domingo, 26 de agosto de 2012

Falacia: "subir los impuestos a los ricos los llevaría a reducir sus inversiones en la creación de empleo"

Una discurso ampliamente aceptado se basa en la creencia de que una subida de impuestos a los ricos les desincentivaría en la inversión de capital para la creación de nuevo empleo. La realidad muestra que no hay prueba empírica que lo sostenga cuando, al contrario, el uso habitual que los poderosos dan a sus excedentes monetarios va orientado hacia la especulación.

Como bien es sabido, una importante fuente de financiación para cualquier estado son los impuestos. Los estados tienen la facultad de exigir a los ciudadanos y sociedades que aporten los recursos económicos necesarios que, entre otras cosas, permitirán satisfacer muchas de las necesidades comunes. La mayor parte de los estados modernos, incluido el español, contemplan el principio de progresividad en sus impuestos, de manera que quienes más capital posean más tendrán que pagar, consiguiéndose así un mínimo efecto redistributivo de las rentas que, sobre el papel, permita evitar que la brecha entre las clases pudientes y las más modestas se haga insalvable.

No obstante, la cantidad económica aportada por los más pudientes dista mucho de cumplir un principio de progresividad. En las últimas décadas los impuestos de aquéllos no ha hecho más que decrecer en todo Occidente. Por ejemplo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, los más ricos llegaban a pagar, en el caso de los Estados Unidos, el 70% en impuestos, porcentaje que sí respondería realmente al principio de progresividad fiscal. Con la hegemonía del dogma neoliberal, éstos fueron reduciéndose hasta cantidades alrededor del 18%[1].

En una época en la que la principal directriz política es la reducción del déficit público, los estados necesitan financiarse con urgencia por lo que la lógica indica que sería muy recomendable retomar las políticas fiscales de la posguerra. Sin embargo, muchas voces advierten de la inconveniencia de subir los impuestos a las grandes fortunas. El motivo esgrimido para no recomendar tal reforma fiscal es que, en tal caso, los ricos se verían con menos dinero para invertir en la creación de empleo e, incluso, decidirían marcharse a invertir su capital a otros lugares con mejores condiciones fiscales.

Tal argumento, completamente falaz, ha calado hondo en la sabiduría popular y es plenamente aceptado por parte de las clases más humildes. La simple sugerencia de subir los impuestos a los más ricos se plantea, desde los medios de comunicación, como una penalización a los productores de riqueza y puestos de trabajo pues, aumentar los impuestos a las personas con mayores rentas, les desincentiva a ahorrar y, según aquéllos, es "la inversión productiva de tal ahorro una inversión productiva que crea empleo"[2].

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en economía no basta con la intuición, pues ésta puede ser fácilmente adulterada con información sesgada -o manipulada- desde fuentes interesadas. Obviamente, los grandes medios de comunicación pertenecen a gente con poco interés en que les suban sus impuestos. Históricamente no hay evidencias que avalen el argumento en contra de la subida de impuestos a los ricos[3].

De hecho, los ricos dedican parte de su capital, directa o indirectamente, a especular contra la deuda pública. No se puede, en ningún momento, olvidar que los mercados tienen nombres y apellidos. Esta especulación la realizan de un modo muy simple: depositan e invierten sus excedentes en los bancos, los mismos que luego prestan al Estado a precios desorbitados. No hace mucho, el Wall Street Journal indicaba que la política de grandes recortes de impuestos aprobada por la administración Bush "condujo al peor periodo de creación de empleo en la reciente historia del país"[4].

Hay estudios que indican que sólo entre el 1 y el 2% de los ahorros de las grandes fortunas se dedican a la creación de empresas que puedan producir empleo. El resto se gasta "en compra y venta de propiedad inmobiliaria, en bonos del Estado, en cuentas personales y en otras actividades de uso personal o actividad especulativa"[5], además de actividades de cabildeo y propaganda, estas últimas para que la ciudadanía se mantenga convencida de que "no hay alternativa".

Por otro lado, la fuga de capital y de inversiones se ha ido acentuando en los últimos años, aún cuando los impuestos a los más ricos son realmente bajos. De esto modo, la amenaza de las grandes fortunas de marcharse a otros lugares con sus inversiones dejó de serlo desde el momento en que la cumplieron. Bien es sabido que El Dorado de los poderosos es cualquier lugar con impuestos reducidos y costes laborales insignificantes, condicionantes que, por otra parte, se han encargado de imponen a los últimos gobiernos.

Mención aparte de la lucha contra los paraísos fiscales en el extranjero, o sus sucedáneos fronteras adentro -impuestos de sociedades, SICAVs, etc.-, la alternativa a los recortes pasa por cumplir a rajatabla el artículo 31 de la Constitución Española, aplicando realmente el principio de progresividad por el que los ricos paguen impuestos a unos niveles razonablemente altos. Con los ingresos resultantes sin duda habría liquidez para que el Estado pudiera invertir directamente en la generación de empleo público, un motor necesario para la creación de puestos de trabajo.


[1] "Los ricos y la deuda pública". Público, 2 de junio de 2011.
[2] "Cómo se comportan y cómo son los súper ricos", Público, 31 de julio de 2012.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

viernes, 24 de agosto de 2012

La censura comienza contra FACUA

El pulso entre el Gobierno de España y la asociación de consumidores FACUA, a raíz de las campañas de aquélla contra las políticas de recortes, agudiza la imagen caciquil de un ejecutivo que no admite críticas en su contra, una postura que parece obedecer las directrices de su fuente ideológica, la FAES de Aznar.

El desarrollo de los acontecimientos presentes apunta a un preocupante panorama en el que cierta modalidad de censura, por parte del Gobierno español, podría ser una constante. La misiva del  Instituto Nacional del Consumo[1] -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- a FACUA, a la que insta a detener sus reiteradas críticas hacia los sucesivos recortes llevados a cabo por el Gobierno so pena de perder su condición legal de asociación de consumidores, además de su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios[2].

A efectos prácticos, la sanción a FACUA implicaría, además de la previsible retirada de subvenciones, su expulsión "de todos los órganos consultivos a nivel estatal" desde los que traslada la voz de los consumidores y "la pérdida del derecho a opinar sobre normas que afecten a los consumidores en trámite de audiencia"[3]. Sin embargo, detrás de todo este asunto parece esconderse un aviso a navegantes, un diáfano mensaje que deja claro que contrariar las políticas del Gobierno puede tener consecuencias. En el caso de FACUA, esta advertencia se refuerza con la respuesta de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril -quien ostenta el carné del partido en el Gobierno-, a la petición de amparo solicitada por la asociación de consumidores. La señora Becerril se limita a sugerir a FACUA "que tenga a bien revisar las campañas llevadas a cabo por esta organización, por si, en algún caso, se hubiera o hubiese producido alguna actividad que no encaje, precisamente, en los fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios"[4].

Afortunadamente, FACUA ha conseguido un importante apoyo social que[5], muy probablemente mitigue lo que, en caso contrario, sería un ejercicio de censura sin precedentes en los últimos tiempos, un duro ataque a la libertad de expresión y un chantaje en toda regla. Sin embargo, otras asociaciones o grupos de ciudadanos críticos con las políticas de recortes, pero con menor base social o alcance mediático, pueden verse afectadas por similares ejercicios de censura.

Para sostener la afirmación de que el caso FACUA no es una preocupación puntual para el Gobierno, es necesario acudir a su fuente ideológica. Como es sabido el partido en el Gobierno se nutre ideológicamente de los estudios y propuestas realizados desde la FAES -Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales-, un think tank (laboratorio de ideas) presidido por el expresidente Aznar, cuyo objetivo fundamental es la apología del dogma neoliberal. En una publicación realizada por la FAES[6] se alerta de "las proposiciones arbitristas que pretenden hacer pasar por proyectos de reformas meditados lo que no dejan de ser ejercicios más o menos bien intencionados de retórica política", por parte de una "sedicente 'portavocía' de la sociedad civil". Es decir, para los guías espirituales del Gobierno, quienes discuten las políticas de recortes no tienen ningún tipo de credibilidad. De ahí que dejen claro que no les "servirá la fragmentación electoral, ni las propuestas radicales, ni las hojas de firmas, que aguantan mal la comparación con el censo electoral, que ha avalado mayoritariamente y hace bien poco el programa popular"[7].

De nuevo la mayoría absoluta pasa a convertirse en el salvoconducto con el que aplicar decisiones de corte absolutista, haciendo bueno aquello de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", de modo que oponerse a ellas implica en la práctica ser tildado casi de antidemocrático[8]. De la editorial de la FAES, se puede inferir que los "sedicentes portavoces de la sociedad" son un obstáculo para la aplicación de las reformas programadas por el Gobierno, que "exigen sacrificios importantes". Las críticas de FACUA a las políticas de recortes o a la subida del IVA han despertado las iras de un Gobierno que ha seguido el guión sugerido por la FAES, el mismo que les llevó a eliminar de la nómina de la Radiotelevisión pública a aquellos periodistas que pudieran, a propia cuenta y riesgo, el papel de "sedicentes portavoces de la sociedad"[9].

Estas acciones por parte del Gobierno representan, en su conjunto, un grave síntoma del déficit democrático que adolece el Estado español. Como afirman desde FACUA, "si una ley dijera que no podemos criticar al Gobierno estaríamos en una dictadura"[10]. La insistencia en esos métodos caciquiles, cuya imagen es indefectiblemente proyectada al extranjero[11], no deja de ser una torpeza por parte de un Gobierno que aún piensa que su mayoría absoluta representa una carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. A estas alturas, el señor Presidente y sus asesores tendrían que saber que en el resto de Europa y Norteamérica gusta de la aplicación de recortes bajo el manto de una aparente democracia.


[1] Pilar Farjas: "Requerimientos FACUA". Instituto Nacional del Consumo, 1 de agosto de 2012.
[2] "El Gobierno amenaza a FACUA con ilegalizarla como asociación de consumidores". FACUA, 5 de agosto de 2012.
[3] "Facua: "La amenaza del Gobierno es un grave atentado contra la democracia"". Público, 22 de agosto de 2012.
[4] "Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y “sugiere” a la organización que revise sus campañas anti–recortes". Crónica de Aragón, 23 de agosto de 2012.
[5] "Más de 60 artistas y periodistas promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'". FACUA, 22 de agosto de 2012.
[6] "Editorial". Cuadernos de pensamiento político, 35. FAES, julio-septiembre 2012.
[7] Ibid.
[8] "La fundación de Aznar carga contra los que protestan por los recortes". Público, 9 de agosto de 2012.
[9] "La “purga” de periodistas de RTVE: Cuando ser periodista se convierte en ser culpable". Tercera Información, 13 de agosto de 2012.
[10] "Facua mantiene la campaña contra los recortes pese a la amenaza del Gobierno". El País, 22 de agosto de 2012.
[11] "Le Monde, Financial Times y Guardian siguen hablando de “escandalo” en RTVE". Tuitformación, 10 de agosto de 2012.

miércoles, 22 de agosto de 2012

Diccionario de la Crisis: neoliberalismo

neoliberalismo.
1. m. Capitalismo desprovisto de cualquier atenuante -p.e. protección social- al verse libre de toda competencia ideológica.
2. m. Proyecto de las clases más ricas para recuperar unos espacios de poder político y económico que perdieron tras la segunda guerra mundial.*
3. m. Dogma consistente en creer que los problemas de la economía española derivan de tener un gasto público excesivo (pues supuestamente nos gastamos más de lo que tenemos) y unos salarios demasiado altos (consecuencia de tener unos sindicatos excesivamente fuertes). De este dogma surgen unas políticas públicas que consisten en recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, y en hacer reformas laborales que tienen como objetivo reducir los salarios y despedir más fácilmente a los trabajadores, debilitando a los sindicatos.**
4. m. Ideología y forma del capitalismo de nuestros días: muy desregulado, libre de trabas, financiarizado, capaz de generar una gran sumisión, muy ideologizado pero que se presenta como algo natural y ajeno a las ideologías.***
5. m. La lucha del mercado contra el Estado, la intención del mercado de expulsar al Estado de cualquier tipo de actividad en la que está como protector y organizador de la sociedad.****



[*] Definición de Alberto Garzón en "El neoliberalismo, características y efectos". 29 de junio de 2010.
[**] Definición de Vicenç Navarro en "El dogma económico neoliberal". Público, 3 de julio de 2012.
[***] Definición de Juan Torres López en "La convivencia entre capitalismo y justicia social es imposible". Mini-Leaks, 30 de marzo de 2012.
[****] Definición de Ignacio Ramonet en "Los medios no critican a los bancos porque son el verdadero poder". 24 de agosto de 2012.

domingo, 19 de agosto de 2012

Mendigos de la credibilidad

El anuncio, por parte del Gobierno, de una campaña informativa en la que explicaría los motivos de los recortes que lleva aplicados durante la presente legislatura se puede interpretar como un desesperado intento de salvar la poca credibilidad que le queda ante la ciudadanía.

Evocando quizás a Santa Teresa de Jesús en los momentos posteriores a sus famosos éxtasis, el presidente Mariano Rajoy exclamaba solemnemente que "los seres humanos somos sobre todo personas, con alma y con sentimientos, y esto es muy bonito y me reconforta mucho"[1]. Quizás, consciente de la constante bajada de credibilidad de su Gobierno, aquel momento transcendental pudo servirle de inspiración para la singular campaña de imagen que el Partido Popular pretende lanzar en septiembre, en la que básicamente apelará al alma y los sentimientos de los ciudadanos para pedirles su "complicidad" con las medidas tomadas hasta ahora y las que quedan por tomar[2].

La estrategia prevista para la mencionada campaña pasaría por reunirse con los sectores y organizaciones afectados por las reformas del Gobierno, explicarles los contenidos de aquéllas, los motivos que llevaron a su aplicación y, por supuesto, pedirles su colaboración. En otras palabras, el Partido Popular, consciente del desgaste que le están suponiendo todos los recortes, pretende convencer a los más ingenuos de que se va por el buen camino a base de repetir la retahíla del "no queríamos, pero no quedaba más remedio que hacerlo" a la que se añadirá la coletilla de la necesidad de "tapar los agujeros que han dejado los socialistas con el señor Rubalcaba a la cabeza"[3].

No sería de extrañar que la campaña de imagen transmutara hacia una campaña de ataque, quizás preventivo, al sempiterno rival. No en vano, otra de las declaraciones que acompañaba al anuncio de esta campaña sostenía que "es posible convertir la pendiente de decadencia de los gobiernos del PSOE en una pendiente de prosperidad"[4]. Para estos señores del Gobierno parece ser que el mejor modo de superar un momento extremadamente crítico como el actual, en el que el Estado está a las puertas de un rescate total,  pasa por hacer oposición a la oposición. De hecho, llama la atención que los ataques no sean hacia el responsable del anterior ejecutivo, Rodríguez Zapatero, sino contra el actual líder del Partido Socialista.

En definitiva, nos encontramos ante un desesperado intento de salvar la imagen del partido, a base de utilizar las tácticas de siempre: culpar a los demás. El argumento de la mayoría absoluta, que permite hacer y deshacer al antojo de quienes gobiernan, deja de tener peso cuando las encuestas dicen que aquella mayoría se perderá en unas próximas elecciones[5].

La solución a los graves problemas por los que pasa el Estado español, y que sufren miles de familias, no pasa por fomentar una nueva edición del "y tú más", al que tanto nos tienen acostumbrados los dos partidos dominantes. El problema no son las diferencias entre las políticas de ambas formaciones, sino las similitudes. Ambas han abrazado el neoliberalismo subyacente tras las directrices de Alemania -dígase mejor, la banca privada alemana-, unos por convicción y otros por necesidad. Directrices que conforman una hoja de ruta a la que ninguno de los dos partidos estaría dispuesto a renunciar.

A partir septiembre lamentablemente comprobaremos los efectos de la campaña cuando oigamos a muchos conciudadanos repetir acríticamente, como ovejas que sumisamente acuden al matadero, aquello de "es que no podían hacer otra cosa, con lo mal que los otros lo dejaron todo". Mientras tanto, la sangría de pérdida de derechos sociales continuará sin más paliativos.


[1] "Rajoy, en el 'Rocío Chico': "Somos personas con alma y eso es bonito"". Público, 18 de agosto de 2012.
[2] "El PP anuncia una campaña surrealista para hacer cómplices de los recortes a sus víctimas". Público, 18 de agosto de 2012.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] "El rescate de la banca se lleva por delante la mayoría absoluta del PP". El Periódico, 25 de junio de 2012.

sábado, 18 de agosto de 2012

El día en el que una bandera incitó a la violencia

La sanción a un ciudadano español por portar una bandera republicana durante un partido de balonmano, con la excusa de que la bandera pueda incitar a la violencia, es síntoma del alto nivel de intolerancia y resentimiento por parte de aquellos herederos de quienes destruyeron la democracia hace décadas.

El pasado 7 de abril de 2012, en un partido de balonmano entre las selecciones de España y Argelia, un aficionado portaba una bandera de la República Española, motivo por el cual fue expulsado, identificado y expedientado, en virtud de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Meses después, el Gobierno argumentaba, ante una pregunta parlamentaria sobre tal suceso, que "portar una bandera republicana no es un comportamiento que per se incite a la violencia", pero "son las circunstancias en un contexto concreto, como en este caso, las que determinan, a juicio de los agentes responsables de la seguridad del evento, si puede convertirse en un acto de incitación a la violencia"[1]. Lo que en resumidas cuentas se puede interpretar como que la condición de incitación a la violencia de la bandera republicana queda al arbitrio de los responsables de seguridad de turno de cualquier evento deportivo.

Algo de cierto hay acerca de la incitación a la violencia por parte de la bandera de la República Española. Para ello hay que trasladarse a los días previos al 18 de julio de 1936, cuando el exiliado Alfonso XIII conspiraba con Benito Mussolini, junto a banqueros y grandes empresarios españoles, el derrocamiento de la República[2]. En poco tiempo estallaría la violencia, en la que un ejército apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista aplastaría las ilusiones de un pueblo que, por primera vez en su historia, se había sentido soberano y dueño de su propio destino. El Gobierno legítimo de la República acabaría finalmente depuesto a manos de unos generales traidores a su patria, con decenas de miles de muertos a sus espaldas. La violencia, sin embargo, no terminaría tras la Guerra Civil, acentuada ésta a base de represión contra cualquier sospechoso de simpatizar con el bando vencido.

En palabras de quienes sufrieron la violencia franquista, "la constante humillación y la enorme opresión psicológica, emotiva e intelectual, era totalitaria, pues invadía todos los resquicios de la persona, incluyendo su identidad"[3]. No se puede olvidar que aquella dictadura fue enormemente represiva: por cada asesinato que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil. A día de hoy, 120 mil personas continúan desaparecidas[4]. Innumerables españoles fueron asimismo encarcelados, torturados y exilados durante casi cuatro décadas.

Volviendo al presente, hay que reconocer que la aparición de banderas republicanas en eventos deportivos no es nada nuevo ni extraño, como tampoco lo es cuando se trata de banderas preconstitucionales, mucho más comunes y numerosas. En todo caso, los sucesos de violencia en campos y canchas deportivas suelen estar asociados a los ideales ultras que simbolizan estas últimas[5], cuyos portadores suelen simpatizar con aquellos violentos que sumieron a todo un territorio bajo el yugo del miedo.

La bandera republicana, sin embargo, "liga las demandas presentes de un mundo mejor con nuestras luchas y las de nuestros antepasados para establecer otra España, la España de los distintos pueblos y naciones de España, frente a esta España del establishment, cuyas políticas están causando un enorme dolor sin que tengan ningún mandato popular para llevarlas a cabo pues nunca estuvieron en sus ofertas electorales"[6].

Cualquier censura a la bandera republicana viene a demostrar el alto nivel de intolerancia aún presente en algunos sectores, quienes mantienen un alto resentimiento hacia aquellos que defienden los valores de la democracia, la libertad y la igualdad entre las personas.


[1] "El Gobierno mantiene que enarbolar una bandera republicana puede incitar a la violencia". Público, 17 de agosto de 2012.
[2] Urbano, Pilar (2012): El precio del trono. Planeta, p.5.
[3] "Entrevista al profesor Navarro sobre su experiencia personal durante la dictadura". 14 de septiembre de 2011.
[4] Vicenç Navarro: "La lucha por la democracia". Diario Madrid 15-M, 13 de marzo de 2012.
[5] Ese hecho se ejemplifica, por ejemplo, en la siguiente noticia: "Basagoiti: "... y en Bucarest los hinchas del Atlético llevaban banderas "con el 'pollo'"". Deia, 22 de mayo de 2012.
[6] Vicenç Navarro: "¿Cuáles son la bandera y el himno españoles?". 17 de agosto de 2012.

Un club de fans para José Ignacio Wert

El ministro Wert tiene bajo su haber el dudoso honor de haber puesto la puntilla al sistema universitario público. La dureza de las medidas tomadas, como las subidas de tasas o el endurecimiento de las condiciones para conceder becas, contrastan con la ligereza de sus declaraciones públicas, más cercanas a las de un tertuliano televisivo que a las de un ministro, con las responsabilidades que su cargo conlleva.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha ganado a pulso la condición de principal personaje mediático del actual Gobierno. Independientemente de afinidades políticas, hay que reconocerle su especial capacidad para crear noticia, generar polémica. La última, sus declaraciones a raíz de los resultados del equipo olímpico español en Londres, cuyo medallero, según él, hubiera alcanzado las 30 preseas en caso de que los Juegos hubieran durado una semana más[1].

A medio camino entre la obviedad y el disparate, aquellas declaraciones del ministro pueden llegar a resultar incluso simpáticas, evocadoras quizás de su no lejana época de tertuliano televisivo[2]. En definitiva, para la ciudadanía de un Estado sumido en una profunda crisis cuya única solución, para un buen número de políticos, pasa por encomendarse a la Virgen[3], poco o nada le va a importar el número de medallas que obtenga el equipo olímpico.

Sin embargo, no todas las declaraciones del ministro Wert, a lo largo de los pocos meses de legislatura que lleva a sus espaldas, pueden considerarse tan ligeras o inocentes, a pesar de mantener ese mismo tono a medio camino entre la jocosidad y la desfachatez. Porque no querer reconocer que la subida de tasas universitarias para el curso entrante supondrá la imposibilidad de estudiar para muchos jóvenes, implica o un desconocimiento total de la dura realidad que azota a miles de familias o una falta de respeto hacia los más débiles de nuestra sociedad. No tiene justificación alguna insinuar, como hizo en su día, que hay familias que no quieren dedicar recursos a pagar matrículas universitarias, pues los prefieren utilizar "para otras cosas"[4]. ¿A qué "otras cosas" se refería el ministro? Alimentarse y vestirse, por ejemplo, son de esas "otras cosas" de primera necesidad difícilmente al alcance de muchas familias[5]. Frivolizar con las penurias de los más débiles es, cuando menos, perverso.

A modo de colofón, con la misma lógica de la historia de las treinta medallas olímpicas, el señor ministro se atreve a afirmar que los incrementos en las tasas universitarias "no van a generar desigualdades sociales"[6]. Un nuevo disparate que intenta justificar con el hecho de que "quienes disfrutaban de la exención de tasas del 100% van a seguir disfrutando de ella", sin tener en cuenta que a aquellos estudiantes no se les permitirá error alguno. No en vano, las segundas y sucesivas matrículas prevén ser aún más caras[7] y las condiciones para recibir beca se verán severamente endurecidas, planteándose la posibilidad de que sus cuantías sean devueltas en caso de no aprobar la mitad de los créditos[8].

Detrás de aquellas declaraciones se encuentra, a primera instancia, el asunto económico. El empecinamiento por cumplir a rajatabla con los mandatos neoliberales de reducción de gasto público implica menos dinero para la enseñanza y, para compensar, mayores precios en las tasas. Por eso, no se corta ni un pelo a la hora de afirmar que "lo urgente" hoy es ahorrar[9], cuestión en la que se reitera cuando afirma que "no estamos para gastar 4.000 millones de euros en estudiantes que dejan la carrera a medias"[10]. Según el señor Wert, los estudiantes de procedencia humilde, los hijos de los trabajadores, no tienen derecho a tener ni siquiera un mal año o a encontrarse con alguna asignatura que se les atragante. A partir de ahora, cometer algún error en época de estudios universitarios queda como privilegio exclusivo de los hijos de los pudientes.

La polarización social en España se hace cada vez mayor, la brecha entre ricos y pobres, poderosos y trabajadores, aumenta en todos los aspectos de la vida, incluyendo el educativo. Más allá de lo meramente económico, detrás de las subidas de las tasas y las leoninas condiciones para la obtención de beca, se encuentra un fuerte componente ideológico que casa a la perfección con la intencionalidad última del Plan Bolonia. La Europa del neoliberalismo quiere trabajadores dóciles, gente sumisa al sistema, personas a quienes exprimir en aras de maximizar la rentabilidad económica de su fuerza de trabajo.

Declaraba recientemente la Premio Nacional de Poesía en 2011, Francisca Aguirre, que la educación es "el enemigo número uno de quienes quieren explotar a los demás"[11]. De ahí que se estén estableciendo las bases para que el perfil del futuro estudiante universitario responda al de "un cliente que paga por trabajar ocho horas diarias y que lleva tras sus espaldas el peso de una hipoteca"[12], el único modo que tendrán los más humildes de financiarse sus estudios. Queda claro que los poderosos no quieren que los hijos de los pobres estudien y, quien aún así lo intente, tendrá que pasar por un perverso ejercicio de adoctrinamiento hacia un futuro laboral aciago.

Prueba de que la libertad de pensamiento de los más débiles resulta molesta son las palabras que el ministro Wert dedicó en su día al movimiento 15M, cuando aseguró que aquél consta de "una mezcla de socialismo utópico, radicalismo político", con varias "gotas de ignorancia y de simpleza"[13]. Hay que recordar que el perfil de muchos de quienes participan, o han participado, en el movimiento corresponde a gente con estudios universitarios, desencantados con un sistema que los trata como pura mercancía[14].

Propuestas como una "legislación laboral más rígida en lugar de más flexible, aumento de personal sanitario y educativo, control público de la investigación, expropiación por el Estado de viviendas para darlas en alquiler, aumento de los impuestos y restablecimiento del impuesto de Patrimonio, tasa Tobin"[15] son evidentemente molestas para quienes han decidido desmantelar los derechos fundamentales con la excusa de la crisis. El ocurrente tertuliano reconvertido a ministro no pestañea a la hora de demostrar en qué lado está al afirmar encontrar "una condición profundamente reaccionaria en buena parte de lo que proponen"[16].

Los grandes poderes no desean nuevas generaciones de jóvenes contestatarios que les organicen manifestaciones, que movilicen a la sociedad en su contra, que pongan en entredicho las contradicciones de un sistema basado en la explotación del humilde por el pudiente. Una Universidad, donde la gente tiene tiempo para pensar, es un peligroso foro paralelo a los canales oficiales de opinión de donde, tarde o temprano, surgirán molestos ramalazos de rebeldía que pongan en duda las mentiras sobre las que se sustenta la hegemonía de la plutocracia imperante. Quizás por ese motivo, a Wert no le importa que los universitarios españoles ya formados emigren a otros países[17]. Desde cierto punto de vista, es un modo de quitarse de encima a gente que potencialmente puede pensar en contra de sus intereses.

En su faceta de tertuliano, hay que reconocer la inconmensurable habilidad del ministro Wert para formular afirmaciones carentes de sentido para justificar lo injustificable. Sin duda, este ministro que se vanagloria de formar parte de un gobierno de "mayoría universal"[18] se merecería un club de fans por tal locuacidad e inventiva. Pero la realidad es tozuda, y nos recuerda que este señor es un cargo público, un representante electo que tiene una responsabilidad hacia la ciudadanía. En demasiadas ocasiones sus declaraciones sólo han servido para justificar daños a los más débiles, reducidos a simples números cuyas oportunidades en la vida poco importan.


[1] "Juegos Londres 2012: Wert cree que con una semana más de Juegos, España tendría "30 medallas"". El Huffington Post, 13 de agosoto de 2012.
[2] "Wert, el ministro tertuliano". Iessecundaria, 2 de febrero de 2012.
[3] "Los políticos españoles recurren a la virgen para salir de la crisis". Público, 15 de agosto de 2012.
[4] Las palabras de Wert fueron específicamente: “Que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de las tasas, evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos pregunto una vez más ¿que quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento a usar recursos a otras cosas”. Disponible, por ejemplo, en "Wert se mofa de las familias sin recursos económicos para pagar las tasas de la Universidad". 22 de mayo de 2012.
[5] "La pobreza en España, "más crónica que nunca"". Público, 22 de febrero de 2012.
[6] "Wert reitera que la subida de tasas no generará desigualdades". La Verdad, 4 de julio de 2012.
[7] "Educación plantea subir hasta 540 euros las tasas universitarias". El País, 20 de abril de 2012.
[8] "El Gobierno endurece los requisitos para las becas universitarias". Público, 29 de junio de 2012.
[9] "Wert: 'Lo urgente hoy es ahorrar y ya después combatir el fracaso escolar'". La Gaceta, 1 de mayo de 2012.
[10] "Wert:"No estamos para gastar 4.000 millones de euros en estudiantes que dejan la carrera a medias"". El Economista, 28 de febrero de 2012.
[11] "´La educación es enemigo número 1 de aquellos que quieren explotar a los demás´". Información, 15 de agosto de 2012.
[12] Fernández Liria, C.; Serrano García, C. (2009): "El Plan Bolonia". Catarata, Madrid, p. 94.
[13] "Wert: El 15-M tiene "gotas de ignorancia" y un "puntito soviético"". Público, 22 de febrero de 2012.
[14] "Movimiento 15-M: perfil de los indignados". El Economista, 6 de junio de 2011.
[15] "Wert: El 15-M tiene "gotas de ignorancia" y un "puntito soviético"". Op. cit.
[16] Ibid.
[17] "Wert afirma en Alemania que la emigración de jóvenes españoles no es "un fenómeno negativo"". Europa Press, 12 de julio de 2012.
[18] "Wert: "La victoria del PP no fue sólo por mayoría absoluta, sino universal". Público, 22 de febrero de 2012.

martes, 14 de agosto de 2012

Amenazan con bajar los salarios (una vez más)

La reciente recomendación del Banco Central Europeo de reducir los salarios de los trabajadores españoles forma parte de la hoja de ruta de las altas jerarquías que controlan Europa que, siguiendo el dogma neoliberal, aspiran a la completa liberalización del mercado laboral y la destrucción de cualquier atisbo de protección social.

El Banco Central Europeo vuelve a atacar a los asalariados españoles con nuevas recomendaciones[1] que, más temprano que tarde, el Gobierno español acatará -como es costumbre- a pie juntillas. Los tecnócratas europeos mencionan la necesidad de nuevas reformas estructurales que, explícitamente, asocian a nuevos recortes sociales y, sobre todo, a la disminución de los salarios. Todo ello, como de costumbre, en nombre de la ansiada competitividad.

A pesar del envoltorio de neutralidad con el que se pretende disfrazar, el concepto de competitividad tiene un fuerte sesgo ideológico. Las recomendaciones del BCE siguen la lógica del neoliberalismo, entre cuyas aspiraciones se encuentra la desregularización de los mercados laborales y, en consecuencia, la disminución de los salarios. Evidentemente, la petición del lobby bancario europeo de "nuevas reducciones significativas en los costes laborales unitarios"[2] va en ese sentido.

En nombre de la competitividad, la depreciación del valor de la fuerza de trabajo en Europa -especialmente la periférica-, es un hecho que viene dándose con especial virulencia en los últimos años. En el caso de España, esta depreciación no sólo ha afectado a los sueldos de funcionarios y trabajadores públicos, sino a los de absolutamente todos los asalariados. Es necesario recordar que el salario de cada trabajador no se limita a la paga que percibe cada mes -que sería el denominado salario directo- sino a los servicios públicos a los que tiene acceso a un precio inferior al que supondría si se tratase de una prestación privada, como la sanidad o educación públicas, -salario indirecto- o las prestaciones que aquél recibirá una vez finalizada su vida laboral, fundamentalmente la paga por jubilación, que correspondería al salario diferido. Así, desde la perspectiva del concepto global de salario -la suma del directo, el indirecto y el diferido-, la sucesión de reducciones de salarios queda patente si se tiene en cuenta el retraso de la edad de jubilación -de 65 a 67 años- y el aumento del tiempo computado para el cálculo de la paga de jubilación[3], correspondientes al salario diferido; o los continuos recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos, correspondientes al salario indirecto.

Ahora la banca europea ha decidido que es el turno de reducir sin contemplaciones el salario directo y, para ello, propone una hoja de ruta que pasa por "la relajación de la legislación de protección del empleo, la abolición de los regímenes de salvaguarda, bajando los salarios mínimos y permitir la negociación salarial a nivel de empresa"[4]. Ante tales perspectivas, a corto o medio plazo, no puede esperarse más que una nueva reforma laboral -aún más regresiva que la de febrero de 2012[5]- que responda a los deseos de las patronales de empresarios -la CEOE y la CEPYME-, incluyendo la limitación al derecho de huelga[6].

Sin ánimos de satanizar a la clase empresarial, es necesario insistir en que esta ambición por depreciar la fuerza de trabajo de los asalariados corresponde a la propia lógica del sistema económico dominante, donde el objetivo de cualquier empresa privada es la maximización de los beneficios. Para ello, la reducción de salarios es un camino muy apetecible en un momento en el que los trabajadores apenas tienen fuerza para defender sus derechos. En una situación normal, en la que las empresas compiten entre sí por vender sus servicios o productos, incluso el empresario más ético de España se vería obligado a entrar en el juego de la depreciación de salarios pues, en caso contrario, otro empresario con menos escrúpulos sí que aplicaría tales reducciones, aumentando así sus posibilidades de obtener beneficios respecto al primero.

La lógica de depreciar salarios con el objetivo de asegurar beneficios ha sido paliada históricamente con la existencia de un contrato social, que garantizaba unos mínimos a los asalariados. Lo que ahora se plantea desde el BCE es la derogación de aquel contrato social, alcanzándose la aspiración neoliberal de liberalizar el mundo laboral y, con ello, despojar a la clase trabajadora de cualquier protección social.

Debido a que las recomendaciones del lobby bancario europeo se nutren de un dogma ideológico, es sencillo encontrar contradicciones que invaliden las argumentaciones a favor de llevar a cabo tales contrarreformas en el terreno laboral y, en particular, las cuantías de los salarios. Efectivamente, hay numerosas voces críticas con tales propuestas a quienes, por desgracia, el establishment mediático ignora, al ser contrarios a sus intereses. Expertos economistas, como Vicenç Navarro[7], han advertido que bajar los salarios no es el camino, pues con ellos disminuye la demanda interna, verdadero motor natural de cualquier economía que aspire a mantener unos mínimos de bienestar en su población.

El futuro para los asalariados se plantea más negro que nunca. La semilla de la desesperanza y el miedo se ha sembrado en las últimas décadas en los corazones de la clase trabajadora, germinando de ella un fuerte sentimiento de resignación. De cumplirse las recomendaciones del Banco Central Europeo, la incertidumbre y la precariedad serán losas que caigan sobre los hombros de los trabajadores, definitivamente condenados a vivir para trabajar. Sin apenas protección ante el desempleo, sin la cobertura de un convenio colectivo, la relación entre asalariado y empresa se volverá insosteniblemente asimétrica, sabedor el primero que la caducidad de aquélla queda al libre albedrío del empresario.


[1] ECB Monthly Bulletin. BCE, agosto de 2012, p. 62.
[2] Ibid.
[3] Cómo se calcula la pensión de jubilación con la reforma de las pensiones". 2 de febrero de 2011
[4] ECB Monthly Bulletin. Op. cit.
[5] "Reforma laboral al detalle: el nuevo "contrato Rajoy"". Laboro, 13 de febrero de 2012.
[6] "Rosell aplaude la reforma laboral y pide revisar el derecho de huelga". Público, 15 de febrero de 2012.
[7] "¿Bajar los salarios para salir de la crisis?". Público, 14 de agosto de 2012.

Diccionario de la Crisis: paraíso fiscal

paraíso.
(Del lat. paradīsus, éste del gr. παράδεισος, y éste del avéstico pairidaēza, cercado circular, aplicado a los jardines reales).
~ fiscal. 
1. m. Lugar que sirve a las grandes fortunas y a las grandes empresas tanto de refugio donde defraudar a la hacienda pública y, por lo tanto, a la inmensa mayoría de la población que cumple sus obligaciones tributarias además de, también, servir de coartada para chantajear  permanentemente a los estados y a la ciudadanía, con la simple amenaza de responder a la presión fiscal trasladando la residencia de multimillonarios y grandes empresas a estos desaprensivos santuarios.*
2. m. Zonas en las que reina el secreto bancario, que no sirve más que para camuflar malversaciones y otras actividades mafiosas.**

[*] Definición desarrollada a partir del artículo de Francisco Morote: "Un día mundial contra los paraísos fiscales". ATTAC Madrid, 21 de abril de 2012.
[**] Ignacio Ramonet, cit. en ibid.

Sobre Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde de Marinaleda

Se describe, a continuación, una serie de desmentidos a muchas de las calumnias y mentiras que últimamente han circulado contra la persona de Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde de Marinalela y Diputado del Parlamento Andaluz.

La persona de Juan Manuel Sánchez Gordillo se ha situado en el punto de mira de algunos medios de comunicación, quienes, saltándose cualquier principio de ética periodística, han inventado mentiras alrededor de su persona. Como ya se comentó en este blog, los intentos por desviar la atención de la opinión pública del mensaje que se pretendía dar a a través de las acciones llevadas a cabo en dos supermercados andaluces -la denuncia de la creciente precariedad en la sociedad española- pasarían por atacar a la honorabilidad del Alcalde de Marinaleda y Diputado del Parlamento Andaluz[1].

Un importante número de las visitas a El Faro de la Colina generadas a través de buscadores parten de cadenas de búsqueda del tipo "sueldo del alcalde de Marinaleda" o "coste viaje de Gordillo a Venezuela", entre otras. Sirva este dato como evidencia de un esperanzador toque de escepticismo por el que muchos internautas tratan de contrastar, en medios distintos a los sostenidos por el establishment, la corroboración -o el desmentido- de la lista de calumnias que, en los últimos días, se han ido construyendo alrededor de Don Juan Manuel Sánchez.

En una encomiable muestra de transparencia, el Ayuntamiento de la localidad sevillana ha emitido un certificado que permite disipar cualquier duda acerca de la gestión del Alcalde marinaleño[2]:

Respecto al sueldo del Alcalde y Tenientes de Alcalde
Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) no percibe retribución alguna a cargo de los Presupuestos de la entidad.
Ningún miembro Corporativo, de ninguno de los Grupos Políticos que constituyen la Corporación, incluidos los Tenientes de Alcalde, percibe retribución de ningún tipo por el desempeño de sus funciones, ni por dedicación exclusiva o parcial ni por asistencia a órganos colegiados.
Respecto a asesores varios
No existe en la Plantilla de este Ayuntamiento la plaza de Secretaria del Alcalde, ni de Alcaldía.
No existe en la Plantilla de este Ayuntamiento ni percibe retribuciones a cargo del mismo ningún "responsable de prensa" o similar.
No existe en la Plantilla de este Ayuntamiento ningún "consejero jurídico"; siendo que los únicos licenciados en Derecho que perciben retribuciones del Ayuntamiento de Marinaleda es el Secretario que suscribe y un Técnico de Administración General. 
Respecto al presuntamente "sobrepagado" Jefe de la Policía Local
No existe cuerpo de la Policía Local, no existiendo ningún funcionario del cuerpo y, por tanto, tampoco existe el cargo de Jefe de la Policía Local.

Otros desmentidos

Otras calumnias contra Sánchez Gordillo están relacionadas con el reciente viaje que hizo a Venezuela, por el cual se aseguraba que éste se había gastado 6 mil euros[3], que habrían salido de las arcas del Consistorio. Tanto el jefe de prensa de Izquierda Unida en Sevilla como el propio implicado presentaron desmentidos en distintos medios:
Sánchez Gordillo fue invitado por los venezolanos que lo pagaron todo, incluido el viaje en avión. Siempre fue en turista y en el avión se dirigió como siempre a esa parte y las azafatas le llevaron a primera porque así venía en su billete. Por tanto, él no optó, fue la radio venezolana que le invitó, dejen de manipular y si no han dado con Gordillo hablen con el jefe de prensa de IU (954502630) y os pondrá rápidamente con él como otros medios han hecho. Dejen de manipular y confundir a la opinión pública. El coste de ese viaje (avión, comidas, alojamientos, etc) ha sido sufragado integramente por la radio venezolana que organizó su gira. Ni un euro le ha costado al Ayuntamiento de Marinaleda[4].
A lo que añade el propio Alcalde:
He sido invitado por la radio YVKE Mundial y son ellos los encargados de organizar y pagar todos los gastos, incluido el viaje.

***

Resulta lamentable la asimetría en el tratamiento que muchos medios de prensa conceden a las personalidades políticas en función del espectro ideológico en que se encuentren. Mientras existe una casta de intocables por los medios de comunicación, a quienes cada frase que se les dedica va controlada sílaba a sílaba, cuidando de añadir el término "presunto" delante de cualquier acusación de la que, debido a la presión de la opinión pública, tengan que hacer eco; a otras personas se les construye todo tipo de bulos a su alrededor con tal de atacar a su credibilidad. No es casualidad que estas últimas sean gente comprometida con cambiar la sociedad a mejor, luchadoras por un sistema más justo.

Desgraciadamente, en estos tiempos de crisis la pluralidad en los medios de prensa clásicos -los más accesibles- pasa a ser una entelequia, estando como están los principales medios controlados por emporios empresariales con líneas editoriales muy claras -aunque no siempre transparentes para sus lectores-, siempre al servicio de las grandes oligarquías. Es obligación de cada persona, que desee sentir que es libre -al menos en pensamiento-, realizar la labor de contraste de las informaciones que gotean cada día, poner en duda cada acusación, cada dato arbitrario, contra aquellos que defienden la justicia social. No puede obviarse aquel proverbio romano que decía aquello de ubi dubium, ibi libertas (donde hay duda, hay libertad).


[1] "Los medios contra Sánchez Gordillo, fuego a discrección". Tercera Información, 9 de agosto de 2012.
[2] "Sánchez Gordillo muestra un documento asegurando que no cobra por ser alcalde de Marinaleda (VÍDEOS)". El Huffington Post, 13 de agosto de 2012.
[3] "Sánchez Gordillo voló hasta Venezuela en primera y por 6.000 euros". El Economista, 5 de junio de 2012.
[4] Ibid, comentario número 7.

viernes, 10 de agosto de 2012

No se puede permitir la ley de la selva... con la ley del más fuerte tenemos de sobra

A quienes se atreven a mostrar su preocupación porque las acciones de unos jornaleros en dos supermercados andaluces pueda ser la semilla de la "ley de la selva", habría que recordar que los trabajadores llevan sufriendo la "ley del más fuerte", cuyos derechos y bienestar son sacrificados para salvaguardar los privilegios de una oligarquía bancaria y empresarial cada vez más poderosa.

Como era de prever, las recientes acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han despertado un mínimo debate en la sociedad, acostumbrada esta última a la indolencia ante los problemas de los más débiles. No obstante, como se refleja en diversos foros a través de Internet[1], la controversia ha ido derivando hacia la idoneidad de que un diputado electo haya participado en una acción puntual de sustraer alimentos de primera necesidad, aunque éstos vayan destinados a familias necesitadas.

Las pretensiones de Juan Manuel Sánchez Gordillo de remover conciencias han chocado con el denominado sentido común popular -y oficial-, es decir el acervo de normas y creencias consensuadas y aceptadas por la sociedad que vienen a definir -entre otras cosas- lo que está mal y lo que está bien, habitualmente desde la perspectiva de las clases dominantes. Esto último se puede comprobar al observar a algunas sociedades antiguas, en las que el sentido común dictaba que el hombre libre podía ser dueño, con total naturalidad, de las vidas de otros menos afortunados. Hoy en día, sin embargo, la esclavitud es denostada y considerada inaceptable por la sociedad.

Basándose en el principio de que robar es malo, muchas personas bienintencionadas han criticado duramente las acciones del SAT en aquellos supermercados. Efectivamente, visto como un simple acto de robo, desnudo de cualquier matización, es perfectamente comprensible la indignación que muchas personas han mostrado ante tales actos. De hecho, algunas voces, sin entrar en cuestiones más profundas, se han limitado a advertir de los graves efectos sociales que podrían acarrear las acciones del SAT si cundiese el ejemplo, vaticinando una "ley de la selva" que consideran inaceptable[2][3]. Dejando a un lado el innecesario alarmismo implícito de tales afirmaciones, no cabe duda de que la preocupación del establishment es que el mensaje de Gordillo penetre en la sociedad, de modo que ésta tome conciencia de la situación de precariedad a la que se ven abocadas muchas familias en España y, en consecuencia, tome partido al respecto.

La cuestión es esconder los problemas bajo la alfombra, con la esperanza de que la sociedad siga sin reaccionar, para lo cual periodistas, tertulianos y algún que otro político rival con una mínima capacidad mediática atacarán a Sánchez Gordillo y al SAT con tópicos ya clásicos, con el objetivo de reforzar el sentido común popular de lo que está bien y lo que está mal. Así, recurrirán a la desquiciante satanización de todo lo relacionado con los sindicatos para repetir la cantinela de las cuantiosas subvenciones que aquéllos reciben, ignorando el hecho de que el Sindicato Andaluz de Trabajadores no se beneficia de ayudas públicas[4]. Recordarán, una vez más, las buenas relaciones de Sánchez Gordillo con el demonizado Hugo Chávez, jefe de estado elegido democráticamente -de quien no hay constancia de reiterados incumplimientos de sus promesas electorales-, como si aquello supusiera algún problema[5]. Y, sobre todo, censurarán el hecho de que un diputado forme parte de un "atraco".

Porque, efectivamente, cuando interesa se hace abuso del lenguaje, lo que bajo una jurisprudencia imparcial sería interpretado como hurto famélico -es decir, con objeto de dar de comer al hambriento- se tergiversa con vocablos duros, socialmente inaceptables, como "atraco" o "asalto"[6]. Del mismo modo, se hablará de "agresión" a la cajera de supermercado, a quien los vídeos mostraban llorando tras ver frustrado su quijotesco intento de abortar la retirada de alimentos del establecimiento cuando, en palabras de Sánchez Gordillo, lo que ocurrió es que aquélla "se puso nerviosa y empezó a llorar, pero nadie le hizo nada", a lo que añade: "¿Cómo vamos a meternos nosotros con ningún trabajador que está ganando 850 euros y al que además le hacen trabajar más horas de las reglamentarias?"[7].

A pesar de todo intento de manipular la realidad con eufemismos y deformaciones interesadas del lenguaje, la realidad, tenaz e inapelable, aporta suficientes matices como para dar a Sánchez Gordillo la oportunidad  de explicar el motivo de aquellas acciones. Una realidad que delata la existencia, tan sólo en Andalucía, de tres millones de pobres y 350.000 familias subalimentadas[8], hecho que el Sindicato Andaluz de Trabajadores decide denunciar mediante estas acciones. Y ahí vuelven los especialistas en lo políticamente correcto para calificar estas acciones de populistas, pues consideran que existen medios alternativos para hacer llegar a la sociedad aquellas inquietudes. Sobre populismo, pocas lecciones se pueden dar en un Estado donde las apariciones públicas de su Presidente se limitan a las que conllevan fotografiarse con deportistas de élite antes de grandes eventos deportivos para pedirles públicamente, como hizo con selección española de fútbol, "una alegría ahora en estos tiempos tan complejos y difíciles"[9].

Sería una lástima que toda la polémica surgida alrededor de las acciones en los supermercados hiciera olvidar la reivindicación subyacente: la lacra de la pobreza que azota cada día a más familias en España. Un problema que tiene causas y causantes, los mismos que se aferran a la "ley de más fuerte". Por eso mismo, quienes, desde las altas esferas, piden la cabeza de los sindicalistas por un hurto insignificante, lo que realmente hacen es defender su estatus actual, sus privilegios alcanzados a costa del sacrificio de los más débiles. Ellos, quienes tienen la sartén por el mango, los beneficiados por la "ley del más fuerte", no van a los tribunales por haber acelerado la crisis por sus prácticas especulativas, ni por evadir riquezas a paraísos fiscales, ni por presionar para que los recientes gobiernos se apliquen en el desmontaje de todo bienestar social[10]. Por eso resulta hipócrita magnificar el presunto delito detrás del humilde acto de rebeldía de un grupo de personas que deciden denunciar a cara descubierta un hecho, mientras se mira a otro lado -o directamente se apremian indultos- de los grandes latrocinios nacionales que empobrecen a la sociedad en su conjunto. En la lógica de la "ley del más fuerte", si Sánchez Gordillo hubiera hundido un banco, se le haría presidente de honor y se le concedería una importante indemnización de por vida. Y, por supuesto, no se pediría su cabeza[11].

Aún más lamentable, si cabe, es la actitud de muchos conciudadanos de a pie, quienes, a parte de criticar las acciones del SAT, aplauden el hecho de que los ricos españoles se abran hueco entre la élite mundial de las grandes fortunas. Aquéllos que insisten en la ilegalidad de los actos de los jornaleros andaluces prefieren mirar a otro lado ante las reiteradas acusaciones de abusos patronales de, por ejemplo, algunas cadenas de supermercados[12] o prefieren no preguntarse del origen de los inmensos patrimonios de aquellos ricos que nos venden, y explotan, el mito del hombre hecho a sí mismo, aunque sean acusados de explotar a niños de países pobres, obligados a coser por una miseria en condiciones infrahumanas[13]. Es más cómodo apuntar con el dedo a otro trabajador, cuya capacidad de defensa es mínima, que señalarse como voz crítica ante un sistema que permite que unos pocos se enriquezcan, cada día más, a costa de aumentar la brecha entre ricos y pobres[14], la cada vez mayor desigualdad social cuyas consecuencias bien pueden ser trágicas.

Porque la "ley de la selva", a la que tanto parecen temer algunos, no va a ser consecuencia de un acto reivindicativo concreto realizado por un grupo de jornaleros. Ésta vendrá a causa de la ruptura del contrato social que, con mayor o menor acierto, se ha mantenido hasta hace poco. La desaparición de subsidios, prestaciones por desempleo, junto a la destrucción del carácter universal de los servicios médicos y educativos, será la chispa que convierta la frustración en desesperación. De seguir este fatídico camino, el único modo de mantener la paz social será a base de decretos de naturaleza represiva, de modo que continúe prevaleciendo la "ley del más fuerte".


[1] Por ejemplo, véase: "Exprópiese".
[2] "Fiscales dicen que la actuación de Gordillo es delito y que si todo el mundo hiciese lo mismo sería la "Ley de la Selva"". Europa Press, 8 de agosto de 2012.
[3] "Interior ordena detener a los responsables del saqueo al Mercadona". El Confidencial, 8 de agosto de 2012.
[4] "Lo que nadie dice del Sindicato Andaluz de Trabajadores". Kaos en la Red, 9 de agosto de 2012.
[5] Por desgracia, la particular batalla unilateral del establishment español contra Hugo Chávez ha hecho mecha en el sentido común popular, creando una imagen distorsionada del dirigente venezolano en España. Se recomienda, al respecto, la lectura del artículo de Vicenç Navarro: "La demonización de Chávez en España". Temas, 8 de julio de 2012.
[6] "El atraco de Sánchez Gordillo a dos supermercados". Diario Crítico, 9 de agosto de 2012.
[7] "“Igual que Rajoy con sus medidas, no nos gusta lo que hacemos. Pero no queda otra”". El País, 10 de agosto de 2012.
[8] Ibid.
[9] "Rajoy les pide a los jugadores españoles una alegría para el país". Sport, 1 de junio de 2012.
[10] "La inmunidad bancaria, la ley, y los hurtos en un supermercado andaluz". Público, 10 de agosto de 2012.
[11] "Sánchez Gordillo será "crucificado" por la derecha "para dar un escarmiento"". El Huffington Post, 8 de agosto de 2012.
[12] Se recomienda visitar la página web específica para los conflictos abiertos entre trabajadores de Mercadona y la empresa.
[13] "Trabajo esclavo en la India: tres empresas españolas están incluidas en la 'lista negra'". El Confidencial, 23 de marzo de 2012.
[14] "¿Por qué la pobreza está creciendo en España?". Público, 31 de mayo de 2012.

miércoles, 8 de agosto de 2012

Los verdaderos robos no tienen lugar en los supermercados

Este artículo plantea una reflexión acerca de la desproporcionada reacción de los medios de comunicación con respecto a la acción del Sindicato Andaluz de Trabajadores en un par de supermercados andaluces, cuando los robos realmente dañinos a la sociedad se producen con cada nuevo recorte.

Con un acto simbólico, como la apropiación de productos de primera necesidad en un par de supermercados, Juan Manuel Sánchez Gordillo ha conseguido que la opinión pública hable, por vez primera, de las penurias que en estos momentos está pasando una parte de la población, en lo que considera una medida "necesaria" para dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35 por ciento de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un millón doscientos cincuenta mil parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros parados y sin cobrar ningún tipo de percepción"[1].

Desgraciadamente, el establishment mediático ha buscado deliberadamente desviar la atención del público al hecho de que un diputado cometa un delito, mientras el drama social sufrido por miles de familias españolas pasa a un segundo plano. La mayoría de los medios han abierto la veda contra Gordillo, como si el hecho de sustraer unos cuantos carros de comida de un par de supermercados fuera comparable a los casos de corrupción que azotan al Estado español.

La credibilidad de la actual casta política se encuentra bajo mínimos debido, precisamente, a la implicación -presunta o demostrada- de algunos de sus componentes en casos de corrupción y abusos de poder. Dicho de otro modo, la población española se ha acostumbrado al hecho de que, con relativa periodicidad, salgan a la luz casos que ensombrecen a nuestros representantes electos: aeropuertos sin aviones[2], estaciones de AVE emplazadas en terrenos pertenecientes a condes[3], casos Gürtel o los famosos EREs, tan sólo por citar algunos de los más sonados.

En una entrevista radiofónica a Sánchez Gordillo[4], un periodista toma el papel del sacerdote en un confesionario que trata de apelar a la conciencia de una oveja descarriada. Así, le realiza preguntas del tipo: "¿qué le diría a las familias de los trabajadores de estos supermercados que, a lo mejor mañana [...] los ponen de patitas en la calle, porque no pueden cuadrar el mes?" o "¿qué pasaría si todos los que están pasando hambre entrasen en supermercados y tiendas y robasen, tal como han hecho ustedes hace unos minutos?". Tras lo que se salta los principios de objetividad periodística al añadir sus propias conclusiones, calificándolo de "irresponsable" al "poder prender la mecha asaltando dos supermercados", extremo que le "parece tan peligroso en la situación que estamos actualmente", para terminar emplazando a Sánchez Gordillo a pedir disculpas "ante todo el pueblo que le está oyendo".

Lamentablemente, no hay noticias de alguna entrevista de este tipo, por poner un ejemplo, a Carlos Fabra que ponga en duda su excesiva suerte con las loterías, o que le conmine a pedir perdón al pueblo valenciano por los dispendios en un aeropuerto -con estatua incluida- que no sirve para nada, cantidades en absoluto comparables al ridículo valor de unos carros cargados de aceite, azúcar, arroz, pasta, leche, galletas y legumbres. Un doble rasero lógico en unos medios de comunicación plegados a los intereses de quienes más tienen, de los verdaderos beneficiarios de las penurias de los más débiles, a quienes empobrecen a base de imponer políticas de recortes a los gobiernos de turno, el peor latrocinio, el más dañino que condena a la mayoría de una población a la precariedad, mientras con ese dinero se salva a bancos y, con ellos, los intereses del gran capital financiero.

Y no: si Mercadona o Carrefour tienen que mandar al paro a sus trabajadores, no será porque se pierdan unos cuantos carros de comida, sino por las últimas reformas laborales, que condenan al asalariado al miedo perenne al despido.


[1] "Gordillo, que anuncia que habrá más acciones en supermercados, responde a Griñán que "más deleznable" es el caso ERE". Europa Press, 8 de agosto de 2012.
[2] "Los aeropuertos fantasma españoles". ABC, 3 de abril de 2012.
[3] "A su paso por Guadalajara, el tren de alta velocidad deja un reguero de plusvalías en los terrenos de la familia política de Esperanza Aguirre". Interviú, 29 de septiembre de 2003.
[4] "Queremos hablar", ABC Punto Radio, 7 de agosto de 2012.

lunes, 6 de agosto de 2012

La página de Facebook "Julio Anguita" no tiene nada que ver con Julio

Los compañeros del Colectivo Prometeo piden que se haga difusión de la siguiente nota aclaratoria[1] acerca de la inexistente relación de Julio Anguita con la página de Facebook que hace uso de su nombre[2]:
Propuesta de acción: 
Existe en Facebook una página llamada "Julio Anguita" -con decenas de miles de seguidores bienintencionados que creen recibir información directa-  que no tiene nada que ver con Julio.
Es más, hace meses se presentó una denuncia por usurpación de nombre que, de momento, no ha tenido efecto alguno. 
Aunque en la entrada a la página, bajo una foto suya, hay una pequeña nota que reza "Página de admiradores de Julio Anguita", cuando hacen comentarios o introducen noticias lo hacen con su foto y con el nombre "Julio Anguita", lo que induce a pensar que la autoría es suya. 
No dudamos en que tras ella se encuentran personas que comparten el pensamiento y la línea ideológica de nuestro compañero o que, simplemente, admiran su integridad y honestidad. Pero estamos seguros de que si supieran el malestar que le causan cuando ve reflejadas propuestas o actividades que ni conoce o no comparte, amparadas por su imagen y firma, bajarían el nivel  o aclararían mejor la no vinculación. 
Por ello, a las decenas de miles de personas que leéis el blog, consultaís la página Facebook de Prometeo Córdoba, habéis formado los grupos del Frente Cívico o rellenado la inscripción en él os pedimos la siguiente "ciberacción": 
Ayúdanos a difundir por toda la Red este mensaje para que quede clara la situación a quienes se encuentren con la página mencionada y piensen que tras ella está Julio. 
Gracias


[1] "Acción en la red: La página de Facebook " Julio Anguita" no tiene nada que ver con Julio". Colectivo Prometeo, 6 de agosto de 2012.
[2] Página de seguidores del político comunista español Julio Anguita.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Diccionario de la Crisis: eurobonos

eurobonos.
1. m. pl. Herramienta moderada y solidaria para corregir en cierta manera los desequilibrios financieros y económicos que se vienen produciendo desde la creación del euro y cuya resolución nunca ha sido contemplada por el desastroso diseño de la Unión Europea. Consiste en que los países de la Zona Euro dejaran de vender deuda pública y lo hiciera en su lugar un organismo común a los 17 países poseedores de la moneda común. De esta forma, en vez de tener un tipo de interés para cada país, se pasaría a tener un solo tipo de interés que englobara y sintetizara todo el riesgo de la zona euro. La deuda la venderían conjuntamente los 17 países, y no cada uno por separado. Se trataría de compensar el elevado riesgo de países como Grecia con el inexistente riesgo de países como Alemania. El cálculo del tipo de interés para la deuda común debería ser una especie de promedio entre todas las actuales.*



[*] Definición de Eduardo Garzón en "¿Qué son los eurobonos?". 25 de mayo de 2012.

Diccionario de la Crisis: prima de riesgo

prima.
(Del lat. primus).
~ de riesgo. 
1. f. Lo que España paga de más con respecto a Alemania por pedir dinero prestado.*
2. f. Indicador de cuánto le cuesta al estado en cuestión financiarse en el mercado de deuda pública. Cuanto más alto sea su valor, más difícil le resultará financiarse.**



[*] Definición de Alberto Garzón en "Es ricos contra pobres". e-Periódico, 1 de agosto de 2012.
[**] Definición de Eduardo Garzón en "La gran mentira sobre la prima de riesgo". 23 de julio de 2012.