Lleva toda la razón Mariano Rajoy cuando afirma que no va a haber crecimiento económico, aunque confunde causas y efectos cuando intenta profundizar en el asunto. El problema es que sus planteamientos neoliberales asocian el crecimiento al control del déficit mediante la aplicación de políticas de austeridad cuando, en realidad, serían las políticas expansivas junto a un férreo control del fraude los elementos necesarios para relanzar la economía española.
¿Por qué la obstinación del Gobierno del Estado español en mantener unos presupuestos en clave de recortes? El Presidente Mariano Rajoy no sólo continúa sino que agudiza las políticas iniciadas por el anterior gobierno de legislar a base de recortes. Cayo Lara preguntó a Rajoy por la posibilidad de derivar a políticas expansivas, habida cuenta del fracaso que, con datos en mano, están suponiendo las actuales políticas de austeridad, consistentes básicamente en minimizar el gasto público y, con ello, toda protección a las clases trabajadoras. La respuesta de Rajoy fue la siguiente:
Para serle franco, yo prefería aumentar los presupuestos de gastos en un 20%; podría hacer muchas más cosas, podría haber más prestaciones y, lógicamente, no hay ningún gobierno que tenga entre sus objetivos no aumentar sus presupuestos para no hacer más cosas. Pero el problema es que esto no es realista, no es posible porque no va a haber crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no hay ingresos.
La contundente afirmación de que "no va a haber crecimiento económico" es absolutamente sincera y realista; sin embargo, en su alocución, el Presidente confunde causa y efecto, puesto los ingresos no han de ser necesariamente consecuencia del crecimiento económico, sino más bien el crecimiento económico puede perfectamente tener lugar a partir del aumento de los ingresos.
Como expuso el diputado Lara, la economía española no puede permitirse 60 mil millones de euros de fraude fiscal -cifra elevada a 70 mil millones según otras fuentes[1]- ni 30 mil millones más de fraudes relacionados con el empleo. Un estudio no oficial de investigadores del IEF (Instituto de Estudios Fiscales) cuantificaba la economía sumergida en un 21% del PIB nacional, mientras la Fundación de las Cajas de Ahorros la llegó a estimar en un 24%[2]. Una lucha eficiente contra el fraude fiscal, y por extensión contra cualquier tipo de corrupción, conllevaría unos ingresos equivalentes al coste del sistema sanitario público de todo el Estado. Lucha, por otra parte, dificultada con la continua reducción de personal en la Agencia Tributaria que lleva dándose desde hace cuatro años. La ecuación es clara: a menos presupuesto se dedique a la lucha contra el fraude, menos fraudes serán descubiertos y menor serán los ingresos correspondientes.
Otro sumando a los ingresos que estimularían la economía del Estado vendría de una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más las rentas del capital que las rentas del trabajo, precisamente las que con sus impuestos están soportando en este momento la mayor parte de los presupuestos del Estado. Por otra parte, un desplazamiento de las cargas fiscales desde las rentas del trabajo a las del capital sería un primer paso para aliviar las economías familiares y estimular el consumo interno.
En todo su discurso, el señor Rajoy obvió la importancia del control del fraude o la cuestión de la excesiva carga fiscal sobre las rentas del trabajo para centrarse en el problema del déficit con argumentos simplistas que parecían concebidos exclusivamente para causar lástima:
La austeridad para el control del déficit no es el camino, pues supone un importante freno a la economía que destruye empleo, precariza el que queda y frena de seco el consumo interno. Recordemos las consecuencias de las políticas de austeridad en el 2011, que implicaron un crecimiento del 0,9% y 570 mil parados más; a principios de marzo de 2012, con el mismo tipo de política, se prevé un decrecimiento del 1,7% para el año en curso, con la correspondiente destrucción de empleo que implica. Hay otros modos de levantar la economía del Estado español, pero para ello hace falta voluntad política y valentía para desafiar a la voluntad neoliberal de las oligarquías de España y Europa.
[1] "El coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español". El Economista, 12 de enero de 2012.
[2] "El fontanero y el fraude fiscal". El País, 3 de marzo de 2012.
Como expuso el diputado Lara, la economía española no puede permitirse 60 mil millones de euros de fraude fiscal -cifra elevada a 70 mil millones según otras fuentes[1]- ni 30 mil millones más de fraudes relacionados con el empleo. Un estudio no oficial de investigadores del IEF (Instituto de Estudios Fiscales) cuantificaba la economía sumergida en un 21% del PIB nacional, mientras la Fundación de las Cajas de Ahorros la llegó a estimar en un 24%[2]. Una lucha eficiente contra el fraude fiscal, y por extensión contra cualquier tipo de corrupción, conllevaría unos ingresos equivalentes al coste del sistema sanitario público de todo el Estado. Lucha, por otra parte, dificultada con la continua reducción de personal en la Agencia Tributaria que lleva dándose desde hace cuatro años. La ecuación es clara: a menos presupuesto se dedique a la lucha contra el fraude, menos fraudes serán descubiertos y menor serán los ingresos correspondientes.
Otro sumando a los ingresos que estimularían la economía del Estado vendría de una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más las rentas del capital que las rentas del trabajo, precisamente las que con sus impuestos están soportando en este momento la mayor parte de los presupuestos del Estado. Por otra parte, un desplazamiento de las cargas fiscales desde las rentas del trabajo a las del capital sería un primer paso para aliviar las economías familiares y estimular el consumo interno.
En todo su discurso, el señor Rajoy obvió la importancia del control del fraude o la cuestión de la excesiva carga fiscal sobre las rentas del trabajo para centrarse en el problema del déficit con argumentos simplistas que parecían concebidos exclusivamente para causar lástima:
Mire usted, el año pasado en España, las administraciones públicas gastaron 90 mil millones de euros más de los que ingresaron, y ese dinero hay que ir a pedirlo fuera. Oiga, ¿y qué pasa si no nos lo dan? o ¿qué pasa si nos lo dan a tipos absolutamente inasumibles?, porque de eso hemos estado hablando en los últimos años en nuestro país, ¿o garantiza usted que si tenemos un déficit público nos vamos a financiar sin ningún tipo de problema? Yo, desde luego, no lo veo así, y además es que tenemos que refinanciar nuestra deuda pública, más de 700 mil millones de euros con muchos vencimientos anuales.El argumento de la reducción del déficit parece exclusivamente destinado a excusar continuos e interminables recortes en gastos sociales y el Estado del Bienestar. Partiendo del compromiso, a todas luces injusto, de mantener el déficit público por debajo de la cifra fijada por el Banco Central Europeo, podríamos asumir la necesidad de tranquilizar a los acreedores referidos por Rajoy. Sin embargo, ante tal circunstancia, es lógico suponer que si el elemento de confianza de aquellos acreedores en la deuda española es el déficit público, éste se puede mantener o bien reduciendo gastos o bien aumentando ingresos. El aumento de estos últimos podría venir, como ya se ha dicho, a partir del control del fraude y el aumento de la presión fiscal a las rentas del capital. Los ahorros o recortes tendrían que ser aplicados, exclusivamente, en la actual financiación de elementos ajenos al Estado del Bienestar como la Iglesia o Defensa.
La austeridad para el control del déficit no es el camino, pues supone un importante freno a la economía que destruye empleo, precariza el que queda y frena de seco el consumo interno. Recordemos las consecuencias de las políticas de austeridad en el 2011, que implicaron un crecimiento del 0,9% y 570 mil parados más; a principios de marzo de 2012, con el mismo tipo de política, se prevé un decrecimiento del 1,7% para el año en curso, con la correspondiente destrucción de empleo que implica. Hay otros modos de levantar la economía del Estado español, pero para ello hace falta voluntad política y valentía para desafiar a la voluntad neoliberal de las oligarquías de España y Europa.
[1] "El coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español". El Economista, 12 de enero de 2012.
[2] "El fontanero y el fraude fiscal". El País, 3 de marzo de 2012.
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