Goldman Sachs y la privatización de Bankia

La imagen de la jornada Fuente: RTVE Noticias Bankia, ese esperpento nacido de la fusión y posterior bancarización de varias cajas de ahorros, literalmente arruinado tras un nefasto proceso de gestión del que apenas se depuraron responsabilidades, vuelve a ser noticia. Si en su momento este banco fue reflotado gracias al dinero inyectado por el mismo Gobierno que aplica recortes a sus ciudadanos en nombre del control del déficit, ahora toca su privatización. Se trata de la esperpéntica lógica neoliberal que nos dice que sólo lo privado puede funcionar bien, pero cuando algo público funciona bien hay que privatizarlo; en cambio, cuando lo que funciona mal es privado, se rescata con dinero público y se vuelve a privatizar. Ahora que Bankia vuelve a ser apetecible para los grandes poderes financieros, toca su privatización y, para ello, el Gobierno de España cuenta con el podopoderoso Goldman Sachs, que va a cobrar la simbólica cifra de un euro por diseñar la venta de Bankia. ¿Desde cuándo una empresa privada trabaja sin ánimo de lucro? No hay que ser muy avispado para pensar que la operación final de venta de Bankia rendirá muy jugosos beneficios al mismo grupo de inversión que entre 2001 y 2008 ayudó a falsear las cuentas de la economía griega para engañar a la UE, en 2011 engañó a sus propios clientes y al Congreso de los Estados Unidos sobre su actuación en la crisis de las hipotecas subprime y ese mismo año apostó 440 millones de euros contra España en su Informe de Exposición de las economías periféricas europeas.

Una nueva victoria de la gente decente contra la ofensiva de los grandes poderes

La imagen de la jornada Fuente: Público Es tanto lo que nos están quitando a la gente decente, que cualquier paso, por muy modesto que sea, lo celebramos como una gran victoria. A los aún recientes sucesos de Gamonal se unen la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el anuncio de su Gobierno de detener el proceso de externalización de hospitales en la Comunidad. Sin embargo, es necesario tener presente que aún queda un gran camino por delante para todos, un gran desafío en esta confrontación entre los grandes poderes -junto a sus lacayos- y la gente decente, quienes aprendemos que, día a día, a base de movilización y lucha se pueden cambiar las cosas; que, si realmente aspiramos a una vida digna, es necesario que nos politicemos y tomemos las riendas de la situación; que, en definitiva, construyamos democracia.

Próspero 2014... para los de siempre

El año 2014 no presenta un rostro demasiado amigable para la mayoría de los españoles. No es descabellado afirmar que quienes dependen de un sueldo -o aspiran a ello-, quienes sobreviven con un pequeño negocio que apenas da para pagar facturas, las personas honradas que cumplen con sus obligaciones fiscales, las que no recurren a sobres ni pagas en "B", la gente decente en general, no pueden esperar un buen año.

No es cuestión de ejercer de pájaro de mal agüero sino de realizar un ejercicio de comprensión de la realidad tal como está siendo diseñada por los grandes poderes económicos: el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EEUU, la Pacto Fiscal Europeo, la nueva ley de seguridad ciudadana, recortes en los servicios públicos, congelaciones y reducciones de salarios, nuevas reformas laborales, retrasos en la edad de jubilación, otro cambio en la Constitución que establezca para 2020 el techo de la deuda pública.

Tan sólo hay que leer las pequeñas píldoras que se van colando a través de los medios de comunicación, la mayoría casi en silencio, que evocan una escena tan típica en esta época del año -para quien se lo pueda permitir-, como la del marisco vivo que repentinamente fallece en un agua cuya temperatura rompe a hervir sin apenas darle tiempo a reacción. La ciudadanía se encuentra ahora nadando en aguas cálidas, anhelando y esperando tiempos mejores, ignorante de que la temperatura sube peligrosamente.

Nos encontramos ante la mayor amenaza de retrocesos de la Historia, una ruptura unilateral de los pactos sociales que se gestaron durante los últimos dos siglos. De seguir la hoja de ruta trazada por los grandes poderes, los estados occidentales abandonarán finalmente su papel de asegurar los derechos mínimos a la población, convirtiéndose en simples garantes de los privilegios de unos pocos.

El objetivo final de los tratados, pactos y leyes que los grandes poderes imponen a nuestras espaldas es la liquidación de los servicios públicos y las pensiones, la destrucción de cualquier atisbo de soberanía de los ciudadanos, la sumisión de gobiernos y administraciones a reediciones de la troika que incluyan también los intereses norteamericanos, la condena a la ciudadanía a la semi-esclavitud laboral, la represión de la protesta ciudadana, ya sea en las calles, ya sea en la Red.

Mientras sigamos escuchando a quienes llevan a sus hijos a colegios y universidades privadas, a quienes hacen uso de clínicas de pago, a quienes no entienden cómo vivimos la mayoría del pueblo, porque -por mucho que digan- no son como nosotros, estaremos derrotados sin lucha, presos en la trampa de la sumisión, falazmente esperanzados en una reedición de unos años excepcionales que jamás volverán.

2014 puede ser un paso más en ese retroceso al medievo del siglo XXI o el punto de inflexión en el que una ciudadanía cada vez más politizada decida tomar las riendas de su destino. Es hora de que los pueblos se organicen para encontrar puntos comunes, de plantar cara a los grandes poderes, señalar sus pies de barro -pues su fortaleza está en nuestra sumisión- y decirles ¡basta!

Un nuevo paso hacia la privatización de la Policía

La imagen de la jornada Fuente: RTVE Noticias El Gobierno del PP ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Privada, aclarando que lo hace con la intención de "contribuir a hacer de España un país más seguro"... no vayamos a pensar mal y vayamos por ahí diciendo que lo hacen por aquello de hacer negocio con otro servicio público como, en este caso, la seguridad. A partir de ahora, por nuestra seguridad, los vigilantes privados podrán actuar como policías low-cost, permitiéndoseles efectuar cacheos y detenciones, y sus respectivas empresas acceder a ficheros policiales. Desde luego, el hecho de que haya algún ex-ministro del partido en el poder que tenga intereses en el sector de la seguridad privada, al igual que algún que otro gran empresario presunto donante de los sobres de Bárcenas, no tiene por qué tener que ver con esta ley. Al respecto, muchos seguimos pensando que España sería un país más seguro si no se hubiera desmantelado la unidad de la Policía que investigó a Urdangarín y Matas, ni se hubiera destituido al comisario que abrió el caso del ático en Marbella de Ignacio González.

Haciendo el cuerpo para fomentar los servicios privatizados

La imagen de la jornada Fuente: El Diario Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Cuando un gobierno de claro corte neoliberal consigue que, en poco más de un año, el porcentaje de ciudadanos satisfechos con los servicios públicos baje casi quince puntos hay que reconocer que está cumpliendo con el guión que corresponde a su dogma ideológico. La destrucción de lo público y la potenciación de lo privado no sólo se consigue a golpe de decreto sino a base de crear premeditadamente condiciones de insatisfacción generalizada que conduzcan a los ciudadanos a reclamar una mejora de los servicios, llegándoseles a presentar lo privado como opción. Mucho hay que temerse que, en vez de reclamar una mejora de lo público, pronto surgirán voces que claramente planteen que los impuestos que pagamos para sufragar los servicios públicos -que no funcionan- se deriven para costear alternativas privadas.

La hora del sacrificio de los políticos

La imagen de la jornada Fuente: Público La vicepresidenta Sáenz de Santamaría afirma que "ha llegado la hora del sacrificio de los políticos" para referirse a la próxima reforma de las administraciones públicas. Poco sacrificio puede esperarse de una reforma que fundamentalmente sufrirán funcionarios e interinos de las administraciones afectadas, a quienes presumiblemente se les seguirá recortando derechos laborales en el afán de este Gobierno de reducir -como sea- lo público. Poco sacrificio van a sufrir los políticos que firmen la destrucción de más empresas públicas -hablan de suprimir más de 700-, a no ser que surjan futuros escándalos con sobres a nombre de los beneficiarios de las correspondientes privatizaciones. Pero sí, hay que temerse un sacrificio a los políticos: la reducción del número de diputados -como ocurriese en Castilla-La Mancha- en un intento de reforzar al bipartidismo imperante en España mientras se cierran puertas a la pluralidad y la democracia misma.

Privatización de baja intensidad de la Seguridad Social

La imagen de la jornada Fuente: El Diario El anuncio del Gobierno de externalizar la gestión on-line de los principales servicios de la Seguridad Social -p.e. afiliación, prestaciones, vida laboral o pensiones-, a través de un concurso de 70,2 millones de euros, supone un ejercicio de privatización de baja intensidad de este servicio público. Prácticamente sin riesgos, las empresas adjudicatarias harán negocio con lo público bajo un modelo que les permitirá contratar barato -gracias a la actual reforma laboral-, mientras que la dependencia de la Seguridad Social hacia los productos externalizados significará un negocio duradero para las empresas privadas. Lástima de esos millones que podrían haberse dedicado a la creación de empleo público.

La Dama de Hierro, un peón del gran capital

Margaret Thatcher ha sido uno de los personajes públicos más influyentes en la historia del último cuarto del siglo XX. Su dureza contra la clase trabajadora o su actitud hacia la URSS son claves para entender el mundo actual. Sin embargo, no se puede obviar que su papel ha respondido a la lógica del gran capital, siendo la ex-primera ministra británica su fiel lacaya.

La muerte de Margaret Thatcher ha conllevado la esperada sucesión de voces aduladoras empeñadas en colmar de alabanzas su memoria, principalmente de la mano de la prensa conservadora -la gran mayoría, dicho sea de paso- que ha ocupado sus portadas con imágenes de la finada, añadiendo alguna que otra alusión al presunto pésame generalizado entre la población británica[1]. Sin embargo, aquellos idílicos homenajes contrastan con el hecho de que en algunas plazas británicas se congregasen numerosos ciudadanos para celebrar la noticia[2]. Un evento deseado por muchos, como demuestra el hecho que, desde septiembre de 2012, se encontrasen a la venta camisetas en cuyo envoltorio aparece la leyenda "en caso de muerte de Thatcher abrir la bolsa y ponerse la camiseta inmediatamente". En las camisetas aparecen textos del tipo: "Una generación de sindicalistas bailará sobre la tumba de Thatcher" o "¡Ding dong!, la bruja ha muerto"[3].

Es justo afirmar que, contrariamente a la imagen que pretende dar el establishment mediático, hay mucho resentimiento en torno a la persona de la ex-primera ministra británica. Thatcher no fue un personaje querido entre sus conciudadanos. En todo caso, tal como indicaba un reciente titular, fue temida y odiada, pero no querida[4]. En su haber queda su condición de martillo pilón de la clase trabajadora británica, cuya resistencia inicial convirtió en resignación ante unas políticas de privatizaciones y recortes sociales que planteaba como inevitables. "La señora no cambia de opinión", respondió en cierta ocasión cuando le fueron cuestionadas sus medidas[5].

Resulta llamativo que fuese la hija de un tendero -un trabajador al fin y al cabo- quien promoviese las más lesivas políticas contra la clase obrera de la historia reciente británica. Como dejó bien claro durante su mandato, la ex-primera ministra comulgaba con las ideas neoliberales, las cuales aplicó a rajatabla y sin ningún pudor. Thatcher fue una ejecutora pragmática de un credo económico que tomó como suyo, no en vano leyó efusivamente a Friedrich von Hayek y Milton Friedman. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, sería un error entender a Thatcher como una persona aferrada a unos ideales que, exclusivamente por iniciativa propia, decide imponerlos a toda una sociedad. Es necesario ir un paso más allá y comprender el contexto socioeconómico de los años setenta en el Reino Unido.

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron muy positivos para la clase trabajadora británica, que disfrutó -como la de otros estados occidentales- de un importante Estado del bienestar. La necesidad de presentar un capitalismo maquillado en lo social como contrapeso propagandístico al socialismo soviético permitió aquel oasis para los trabajadores que, sin embargo, los grandes poderes financieros no estaban dispuestos a tolerar por mucho más tiempo. Fue a comienzos de los años 70 cuando comenzó a gestarse el cambio a peor que desembocaría en la grandísima e interminable crisis que hoy sufrimos[6], a partir de la confluencia de una serie de sucesos acontecidos en aquellos tiempos. En primer lugar se encontraría la crisis del petróleo de 1973, que pondría en duda la viabilidad de los modelos keynesianos vigentes hasta entonces; en segundo, el golpe de Estado en Chile, que permitiría la experimentación de un modelo neoliberal puro bajo la tutela de los pupilos de Friedman, además de demostrar la hegemonía de los EEUU en el continente americano -y la debilidad de su contraparte soviética-; y, por último, la fundación de la Comisión Trilateral.

Para Noam Chomsky, la Comisión Trilateral surge como una réplica del sector social dominante -el gran capital- hacia las crecientes demandas de los movimientos sociales de la época, que exigían mayor protección de los derechos civiles y del medio ambiente. Uno de los objetivos de esta organización era "evitar que auténticas muchedumbres siguieran participando, de forma democrática, en el cuestionamiento de la conducta inmoral de los gobiernos occidentales"[7]. Las élites dominantes no podían soportar una clase trabajadora con capacidad de plantear tan siquiera una remota posibilidad de emancipación, de exigir, de pensar por sí misma. El planteamiento pasaba por apropiarse de la palabra democracia y pervertirla hasta que los ciudadanos la asociaran unívocamente con capitalismo. Bajo este nuevo dogma, lo que se oponga al capitalismo será señalado como no democrático.

Haciendo bueno aquello de que no hay mayor fanático que el converso, el gran capital británico encontró en Margaret Thatcher a su dirigente ideal. Como era de esperar, aquélla cumplió con creces su cometido de debilitar a los sindicatos mientras aplicaba implacablemente sus políticas de privatizaciones y reducción de la protección social. "Creemos en la lucha de clases y venceremos", dijo en alguna ocasión la mandataria británica, llegando a utilizar como instrumento el fervor patriótico despertado a partir de una absurda guerra con Argentina en la que llegaría a plantear incluso el uso del arma atómica sobre Buenos Aires[8].

Su compromiso con el gran capital lo extendió más allá de las fronteras británicas, colaborando en su lucha contra el bloque del Este, llegando a comprometer recursos de los servicios secretos de su país para influir en la elección del último presidente de la Unión Soviética. Esta fanática del neoliberalismo, combatió implacablemente al movimiento separatista de Irlanda del Norte -trasgrediendo numerosas veces la legalidad-, a la vez que aplaudía la represión en Chile a manos de su amigo Pinochet.

El balance de los años de gobierno de Thatcher supuso dolorosas derrotas para la clase trabajadora, reflejadas aquéllas en una creciente pobreza y desigualdad entre sus ciudadanos. Con sus políticas de austeridad dejó a un 22% de la población de Reino Unido por debajo del umbral de pobreza[9]. Aunque, quizás, la peor derrota que supo infringir a la clase trabajadora fue un cambio de mentalidad según la cual la pobreza es poco más que un defecto, culpa de la incompetencia de cada individuo, justificado en un terrible concepto de darwinismo social que aún hoy impera. Así, la solidaridad como valor pasó a un último plano y los hijos de aquellos sindicalistas ya no salen a manifestarse a luchar por sus derechos, ahora suspiran con coches caros -aunque no tengan para pagarlos-, en emular a las estrellas de fútbol y en el espejismo del consumo.

Para muchos británicos Margaret Thatcher fue una bruja, tal como demuestra la anécdota de la que la canción Ding Dong! The Witch is Dead ("¡Ding Dong!, la bruja ha muerto")[9] se haya convertido en una de las más vendidas tras su muerte, sin embargo no podemos olvidar que -manteniendo la metáfora- toda bruja se consagra a espíritus malignos de orden superior. La muerte de esta bruja no supone el fin de los males que ella misma provocase. Thatcher fue responsable de abrir la caja de los truenos que desencadenase un agravamiento en la lucha de clases, pero sus amos -las oligarquías financieras- siguen ahí, observando a una cada vez más debilitada clase obrera que apenas ha comenzado a tomar conciencia de sí misma.

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[1] "Los medios británicos, de luto por la muerte de Margaret Thatcher". ABC, 8 de abril de 2013.
[2] ""The lady's not returning": Miles de británicos celebran la muerte de Margaret Thatcher". RT, 8 de abril de 2013.
[3] "Camisetas que anticipan y celebran la muerte de Thatcher causan revuelo en Reino Unido". RT, 11 de septiembre de 2012.
[4] "Thatcher, una primera ministra temida y odiada, pero no querida". Gara, 9 de abril de 2013.
[5] "La auténtica Margaret Thatcher: diez claves sobre la líder tory". El Diario, 8 de abril.
[6] "Entrevista con James Petras: “Thatcher, Reagan, Blair y Clinton prepararon el camino para las grandes crisis y quiebras financieras”". Rebelión, 12 de abril de 2013.
[7] Chomsky, Noam (2001): La (des)educación. Austral, Barcelona, p.7.
[8] "Thatcher 'threatened to nuke Argentina'". The Guardian, 22 de noviembre de 2005.
[9] "Margaret Thatcher, la mujer que esclavizó al movimiento obrero". La Marea, 8 de abril de 2013.
[10] "Thatcher's death prompts chart success for Ding Dong! The Witch Is Dead". The Guardian, 10 de abril de 2013.

Tras la sanidad y la educación, lo próximo a privatizar es la seguridad

La imagen de la jornada Fuente: Diario Progresista El afán privatizador del Gobierno de España encuentra un nuevo objetivo en los servicios de seguridad. Entre los planes del ejecutivo se encuentra la equiparación entre la seguridad privada y la pública, lo que implicará que tareas hasta ahora reservadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrían ser realizados por empresas privadas, por ejemplo las labores de investigación. Con estas medidas, los empresarios del sector de la seguridad privada encontrarán enormes oportunidades de negocio, mientras los funcionarios de los cuerpos de seguridad no podrán evitar preocuparse por sus puestos de trabajo.

Las privatizaciones llevadas al extremo

La imagen de la jornada Fuente: The Guardian Los servicios de socorro y rescate en Gran Bretaña pronto pasarán a ser realizados por una compañía privada con sede en Texas. El Gobierno británico, continuando el camino iniciado por Margaret Thatcher en 1979, ha decidido privatizar unos servicios esenciales, eficazmente realizados hasta la fecha por la Royal Air Force, bajo la excusa del actual estado de obsolescencia de su flota de helicópteros de rescate. En lugar de modernizar la flota, se ha preferido contratar los servicios de rescate a una compañía privada, tal como mandan los cánones del neoliberalismo. Bien contentos estarán los brokers en la City de Londres ante la noticia. Los ciudadanos de a pie, mientras tanto, no debemos olvidar que todo servicio público que se privatiza deja de ser servicio para convertirse en negocio, como siempre, para unos pocos privilegiados.

Feliz 2013, está en tu mano

Los deseos de año nuevo han de ir de la mano de un compromiso activo de cambiar las cosas. En la mano de cada ciudadano se encuentra responder de modo crítico a las promesas de los gobernantes, portavoces de los grandes poderes.

Año nuevo, vida nueva, reza el dicho. Quizás por eso, en un momento de simbólico comienzo de una nueva etapa, aunque sea una simple marca en el calendario, nos gusta desear las mejores fortunas a amigos y allegados.

Unos deseos de felicidad que contrastan con el balance del año que termina. 2012 ha dejado un intolerable rosario de números rojos[1] en forma de recortes en derechos fundamentales, en justicia social, en desigualdad ante la ley y la justicia. El gran capital ha mostrado su verdadero rostro, desvelando su plan para la periferia europea, en el que también pretende incluir a Francia[2]. Sus portavoces afirman sin tapujos que el año entrante será duro[3]. Esto significa que seguirán ahondando en las políticas de austeridad que tanto daño están haciendo a las clases populares en toda Europa[4]. La brecha entre ricos y pobres se hará aún mayor[5], mientras una parte de la población más precarizada seguirá sin comprender lo que realmente ocurre e irá extremizando sus ideas. No es casual el espectacular incremento de apoyos a Amanecer Dorado en Grecia y su desembarco en Italia[6].

El fantasma del rescate -el que no admite eufemismos- seguirá ahí[7]. El miedo a su llegada posiblemente justificará nuevas reformas en legislación laboral y en pensiones. El desempleo, seguirá siendo el gran drama, por lo que nadie se atraverá a denunciar la galopante precariedad laboral que venimos sufriendo. Muchas empresas de economía perfectamente saneada seguirán presionando a sus trabajadores para que acepten bajadas de sueldos, mientras las administraciones hará lo propio con sus empleados[8]. Día a día nos iremos alejando del Estado del Bienestar para asumir una economía de subsistencia, basada en la competición entre supervivientes en un mercado laboral incapaz de dar empleo para todos, y mucho menos digno.

Los servicios públicos seguirán siéndolos, aunque para beneficio privado. La privatización de hospitales y escuelas significa que los enfermos perderán su estatus de pacientes para pasar a ser clientes, al igual que los alumnos. Tanto puedas pagar, así será el trato recibido y la calidad del servicio.

Podemos desear un feliz 2013 pero, como bien apuntaba un amigo, la felicidad no se alcanza con el deseo, sino con la lucha, el antagonismo y las resistencias. La aceptación acrítica y borreguil de nuestro destino es el sueño hecho realidad de los grandes poderes y sus secuaces. Los buenos deseos han de transformarse en un activismo personal que permita reapropiarnos de nuestras propias vidas, que nos lleve a la construcción de algo que merezca llamarse humanidad.

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[1] http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/2012_6_83701631.html
[2] http://www.economist.com/news/leaders/21566640-why-france-could-become-biggest-danger-europes-single-currency-time-bomb-heart
[3] http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/30/economia/1356890989.html
[4] http://www.noticiasdealava.com/2012/12/29/politica/estado/austeridad-y-reformas-sera-tambien-el-credo-de-rajoy-para-2013-un-ano-muy-duro
[5] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/14/actualidad/1350245239_192913.html
[6] http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4435504/11/12/Los-tentaculos-de-Amanecer-Dorado-se-extienden-por-Europa-desembarcan-el-Italia.html
[7] http://www.laprovincia.es/economia/2012/12/31/espana-comenzara-2013-sobra-rescate-ue/506316.html
[8] http://www.rtve.es/noticias/20120809/bce-apuesta-bajada-salarios-espana/555706.shtml

Eurovegas: una intolerable cesión de soberanía a una empresa privada

Eurovegas no sólo implica la creación de una isla del juego en España, con todo lo que ello puede conllevar en inseguridad ciudadana y blanqueo de capitales, sino una auténtica cesión de soberanía por parte del Estado, al permitir a los gobiernos autonómicos la adaptación de las leyes según las exigencias de la multinacional norteamericana.

Desde que se hizo público el interés de la multinacional del juego Las Vegas Sands Corporation de establecerse en España[1], hemos podido asistir a una lamentable reedición de Bienvenido, Míster Marshall. De ser un completo desconocido para la opinión pública española, Sheldon Adelson ha pasado a convertirse en una especie de rey Midas a quien los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña -también lo intentaron Valencia y Canarias, con menos fortuna- tratan de convencer para que lleve su oro a sus respectivas autonomías.

La solución al rampante desempleo que sufren los ciudadanos del Estado español parece pasar ahora por la creación de enormes complejos dedicados principalmente al negocio del juego y las apuestas. El magnate norteamericano promete, de inicio, 15 mil puestos de trabajo para la construcción de las infraestructuras y otros 15 mil de forma estable para cuando el megacasino esté operativo[2], un número de empleos para nada espectacular si tenemos en cuenta que, tan sólo entre enero y marzo de 2012, se perdieron 374 mil puestos de trabajo en todo el territorio español[3].

Aunque la dramática situación actual obligue a tomar en cuenta cualquier iniciativa que permita la creación de empleo, no es menos cierto que, en el caso que nos ocupa, las administraciones implicadas van camino a regalar un cheque en blanco a la multinacional norteamericana. Las exigencias que ésta plantea implican una serie de cambios en la legislación española que, de concederse, supondrían una grave cesión de soberanía del Estado a una empresa privada.

Con la excusa de la creación de empleo, Adelson exige una serie de privilegios a costa de los derechos laborales de sus futuros empleados, como la inexistencia de convenio colectivo, o de la sociedad en su conjunto, como dos años de exención de cuotas a la Seguridad Social. A todas luces, la lista de concesiones por un puñado de puestos de trabajo -de los que, por cierto, no se detallan las condiciones- es inaceptable[4]. Años de discusión y consenso han sido necesarios para desarrollar una ley del tabaco que proteja el derecho a la salud de los no fumadores, homologada con los países europeos más avanzados, para que los intereses de una corporación vuelvan a primar sobre la salud pública. Un tanto podría decirse del hecho de que los menores pudieran acceder a los casinos[5]. Ni que decir tiene que las exigencias de Adelson en materia fiscal convertirían el lugar elegido para el establecimiento de Eurovegas en un sumidero de dinero de dudosa procedencia[6].

La posibilidad de que se establezca en España una copia cutre de Las Vegas no representa en absoluto una oportunidad para los ciudadanos. Incluso aunque se llegase a alcanzar la idílica cifra de 250 mil empleos para el año 2025, habría que preguntarse a costa de qué y en qué condiciones[7]. Por lo pronto, nos encontramos ante unos gobernantes que se rebajan lo indecible para conseguir los favores de un magnate que reconoce abiertamente su aversión a los sindicatos y su negativa a la redistribución de la riqueza[8]. Los mismos gobernantes que olvidan la importancia del I+D, que exilian por decreto a sus investigadores al extranjero, que amenazan con convertir la educación universitaria en un lujo, que descubren que el futuro de los españoles se encuentra en la hostelería y el juego. El desmantelamiento de la industria española a cambio de fondos europeos, iniciada en los ochenta, parece dar por fin sus frutos: a corto plazo se vislumbra un país de camareros, pinches y crupieres al servicio de ricachones patrios y extranjeros, sin más derechos que una hogaza de pan y la fortuna de poder volver al día siguiente al trabajo.

Mal precedente se asentaría en España si finalmente se acepta el proyecto Eurovegas. Incluso sin haberse concretado el establecimiento de Eurovegas en España, ya empiezan a darse casos de empresarios españoles que piden la aplicación de las mismas condiciones para sus proyectos[9]. Mientras tanto, algunos gobernantes parecen haber olvidado que las leyes se elaboran en las Cortes Generales -o los parlamentos autonómicos- y no en los despachos privados de magnates del juego. Se ha vuelto a la máxima despótica de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Las decisiones se toman exclusivamente según criterios financieros e ideológicos, siempre según los dogmas del neoliberalismo. El ciudadano de a pie queda al margen de cualquier decisión. Los argumentos de las plataformas vecinales que se oponen al megaproyecto son ignorados mientras políticos y empresarios locales reciben a los lugartenientes de Adelson como si se tratase de embajadores de una potencia extranjera[10].

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[1] "Eurovegas, la última apuesta del triunfador de la crisis financiera". RTVE Noticias, 26 de febrero de 2012.
[2] "Bienvenido, Míster Adelson". Público, 26 de junio de 2012.
[3] "El 90% del empleo destruido en el inicio de 2012 fue en el sector privado". Cinco Días, 28 de abril de 2012.
[4] "Las exigencias de Sheldon Adelson para hacer las Eurovegas en Madrid". Financiero Digital, 9 de marzo de 2012.
[5] "Holanda del Sur, Macao del Norte". El País, 24 de junio de 2012.
[6] "Los técnicos de Hacienda: Eurovegas servirá para blanquear capitales como cualquier paraíso fiscal". Expansión, 3 de abril de 2012.
[7] "Adelson aplaza la decisión sobre Eurovegas para lograr más ayudas". El País, 26 de junio de 2012.
[8] "Stop Eurovegas protesta en el Prat contra el proyecto de Adelson". Público, 25 de junio de 2012.
[9] "Cirsa se plantea impulsar un 'Eurovegas' si la Generalitat le ofrece las mismas condiciones que a Adelson". La Vanguardia, 22 de mayo de 2012.
[10] "Los principales empresarios reciben a Las Vegas Sand para vender Madrid". El Digital de Madrid, 26 de junio de 2012.

Políticas sociales: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo continúa el recorrido por el programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, centrándose en esta ocasión en las propuestas de carácter social, analizando asimismo la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Si en artículos anteriores se revisaron las propuestas relacionadas con la deuda pública o la política fiscal, en éste se analizarán las políticas sociales propuestas por Syriza en su programa electoral[1]. Como ejercicio de política-ficción, se planteará la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la Iglesia para alojar a las personas sin hogar.

En un momento de crisis no sólo económica sino social, no es mala idea legislar para que los edificios sin uso de administraciones, bancos o Iglesia sean reacondicionados para, temporalmente, alojar a quienes estén sin vivienda.

Asimismo, es inconcebible la cantidad de edificios y viviendas vacías existente mientras cada día tenemos noticias de nuevos desahucios, más gente sin hogar. El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 deja bien claro el derecho a una vivienda digna. Sería por tanto legítimo que el Estado forzase a la banca a liberar la inmensa bolsa de viviendas vacías de las que dispone, que no saca a la venta para evitar una caída de los precios. Esa actitud de la banca es, ni más ni menos, que otro modo de especulación.

La cuestión de la vivienda, como elemento básico de bienestar, requiere un tratamiento serio que también implicaría el control de propietarios de múltiples viviendas que adquirieron en épocas de bonanza, y en la actualidad se dedican a su alquiler que, en ocasiones prefieren dejar vacías antes que alquilar por debajo de determinados precios. Para evitar actividades especulativas, podría conseguirse el compromiso de los ayuntamientos para utilizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como herramienta para limitar el número de viviendas sin uso en muchos lugares de la geografía española. Esta medida podría hacerse también extensible a los locales comerciales, sujetos habitualmente a una especulación desmedida que dispara el precio de sus alquileres, dificultando la supervivencia de los negocios que sustentan a pequeños empresarios y autónomos.

Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.

Es una medida solidaria que, acompañada de una ley que contemplase de modo eficiente la dación en pago, evitaría muchos desahucios. No obstante, sería importante que el Estado estableciera mecanismos para evitar la picaresca y que personas que, desde la economía sumergida, tienen ingresos importantes se aprovechen de estas ayudas.

Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.
No es justo el argumento neoliberal que sostiene que las prestaciones para el desempleo fomentan la holgazanería. La prestación de desempleo es un derecho que ha de ser respetado: quien pierde su puesto de trabajo se merece una protección. Lo importante es, de nuevo, la existencia de mecanismos de control de la picaresca y el fraude.

Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.

Esta medida tendría que afectar fundamentalmente al IVA, que tendría que ser de un tipo muy reducido para productos de primera necesidad.

Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

Se trata de una medida deseable que, además de suponer un alivio económico para los padres, permitiría una mejor compatibilización de las jornadas laboral y escolar.

Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).

En España el gasto en sanidad pública, aún mayor que el aplicado en Grecia, es inferior a la media europea, representando éste tan sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15[2]. La principal causa de la subfinanciación de la sanidad pública española, respecto a la europea, es la reticencia de los sectores más pudientes de la población a aceptar el pago de más impuestos[3]. Un aumento de los fondos para la sanidad pública ha de ir acompañada, necesariamente, de una reforma fiscal progresiva por la que las rentas superiores sean las que más aporten.

Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.

Los últimos recortes del ejecutivo de Rajoy presagian la degradación de la calidad de los servicios sanitarios. Un objetivo no explícito de estos recortes es la potenciación de la sanidad privada. Ni más ni menos, la destrucción de la sanidad pública implica una gran oportunidad de negocios para aseguradoras y otras empresas privadas que desean hincar el diente en un sector tan apetecible que, por meras cuestiones biológicas, siempre va a disponer de clientes[4].

En la actualidad, las estadísticas muestran que el sector privado sanitario atiende principalmente a las rentas más altas. El servicio privado se centra principalmente en ventajas relacionadas con la comodidad, que se resumen en la disposición de una cama por habitación, un mayor tiempo en la duración de la visita médica y una lista de espera inferior. Sin embargo, la calidad del servicio en cuanto a recursos y calidad del personal es superior en la pública. Otro elemento diferenciador que no puede subestimarse es el afán de lucro natural de cualquier empresa privada, incluyendo en ello a las compañías del ramo sanitario. Estando la cuestión del negocio sobre el servicio no es de extrañar que las estadísticas acerca de la mortalidad en los centros hospitalarios suelan ser superiores en los privados que en los públicos[4].

Lo lógico, sería la mejora de la sanidad pública en los aspectos de eficiencia y confort para el usuario. Sin embargo, los economistas neoliberales insisten en la inherente falta de eficiencia en la gestión de lo público, incluyendo el servicio público de salud. La realidad demuestra que la eficiencia está relacionada con la gestión, independientemente de sus gestores. Así, por ejemplo, el 68% de la población norteamericana está enormemente insatisfecha con el servicio sanitario en los EEUU, de capital privado[5]. En cambio, la sociedad española califica con un 6,2 (en una escala de 0 a 10) a la sanidad pública española, el servicio público mejor valorado[6].

Eliminar el copago en los servicios sanitarios.

El copago en los servicios sanitarios es una medida injusta que demuestra una clara falta de voluntad política en encontrar la financiación adecuada para la sanidad pública. Resulta más sencillo penalizar el uso de servicios médicos y medicamentos a la población que aplicar una política fiscal que exija solidaridad a las rentas más altas.

Con el copago lo único que se conseguirá será desincentivar a las rentas más humildes a la utilización de los servicios médicos, lo que a la postre supondrá una degradación de la calidad de vida de estas rentas.

Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

Sobre el papel, el derecho a la sanidad pública gratuita universal se encuentra plenamente reconocido en el Estado español. No obstante, la reciente reforma sanitaria sienta las bases para una sanidad pública de dos velocidades. A pesar de las promesas de la Ministra de Sanidad, está por aclarar las limitaciones en los servicios que, en esta época de recortes de los servicios públicos, habrá para aquellos ciudadanos que tengan que sacarse la tarjeta sanitaria para los "sin recursos" y, sobre todo, el "limbo" sanitario en el que quedan aquellos ciudadanos que sean considerados "con recursos" a pesar de encontrarse desempleados[7].

Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.

La cuestión de la inmigración es muy delicada, pues es fácilmente utilizable con los partidos más conservadores como arma electoral. Las políticas sinceras, y bien diseñadas, de integración son fundamentales para evitar, no sólo posibles problemas de convivencia, sino la satanización de los trabajadores de origen extranjero por parte de los medios afines a aquellas fuerzas políticas.

Un peligroso argumento utilizado para justificar la reciente reforma sanitaria iba referido a la cuestión del "turismo sanitario", que viene a asociar a los ciudadanos extranjeros con abusos sistemáticos del sistema público de salud. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de apartar a cualquier grupo de personas del sistema sanitario implica un peligro latente para la salud pública que, además, atenta contra los derechos fundamentales de estas personas[8].

La cuestión del "turismo sanitario", como abuso, ha de combatirse en términos administrativos, básicamente con el establecimiento de acuerdos de reciprocidad con terceros países. Lo que es injusto es la negación del derecho a la salud de las personas.

Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

Medida totalmente lógica y coherente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada tanto por España como Grecia. Sería deseable que las pesadillas denunciadas en los CIES pasen a ser un mal recuerdo tras la nueva regulación recientemente aprobada[9].

Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.

Efectivamente, lo que hay que combatir es el tráfico ilegal y no el consumo. Incluso sería interesante, con el objetivo de debilitar a las mafias del narcotráfico, abrir un debate en la sociedad sobre la conveniencia de legalizar la venta -a través de centros controlados por el Estado- de ciertos estupefacientes.

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[1] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".
[2] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Gaceta Sanitaria, 18 abril de 2012.
[3] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". El Plural, 14 de noviembre de 2011.
[4] "La sanidad privada se 'frota' ya las manos: asegura que atenderá todo lo que no cubra la pública". Diario Crítico, 10 de mayo de 2012.
[4] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Op. cit.
[5] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". Op. cit.
[6] Ibid.
[7] "Cinco claves para leer la reforma sanitaria". Diagonal Periódico, 26 de abril de 2012.
[8] "Sin derecho a la asistencia sanitaria gratuita". Diagonal Periódico, 28 de abril de 2012.
[9] "Interior enseña el CIES de Aluche vacío de inmigrantes". Cadena SER, 16 de junio de 2012.

Sectores estratégicos: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo continúa el recorrido por el programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, centrándose en esta ocasión en las propuestas relacionadas con la gestión de los sectores estratégicos, analizando asimismo la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Si en artículos anteriores se revisaron las propuestas relacionadas con la deuda pública, la política fiscal o las fuerzas de seguridad y defensa del estado, en éste se analizarán las políticas relacionadas con la gestión de los sectores estratégicos de las finanzas, la industria y la energía propuestas por Syriza en su programa electoral[1]. Como ejercicio de política-ficción, se planteará la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Nacionalización de los bancos.

La ausencia de una banca pública ha supuesto un desastre para la economía española en estos tiempos de crisis. No quedan lejanas las súplicas del ex-presidente Rodríguez Zapatero a la banca privada para que hiciera fluir el crédito[2]. No deja de ser una situación chocante, pues la función de un gobierno es legislar para el bien común y no hacer súplicas. La inexistencia de una banca pública lleva a situaciones tan bochornosas como aquélla, que sigue repitiéndose en nuestros días[3].

Efectivamente, la falta de crédito por parte de la banca privada ha sido uno de los agravantes de la crisis que sufren, principalmente, trabajadores y pequeñas empresas. Esto es así porque la banca privada no opera con la misma lógica que lo haría la banca pública, pues el objetivo de la primera es la maximización de beneficios a corto plazo y éstos se encuentran en los mercados financieros, no en la concesión de créditos a nivel doméstico. La banca pública, sin embargo, al estar libre de cualquier criterio cortoplacista impuesto por accionistas privados, puede suministrar el necesario crédito a quienes lo necesiten, dentro de criterios exclusivamente sociales[4].

No se puede olvidar que la presente crisis es principalmente fruto de la especulación a nivel financiero, la cual aun inaceptable, es intrínseca a la lógica de la banca privada. El modo más eficiente de contrarrestar la deriva de la banca privada hacia cualquier movimiento especulativo es con la existencia de una banca pública permanente -no vale aquello de nacionalizar un banco con pérdidas para luego venderlo cuando vuelva al camino de la rentabilidad (véase el caso de Bankia)-, cuya gestión esté perfectamente definida -y supervisada por los poderes democráticos- para evitar lacras como enchufismos, utilización para intereses partidistas o de oligarquías regionales, principales acusaciones a las cajas de ahorros que los dogmáticos del neoliberalismo utilizan para defender la gestión exclusivamente privada de cualquier entidad financiera.

Las evidencias demuestran que la banca privada está al servicio de unos pocos, quienes -como es natural- pensarán en sus intereses particulares, que los llevarán no sólo a rozar la ilegalidad en algunos casos[5], sino a convertirse en un lobby que fuerce leyes a su favor[6]. No es difícil llegar a la conclusión de que, si la circulación de dinero en un estado depende exclusivamente de entidades privadas, éstas tienen el poder de someter al Gobierno al chantaje de un "corralito".

La crítica situación de los estados en situación de rescate de la Unión Europea, condenados a sostener sus respectivos bancos privados -que en época de bonanza se endeudaron con la banca alemana-, hace necesario el planteamiento de un cambio de rumbo como el que propone Syriza. El círculo vicioso de endeudar a los estados satélite de Alemania para rescatar a sus respectivas bancas privadas, todo a costa del nivel de vida de sus ciudadanos, ha de romperse. La creación de una banca pública es el primer paso para ello. Es cuestión de soberanía.

Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores estratégicos para el crecimiento del país (ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua…).

La construcción de la Unión Europea se ha hecho según los dictados de la ideología neoliberal. Los sectores estratégicos de la mayoría de los estados del continente, habitualmente de capital público durante los años de vigencia del Estado del Bienestar, han pasado a ser privatizados. La principal excusa mediática para justificar tales privatizaciones se ha basado en el repetido argumento de la ineficiencia de lo público en la gestión empresarial.

La realidad es que las primeras compañías en ser privatizadas fueron las que presentaban mayor rentabilidad, por lo que las dudas acerca de su gestión quedarían en entredicho. En el caso de España, compañías con beneficios como Telefónica, Tabacalera, Repsol, Gas Natural y Endesa, entre otras, fueron privatizadas, mientras que otras empresas públicas no rentables eran directamente desmanteladas. La venta de las empresas públicas, aunque supusiera un ingreso momentáneo de capital para el Estado, en realidad implicó el corte de un flujo continuo de liquidez que, hasta entonces, entraba en las arcas estatales a través de los beneficios obtenidos.

Desde una perspectiva más allá de lo meramente financiero, la venta de las empresas públicas implica la cesión a manos privadas un capital intelectual que, consecuentemente, deja de estar en manos del Estado. De nuevo nos encontramos ante una cuestión de soberanía: conocimientos y tecnologías, patrimonios hasta entonces públicos, son transferidos a empresas privadas.

Nuevamente, hay que recordar que la razón de ser de cualquier empresa privada es la maximización de beneficios y no la prestación del servicio en sí mismo. Una implicación de que los sectores estratégicos se encuentren en manos privadas es la falta de control sobre los servicios proporcionados por aquéllos. Consecuencia de esto es que, donde no sea rentable ofrecer un servicio, la compañía privada se negará a darlo.

Apostar por las energías renovables y por la protección del medio ambiente.

Estados con reducida producción de petróleo como España han de aportar fuertemente por las renovables como vía para reducir su dependencia energética de terceros países. Desgraciadamente, el camino tomado por España es el inverso[7]. El liderazgo en producción de renovables se está perdiendo principalmente a causa de las presiones de los lobbies del gas, del petróleo, del carbón o de la energía nuclear[8].

La necesidad de proteger el medio ambiente ya no es un simple tópico de obligada inclusión en cualquier programa electoral que se precie, es una apuesta imprescindible y sincera que ha de llevarse a cabo con urgencia extrema ante la situación climática y ambiental que se presenta a corto plazo. La Unión Europea ha de convertirse en el abanderado contra el cambio climático, convirtiéndose en contrapeso de los grandes intereses que obstaculizan la aplicación de protocolos conservacionistas, como el de Kioto. A nivel doméstico, la protección ambiental ha de contemplarse como un factor de creación de nuevos puestos de trabajo. La protección, conservación y restauración de bosques, acuíferos naturales, ríos y costas necesita de la conjunción de personal especializado y tecnologías específicas que, bajo la correcta tutela de las administraciones públicas, conllevarían el liderazgo de España en materia medioambiental.

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Bajo las tres propuestas enumeradas en este artículo subyace el común denominador de la soberanía de los estados. Las finanzas de Grecia y España se encuentran bajo la tutela del Gobierno alemán. Los bancos privados de ambos estados, endeudados con sus homólogos alemanes, estrangulan las respectivas economías nacionales. En la cuestión industrial, energética o tecnológica la cuestión no es muy distinta. La entrada de ambos estados en el Unión Europeo supuso un importante flujo de ayudar para el desarrollo que, como contrapartida, implicaba la reconversión de las industrias nacionales, su privatización y, por último, su adaptación a las necesidades de Berlín. Incluso el trono del liderazgo perdido en energías renovables acaba de pasar a Alemania[9].

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[1] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".
[2] "Zapatero pide un "esfuerzo adicional" a la banca en la concesión de créditos". Heraldo de Aragón, 2 de febrero de 2009.
[3] "Rajoy pide a la banca que facilite créditos a familias y emprendedores". La Vanguardia, 6 de marzo de 2012.
[4] Alberto Garzón: "Banca pública, Bankia, especulación y banco malo". 9 de mayo de 2012.
[5] "Botín seguirá 'bajo sospecha' fiscal durante años, según los inspectores de Hacienda". El Confidencial, 7 de febrero de 2012.
[6] Vicenç Navarro: "La influencia política y corruptora de la banca en las “soluciones” a la crisis". Sistema, 20 de noviembre de 2009.
[7] "“España dejará de ser líder en energía eólica” resaltan medios de Alemania y Polonia". RadioCable, 7 de Febrero de 2012.
[8] "Alemania, España y la nueva arquitectura energética". Energium, 8 de agosto de 2011.
[9] Ibid.

Diccionario de la Crisis: privatización

privatización.

(Del lat. privātus).

1. f. Transferencia de empresas públicas (por lo general, las que arrojan beneficios) a grandes capitalistas bien relacionados a precios muy inferiores al de su valor real, lo que conduce a la pérdida de servicios públicos, de empleo público estable y al aumento de los costes para los consumidores cuando los nuevos propietarios privados elevan los precios y despiden a trabajadores. Todo en nombre de otro eufemismo, la eficiencia.*

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[*] Definición de James Petras en "Política del lenguaje". Rebelión, 25 de mayo de 2012.

Diccionario de la Crisis: eficiencia

eficiencia.

(Del lat. efficientĭa).

1. f. Referencia a las cuentas de resultados de una empresa que no refleja los elevados costes de la privatización soportados por los sectores correspondientes de la economía. Por ejemplo, la privatización del transporte añade costes a las empresas volviéndolas menos competitivas en relación con sus competidores de otros países; la privatización elimina servicios en regiones menos lucrativas, lo que desemboca en el colapso económico local y el aislamiento con respecto a mercados nacionales. A menudo, las autoridades, que sintonizan con los capitalistas privados, retirarán deliberadamente inversiones de empresas públicas y nombrarán a compinches políticos incompetentes en el marco de una política de paternalismo con el fin de degradar servicios y fomentar el descontento público. Esto genera una opinión pública favorable a la privatización de la empresa. Dicho de otro modo: la privatización no es una consecuencia de las ineficiencias intrínsecas de las empresas públicas, como les gusta argumentar a los ideólogos del capitalismo, sino un acto político deliberado concebido para reforzar los beneficios del capital privado a costa del bienestar público.*

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[*] Definición de James Petras en "Política del lenguaje". Rebelión, 25 de mayo de 2012.

Nuevas oportunidades para banca y aseguradoras

La continua degradación del servicio público de sanidad beneficia directamente a las empresas privadas del sector, las cuales encuentran la oportunidad de aumentar su cartera de clientes -que buscan de algún modo compensar el empeoramiento del servicio-. Algo similar ha ocurrido con los cambios en la ley del sistema de pensiones y el surgir de  numerosas ofertas de planes privados de pensiones por parte de bancos y aseguradoras.

Repiten los denominados "expertos" que el ideograma chino que se utiliza para representar la palabra "crisis" también puede significar "oportunidad". En los días que corren, pocos ciudadanos de a pie pueden presumir de haber disfrutado de alguna buena oportunidad desde el comienzo de la crisis. Al menos, quienes tienen la fortuna de mantener un puesto de trabajo sí que habrán tenido la oportunidad de recibir alguna llamada telefónica -o quizás un folleto publicitario- de su banco informándole de la importancia de suscribirse a un seguro de pensiones. El argumento del comercial no diferirá mucho de una hiperbólica explicación de la complicada situación económica actual y de cómo la manida crisis ha afectado al fondo público de pensiones. En otras palabras, nuestros legítimos temores se convierten en argumentos con el fin de vendernos un producto.

Desde hace casi dos décadas ha habido múltiples, e infructuosos, intentos de anunciar el fin del sistema público de pensiones. Por ejemplo, en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[1]. La posterior explosión de la crisis abonó un pesimismo generalizado que supo ser aprovechado por una comisión de estudios impulsada por la Unespa en 2010 que retrasaba la predicción del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[2]. Todos estos estudios comparten, además de un lúgubre pronóstico para la sostenibilidad de las pensiones, el sesgo ideológico de sus respectivos autores, quienes establecen a propósito las adecuadas hipótesis de partida que les permitan alcanzar los resultados que buscan[3]. Así, por ejemplo, las conclusiones del estudio de la Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- son consecuentes con el artículo primero de sus estatutos, que explica que la finalidad de aquella asociación es la "representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales, comunes, de sus asociados"[4]. Por el contrario, resulta interesante comprobar que los resultados de estudios independientes hasta la fecha nunca han puesto en duda la viabilidad del sistema público de pensiones[5].

Si la propaganda en contra de la viabilidad de las pensiones se ha utilizado para potenciar el mercado de los fondos de pensiones privadas, los anunciados recortes en sanidad serán la excusa para potenciar los seguros privados de salud. Este hecho lleva un tiempo constatándose en las comunidades autónomas pioneras en el desmontaje del sistema público de salud, como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde las grandes empresas del sector privado de salud pugnan por el acceso a la gestión de los hospitales públicos incluidos en las respectivas agendas de privatización de estos gobiernos regionales[6].

La continua degradación del sistema público de salud supone nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras. Ya no se trata de disfrutar de habitaciones individuales en hospitales donde las enfermeras siguen vistiendo falda; ahora, el sensible aumento de las listas de espera, reiteradas reducciones de personal, cierres de alas de hospitales y quirófanos o amenazas de copago son argumentos suficientes para que muchos ciudadanos se planteen la suscripción a algún seguro médico privado[7]. Por supuesto, las coberturas serán limitadas, de modo que las afecciones más graves siempre serán derivadas al sistema público, pero la semilla de la desconfianza en la medicina pública ha comenzado a germinar.

El impuso final para las aseguradoras de salud, al mismo tiempo que la degradación definitiva del sistema público sanitario, puede venir de la reciente propuesta de introducir el principio de progresividad en las prestaciones sanitarias[8]. El hecho de que pague más quien más recursos tenga puede parecer, a priori, una medida progresista que, incluso, puede que sea aplaudida desde sectores nada afines al actual Gobierno en los que no se haya meditado lo suficiente sus implicaciones. Lo primero que hay que decir ante este asunto es que la propuesta, realizada por el ministro de Economía, no implica redistribución de riquezas. Lo justo sería un principio de progresividad fiscal aplicado en forma de impuestos directos, como el IRPF o los beneficios empresariales; principio del que desgraciadamente adolece el Estado español en comparación a estados más avanzados de la Unión Europea[9]. De llegar a hacerse realidad esta propuesta, no pasará mucho tiempo en el que el sector más privilegiado de la población se queje de pagar un sobrecoste por unas prestaciones sanitarias en continuo declive. El siguiente paso será el planteamiento de un sistema mixto de salud público-privado, o directamente privado, para las rentas más desahogadas quienes, por tanto, ya no tendrán que pagar a la sanidad pública. En otras palabras, el servicio público de salud quedará como servicio exclusivo de los menos pudientes, pasando a ser algo similar a las instituciones de beneficencia que existieron en España en épocas pasadas.

Parece claro que el camino dictado desde los grandes poderes es el trasvase de cualquier actividad pública rentable hacia el sector privado. La maquinaria mediática se encuentra funcionando a toda potencia para orientar a la opinión pública hacia la idea de la insostenibilidad de lo público. Desde hace unos años se lleva repitiendo la doctrina de que todo lo público supone un gasto. Hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la inversión pública como medio para generar el capital intangible que supone el bienestar de la población. Los medios tradicionales no explican que la actual esperanza de vida en España es alta debido a la previa consecución de ciertos estándares en sanidad y condiciones laborales que ahora se están perdiendo. En nuestros días, tener una población longeva -desde la fría perspectiva neoliberal- ya no es motivo de orgullo, sino causa de déficit. El sensible empeoramiento de los servicios públicos -a consecuencia de los continuos recortes- se irá afianzando como argumento para convencer a una parte de la ciudadanía a contratar los servicios de entidades privadas que complementen las carencias de lo público para, más adelante, reclamar su completa sustitución. Las empresas privadas que proporcionen aquellos servicios habrán encontrado su gran oportunidad.

Como corolario, conviene comentar que en los Estados Unidos prácticamente todos los servicios básicos para la ciudadanía se encuentran en manos de grandes empresas privadas. Allí no es difícil encontrar a gente con dos puestos de trabajo que desempeñan a jornada completa. Dieciséis horas de trabajo diarias, con el desgaste físico que supone, no se hace por gusto. Normalmente se trata de personas que tienen que pagar costosos tratamientos médicos a familiares cercanos y no tienen otra opción.

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[1] Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón (2010): ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. ATTAC, Madrid, 31.
[2] "Rodrigo Rato advierte que el sistema de pensiones español puede entrar en déficit en el 2022". El Diario Exterior, 20 de enero de 2010.
[3] Vicenç Navarro et als., op. cit., 32.
[4] Vid. "Unespa" en Wikipedia.
[5] Vicenç Navarro et als., op. cit.
[6] "Guerra entre los grupos privados por hacerse con ‘el pastel sanitario’ en Castilla-La Mancha". El Plural, 8 de abril de 2012.
[7] "La salud privada aprovecha el tijeretazo público". El País, 8 de abril de 2012.
[8] "De Guindos propone el pago progresivo en sanidad `para mantener la calidad del sistema`". Cadena SER, 9 de abril de 2012.
[9] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Público, 2 de febrero de 2012.

Del interés general al interés de las empresas españolas

Las palabras del ministro de Industria en defensa de los intereses de las empresas españolas, en este caso Repsol frente al Gobierno argentino, hacen pensar si ese apoyo incondicional es extensible al choque de intereses que actualmente se está produciendo entre las grandes empresas y la clase trabajadora. Las condiciones impuestas en la última reforma laboral no dejan mucho margen para la duda.

Así de contundente ha sido el mensaje del ministro de Industria, José Manuel Soria:

El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España. Por tanto, el Gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, éstos traen consigo consecuencias.

Aunque no haya sido mencionado el asunto de manera explícita, tales palabras están motivadas ante la inminente nacionalización de la petrolera YPF[1], actualmente controlada por Repsol; siendo esta última una  empresa privada que cuenta entre sus accionistas con inversores españoles. Cuestión aparte de la legitimidad de cualquier estado a administrar sus propios recursos naturales, resulta llamativa la insistencia del ministro en hablar de la defensa de los intereses de las empresas españolas.

Efectivamente, si hay algo que ha demostrado el actual ejecutivo es su férrea defensa de los intereses de las empresas españolas, especialmente las grandes compañías de capital privado. La última reforma laboral, por ejemplo, ha sido creada según los deseos de la CEOE[2], confederación de las grandes empresas con actividad en España. Esta reforma ha producido un conflicto de intereses entre la patronal y la clase trabajadora española. A pesar del claro rechazo por parte de una significativa mayoría de los ciudadanos, como quedó patente el día 29 de marzo[3], el Estado decidió mantenerse firme en su apuesta por defender los intereses de las empresas.

Volviendo al caso de Repsol, habría que matizar que sólo el 48,51% de su capital corresponde a inversores españoles[4]. A esto habría que añadir que, tal como explica el economista Alberto Garzón, "Repsol utiliza paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos, amén de beneficiarse de las rebajas fiscales y de las deducciones (todo en un marco de competencia fiscal)"[5], lo que supone importantes ingresos que el Estado español deja de percibir.

Fuente: Repsol

En definitiva, el Estado español ha entrado en una lamentable confrontación diplomática para defender los intereses de una empresa que hace mucho que dejó de ser realmente española. Españoles son, sin embargo, los numerosos jóvenes que, aún bien preparados, deciden emigrar a Argentina para encontrar el futuro que en España, entre reformas laborales y destrucción del Estado del Bienestar, se les niega[6]. Durante estos días, la prensa tradicional española hará gala de patriotismo extremo, mostrando a Repsol como una empresa española damnificada por las malas políticas populistas kishnerianas, sin que falte alguna referencia a inspiraciones chavistas. Es de esperar, pues se trata de los mismos medios de prensa que intentan convencernos de las bondades la última reforma laboral o de la necesidad de apretarse el cinturón. Lo peor es que muchos españolitos de a pie, sin acciones en Repsol, se sentirán ultrajados por el fatal atrevimiento del Gobierno argentino.

Mientras tanto, los ciudadanos de Lanzarote han pronunciado un rotundo "no" a las prospecciones petrolíferas que Repsol tiene autorizadas realizar en su costa[7], que entienden como un peligro a la biodiversidad y el modelo de desarrollo económico de la isla[8]. Conviene recordar que este permiso fue concedido por el mismo gobierno que afirma, de boca de uno de sus ministros, defender "los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España". ¿Se referiría el ministro a la isla de Lanzarote con la matización de ese "dentro de España"?

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[1] "Soria amenaza a Argentina por el conflicto con Repsol". Público, 12 de abril de 2012.
[2] "CEOE: 'La reforma laboral recoge casi todo lo que habíamos pedido'". EITB, 10 de febrero de 2012.
[3] "Huelga general 29-M. Masiva participación ciudadana contra la reforma laboral de Rajoy". Cadena SER, 29 de marzo de 2012.
[4] Repsol: distribución accionarial. Consultado el 13 de abril de 2012.
[5] Alberto Garzón: "Algunos datos sobre REPSOL". 13 de abril de 2012.
[6] "Miles de españoles vuelven a emigrar a Argentina". El Economista, 28 de noviembre de 2010.
[7] "Cerca de 50 mil canarios DICEN NO a las prospecciones petrolíferas en sus aguas". Universo Canario, 24 de marzo de 2012.
[8] "Lanzarote solicitará al Supremo que revoque las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol". ABC, 20 de marzo de 2012.

Feliz 2012, si la banca quiere

Los recientes anuncios del nuevo Gobierno indican que nos espera un año muy duro para la clase trabajadora. La amenaza de nuevos recortes de derechos se hace cada vez más patente, mientras que la clase dominante -banca privada y grandes empresarios de España y Europa- se ha apropiado en la práctica de la soberanía del Estado. Con estas perspectivas es difícil hablar de un feliz 2012.

A pesar de los buenos deseos de año nuevo, las perspectivas para el 2012 no parecen muy halagüeñas. No es cuestión de pesimismo sino de evidencias, habida cuenta de la profunda crisis sistémica en la que nos encontramos inmersos y de su instrumentalización para el desmontaje de cualquier atisbo de estado del bienestar.

El camino trazado para el año recién estrenado no va a divergir mucho de la senda de privatizaciones y recortes de derechos de los últimos tiempos. Incluso la ciudadanía de la periferia de Europa va a ver agravada sus condiciones, donde las exigencias del Banco Central Europeo llevarán a un aumento de la ya enorme brecha económica existente entre ricos y pobres, entre la clase dominante y la clase trabajadora.

El propósito de año nuevo del Gobierno de España parece claro: se van a cumplir las directrices del Banco Central Europeo: que los salarios y la protección social disminuyan. El dogma neoliberal parte de estos condicionantes para mejorar la competitividad de la economía española como paso previo a la salida de la recesión. Según aquél, unos salarios reducidos harán nuestros productos más competitivos para la exportación, mientras que la disminución del gasto social permitirá contener el déficit. En realidad, es un argumento falaz, tal como demuestra el profesor Vicenç Navarro, quien da el ejemplo de Suecia, uno de los países con mayor crecimiento económico de Europa a pesar de tener los salarios más elevados y la mayor protección social de la Unión[1].

Los apresurados cambios en las constituciones de España e Italia fueron consecuencia de la presión del BCE a los expresidentes Rodríguez Zapatero y Berlusconi como condición para recibir importantes ayudas económicas de este organismo. Es decir, las soberanías de estos dos estados quedaron supeditadas a los intereses de un organismo cómplice de la banca privada: recordemos que el BCE realiza préstamos a bajo interés a la banca privada para que luego ésta compre bonos de los estados a intereses 6 veces superiores. Podemos hablar sin miedo a equivocarnos de un rescate de baja intensidad, del mismo tipo del que luego Rajoy, en fechas próximas a las elecciones generales, solicitaría a Angela Merkel cuando contacta con aquélla para expresarle que “a cambio de 100.000 millones de euros está dispuesto a hacer las medidas que sea necesario”[2].

Los grandes poderes financieros se frotan las manos ante la situación que se presenta para el año que está comenzando. La anunciada congelación del sueldo de los funcionarios o del salario mínimo interprofesional son síntomas de lo que espera a los trabajadores del sector privado para este año. Así, la reducción de salarios conllevará un mayor endeudamiento de la población -lo cual lógicamente beneficiará a la banca-, además de una disminución de costes salariales al sector empresarial. La perspectiva de la privatización de las pensiones públicas se hace cada vez más patente, exigencia que más pronto que tarde llegará desde el BCE, lo que supondrá para la banca privada cuantiosos ingresos. Tampoco hay que descartar la posibilidad de la privatización del sistema sanitario, lo que beneficiará a las grandes aseguradoras privadas.

La actual debilidad de las fuerzas sindicales de clase será aprovechada por el gobierno para continuar el desmontaje de derechos ya comenzado por el ejecutivo anterior. Muy posiblemente, con la excusa de su presunto perjuicio para la economía, se limitará el derecho a huelga. Cualquier intento de reacción por parte de la ciudadanía, que indudablemente se movilizará en protesta al anunciado latrocinio de derechos, recibirá una contundente respuesta por parte de las fuerzas del estado, tal como insinuó el nuevo ministro de Interior tras jurar su cargo[3].

Mientras tanto, a consecuencia de la disminución real de sueldos, la reducción de la capacidad adquisitiva de la población en general dejará bajo mínimos la capacidad de consumo interno, principal motor de la economía de un estado cuyo tejido productivo se basa principalmente en pequeñas y medianas empresas. El consecuente debilitamiento de la economía nacional, junto a la negativa europea a permitir un aumento de la inversión pública, pondrá al estado español al borde de una seria depresión que tendrá incalculables costes para la sociedad en su conjunto.

No olvidemos que, poco después de tomar posesión de su cargo, el nuevo ministro de Economía y Competitividad explicaba que España se encuentra en recesión[4], dato confirmado por la CEOE, que predice para el 2012 crecimiento cero en la economía, además del aumento del desempleo hasta los 5,2 millones de personas[5]. Tras estos últimos años de recortes y sacrificios de nuestros derechos es hora de aceptar que no hay solución a la crisis actual mientras nos mantengamos en las tesis neoliberales. Las nefastas predicciones de la patronal hemos de tomarlas como el reconocimiento de la incapacidad de aquellas medidas para cumplir el objetivo de salir de la crisis, aunque de seguro que las utilizarán en su provecho para recortarnos derechos laborales. En todo caso, no podemos olvidar que se trata de una crisis que afecta exclusivamente a los trabajadores y pequeños empresarios, mientras los poderosos son cada vez más ricos[6].

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[1] Sobre el papel del BCE léase el artículo de Vicenç Navarro, “El BCE, el lobby de la banca”, Público, 8 de diciembre de 2011.

[2] Julio Anguita, "Las frecuentes entrevistas Merkel-Rajoy indican claramente la agenda del nuevo Gobierno", 29 de noviembre 2011.

[3] "Una advertencia a los indignados", Público, 23 de diciembre 2011.

[4] "El ministro de Economía confirma que la recesión ha vuelto a España", El Periódico, 27 de diciembre de 2011.

[5] "CEOE anuncia un 2012 de crecimiento cero y más de 5,2 millones de parados", El Economista, 16 de diciembre 2011.

[6] Vicenç Navarro, "Concentración de la riqueza", Público, 29 de diciembre 2011.