena3.com/noticias/espana/maria-dolores-cospedal-reforma-derecho-huelga-prioridad-gobierno_2012022000022.html
[7] Carl Sagan (1995): El mundo y sus demonios. Barcelona, Planeta, capítulo 25.

domingo, 30 de septiembre de 2012

Cuando los medios extranjeros pretenden hacer la cama a Rajoy

La indefinición de Rajoy a la hora de aplicar algunas de las políticas de recortes dictadas desde Berlín -debido a la proximidad de elecciones autonómicas- junto al exceso de autoritarismo que demuestra ante las movilizaciones populares, llevan a algunos medios extranjeros a poner en duda su capacidad como presidente de Gobierno, que empiezan a verlo como un cadáver político que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, no hay que olvidar que el problema subyacente en el Estado español es más profundo que la presunta incompetencia de Rajoy.

Se suele decir que se le "hace la cama a alguien" cuando se tiene la sospecha, más que fundada, de que se le está preparando el terreno para relegarlo del puesto que ocupa. De la reciente proliferación de titulares y columnas de opinión en algunos medios internacionales -nada sospechosos de seguir líneas editoriales opuestas a los establishments occidentales- puede deducirse que existe algo más que desconfianza hacia el dirigente español, tal vez la intención de hacerle la cama.

El titular más reciente, que parece que no va a ser el último de este estilo, viene del periódico británico The Telegraph que afirma que "Rajoy es un muerto viviente"[1] refiriéndose a la constante pérdida de credibilidad, en los circuitos internacionales, acerca de su capacidad de gestionar cualquier mejora en la economía española desde su llegada al poder. Para reforzar tal idea, el columnista sentencia que "hace menos de un año que Rajoy llegó al poder en una aplastante victoria y ya está herido de muerte"[2].

Llama la atención la insistencia en la defenestración política de Rajoy, habida cuenta que éste sólo se ha limitado a cumplir órdenes. A estas alturas, a nadie se le puede escapar el detalle de que el Gobierno de España está siguiendo una hoja de ruta política y económica marcada desde los grandes estamentos financieros europeos. No en vano, siendo aún candidato a la presidencia, Rajoy se reunió con Merkel para rendirle pleitesía[3] y, una vez en posesión del cargo, poco tardó en volver a verla para reiterarle su disposición a cumplir con las directrices que ésta estimase oportuna[4].

A ojos de la opinión pública española, Rajoy ha sido -y sigue siendo- el fiel lacayo de Merkel[5]. Del famoso y repetido "como Dios manda" del presidente español, a tenor de su férrea obediencia, puede deducirse que éste sitúa a la mandataria alemana allá en los altares celestes, justo a la derecha de la banca privada europea. Sin embargo, a pesar de las apariencias, el Gobierno español no está libre de pecado aunque, de momento, no hayan sido motivo para desatar la ira de las deidades financieras. Unos de sus pecadillos de juventud fue, por ejemplo, ignorar los deseos de Alemania respecto a quien debiera ocupar el Ministerio de Economía[6]. La oligarquía europea pretendía a un tecnócrata cuya labor se limitase a obedecer sus dictados. El candidato era José Manuel González Páramo, consejero del BCE para más señas. No obstante, el Partido Popular, en su lógica aspiración a no ceder el cien por cien de su independencia, se decantó por Luis de Guindos, un hombre de la casa, próximo a sus fuentes ideológicas y, por tanto, a la FAES de José María Aznar.

Pero, quizás, el gran pecado de Rajoy ha sido su incapacidad de contemporizar las exigencias de la banca europea con los intereses electoralistas de su partido. Al PSOE, primero, y ahora al Partido Popular les ha tocado cumplir la particular hoja de ruta de la "refundación del capitalismo" en Europa; es decir, la destrucción de cualquier atisbo de bienestar social en la semi-periferia Europea. La impaciencia de los mercados, ávidos de ver cumplidas las antisociales y temidas reformas, se ha visto refrenada por la proximidad de las elecciones autonómicas. Al fin y al cabo, el partido en el Gobierno es consciente de la sangría de votos que le supone cada recorte llevado a cabo, por lo que es lógico que espere su anuncio a días posteriores a las susodichas elecciones.

El destino de la economía española parece pasar por un rescate o, lo que es lo mismo, la cesión definitiva de cualquier soberanía económica a la troika. La cesión de un ala del Ministerio de Economía a los temidos "hombres de negro" supondría la ejecución inmediata de reformas dañinas no sólo a la ciudadanía sino a los intereses electorales a corto plazo del partido en el Gobierno. Así, a juicio de Matthew Lynn del Wall Street Journal, Rajoy, en su desesperación por ganar tiempo, se encuentra inmerso en un "juego de la gallina" con los mercados financieros[7], una indefinición que podría agravar la recesión en la que se encuentra el sistema económico español. Al respecto, Goldman Sachs ha hecho uso de los medios de comunicación para instar al Gobierno a dejar "de satisfacer los intereses políticos domésticos"[8].

Mientras tanto, Alemania se mantiene en el juego de la ambigüedad, ensalzando unos días la intachable actitud del Gobierno de España en sus compromisos con el cumplimiento de déficit[9] para, a continuación, mostrar su descontento con la actitud española ante sus obligaciones con Europa[10]. Algunos analistas, como  Edward Hugh, interpretan la confusa postura alemana como un modo de ganar tiempo ante las próximas elecciones en el país centroeuropeo, debido a la indeterminación del impacto que supondría un rescate a España en la banca privada alemana y el más que probable coste electoral que supondría al partido de Merkel[11].

Todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo de que algún tipo de rescate sea llevado a cabo en España. La consecuencia inmediata será la aplicación de nuevas medidas, entre ellas la reforma -a peor- del sistema de pensiones o la reducción del salario mínimo interprofesional. La consecuente contracción del consumo acelerará la espiral de desempleo y precariedad laboral que, a su vez, agravará la conflictividad y presumiblemente incrementará las movilizaciones contra el Gobierno y sus medidas. Ante tal perspectiva, Damian Reece, columnista del rotativo The Telegraph, advierte que "España ha dado otro paso seguro para convertirse en la próxima Grecia", de lo que culpa principalmente a Rajoy[12]. En la misma línea, el semanal francés Challenges se pregunta si el presidente español está a la altura de las circunstancias[13].

Más allá de la cuestión económica se encuentra la credibilidad de un Gobierno que demuestra ser mucho más débil de lo que pretende aparentar. El fuerte resurgir del independentismo catalán es interpretado en el resto del mundo como una grave muestra de descontento hacia su gestión. Por otra parte, el creciente número de movilizaciones ciudadanas llevadas a cabo en los últimos tiempos -sobre todo desde el 25 de septiembre-, y las represivas respuestas dadas a aquéllas, han puesto en duda el manto democrático con el que la Europa del capital pretende cubrir los recortes del Estado social. Paradójicamente, una vez al descubierto la crudeza de las políticas de austeridad llevadas a cabo en España, la prensa internacional no duda en señalar a Rajoy como cómplice de un golpe de estado financiero[14].

Cada vez son más los medios que dan por hecho que a Rajoy le queda poco tiempo en La Moncloa, que su destino es el mismo que siguieron Berlusconi o Papandreu. No se trata de ningún tipo de manía hacia su persona, a pesar de que su fama de presidente parco en intervenciones públicas y explicaciones a los ciudadanos no sea bien vista entre los medios extranjeros. La historia reciente indica que los mandatarios que aceptan rescates suelen tener sus días contados en los gobiernos. Puede ser que pronto España se encuentre bajo la batuta de un Gobierno de concentración cuyo papel sea, fundamentalmente, acelerar la agenda de reformas dictadas desde Berlín.

Sin embargo, la situación actual de la economía española no tendrá arreglo mientras se mantengan las mismas reglas del juego. Mariano Rajoy es ahora quien firma las medidas que le ordenan desde las oligarquías europeas. La regla no escrita es que las pérdidas sean socializadas entre los ciudadanos, quienes día a día sufren en sus carnes el drama de una precariedad cada vez mayor. Ante tal panorama, el desgaste de Rajoy en el Gobierno es inevitable, al igual que ocurrió con el anterior presidente. Por supuesto, en contra de Rajoy está su actitud totalitaria, bajo la excusa de la mayoría absoluta, y las políticas represivas sobre quienes protestan. Sin embargo, el problema no es Rajoy, como una parte de los medios extranjeros -al servicio del establishment- pretenden hacernos creer. Al gran capital no le importa quien gobierne mientras sea fiel al lenguaje de los recortes y la mal llamada austeridad. El problema es la falta de soberanía en el pueblo español debido a un modelo de Estado que no está a la altura.


[1] ""Rajoy es un muerto viviente y España debe salir el euro", según The Telegraph". El Economista, 28 de septiembre de 2012.
[2] Ibid.
[3] "Rajoy trató en dos ocasiones con Merkel el ajuste para lograr ayuda". El Economista, 15 de noviembre de 2011.
[4] "Merkel insta a Rajoy a “poner en marcha las reformas necesarias rápidamente”". El País, 22 de noviembre de 2011.
[5] "La ama Merkel felicita al lacayo Rajoy por "el impresionante ritmo de las reformas"". Kaos en la Red, 6 de septiembre de 2012.
[6] "Alemania ‘aconseja’ a Rajoy que nombre ministro de Economía a González Páramo. Hispanidad, 14 de noviembre de 2011.
[7] "Spain’s chicken game won’t end happily". The Wall Street Journal, 26 de septiembre de 2012.
[8] "Goldman Sachs recomienda a España dejar "de satisfacer los intereses políticos domésticos"". El Economista, 26 de septiembre de 2012.
[9] "Merkel exige no abandonar las reformas ante la compra de deuda del BCE". La Vanguardia, 6 de septiembre de 2012.
[10] "Los aliados de Merkel pierden la paciencia con Rajoy: Que aclare ya la situación". Finanzas, 24 de septiembre de 2012.
[11] "La reforma de las pensiones: ¿Es ese el motivo por el que Rajoy no pide el rescate europeo?". La Carta de la Bolsa, 26 de septiembre de 2012.
[12] "Spain is turning into the new Greece, and Mariano Rajoy has himself to blame". The Telegraph. 26 de septiembre de 2012.
[13] "Mariano Rajoy est-il à la hauteur?". Challenges, 22 de septiembre de 2012.
[14] "The Spanish public won't accept a financial coup d'etat". The Guardian, 25 de septiembre de 2012.

lunes, 16 de julio de 2012

¿De camino hacia un gobierno de salvación nacional?

Gran parte de la población española ha interpretado los últimos recortes perpetrados desde el Estado español como un ataque directo contra sus derechos. El Gobierno se enfrenta ante un panorama de seria agitación social, contra la cual poco vale escudarse en la legitimidad de su mayoría absoluta. Ante tales circunstancias, la posibilidad del establecimiento de un gobierno de salvación nacional -igualmente controlado por la troika- se hace, cada día que pasa, más real.

Los últimos recortes anunciados por el Gobierno del Partido Popular, los más duros de la historia moderna, han provocado el rechazo de una parte significativa de la población española. Desde el 11 de julio, numerosas movilizaciones -tanto espontáneas como organizadas- no han dejado de sucederse[1]. La credibilidad del Gobierno, a pesar del incondicional apoyo de la caverna mediática, se encuentra bajo mínimos. El argumento de la mayoría absoluta[2], utilizado por aquél para hacer y -sobre todo- deshacer al antojo de los grandes poderes financieros, deja de tener legitimidad -si es que alguna vez la tuvo- cuando cada anuncio de recortes implica la ruptura de más promesas electorales.

El pretexto de la herencia recibida del anterior gobierno pierde cada vez más fuerza, pasando a interpretarse como una excusa para evitar reconocer que el trasfondo de los recortes es mucho más profundo que una consecuencia de la suma de errores pasados. Las indudables equivocaciones del expresidente Rodríguez Zapatero partieron de la misma base ideológica que ahora continúa Rajoy: la sumisión al neoliberalismo impuesto desde la Europa del capital, cuya embajadora es Angela Merkel, a partir de una particular interpretación del concepto de austeridad que conlleva al inexorable empobrecimiento de la población. Por tanto, detrás de cada recorte, haya sido impuesto por Zapatero o por Rajoy, hay un trasfondo ideológico cuyo fin último es el desmontaje del Estado del Bienestar, pues éste ha dejado de ser un instrumento necesario para los grandes poderes.

Ante la perspectiva, cada vez más tangible, del desmontaje de los -ya de por sí débiles- mecanismos del bienestar en España es lógico pensar que la deseada paz social peligre, pues ya no existe ningún contrato social que la garantice. Dicho de otro modo, el factor de contención social del pan y circo sólo tiene validez mientras haya un mínimo de pan. Los últimos recortes suponen la ruptura unilateral del contrato social hasta ahora existente e implica la reedición del camino de emprobrecimiento emprendido en su día por Grecia.

La dinámica de movilizaciones, disturbios y huelgas generales que ha venido azotando a Grecia puede reproducirse en España. Toda esta conflictividad ha de interpretarse como síntoma de que no se está gobernando para el interés de la mayoría, sino para el beneficio de unos pocos privilegiados; de hecho, dada la magnitud del conflicto, es razonable pensar que ningún gobierno actuaría de un modo tan evidentemente suicida -desde una visión electoralista- si pudiera evitarlo. Efectivamente, España y Grecia son gobiernos títere de los grandes grupos de poder cuya cabeza visible es la troika formada por el BCE, la Comisión europea y el FMI.

El reconocimiento a tal situación parte de los propios gobernantes electos, justificándose cualquier recorte con el consabido "nososotros no queríamos, pero nos obligan". De hecho, la impotencia del Gobierno se ilustra perfectamente en la afirmación de que, en caso de no tomar las medidas a motu proprio, vendrán de fuera a tomarlas[3]. En román paladino, esto significa que a Europa no le temblará el pulso en deponer a cualquier gobierno insumiso para colocar, a continuación, a algún tecnócrata de su confianza, como ya hizo con Berlusconi o Papandreu. La Europa intervenida ha pasado a ser un protectorado del gran capital, representado por la troika, al cual le da exactamente igual el bienestar de la población de los países rescatados con tal de que los créditos y sus intereses sean devueltos a los bancos acreedores[4]. En tal sentido, no han sido casuales los ataques orquestados por el Gobierno de Angela Merkel contra Syriza durante la campaña electoral de junio de 2012. El gran capital europeo hará lo que esté en su mano por asegurar la permanencia de gobiernos afines a sus intereses, manipulando lo necesario para que se mantenga una sensación democrática, aunque se reduzca exclusivamente al ámbito electoral.

La espiral de conflictividad a la que parece abocada la sociedad española puede que no tarde en reproducir un escenario como el que se produjo en Grecia, que supuso el fin del gobierno de Papandreu. En su caso, la presión social contra la aceptación de un nuevo rescate fue tal que obligó al entonces primer ministro a  convocar un referendum. Su cese y sustitución por un títere afín a Berlín fue inmediato. Al igual que en Grecia, asociaciones y sindicatos afines a las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército han presentado diversos comunicados advirtiendo de su disconformidad con la actual situación[5]. Por otra parte, se plantean movilizaciones ciudadanas para el 25 de septiembre con el objetivo de "rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución"[6].

Ante la situación descrita se plantea un escenario en el que la Unión Europea, en aras de la normalización, la responsabilidad y el sentido de Estado -con el oportuno apoyo de los todólogos de los medios de comunicación tradicionales-, podría imponer la creación de un gobierno de salvación o concentración nacional[7] formado por los partidos más representativos, fundamentalmente PP, PSOE y CiU. De hecho, la coalición catalana lleva tiempo sugiriendo la posibilidad de que tal gobierno sea llevado a cabo[8]. En todo caso, de ocurrir así, todas las movilizaciones, todas las luchas a pie de calle no habrán servido para nada, repitiéndose lo ocurrido en Grecia.

Es fundamental que la sociedad haga uso de la movilización como instrumento para la toma de conciencia de clase. Las movilizaciones no pueden reducirse a simples actos de protesta, de demostración de inconformidad hacia las medidas lesivas a los ciudadanos, sino que han de ser la referencia de una lucha constructiva hacia objetivos claros. De nada sirve desafiar al Estado, por muy degradado que se encuentre ante injerencias de terceros, si no se utilizan tales desafíos para construir relaciones de poder favorables para la clase trabajadora. De ahí la importancia de la consolidación de un frente cívico que canalice la preocupación de la ciudadanía hacia una toma real de conciencia de clase, que permita así plantear una alternativa sólida y eficaz a futuras imposiciones desde el gran capital europeo.


[1] "Los funcionarios vuelven a salir a la calle y cortan la Gran Vía para protestar por los recortes". RTVE Noticias, 16 de julio de 2012.
[2] Por ejemplo, véase como ejemplo: "El PP bloquea la comparecencia de Rajoy para explicar los recortes". El País, 17 de abril de 2012.
[3] "Cospedal: si España no toma medidas, "van a venir otros" a ponerlas". Europa Press, 16 de julio de 2012.
[4] De hecho, la prensa extranjera no tiene reparos en definir a la UE como "los nuevos amos de España". Vid. "The Economist: "Subir el IVA es una imposición de los nuevos amos de España"". El Economista, 15 de julio de 2012.
[5] "Militares avisan que su capacidad de aguante tiene un límite". Público, 15 de julio de 2012.
[6] "Movimientos sociales de toda España pretenden ocupar el Congreso el 25 de septiembre". Tercera Información, 15 de julio de 2012.
[7] Esta posibilidad ya fue planteada por Julio Anguita en la entrevista: ""Seré rebelde hasta que me muera, porque no soporto esta injusticia"". Diario de Córdoba, 1 de julio de 2012.
[8] "Duran: "El Gobierno de Rajoy me ha decepcionado: son unos burócratas"". La Vanguardia, 21 de mayo de 2012.

jueves, 12 de julio de 2012

El arte de gobernar dando pena

Cada nuevo anuncio de recortes al cada vez más famélico Estado del Bienestar en España va inexorablemente acompañado de lastimosas disculpas del tipo "no queríamos, pero no quedaba más remedio que hacerlo". La realidad, que ha de ser comprendida por la población, es que todas estas medidas agresivas hacia la ciudadanía tienen un fuerte trasfondo ideológico, y por tanto son evitables y reversibles.

Mariano Rajoy se ha superado a sí mismo en su lamentable juego de opacidad hacia la ciudadanía, dobles sentidos y falsas promesas[1]. En un nuevo ejercicio de servilismo hacia los grandes poderes económicos, el lánguido Estado del Bienestar sufre un nuevo revés por parte del Gobierno. El esperpento alcanzó su cenit en el Congreso durante los aplausos de todo el Grupo Popular que, de aquel modo tan sonoro, arropaba a su presidente[2].

No busca este artículo criticar a la figura de Rajoy por unas decisiones que no dejan de ser completamente coherentes con el dogma que profesa. Ni siquiera se trata de abundar en las posibles maldades de tal o cual grupo político, pues todo sigue, como es de esperar, un guión perfectamente escrito por los ideólogos neoliberales que rigen el destino de Europa; un guión lejos de conspiraciones, tan sólo consecuente con la más peligrosa ideología basada en la explotación del hombre por el hombre. Es decir, del pobre por el rico. La razón de ser de estos modestos párrafos es lamentar el lloriqueo, el teatrillo barato, la obscena hipocresía que subyacen tras la justificación de cada recorte, de cada ataque a la población en forma de decreto.

Dar pena es, muy posiblemente, el peor y más lamentable modo de justificar los actos propios. En tiempos como los que nos toca vivir, donde el significado del término crisis abarca más allá de lo financiero y alcanza a lo ético, bien se hubiera agradecido la valentía de decir las cosas por su nombre, con firmeza y sinceridad. A estas alturas, casi es preferible que nuestros gobernantes reconozcan su dependencia de terceros, que España se ha convertido en un protectorado de Alemania o, hablando con más propiedad, de la banca privada alemana. Ha de quedar bien claro, aunque eso no lo cuente la prensa tradicional, que todas las medidas impuestas por "los socios europeos", quienes "esperan la máxima disciplina"[3], tienen como fin último asegurar la devolución de la deuda contraída por el Estado español -y sus respectivos intereses- a los bancos europeos que la financian[4]. No en vano, cuando el Presidente afirma que hace "lo único que conduce a la recuperación y es el que tenemos la obligación de seguir, y el que vamos a recorrer sin vacilaciones"[5], bien haría en mirarse en el espejo de Grecia, cuyos sucesivos gobiernos han seguido el mismo camino de recortes que hoy empobrecen a la ciudadanía española. Un estado que, por cierto, comparte con España el tutelaje económico de Europa[6]. El lastimoso modo de anunciar los últimos recortes contrasta, sin embargo, con la triunfalista afirmación de Rajoy de haber cumplido la mitad de las medidas anunciadas durante su discurso de investidura[7], punta de un iceberg de la cadena de agresiones que llevamos sufriendo y las que nos esperan, todas parte de la hoja de ruta fijada por la FAES[8], el think-tank al servicio de los grandes poderes españoles y europeos. 

No es necesario que, a estas alturas, venga nadie a llorar a la ciudadanía para recordar que "las medidas anunciadas no son agradables (...) pero sí son imprescindibles"[9]. Resulta cansino el recurrente paternalismo agrio con el que, cada vez que tiene ocasión, se nos reprocha que todo se hace por nuestro bien. La imagen de abnegados gobernantes que se parten la cara por nosotros, que hacen "lo único que se puede hacer para salir de esta postración"[10], dista mucho de la realidad en la que nuestra cara -la de los ciudadanos- es destrozada con tal de satisfacer a grandes banqueros y empresarios[11], según siempre la línea trazada por su dogma ideológico.

Por eso mismo, ya de perdidos al río, se agradecería una declaración de nuestros mandatarios a la altura de su fidelidad al libre mercado en la que nos reconociesen que su leiv motiv es el capitalismo per se. En vez de escudarse en que "gracias a esos sacrificios individuales, podremos salvar lo que compartimos"[12], mejor sería que explicasen que toda esta crisis no es más que un montaje, un fraude que les está sirviendo para demostrar lo eficientísimos capataces que son. Capataces al servicio de amos que controlan bancos y corporaciones, enemigos estos últimos de la democracia cuando ésta implica límites a su poder.

A la proclama de que seamos "una Nación dispuesta a sacrificarse para conquistar un futuro mejor"[13] habría que preguntar, ¿un futuro mejor para quiénes?: ¿para los hijos de los trabajadores que no podrán ir a la universidad?, ¿para los millones de jóvenes que han de hacer sus maletas y abandonar su tierra para encontrar el futuro que aquí se les niega?, ¿para quienes estamos condenados a jubilarnos de ancianos, sin duda mucho después de cumplir los 67 años?[14] No hay futuro dentro de un modelo económico que se nutre del esfuerzo de las personas, a quienes reducen a números, a carne, o -como está ahora de moda decir- a recursos.

El futuro no puede estar en manos de quienes salvan bancos privados con fondos públicos, ni puede estar basado en recortar derechos y prestaciones a los ciudadanos mientras a los ricos se les premia con amnistías fiscales. Por mucho que nuestros gobernantes juren y perjuren que no hay alternativas, la realidad demuestra que sí las hay, pero se encuentran fuera del dogma ideológico abrazado tanto por el Gobierno actual como los anteriores. El camino hacia una barbarie social está trazado, una ruta cuyo destino es la condena a los españoles a convertirse en súbditos sin derechos. Un camino basado en una ideología contraria a la población trabajadora, del que no se podrá salir hasta que la sociedad tome conciencia de esta grave situación y actúe en consecuencia. Aún hay esperanza.


[1] "Rajoy: 'chuches', mentiras y cintas de vídeo". La Información, 12 de julio de 2012.
[2] "Los nuevos ajustes de Rajoy y los aplausos del PP exaltan a la oposición". Heraldo de Aragón, 11 de julio de 2012.
[3] "Rajoy sube el IVA, quita una extra a los empleados públicos y recorta la prestación del paro". RTVE Noticias, 11 de julio de 2012.
[4] Vicenç Navarro: "El por qué de los recortes". Público, 12 de julio de 2012.
[5] "Diez frases de un Rajoy más “franco” que nunca". La Información, 12 de julio de 2012.
[6] "La UE impone al Gobierno un supervisor para los Presupuestos". Público, 10 de julio de 2012.
[7] "El Gobierno ve cumplido el 50 por ciento de las promesas de la investidura". Las Provincias, 9 de julio de 2012.
[8] "Aznar pone FAES al servicio de Rajoy para ‘vender’ su agenda de reformas". El Confidencial, 21 de junio de 2012.
[9] "Diez frases de un Rajoy más “franco” que nunca". Op. cit.
[10] Ibid.
[11] "La patronal critica la subida del IVA pero respalda los recortes de Rajoy". Madrid2 Noticias, 12 de julio de 2012.
[12] "Diez frases de un Rajoy más “franco” que nunca". Op. cit.
[13] Ibid.
[14] "El Gobierno prepara una rebaja de las pensiones para compensar el aumento del déficit de la Seguridad Social". Vozpópuli, 12 de julio de 2012.

viernes, 30 de marzo de 2012

Reconocer la derrota es el primer paso para volver a la lucha

Este artículo propone una reflexión en torno a la situación actual de la izquierda, derrotada por el gran capital, condenada al ostracismo, cuya denominación ha sido usurpada por partidos de corte neoliberal, lo cual desmoviliza y sume en la resignación a la clase trabajadora.

La primera entrega de una serie de artículos de Julio Anguita, a ser publicados en el diario Público, ha causado cierta conmoción en los círculos más progresistas de la sociedad española[1]. Acostumbrados como estamos a los análisis del excoordinador general de Izquierda Unida, perfectamente hilados y, como en ocasiones él mismo admite, orientados a hacer pensar a la gente; resulta inquietante que el artículo comience con el reconocimiento expreso de la derrota de la izquierda.

Muchos comentarios en la edición digital del artículo han identificado en las palabras del político andaluz cierto tono de rendición, de resignación a una realidad en la que el demonio neoliberal ha tomado posesión de una sociedad que ya no puede ser exorcizada. En definitiva, tan siquiera la mención de la posibilidad de derrota supone un golpe demasiado duro para ser aceptado por muchos de aquellos que han soñado con un mundo mejor, que han puesto sus energías en avanzar en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que, de repente, los mercados han decidido que han quedado desfasados.

Esta guerra perdida comenzó hace mucho tiempo, generaciones atrás, cuando hombres y mujeres tomaron conciencia de la necesidad de lucha para alcanzar plena justicia social. Se sucedieron revoluciones, se escribieron grandes obras que sostenían con argumentos la legitimidad de la clase obrera para alzarse contra el enemigo que la explota. Un enemigo sagaz, con recursos, a quien una vez tras otra se subestimó, que fue aprendiendo de cada movimiento obrero, que hizo cátedra del keynesianismo y del marxismo. Así cayeron la Comuna de París, la Constitución de Weimar, la imperfecta Unión Soviética; mientras a la incomprendida Cuba la miran con ojos de ave carroñera a la espera de que los hermanos Castro pasen a mejor vida.

Aquella aparente paz entre clases, que se creyó eterna, resultó ser una breve tregua necesaria a causa de la destrucción causada tras una gran guerra fratricida entre hermanos obreros que empuñaban armas fabricadas por las mismas multinacionales que hoy suministran a los ejércitos del mundo entero. El movimiento obrero de una parte privilegiada del planeta, descafeinado ante aquel periodo de calma, no fue capaz de comprender que los Derechos Humanos, declarados por aquel entonces, no fueron más que concesiones que algún día quedarían en papel mojado. Y ese día ha llegado.

La guerra de clases volvía silenciosamente a reactivarse mientras, ignorante a ello, la clase trabajadora del eufemísticamente llamado Primer Mundo, afectada por la fiebre del consumo fácil y el hipnotismo del circo mediático, no plantó resistencia. Dos no luchan si uno no quiere, por tanto lo que tendría que ser una contienda se redujo a masacre. Masacre de derechos, de sueños, de cualquier atisbo de Estado del Bienestar. Como bien dice Anguita, ahí yace la izquierda, dividida, rota, condenada a ser ignorada por utópica y decimonónica, como si la esclavitud que ahora nos quieren imponen los vencedores fuese algo moderno.

Y es que reconocer la derrota es el primer paso para comenzar la reconstrucción y emprender una nueva lucha. Ni siquiera el término izquierda ha sido respetado, vampirizado por terceras vías y personalismos deseosos de escaño que hicieron el juego sucio a los grandes poderes. Es patente la resignación de los trabajadores frente al poder omnímodo de la banca y los grandes empresarios. La clase trabajadora olvidó hace mucho tiempo que con una actitud pasiva no se consiguen avances sociales. Así, cuando hace dos décadas los expertos a sueldo de los hoy vencedores anunciaban en columnas de opinión que el Estado del Bienestar estaba condenado a ser inviable, lo lógico hubieran sido calles inundadas de trabajadores rechazando tan siquiera la insinuación de dar un paso atrás.

La lucha por el progreso social sólo tiene sentido si el pueblo desea ese cambio y se implica en su consecución. Para ello, la clase obrera ha de volver a encontrar su identidad fuera de todo tecnicismo, de toda terminología que la neolengua del neoliberalismo se ha encargado de desacreditar. La guerra de clases sólo podrá ser reemprendida cuando la voluntad de crear un frente común de los "de abajo" sea férrea. Aún quedan recientes los movimientos de indignación que explotaron en mayo de 2011 que, a pesar de sus imperfecciones, tuvieron la virtud de movilizar a una fracción de la población y ganarse momentáneamente la simpatía de la mayoría. Con mucho por mejorar en cuestiones organizativas, el latente peligro de manipulación por terceros y el continuo acoso del enemigo mediático, desde el momento en que supieron proponer ese frente común al que llamaron indignación, estos movimientos marcaron un camino a tener en cuenta.

Entender dónde estamos es el primer paso para encender la luz de la esperanza en un pueblo que, en su fuero interno, no desea vivir de rodillas. El reconocimiento de la derrota frente al gran capital permitirá romper la división entre los movimientos de izquierda actuales que, fusil ideológico al hombro, no pueden permitirse una guerra de guerrillas a la espalda de la ciudadanía. La unión hace la fuerza y los de abajo somos mayoría.


[1] Julio Anguita: "¿Dónde estamos?". Público, 26 de marzo de 2012.

lunes, 12 de marzo de 2012

"No va a haber crecimiento económico", por supuesto que no con la actual política económica

Lleva toda la razón Mariano Rajoy cuando afirma que no va a haber crecimiento económico, aunque confunde causas y efectos cuando intenta profundizar en el asunto. El problema es que sus planteamientos neoliberales asocian el crecimiento al control del déficit mediante la aplicación de políticas de austeridad cuando, en realidad, serían las políticas expansivas junto a un férreo control del fraude los elementos necesarios para relanzar la economía española.

¿Por qué la obstinación del Gobierno del Estado español en mantener unos presupuestos en clave de recortes? El Presidente Mariano Rajoy no sólo continúa sino que agudiza las políticas iniciadas por el anterior gobierno de legislar a base de recortes. Cayo Lara preguntó a Rajoy por la posibilidad de derivar a políticas expansivas, habida cuenta del fracaso que, con datos en mano, están suponiendo las actuales políticas de austeridad, consistentes básicamente en minimizar el gasto público y, con ello, toda protección a las clases trabajadoras. La respuesta de Rajoy fue la siguiente:
Para serle franco, yo prefería aumentar los presupuestos de gastos en un 20%; podría hacer muchas más cosas, podría haber más prestaciones y, lógicamente, no hay ningún gobierno que tenga entre sus objetivos no aumentar sus presupuestos para no hacer más cosas. Pero el problema es que esto no es realista, no es posible porque no va a haber crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no hay ingresos.
La contundente afirmación de que "no va a haber crecimiento económico" es absolutamente sincera y realista; sin embargo, en su alocución, el Presidente confunde causa y efecto, puesto los ingresos no han de ser necesariamente consecuencia del crecimiento económico, sino más bien el crecimiento económico puede perfectamente tener lugar a partir del aumento de los ingresos.

Como expuso el diputado Lara, la economía española no puede permitirse 60 mil millones de euros de fraude fiscal -cifra elevada a 70 mil millones según otras fuentes[1]- ni 30 mil millones más de fraudes relacionados con el empleo. Un estudio no oficial de  investigadores del IEF (Instituto de Estudios Fiscales) cuantificaba la economía sumergida en un 21% del PIB nacional, mientras la Fundación de las Cajas de Ahorros la llegó a estimar en un 24%[2]. Una lucha eficiente contra el fraude fiscal, y por extensión contra cualquier tipo de corrupción, conllevaría unos ingresos equivalentes al coste del sistema sanitario público de todo el Estado. Lucha, por otra parte, dificultada con la continua reducción de personal en la Agencia Tributaria que lleva dándose desde hace cuatro años. La ecuación es clara: a menos presupuesto se dedique a la lucha contra el fraude, menos fraudes serán descubiertos y menor serán los ingresos correspondientes.

Otro sumando a los ingresos que estimularían la economía del Estado vendría de una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más las rentas del capital que las rentas del trabajo, precisamente las que con sus impuestos están soportando en este momento la mayor parte de los presupuestos del Estado. Por otra parte, un desplazamiento de las cargas fiscales desde las rentas del trabajo a las del capital sería un primer paso para aliviar las economías familiares y estimular el consumo interno.

En todo su discurso, el señor Rajoy obvió la importancia del control del fraude o la cuestión de la excesiva carga fiscal sobre las rentas del trabajo para centrarse en el problema del déficit con argumentos simplistas que parecían concebidos exclusivamente para causar lástima:
Mire usted, el año pasado en España, las administraciones públicas gastaron 90 mil millones de euros más de los que ingresaron, y ese dinero hay que ir a pedirlo fuera. Oiga, ¿y qué pasa si no nos lo dan? o ¿qué pasa si nos lo dan a tipos absolutamente inasumibles?, porque de eso hemos estado hablando en los últimos años en nuestro país, ¿o garantiza usted que si tenemos un déficit público nos vamos a financiar sin ningún tipo de problema? Yo, desde luego, no lo veo así, y además es que tenemos que refinanciar nuestra deuda pública, más de 700 mil millones de euros con muchos vencimientos anuales.
El argumento de la reducción del déficit parece exclusivamente destinado a excusar continuos e interminables recortes en gastos sociales y el Estado del Bienestar. Partiendo del compromiso, a todas luces injusto, de mantener el déficit público por debajo de la cifra fijada por el Banco Central Europeo, podríamos asumir la necesidad de tranquilizar a los acreedores referidos por Rajoy. Sin embargo, ante tal circunstancia, es lógico suponer que si el elemento de confianza de aquellos acreedores en la deuda española es el déficit público, éste se puede mantener o bien reduciendo gastos o bien aumentando ingresos. El aumento de estos últimos podría venir, como ya se ha dicho, a partir del control del fraude y el aumento de la presión fiscal a las rentas del capital. Los ahorros o recortes tendrían que ser aplicados, exclusivamente, en la actual financiación de elementos ajenos al Estado del Bienestar como la Iglesia o Defensa.

La austeridad para el control del déficit no es el camino, pues supone un importante freno a la economía que destruye empleo, precariza el que queda y frena de seco el consumo interno. Recordemos las consecuencias de las políticas de austeridad en el 2011, que implicaron un crecimiento del 0,9% y 570 mil parados más; a principios de marzo de 2012, con el mismo tipo de política, se prevé un decrecimiento del 1,7% para el año en curso, con la correspondiente destrucción de empleo que implica. Hay otros modos de levantar la economía del Estado español, pero para ello hace falta voluntad política y valentía para desafiar a la voluntad neoliberal de las oligarquías de España y Europa.



[1] "El coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español". El Economista, 12 de enero de 2012.
[2] "El fontanero y el fraude fiscal". El País, 3 de marzo de 2012.

domingo, 4 de marzo de 2012

Los intereses de España, ¿qué intereses?

Cuando el presidente Rajoy explica a los españoles que la obligación impuesta desde la Unión Europea de controlar del déficit es compatible con "nuestros intereses" debería explicar quiénes son los beneficiarios de esos intereses. El control excesivo del déficit no es más que la aplicación de la doctrina neoliberal que beneficia exclusivamente a la banca privada y a las grandes empresas.

La doctrina económica de la Unión Europea está controlada por quienes podríamos denominar talibanes del déficit[1]. El mantra que repiten hasta la extenuación es que todo déficit es malo y hay que evitarlo a toda costa. Aunque la experiencia de la Gran Depresión que tuvo lugar a principios del siglo pasado demuestra que, en momentos de crisis, es necesario la aplicación de políticas expansivas, ningún estado se atreve a desafiar el dogma neoliberal, lo que posiblemente aboque a un desastre que sufriremos principalmente los ciudadanos.

La llegada al poder del Partido Popular en España fue vista por muchos como una posibilidad de cambio a mejor, recordando quizás un mitificado -e inexistente, salvo en la mitología de la prensa conservadora- milagro económico del tándem Aznar-Rato. El proyecto de salida de la crisis a base de recortes, que mal que bien una parte de la población aceptó implícitamente al dar su voto a este partido[2], se topó con la cruda realidad de una Europa sumida en el pragmatismo neoliberal que sólo entiende de números. No bastan con unos cuantos recortes que "no tocarán lo esencial" para conformar a la élite económica europea, los talibanes del déficit exigen unos guarismos que el presidente Rajoy sabe que son imposibles de conseguir sin comprometer su credibilidad ante la opinión pública y la estabilidad de su propio gobierno[3].

Cuando, en unas recientes declaraciones, el presidente Mariano Rajoy declara que "controlar el déficit es compatible con los intereses del país"[4] lo que realmente hace es justificar su fracaso en su vano intento de convencer a Europa de permitirle un mayor déficit para el presente año. Rajoy sabe que la consecución del objetivo de déficit marcado por la Unión Europea sólo será posible a base de la defenestración de lo poco que queda el Estado del Bienestar, lo que será fuente de movilizaciones ciudadanas y descrédito para su gobierno.

En democracia no se puede gobernar de espaldas al pueblo. La necesidad de salir de la crisis ha servido como excusa para aplicar políticas regresivas -llamadas de austeridad- donde el gasto público se ha anatemizado de manera sistemática, obviándose las grandes sumas que se han empleado para sostener al sistema financiero. Al respecto, el año 2009 fue cuando se llevó a cabo mayor gasto público en la historia del mundo capitalista desarrollado, empleado principalmente en subsidios y prestamos a bajo interés a la banca privada[5].

Que los gobiernos actuales se encuentran bajo la batuta de los mercados -es decir, la banca privada- no es ningún secreto para los ciudadanos[6]. El hecho de que la banca privada no haya cambiado su modo de hacer las cosas desde que estalló la crisis, hace sospechar que ésta necesitará nuevas inyecciones de capital en cualquier momento[7]. Únicamente la situación actual de contención de gasto público permite a la banca disponer de una reserva de dinero en los estados; dinero que tendría que ser empleado en políticas expansivas, es decir, en inversiones públicas tanto en lo fiscal -necesarias para el desarrollo económico- como en lo social -necesarias para garantizar el Bienestar social de la población-[8]. Por otro lado, de este mar revuelto de la crisis se benefician las grandes patronales al mezclar intencionadamente conceptos como déficit y competitividad con la intención última de reducir costes laborales y, paralelamente, derechos a los trabajadores.

En última instancia, los talibanes del déficit no defienden más que los intereses cortoplacistas de los poderes a quienes representan, y nunca al interés general. Al respecto, Wolfgang Munchau, editor del The Finantial Times, reconoce “no entender como alguien con formación macroeconómica, y con un mínimo de honestidad y decencia, puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía”[9].

Si el objetivo real de aquellos talibanes del déficit no es estimular la economía, sólo nos queda pensar que el desmontaje del Estado del Bienestar es una amenaza real. En tal caso, corremos el riesgo de sufrir la pérdida permanente de derechos que han costado dos siglos de lucha. España, por su condición de estado periférico de la Unión Europea, podría ser de los primeros donde esa reducción de derechos se haga patente. El espejo de Grecia está ahí, frente a nosotros. La banca privada europea y los grandes emporios empresariales nos han situado en el mismo emplazamiento que al estado heleno; nos denominan los PIGS, que es el acrónimo de Portugal, Irlanda/Italia, Grecia y España y, a su vez -un detalle muy significativo-, "cerdo" en inglés. Grecia ha sido el gran laboratorio donde se han probado los efectos de aplicar las más extremas medidas neoliberales, siempre con la excusa del control del déficit. Puede que lo ahí aprendido se aplique en un futuro no muy lejano al resto de los estados PIGS, incluida España.


[1] Vicenç Navarro, "Las semejanzas entre la Gran Depresión y ahora". Sistema, 24 de febrero de 2012.
[2] "Los primeros recortes apenas afectarían electoralmente al PP, según un sondeo". Público, 4 de marzo de 2012.
[3] "Rajoy admite que incumplirá el techo de déficit al fijarlo en el 5,8%". Público, 2 de marzo de 2012.
[4] "Rajoy ve compatible controlar el déficit y defender los intereses de España". ABC, 4 de marzo de 2012.
[5] Vicenç Navarro, op. cit.
[6] "John Reed on Big Banks' Power and Influence". Entrevista a John Reed, 1 de febrero de 2012.
[7] "La banca necesitará hasta 15.000 millones de apoyo público, según Barclays". EuropaPress, 8 de febrero de 2012.
[8] Vicenç Navarro, "Por qué la economía española no se recuperará". Sistema, 10 de febrero de 2012.
[9] "Why Europe’s officials lose sight of the Big Picture". The Financial Times. Oct.16, 2011. Cit. en Navarro, "Las semejanzas entre la Gran Depresión y ahora".

sábado, 18 de febrero de 2012

La irrenunciable obligación de movilizarse

La movilización es el único camino para cortar la sangría de derechos que está sufriendo la clase trabajadora. El 19 de febrero de 2012 los sindicatos mayoritarios convocan la primera de estas movilizaciones contra la reciente reforma laboral. Independientemente de la simpatía que pueda sentirse hacia aquellos sindicatos, la movilización ha de ser masiva.

La reciente reforma laboral anunciada por el actual Gobierno representa una nueva agresión a los intereses de los ciudadanos. Como explica el profesor Vicenç Navarro, "estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora"[1]. El siguiente paso en este camino de recortes será la limitación del derecho a huelga, como ya piden abiertamente los grandes empresarios y aceptan algunos partidos políticos[2].

Hemos de recordar que tanto asalariados como pequeños empresarios y autónomos somos el eslabón más débil de una cadena que cada vez se tensa más. Desde los grandes poderes han descubierto que una situación de crisis permanente les beneficia de tal modo que no les resulta para nada apetecible salir de aquélla. Hemos de tener desde ya algo muy claro: esta crisis continuará mientras nos quede algún derecho a los trabajadores. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos con tal de salir de la crisis?

Mientras las estadísticas nos muestran un estado cuyos habitantes ven reducir sus estándares de vida y los niveles de pobreza alcanzan niveles muy preocupantes, donde día a día se comprueba la continua degradación de nuestros servicios públicos: escuelas sin calefacción, impago de medicamentos a las farmacias, hospitales con menos medios disponibles, por falta de unos presupuestos se derivan hacia la banca privada. Estas situaciones, junto al creciente desempleo, son elementos de desmoralización de las masas, así como un medio para generar conformismo desde el momento en que cualquier trabajador sabe que "tiene un ejército de parados detrás suya que con gusto trabajaría por mucho menos sueldo".

Desde el momento en el que aceptamos ese juego, del que seremos eternos perdedores, dejamos de ser dueños de nuestros destinos. Al respecto, hemos de tener algo muy claro: un trabajador sin derechos no es un trabajador, es un esclavo. La ciudadanía de hoy se encuentra ante la tesitura de responder a las agresiones de los grandes poderes, a decir "no" a la condena a una esclavitud de facto. La movilización es el único camino. No vale justificar la inacción con tópicos como que no vamos a seguir el juego a unos sindicatos mayoritarios "vendidos" y que nunca hacen nada. La fuerza no está en las siglas de ningún sindicato, la fuerza está en la unión y organización de los ciudadanos y, sobre todo, en el único modo de hacer oír de la ciudadanía: la movilización.


[1] Vicenç Navarro: "La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales". Sistema, 17 de febrero de 2012.
[2] "El Gobierno está dispuesto a revisar el derecho de huelga". Público, 18 de febrero de 2012.

miércoles, 8 de febrero de 2012

Déficit democrático en la construcción de Europa

Este artículo expone algunos de los síntomas que denotan el enorme déficit democrático que ha ido acompañando a la construcción de la Unión Europea. La imposición del Tratado de Lisboa como revisión de una Constitución Europea previamente rechazada por miles de ciudadanos en referendos es un claro ejemplo que se suma a las recientes designaciones de ex-altos cargos de la banca privada como primeros ministros sin previa consulta popular.

Un profundo sentimiento de decepción rodea a todos quienes alguna vez hemos soñado con una Europa realmente unida en condiciones de igualdad y fraternidad entre los pueblos del continente. El esperado paso hacia la integración de estados tradicionalmente enfrentados, el ejemplar ejercicio de internacionalismo destinado a convertirnos en ciudadanos del mundo parece haber sido una fatal tomadura de pelo. El proyecto Europeo es un espectro de lo que décadas atrás se prometió a la ciudadanía, un proyecto que ha demostrado -y sigue demostrando- estar orientado a los intereses de la banca y las grandes corporaciones en vez de al bienestar de los ciudadanos de todo el continente. Día a día comprobamos los efectos de un totalitarismo financiero que ha convertido a la orgullosa Europa cuna de la democracia en la oscura Europa lecho de la tecnocracia.

No se habla ya de la Europa de los Pueblos sino de la Europa de los ajustes, recortes y el déficit cero. Oscuros términos para describir la insolidaridad entre los estados miembros y de sus respectivos dirigentes hacia la clase trabajadora. Tampoco se habla ya de la soberanía del pueblo, sino de legitimación por los votos para cumplir las exigencias de los mercados. No en vano Mariano Rajoy, poco después de ganar las elecciones, dejó claro a los socios europeos que "había ganado por mayoría absoluta y que, por eso mismo, tenía las manos libres para hacer y deshacer a su antojo"[1]. Un antojo a su vez sometido a los dictados de sus homólogos de Alemania y Francia, representantes de facto de las bancas de sus respectivos estados. Vistas las experiencias en Grecia e Italia, cuyos primeros ministros fueron puestos a dedo desde la UE, este sometimiento parece haberse convertido en condición para mantenerse en el sillón de la presidencia.

En la Europa de hoy, las decisiones importantes se toman, cada vez más, a espaldas del pueblo. En este sentido, los medios de comunicación tradicionales han hecho un importante favor a las élites del poder al repetir hasta la saciedad, para acabar imponiendo, el mantra de que la política no sirve para nada. Que decidan ellos, que el pueblo ya tiene espectáculos y televisión de sobra para evitar así tener que pensar por sí mismo. Así, la ciudadanía europea ha sido apartada de la política hasta el extremo de -como veremos más adelante- limitar su derecho a efectuar el ritual del voto. La democracia participativa -salvo excepciones en la Europa más septentrional- sigue siendo un sueño utópico.

La ciudadanía de todo un continente, que tantos años ha vivido ajena a los entresijos de la construcción europea, no fue capaz de ver lo que se ocultaba tras el Tratado de Maastricht. Los cantos de sirena de una Europa unida, la de la prosperidad y el pleno empleo -decían-, incluían ponzoñosas condiciones para los estados miembros -como las que actualmente ahogan a Grecia[2]- que luego sufrirían sus ciudadanos. La obligación de asegurar la devolución del crédito a la banca privada queda por encima de cualquier otro compromiso de los estados. Así, las apresuradas reformas de las constituciones española e italiana, en septiembre de 2011, se llevaron a cabo con la intención de dar prioridad absoluta a tales pagos por ley[3]. Téngase en cuenta que tales cambios a la Constitución Española se llevaron a cabo por decreto, sin debate público, con el acuerdo expreso de los dos principales partidos del estado, PP y PSOE, indicativo de que ambas formaciones comparten líneas ideológicas en cuanto a política económica.

La voluntad popular demostró no ser freno para el proyecto de la Europa de la banca y las grandes corporaciones cuando, después de que el intento de imponer una Constitución Europea fuese abortado por los resultados de sendos referendos en Francia y Holanda -cuyos ciudadanos demostraron la sabiduría de leer lo que iban a votar-, ésta se maquilló y sustituyó por el Tratado de Lisboa, que esta vez sería ratificado por cada parlamento nacional sin pasar por previas consultas ciudadanas. La única excepción fue la República de Irlanda, cuya legislación obliga a que la ratificación parlamentaria de un tratado internacional de esta magnitud pase primero por consulta popular. Ésta se realizó y el resultado fue una rotunda negativa. Como respuesta a aquél resultado, la Unión Europea exigió la realización de un segundo referéndum[4].

El déficit democrático que actualmente adolece Europa ya fue advertido en los años noventa por el entonces presidente del Bundesbank, Hans Tietmeyer, quien lanzó el siguiente mensaje a los dirigentes europeos: "Ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados". Efectivamente, cada recorte, cada ajuste, cada sacrificio, cada pérdida de derechos que tiene lugar en nuestro continente en nombre de los mercados, no es más que un síntoma de la pérdida de soberanía de los pueblos de Europa y del autoritarismo de los grandes poderes económicos quienes no dudan en convertir a Europa en el laboratorio de ensayos del dogma neoliberal.

La ciudadanía ha de ser consciente de que no hay mayores antieuropeistas que quienes, en nombre de la construcción europea, niegan la soberanía a los estados y a los pueblos que representan. Una Europa unida bajo un fascismo financiero no es la Europa a la que debamos aspirar.


Notas:
[1] "Rajoy avanza en Europa que las urnas le legitiman para imponer recortes". Público, 8 de diciembre de 2011.
[2] El artículo 104 del Tratado de Maastricht prohíbe, directamente, a los gobiernos nacionales y a cualquier otro organismo público recibir financiación de su Banco Central, y al mismo tiempo obliga a los países a recurrir necesariamente a los préstamos de los grandes bancos internacionales para costear todos los gastos del Estado.
[3] La sección 3 del artículo 135 de la Constitución Española, después de la reforma de 2011, indica que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión".
[4]  "Irlanda celebrará un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa". El País, 11 de diciembre de 2008.