Sobrevivir con 645,30 euros mensuales

La imagen de la jornada Fuente: El País Si ya de por sí era pequeña la cifra del sueldo mínimo en España, el Gobierno decide congelarla para el año entrante. Si a nuestros gobernantes les parece mucho cobrar 645,30 euros al mes, ¿qué pensarán de los 1.874 euros que se pagan en Luxemburgo, los 1.502 en Bélgica, los 1.478 en Holanda, los 1.462 en Irlanda, los 1.430 en Francia o los 1.190 euros en Gran Bretaña? Es el problema de vivir en un país donde a sus gobernantes les preocupan las grandes fortunas mientras olvidan al resto, a quienes insisten en que no se puede hacer otra cosa, mientras les recortan derechos y asumen precariedad salarial.

La lucha de clases explicada por un empresario chino

De la vigencia de la lucha de clases no puede quedar dudas tras leer las declaraciones de un empresario chino afincado en España. Sus opiniones, coincidentes con los próceres del gran empresariado español, muestran las intenciones de los ataques dirigidos desde su clase hacia los derechos de los trabajadores.

Hay que agradecer al empresario chino Fernando Zhou su sinceridad en la entrevista que recientemente concedió al periódico El País[1]. En sus declaraciones defendía abiertamente la reciente reforma laboral, se mostraba en contra del derecho a huelga y a favor del despido gratuito, justificando esto último con que tal medida incentivaría a los empleados a trabajar más.

Las palabras del empresario chino no tardarían en ser desaprobadas por parte de muchos de los participantes de los foros que hicieron eco de la noticia. Algunos calificaban tales declaraciones como propias de un esclavista; otros, menos sutiles, sugerían al empresario el inmediato regreso a su país de origen[2].

A todo esto, basta con tirar de hemeroteca para encontrar declaraciones similares, quizás menos directas, de homólogos españoles que defienden los mismos principios de reducción de derechos de los trabajadores. Entre aquellas se pueden encontrar las del ahora infame Díaz Ferrán, quien pedía a los trabajadores aquello de que hay que trabajar más y ganar menos[3], y las de su actual sucesor en la presidencia de la CEOE, Juan Rosell, quien aboga por la limitación del derecho a huelga[4]. No obstante, el problema de la precariedad laboral en España no se solucionaría deportando al señor Zhou a China, incluso aunque fuese acompañado de Díaz Ferrán y Rosell.

Las declaraciones del empresario chino sugieren la vigencia de la denominada lucha de clases, es decir, el choque de intereses entre las fuerzas que controlan el capital y quienes ofrecen su fuerza de trabajo en cualquiera de sus variantes. Ya identificada por Nicolás Maquiavelo en el siglo XV, esta lucha, connatural a toda sociedad dividida en clases, ha existido desde siempre, adaptada a las situaciones coyunturales de cada época.

En la actualidad esta lucha se ha recrudecido fundamentalmente desde una de las partes. Mientras la clase trabajadora apenas comienza a reaccionar, los grandes poderes financieros plantean, como próximo botín de guerra, el modelo de sociedad sugerido por el empresario en la entrevista. La ciudadanía se encuentra en el punto de mira de un grave proceso de destrucción de derechos políticos, sociales y sindicales cuyo final no puede ser otro que la desaparición de todo atisbo de libertad e igualdad.

Las élites financieras, y sus partidarios, están imponiendo unas nuevas reglas para un juego en el que, en estos momentos, se saben ganadores. Por primera vez en la historia, las conquistas sociales van en retroceso mientras la sociedad aún no tiene claro de dónde vienen los tiros. Así, muchos ciudadanos siguen culpando a los políticos en general, como si fuesen una clase aparte, mientras otros se conforman con señalar a los funcionarios, a los sindicalistas o a los inmigrantes como la causa del problema.

Las palabras de Zhou, sin embargo, son clarísimas al respecto: "Los [trabajadores] chinos apoyan al empresario. Si el negocio no va bien, se bajan el sueldo. Y los [trabajadores] españoles quieren que se cumplan sus derechos. España va mal". El problema queda reducido, desde su punto de vista, al pavoroso pragmatismo de que los derechos de los trabajadores han de estar subordinados al éxito de los negocios, cosa que guarda sospechosa similitud con la necesidad de someter la soberanía nacional a los dictados de los mercados.

¿Acaso no se trata del principal postulado del dogma neoliberal? Los gobiernos actuales se han atribuido el papel de ejército de choque contra la clase trabajadora, por esto todas las medidas de austeridad van en su perjuicio. Declaraciones como las de Zhou han de ser tomadas como una pista clara del futuro que nos depara a la mayoría si nos mantenemos ajenos a todo lo que está pasando, en definitiva, desclasados. Esta situación sólo se podrá revertir, o al menos frenar, cuando la ciudadanía tome conciencia de clase y pase a reclamar con una sola voz los derechos que jamás le debieron ser ni siquiera discutidos.

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[1] "“Con despido gratis se trabajaría más”". El País, 6 de diciembre de 2012.
[2] Véanse, por ejemplo, los comentarios al respecto en Menéame, 7 de diciembre de 2012.
[3] "Díaz Ferrán desata la tormenta: "Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis"". Expansión, 14 de octubre de 2010.
[4] "Rosell aplaude la reforma laboral y pide revisar el derecho de huelga". Público, 15 de febrero de 2012.

Falacia: "la rigidez del mercado laboral dificulta la creación de empleo"

Una creencia muy extendida, y habitualmente repetida desde los sectores neoliberales, es que la rigidez del mercado laboral dificulta la creación de empleo. En realidad, como se explica en este artículo, tal tópico no es más que una excusa simplista para lograr el abaratamiento del coste laboral como ventaja para los empresarios y, con ello, la desprotección del asalariado.

Las últimas reformas laborales llevadas a cabo en el Estado español se han justificado con el tópico de la rigidez laboral. El dogma que se lleva intentando inculcar a la población es que si al empresario le fuera más sencillo despedir entonces se sentiría animado a invertir en la creación de empleo. Por lo tanto, para aquellos que pontifican con aquel dogma, la receta para la creación de empleo pasa por la flexibilización del mercado laboral.

Para desenmascarar la falacia que se encuentra detrás de tal afirmación, es necesario comprender las bases sobre las que se sustenta el mercado laboral. Así, eufemismos aparte, en el sistema económico actual el empresario no es más que el consumidor de una mercancía llamada fuerza de trabajo, la cual utiliza de materia prima para la producción de servicios o bienes. La fuerza de trabajo la proporcionan los trabajadores, ya sean asalariados, profesionales autónomos o incluso pequeños empresarios. La compraventa de esta mercancía se realiza habitualmente en un mercado que se encuentra bajo una regulación que evita que su valor quede exclusivamente al albedrío de las leyes de la oferta y la demanda. Según estas leyes, cualquier producto que destaque en abundancia tenderá a bajar su precio. Fuerza de trabajo hay de sobra, por lo que, a falta de una regulación que establezca unos mínimos, las condiciones laborales serían poco ventajosas para los trabajadores. Habitualmente esos mínimos tienen rango de ley y se establecen, en el caso español, en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Los mínimos asegurados en estas leyes no sólo han de referirse a los sueldos, sino a otros beneficios como vacaciones, duración de las jornadas, indemnizaciones por despido, etc. que, evidentemente, suponen un coste para el empresario o empleador; aunque también habría que matizar la existencia de ayudas públicas a las que éstos se acogen a la hora de crear nuevos empleos o convertir los existentes a indefinidos.

Cuando se señala la rigidez laboral como causa del desempleo, lo que en realidad se sugiere es la reducción o eliminación de aquellos mínimos que aseguran al asalariado algún tipo de protección, especialmente en lo referido a los costes de despido. Desde la perspectiva del empleador, un asalariado desprotegido es más manejable pues, en tales circunstancias, su capacidad para reclamar mejoras se ven anuladas. Un trabajador que vive bajo la continua amenaza del despido, ante un panorama de desempleo rampante como el actual, normalmente asumirá casi cualquier exigencia en su trabajo, incluyendo aquellas que pueden ser consideradas abusivas, es decir, irregularidades que, por miedo a perder el trabajo, no se atrevería a denunciar. Por tanto, en tales condiciones, la desprotección del trabajador es doble: la referente a las condiciones de despido y la derivada de vivir bajo el yugo del miedo a que ese despido se haga realidad.

Entiéndase que el empresario tiene una serie de costes básicos entre los que se encuentran, aparte de los laborales, los costes financieros -que se refieren a los intereses por créditos pendientes, cambios de moneda en exportación, etc.-, impuestos, el pago de materias primas y maquinarias, los costes energéticos, de alquiler o los referidos a la publicidad y distribución de los productos o servicios. Para mejorar beneficios, el empresario puede intentar optimizar cualquiera de los costes descritos, sin embargo, su particular batalla se suele encaminar a la reducción de los costes laborales. La lucha por la reducción de cualquiera de los otros costes implica echar un pulso al Estado, a la banca, a empresas más grandes, a los mercados de materias primas, que son todos, a priori, agentes mucho más poderosos que la clase trabajadora actual, la cual se encuentra en estos momentos dividida y debilitada.

Es fácilmente demostrable que no hay correlación entre facilidad de despido y creación de nuevos empleos. En primer lugar, hay que preguntarse por la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Si este número se mantiene constante, la flexibilidad de despido sólo servirá para el reemplazo de trabajadores con sueldos razonables por otros con menor salario, además de fomentar, como ya se explicó anteriormente, la posibilidad de abusos patronales. De hecho, en condiciones de recesión, como la actual, la flexibilidad laboral llevará inevitablemente a la disminución de puestos de trabajo, pues los empleadores intentarán reducir plantilla de modo que puedan concentrar la carga de trabajo en menos personal[1].

La reducción del desempleo nada tiene que ver con la flexibilidad laboral. Aunque suene a perogrullada, para disminuir el número de parados hay que aumentar el número de puestos de trabajo. Por una parte, esto implica la aceptación de que el actual modelo económico se encuentra agotado, al estar orientado a la producción y no a la demanda. Se produce mucho más de lo que se necesita y, por supuesto, de lo que se consume. Además, gran parte de la producción de bienes de consumo se encuentra localizada en países con condiciones laborales aún peores que la española. Aceptar que España ha de competir con aquéllos es asumir la equiparación de los derechos laborales de los trabajadores españoles a los de sus homólogos chinos. Por otra parte, la industria de productos de tecnología muy especializada, de precisión o de lujo, está monopolizada en Europa por Alemania. Ante tal perspectiva, la creación de puestos de trabajo ha de partir necesariamente del sector público. Si la voluntad política fuera la preservación y mejora del Estado del Bienestar, éste tendría que ser reforzado con la creación de empleos relacionados con este sector. Nótese que en el Estado español sólo el 9% de la población adulta trabaja en este sector, mientras en países más avanzados, éste alcanza el 25%, como el caso de Suecia[2]. Alcanzar tal porcentaje implicaría la creación en España de más de 5 millones de puestos de trabajo. El consumo consecuente bastaría para reactivar la economía.

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[1] Vicenç Navarro: "Las causas del desempleo". Conferencia en las jornadas “Alternativas Económicas y Sociales frente a la crisis”. Fundación Sistema. Salamanca, 23-25 junio 2011.

[2] Vicenç Navarro: "Cómo resolver el desempleo". 25 de mayo de 2011.

Nuevas oportunidades para banca y aseguradoras

La continua degradación del servicio público de sanidad beneficia directamente a las empresas privadas del sector, las cuales encuentran la oportunidad de aumentar su cartera de clientes -que buscan de algún modo compensar el empeoramiento del servicio-. Algo similar ha ocurrido con los cambios en la ley del sistema de pensiones y el surgir de  numerosas ofertas de planes privados de pensiones por parte de bancos y aseguradoras.

Repiten los denominados "expertos" que el ideograma chino que se utiliza para representar la palabra "crisis" también puede significar "oportunidad". En los días que corren, pocos ciudadanos de a pie pueden presumir de haber disfrutado de alguna buena oportunidad desde el comienzo de la crisis. Al menos, quienes tienen la fortuna de mantener un puesto de trabajo sí que habrán tenido la oportunidad de recibir alguna llamada telefónica -o quizás un folleto publicitario- de su banco informándole de la importancia de suscribirse a un seguro de pensiones. El argumento del comercial no diferirá mucho de una hiperbólica explicación de la complicada situación económica actual y de cómo la manida crisis ha afectado al fondo público de pensiones. En otras palabras, nuestros legítimos temores se convierten en argumentos con el fin de vendernos un producto.

Desde hace casi dos décadas ha habido múltiples, e infructuosos, intentos de anunciar el fin del sistema público de pensiones. Por ejemplo, en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[1]. La posterior explosión de la crisis abonó un pesimismo generalizado que supo ser aprovechado por una comisión de estudios impulsada por la Unespa en 2010 que retrasaba la predicción del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[2]. Todos estos estudios comparten, además de un lúgubre pronóstico para la sostenibilidad de las pensiones, el sesgo ideológico de sus respectivos autores, quienes establecen a propósito las adecuadas hipótesis de partida que les permitan alcanzar los resultados que buscan[3]. Así, por ejemplo, las conclusiones del estudio de la Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- son consecuentes con el artículo primero de sus estatutos, que explica que la finalidad de aquella asociación es la "representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales, comunes, de sus asociados"[4]. Por el contrario, resulta interesante comprobar que los resultados de estudios independientes hasta la fecha nunca han puesto en duda la viabilidad del sistema público de pensiones[5].

Si la propaganda en contra de la viabilidad de las pensiones se ha utilizado para potenciar el mercado de los fondos de pensiones privadas, los anunciados recortes en sanidad serán la excusa para potenciar los seguros privados de salud. Este hecho lleva un tiempo constatándose en las comunidades autónomas pioneras en el desmontaje del sistema público de salud, como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde las grandes empresas del sector privado de salud pugnan por el acceso a la gestión de los hospitales públicos incluidos en las respectivas agendas de privatización de estos gobiernos regionales[6].

La continua degradación del sistema público de salud supone nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras. Ya no se trata de disfrutar de habitaciones individuales en hospitales donde las enfermeras siguen vistiendo falda; ahora, el sensible aumento de las listas de espera, reiteradas reducciones de personal, cierres de alas de hospitales y quirófanos o amenazas de copago son argumentos suficientes para que muchos ciudadanos se planteen la suscripción a algún seguro médico privado[7]. Por supuesto, las coberturas serán limitadas, de modo que las afecciones más graves siempre serán derivadas al sistema público, pero la semilla de la desconfianza en la medicina pública ha comenzado a germinar.

El impuso final para las aseguradoras de salud, al mismo tiempo que la degradación definitiva del sistema público sanitario, puede venir de la reciente propuesta de introducir el principio de progresividad en las prestaciones sanitarias[8]. El hecho de que pague más quien más recursos tenga puede parecer, a priori, una medida progresista que, incluso, puede que sea aplaudida desde sectores nada afines al actual Gobierno en los que no se haya meditado lo suficiente sus implicaciones. Lo primero que hay que decir ante este asunto es que la propuesta, realizada por el ministro de Economía, no implica redistribución de riquezas. Lo justo sería un principio de progresividad fiscal aplicado en forma de impuestos directos, como el IRPF o los beneficios empresariales; principio del que desgraciadamente adolece el Estado español en comparación a estados más avanzados de la Unión Europea[9]. De llegar a hacerse realidad esta propuesta, no pasará mucho tiempo en el que el sector más privilegiado de la población se queje de pagar un sobrecoste por unas prestaciones sanitarias en continuo declive. El siguiente paso será el planteamiento de un sistema mixto de salud público-privado, o directamente privado, para las rentas más desahogadas quienes, por tanto, ya no tendrán que pagar a la sanidad pública. En otras palabras, el servicio público de salud quedará como servicio exclusivo de los menos pudientes, pasando a ser algo similar a las instituciones de beneficencia que existieron en España en épocas pasadas.

Parece claro que el camino dictado desde los grandes poderes es el trasvase de cualquier actividad pública rentable hacia el sector privado. La maquinaria mediática se encuentra funcionando a toda potencia para orientar a la opinión pública hacia la idea de la insostenibilidad de lo público. Desde hace unos años se lleva repitiendo la doctrina de que todo lo público supone un gasto. Hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la inversión pública como medio para generar el capital intangible que supone el bienestar de la población. Los medios tradicionales no explican que la actual esperanza de vida en España es alta debido a la previa consecución de ciertos estándares en sanidad y condiciones laborales que ahora se están perdiendo. En nuestros días, tener una población longeva -desde la fría perspectiva neoliberal- ya no es motivo de orgullo, sino causa de déficit. El sensible empeoramiento de los servicios públicos -a consecuencia de los continuos recortes- se irá afianzando como argumento para convencer a una parte de la ciudadanía a contratar los servicios de entidades privadas que complementen las carencias de lo público para, más adelante, reclamar su completa sustitución. Las empresas privadas que proporcionen aquellos servicios habrán encontrado su gran oportunidad.

Como corolario, conviene comentar que en los Estados Unidos prácticamente todos los servicios básicos para la ciudadanía se encuentran en manos de grandes empresas privadas. Allí no es difícil encontrar a gente con dos puestos de trabajo que desempeñan a jornada completa. Dieciséis horas de trabajo diarias, con el desgaste físico que supone, no se hace por gusto. Normalmente se trata de personas que tienen que pagar costosos tratamientos médicos a familiares cercanos y no tienen otra opción.

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[1] Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón (2010): ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. ATTAC, Madrid, 31.
[2] "Rodrigo Rato advierte que el sistema de pensiones español puede entrar en déficit en el 2022". El Diario Exterior, 20 de enero de 2010.
[3] Vicenç Navarro et als., op. cit., 32.
[4] Vid. "Unespa" en Wikipedia.
[5] Vicenç Navarro et als., op. cit.
[6] "Guerra entre los grupos privados por hacerse con ‘el pastel sanitario’ en Castilla-La Mancha". El Plural, 8 de abril de 2012.
[7] "La salud privada aprovecha el tijeretazo público". El País, 8 de abril de 2012.
[8] "De Guindos propone el pago progresivo en sanidad `para mantener la calidad del sistema`". Cadena SER, 9 de abril de 2012.
[9] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Público, 2 de febrero de 2012.

El sinsentido de la jornada laboral partida en muchos sectores

Con la excusa, demostradamente falaz, de mejorar la productividad de las empresas, las condiciones de trabajo de los trabajadores se van deteriorando paulatinamente. Un ejemplo de este empeoramiento se encuentra en la sustitución de las jornadas intensivas por jornadas partidas que atan al empleado a su lugar de trabajo por más horas al día haciendo bueno el tópico de vivir para trabajar.

En un momento como el actual, en el que el paro en España afecta a más de 5 millones de personas, puede parecer inadecuado plantear temas como la calidad del trabajo. Si nos ponemos en la piel de cualquier parado es comprensible que, a primera instancia, pueda incluso resultar ofensivo el planteamiento de cuestiones como las jornadas de quienes tienen la fortuna de poder trabajar, mientras otros sufren la precariedad a consecuencia de su condición de desempleados.

La realidad nos presenta a un importante número de ciudadanos que, aún disfrutando de un trabajo, rozan la precariedad al enfrentarse a condiciones que apenas permiten asegurar una estabilidad o unos ingresos decentes. Desgraciadamente, no hay que irse a China para encontrarse a trabajadores que realizan jornadas de mayor duración a las permitidas por ley, contratos a jornada completa que tan sólo cotizan a media jornada, horas extras que no se pagan[1], convenios colectivos que no se respetan[2]. Los abusos laborales existen, a pesar de que su existencia sea ocultada -no denunciadas- en muchas ocasiones por sus propias víctimas, al preferir mantener un puesto de trabajo, aunque sea precario y en condiciones ilegales, que verse en la calle sin ingresos.

Se ha llegado a una cultura del miedo, miedo a protestar, miedo a reivindicar justas mejoras, miedo a implicarse en movimientos sindicales de clase, miedo a señalarse por todo aquello. Como es de imaginar, esta cultura del miedo fomenta la insolidaridad, al extender el ejercicio de autocensura a los compañeros de trabajo que desean luchar por cambios a mejor o, cuando menos, pelear por preservar los derechos propios de los asalariados. Esta falta de solidaridad deja en plena indefensión a los trabajadores que, en una época de crisis como la actual, ven empeorar sus condiciones laborales en aras de mejorar conceptos tan truculentos como la competitividad.

Hoy en día quienes trabajan en jornada continua suelen ser señalados como privilegiados. Por supuesto, ya sabemos lo que ocurre con los derechos cuando, sobre todo en tiempos de crisis, se confunden intencionadamente con privilegios. Desde la perspectiva de muchos empresarios, la jornada laboral partida se percibe como un modo de asegurar una supuesta mejora de la productividad. Si nos ceñimos al particular concepto de productividad subyacente en los discursos de muchos empresarios, el empleado más productivo es quien trabaja el mayor número de horas al menor precio.

Ha sido en los sectores más técnicos -ingenierías, software, etc.- donde se ha ensayado con mayor profusión este nuevo “modelo de productividad”. Unida a la tradición de no pagar las horas extras, la jornada partida ha sido exprimida a conciencia por parte de muchos empresarios de estos sectores, compuestos fundamentalmente por trabajadores en su mayoría dóciles, adoctrinados por un sistema educativo por el que han pasado exitosamente por cada una de sus etapas y absorbido a la perfección la ingrata imposición de obedecer sin hacer preguntas. En cierto modo, los ingenieros, arquitectos e informáticos de hoy son el sueño de cualquier explotador: excelentemente formados, trabajan sin rechistar las horas que hagan falta, además de aceptar la cultura de que está mal visto salir a la hora en punto; lo bien visto es quedarse un rato más en la empresa gratuitamente. De hecho, muchos suelen creerse más cercanos a la empresa que a los compañeros, de modo que entienden la competencia -a toda costa- con aquéllos como un medio de supervivencia y, si es posible, para escalar puestos en la compañía. Así, parte de las dos horas de interrupción habituales en las jornadas partidas se convierten en horas de trabajo gratuitas para la empresa. Para el amo, el sueño de la productividad perfecta se alcanza durante esos instantes.

El trabajador en tales condiciones no sólo renuncia a cobrar por horas de su trabajo, sino que se ve obligado a emplear su dinero donde le imponen las circunstancias. Poco a poco, muchos bloques de oficinas, polígonos industriales y viveros de empresas han ido evolucionando a pequeños ecosistemas humanos donde se saca el máximo provecho de las maratonianas jornadas partidas. La larga estancia de los empleados en el mismo recinto conlleva satisfacer toda una serie de necesidades de las que, tarde o temprano, surgirán oportunidades de negocio para unos pocos. Así, junto a los clásicos comedores-cafeterías irán surgiendo gimnasios, guarderías, recreativos, centros de estética, de masaje, en los cuales los empleados de las empresas de la zona dejarán parte de sus ingresos. Todo, sin salir de la zona de trabajo.

El tópico de vivir para trabajar cobra así más vigencia que nunca. Ante tal panorama es inconcebible hablar de trabajadores motivados, hecho de sentido común confirmado por un estudio del portal de empleo Monster[3]. Empresas del sector como Randstad también han aportado estudios al respecto, que indican el aumento de productividad en los trabajos de jornada intensiva[4]. Pero quizás la aportación más contundente sobre la conveniencia de aplicar la jornada laboral continua viene de la mano de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que ha elaborado un decálogo que explica que “la productividad no sólo no desciende con esta clase de medidas, sino que se ve incrementada”[5] pues:

1. Aumenta la motivación. La jornada continua tiene una incidencia directa en la motivación de sus empleados. Están más satisfechos, más felices y con mejor disposición para el trabajo gracias a que tienen tiempo para dedicarlo a su vida personal y a su familia.

2. Fortalece la identificación con el proyecto y con la empresa. Los empleados satisfechos se identificarán con mayor facilidad con una empresa que tiene en cuenta sus necesidades y sus circunstancias personales, que les deja tiempo para atender esas cuestiones.

3. Reduce el estrés. El estrés acumulado repercute negativamente en el rendimiento de los
trabajadores, además esto se une a la angustia que les produce el hecho de que las largas jornadas de trabajo les impide dedicar tiempo a la atención de la familia, la preparación de las vacaciones, las compras y las obligaciones cotidianas.

4. Estimula la optimización del tiempo. Al disponer de un menor número de horas para realizar las mismas tareas que antes distribuía a lo largo de una jornada completa, los empleados aprenden a optimizar sus horas de trabajo, a ser más eficaces y resolutivos en la realización de sus labores profesionales diarias.

5. Enseña a planificarse. Sin una buena planificación, la optimización del tiempo es una tarea imposible. Los empleados se verán obligados a aprender a planificar sus jornadas de trabajo con suficiente antelación, por medio de reuniones de trabajo operativas que les permitan distribuir sus tiempos a lo largo de la semana.

6. Permite el aprendizaje y el trabajo en equipo. El verano es también el periodo vacacional para muchos trabajadores, algo que obliga a los que todavía no se han ido a implicarse más en las tareas y responsabilidades de los compañeros ausentes y a colaborar con otros departamentos y conocer así otros aspectos de la empresa hasta que vuelven los primeros para relevar a los segundos. Todo ello redunda en beneficio de la empresa y es algo que sería muy difícil llevar a cabo en un ambiente de insatisfacción laboral.

7. Mejora el descanso. La jornada reducida permite que el trabajador sufra un menor nivel de desgaste físico y psíquico. Llega a casa más fresco, a una hora que le permite disponer de tiempo suficiente para su ocio y su familia sin tener que trasnochar, y se acuesta antes, con menos preocupaciones y con menor sensación de agotamiento. Todo ello hace que llegue menos cansado al trabajo y en mejores condiciones para trabajar.

8. Facilita la desconexión. Salir a una hora razonable de trabajar permite a la persona desconectar por unas horas de las preocupaciones laborales. Algo que sería muy difícil hacer si la jornada que comienza se vive como una continuación de la anterior porque se ha salido muy tarde y apenas le ha dado tiempo para cenar con la familia y acostarse. Un tiempo de ocio de calidad es esencial para liberar la mente y dejarla limpia y lista para una nueva jornada de trabajo productiva.

9. Explora nuevas facetas. Facetas de la personalidad del trabajador que más tarde pueden tener una incidencia directa en su trabajo. Desde cursos de formación que ahora tiene tiempo para realizar, hasta aspectos de desarrollo personal de cada uno de los trabajadores que, aprovechando que tienen más tiempo y están más relajados, pueden activarse o desarrollarse.

10. Incrementa la productividad. La productividad de los trabajadores se ve incrementada de manera significativa, algo de lo que se benefician tanto él como su empresa, y que viene a probar la rentabilidad de la implantación de medidas de la conciliación y horarios racionales.

La tradicional imposición de la jornada laboral partida no es, por tanto, cuestión de productividad, sino de dominio y explotación de los empleados, quienes se ven obligados en muchas ocasiones a utilizar gran parte de su tiempo libre de descanso para continuar gratuitamente con sus tareas laborales. Se convierte así, por parte de jefes y patronos, en una demostración de fuerza y poder de doblegación de la voluntad de los trabajadores, que ven su vida irremediablemente condenada al trabajo de sol a sol. Por desgracia, sólo la unidad y solidaridad entre los trabajadores puede servir como elemento de presión para convencer a los empresarios de las bondades de la jornada continua. Una unión que sólo puede surgir a partir de la organización de aquéllos, como paso necesario para la conformación de una conciencia de clase que permita a cada empleado alcanzar la sensación de que trabaja para vivir en vez de vivir para trabajar.

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[1] "Las empresas ahorran casi 70.000 empleos con las horas extras que no pagan a sus trabajadores". RTVE Noticias, 23 de noviembre de 2011.

[2] "Truquitos de empresa 1: 'equivocarse' de convenio". Laboro, 6 de noviembre de 2011.

[3] "La jornada intensiva mejora la motivación". Muy Pymes, 28 de julio de 2011.

[4] "Más productividad en la jornada intensiva". Muy Pymes, 2 de julio de 2010.

[5] "Diez argumentos a favor la jornada continua en verano". Aprendermás, 25 de julio de 2009.

Propuestas claras para una democracia con contenido (año 1998)

Aún a la fecha de hoy -agosto de 2011-, incomprensíblemente tertulianos y similares de algunos medios se empeñan en criticar la falta de propuestas concretas por parte de los indignados[1]. Simplemente, no quieren escuchar ninguna propuesta, cómodamente instalados en el negacionismo a la espera de que el movimiento 15M se desinfle con el paso del tiempo.

Los establishments políticos y mediáticos españoles jamás se han caracterizado por escuchar a los ciudadanos, a quienes vendieron una idea incompleta de democracia, reducida al mero hecho de depositar una papeleta en una urna cada cuatro años para elegir a uno de los dos partidos ungidos por la gracia del bipartidismo, cuyo reclamo de voto queda más a merced de estrategias de mercadotecnia que de programas electorales propiamente dichos.

Es por ello la necesidad de que cualquier propuesta nacida con la intencionalidad de dar contenido a esta democracia sea difundida entre los ciudadanos, quienes por suerte disponemos de herramientas alternativas a los medios tradicionales. Si la prensa no quiere divulgar propuestas, si algunos medios insisten en negar la existencia de aquellas, hagamos uso de nuestros blogs.

He aquí una serie de propuestas que en su día, por desgracia, no han tenido repercusión mediática:

Reforma de la ley electoral:
La ley electoral actual está diseñada para fomentar el bipartidismo, un turnismo de facto que no permite elección real a los ciudadanos de sus representantes; factor que desanima a muchos a ejercer su derecho al voto o, quizás lo que es peor, a limitar sus opciones al mal llamado "voto útil".

Transformar el actual referéndum consultivo en vinculante:
No tiene sentido un estado democrático donde la última palabra ante el resultado de un referéndum la tenga el propio gobierno. En democracia lo lógico sería que las decisiones que se consulten al pueblo fuesen vinculantes.

Reforma de la Ley sobre la Iniciativa Legislativa Popular:
Es decir, que se facilite el proceso y mecanismos por los cuales los ciudadanos pueden presentar propuestas para ser debatidas, a nivel local, en los plenos o, a nivel nacional, en el Congreso o convocar un referéndum.

La elección del Fiscal General del Estado ha de recaer sobre el Parlamento:
Actualmente es el Gobierno quien nombra al Fiscal General del Estado. Con esta propuesta se garantizaría su imparcialidad.

Reforma de la moción de censura:
El modelo de moción de censura constructiva que se contempla en España, en la práctica blinda a los gobernantes en su cargo, pues es harto difícil que grupos políticos dispares no sólo lleguen a un acuerdo para forzar la sustitución de un cargo, sino que también lo alcancen para plantear a un sustituto.

Revocación de los ministros en el Parlamento:
En España sólo puede ser revocado un ministro bajo la orden del presidente quien, evidentemente, fue quien decidió ponerlo en su cargo. Es deseable que la revocación de un ministro pueda ser decidida en el Parlamento, como ya contemplaba la Constitución de la II República.

Reforma de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronal:
Quien paga manda, así que la financiación de estos entes -tanto con dinero público como privado- es un asunto fundamental para asegurar que sus funciones son llevadas a cabo por el interés de sus representados y no de quienes les pagan.

Transparencia en el Gasto Fiscal:
Es decir, acceso para todos los ciudadanos de los gastos que realizan todas las instituciones incluidas dentro del sector fiscal entre las cuales se encuentran el Gobierno y todas aquellas entidades que producen bienes y servicios públicos. Es un sinsentido que las administraciones se escuden en la Ley de Protección de Datos para no facilitar datos que son del interés de todos.

Código ético para el cargo público:
El cargo público tendrá que prometer que su desempeño será honrado, que está al servicio de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier acto de enriquecimiento ilícito tendría que suponer duras sanciones tanto para el cargo corrupto como para sus cómplices.

Elaboración de ley de incompatibilidades:
Quienes detenten cargos públicos tendrán que renunciar a puestos en empresas privadas que puedan generarles conflictos de intereses. A esto habría que añadir que ese estatus de incompatibilidad tendría que prolongarse por muchos años después de su paso por la política[2].

Ley expropiadora de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas:
No ha de bastar con la cárcel para los corruptos. Cualquier enriquecimiento ilícito ha de ser investigado y los bienes revertidos a las arcas públicas de donde salieron. La Agencia Tributaria tiene profesionales y herramientas suficientes para investigar a los corruptos, sus entornos y detectar movimientos sospechosos de capital.

Regulación de los casos de transfuguismo:
No tiene sentido en democracia que el escaño pertenezca al diputado, es de recibo que éste sea propiedad del partido político, pues a este último es a quien han votado los electores.

Derecho a los medios de comunicación de titularidad pública:
Los ciudadanos, representados por asociaciones de vecinos, ONGs, han de tener derecho a acceder a estos medios con objeto de fomentar la participación ciudadana y la información.

Ley anti-trust de medios de comunicación :
Es necesario que se impida que un mismo propietario tenga varias cadenas, periódicos, pues se pone en riesgo la neutralidad informativa y la pluralidad ideológica. Actualmente se vive en pleno proceso de concentración de medios, cuya primera víctima fue la cadena CNN+.

Ley de participación de los ciudadanos en las instituciones democráticas:
La ciudadanía ha de avanzar hacia la democracia participativa. El estado y las administraciones han de articular los medios necesarios para implicar a la ciudadanía a participar en las tomas de decisiones de sus gobernantes. Es necesario para ello transparencia e información. Los ciudadanos tienen el deber de saber cómo se administran los impuestos que pagan, sin duda el mejor y más eficaz mecanismo anticorrupción.


Estas medidas fueron algunas de las propuestas que Julio Anguita planteó a la dirección del PSOE en mayo de 1998 como base para presentar una alternativa conjunta contra el gobierno de Aznar. Desgraciadamente, visto cómo nos encontramos ahora -trece años después-, no le hicieron caso.

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Notas:
[1] Las primeras propuestas del movimiento 15M fueron publicadas el 20 de mayo, apenas cinco días después del nacimiento del movimiento.
[2] Se recomienda el artículo Reflexiones sobre los salarios de los políticos.

Reflexiones sobre los salarios de los políticos

Pasada la vorágine del 22 de mayo, una vez constituidos los equipos de gobiernos de las nuevas legislaturas locales y autonómicas, la actualidad política se centra en las asignaciones de nuestros representantes políticos, normalmente resultantes en subidas salariales. El sentimiento popular, cuando se lee alguna noticia relacionada a los plenos donde se toman tales decisiones, es que parece que los políticos sólo se ponen de acuerdo cuando se trata de subirse los sueldos.

No hace mucho, saltó a la prensa un suceso ocurrido en Mollet del Vallès cuando el alcalde electo -Josep Monràs (PSC)- propone elevar su sueldo en un 32%. La reacción de los vecinos no se hizo esperar, quienes llegaron a perseguir y a recriminar al nuevo regidor su actitud. Finalmente su subida se rebajó a un 10%. Otro alcalde, éste de Sant Andreu de Llavaneres -Bernat Graupera (CiU)-, sí que consiguió elevar su sueldo en un 31%, para un montante total de 54.236 € anuales.

En épocas de crisis, como la que vivimos, donde se nos habla de recortes, austeridad, contención de gasto público, para la mayoría de los ciudadanos resulta indignante que aquellas personas elegidas democráticamente, cuyo teórico trabajo es el de servir a la ciudadanía, tome actitudes tan poco ejemplares, tan insolidarias como aplicarse subidas de sueldo en magnitudes que, en ocasiones, resultan vergonzantes. En la otra cara de la moneda, en algunos municipios se ha dado la situación de bajadas de sueldos e incluso la renuncia de alcaldes y concejales a cobrar. En realidad es justo recordar que, en el territorio nacional, el 60% de los alcaldes no cobra sueldo alguno por su trabajo, que suelen ser regidores de municipios de menos de 1000 habitantes. Salvo algunas renuncias voluntarias antes comentadas, el principal motivo de que existan regidores sin sueldo es el bajo presupuesto disponible en las arcas de unos municipios tan reducidos. Como veremos más adelante, la imposibilidad de cobrar un sueldo digno por desempeñar funciones políticas es un serio limitador para permitir el libre acceso a los cargos públicos a los ciudadanos de rentas medias y bajas.

Partiendo del principio de que todo trabajo ha de ser remunerado, los ciudadanos hemos de plantearnos el efecto de los sueldos de los políticos sobre la salud democrática. No es algo trivial: la gestión de los poderes públicos cae en manos de personas que se han presentado a listas electorales a quienes los ciudadanos hemos tenido la opción de votar. Está claro que no son admisibles remuneraciones con cifras desorbitadas, pero también hay que entender que alguien que presta su tiempo, o parte de él, en gestionar dinero público, no lo puede hacer gratis.

Es razonable establecer unos mínimos que permitan al político sentir que su función está siendo razonablemente compensadas en lo económico. Un buen sueldo es fundamental para asegurar el acceso a la función política de cualquier ciudadano, que podría establecerse en función de las rentas medias de los habitantes de su jurisdicción -por ejemplo, del sueldo medio de los habitantes de un municipio para el caso un alcalde-, su nivel de responsabilidad y dedicación. Tampoco tiene sentido la cuantía de ciertas nóminas, que superan hasta ocho veces el salario medio en el estado español. Hablamos de trabajos de mucha responsabilidad, pero recordemos que hay ciudadanos españoles muy cualificados, con grandes responsabilidades en sus respectivos trabajos, que jamás van a acercarse a una fracción de aquellas cifras. Como ya señalamos, para muchos ciudadanos resulta indecente que se realicen plenos para subirse los sueldos, por lo que sería adecuado que los salarios se fijasen a partir de otros criterios, o incluso organismos, como podría ser alguno creado ex profeso dentro de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, estando de acuerdo en que es preciso establecer unos márgenes salariales para los políticos, nos quedan ciertos flecos que considerar. El primero de ellos es la cuestión de sus rentas. Habría que seguir un modelo de transparencia total, al estilo del finlandés, donde sea posible acceder públicamente a los datos patrimoniales del núcleo familiar de cada político (aunque en Finlandia es extensible para absolutamente todos los habitantes del país). El derecho de los ciudadanos a controlar la honradez de sus representantes ha de prevalecer sobre cualquier ley de protección de datos. No es una exigencia desabellada; al fin y al cabo, quien elige tomar la senda de la política lo hace voluntariamente, por tanto ha de comprender que la confianza de la ciudadanía es lo primero.

Pero la preocupación de la ciudadanía no sólo ha de estar con la posibilidad de que los políticos engorden sus bolsillos ilegalmente metiendo sus manos en las arcas públicas. Otro importante problema a resolver es el clientelismo. Es por ello por lo que sería necesaria una estricta ley de incompatibilidades que garantice que el político de turno no vaya a tomar decisiones que beneficien a su entorno personal. Se nos vienen a la mente casos de empresas proveedoras de servicios a organismos públicos participadas por políticos, familiares o amigos de éstos que, casualmente, siempre ganan los concursos públicos. Pero no sólo ha de mantenerse ese estatus de incompatilidad durante la vida activa en política, sino por muchos años después. Recordemos el caso de un expresidente español que llevó a cabo la privatización de una empresa pública de la que años después pasó a formar parte como asesor. Aparte de lo chocante de la situación de por sí, lo justo hubiera sido que se le hubiera retirado la paga que actualmente recibe del estado por su antiguo cargo político.

La credibilidad de nuestros políticos está en horas muy bajas. La mala gestión del boom inmobiliario y la posterior gestión de la crisis por parte de las administraciones a todos los niveles -desde ayuntamientos al Gobierno central-, los casos de corrupción, los desmanes salariales de muchos políticos, la sumisión a poderes no democráticos -banca, grandes empresarios, multinacionales- los han convertido en una clase aparte de la ciudadanía. En democracia los representantes políticos han de estar al servicio de la mayoría, no al de unos pocos privilegiados. Lo contrario no es más que un grave síntoma de déficit democrático. Para revertir esto, los políticos han de considerarse a sí mismos, en primer lugar, ciudadanos y no una clase aparte.

El acceso a la política ha de ser igual en oportunidades para todos; por tanto, aplaudir que los políticos no cobren por ejercer sus funciones es demagógico y peligroso para la salud de la democracia en sí misma. No ayuda a ésto la prensa cuando destaca las bondades de aquellos alcaldes que renuncian a cobrar su sueldo, ni tampoco la actitud de quienes aplauden esas iniciativas; porque, si el pensamiento mayoritario es que es bueno que los políticos renuncien a sus sueldos, entonces sólo podrán ejercer política aquellas personas que dispongan de rentas muy altas o inversiones paralelas que les reporten ingresos. A esta potencial situación de exclusión para la mayoría de la ciudadanía se une el consecuente peligro de que las decisiones de los políticos se tomen en función de los intereses de sus inversiones personales.

Es también importante comprender que quien decide emprender el camino de la política está renunciando a su carrera profesional por, al menos, unos años. Por tanto se entiende defendible la postura de facilitar su reingreso al mercado laboral tras una eventual salida de la política activa, e incluso ayudas económicas en esa etapa transitoria. No obstante se requerirían ciertas matizaciones al respecto. Las prebendas a los políticos en temas salariales, de pensiones, etc. tendrían que realizarse siempre con la máxima de permitir el acceso de cualquier ciudadano al ejercicio de la política, por lo que las ayudas que éste pudiera recibir durante su transición a la vida profesional privada tendría que depender precisamente de sus rentas. Tampoco estaría mal la existencia de organismos públicos independientes encargados de evaluar la calidad del desempeño de nuestros políticos. No es justo que diputados que apenas pisan el congreso dispongan del mismo paracaídas de oro que quienes realmente realizan su trabajo con eficiencia. Al respecto también sería exigible una ley de incompatibilidad de cargos, pues resulta a todas luces ineficiente un alcalde que también sea diputado.

Lo natural es que los ciudadanos exijamos decencia a nuestros políticos. De esta exigencia surgen las críticas a manifiestas demostraciones de insolidaridad cuando algunos de estos deciden subir sus salarios o mantener sus prebendas cuando a los trabajadores públicos y pensionistas se les recorta su capacidad adquisitiva. Sin embargo, igual o más indecente son los casos de políticos en activo que cobran por varios cargos desempeñados simultáneamente, u otros ya retirados que reciben pensiones del Estado mientras perciben importantes sueldos de compañías privadas -a las que, en ocasiones, benefician por su estatus de ex-cargos políticos-. En España tenemos el caso de dos expresidentes: ninguno ha renunciado a su paga del Estado.

No olvidemos, sin embargo, que también hay honrosas excepciones. Algún ex-político ha tenido la decencia de renunciar a cobrar su pensión vitalicia del Estado. Ha de desaparecer del imaginario colectivo la idea de que todo quien se mete a la política lo hace con el fin de enriquecerse o, en su caso, asegurar sus riquezas. El político ha de estar al servicio de los ciudadanos. La clase política ha de ser ejemplarizante para la sociedad, justo lo contrario que es ahora. Somos los ciudadanos quienes hemos de exigir a nuestros representantes la adecuación de sus criterios salariales a la realidad económica del país, dentro de las normas más estrictas de transparencia y la igualdad de oportunidades de acceso a la vida política para todos. Al respecto, va siendo hora de que se active un fondo común para que los alcaldes y concejales de las poblaciones más pequeñas puedan acceder a un salario digno, haciendo realmente posible que el ciudadano más humilde pueda plantearse realmente servir a sus paisanos.