El pueblo con Syriza, el Gobierno griego con su pueblo

La imagen de la jornada Fuente: El Día Grecia sigue marcando el camino. Hoy el pueblo heleno vuelve a dar una lección saliendo a las calles para apoyar a su Gobierno en su lucha contra el terrorismo financiero del BCE, empeñado ahora en dejar de aceptar los bonos griegos como garantía de refinanciación. En esta ocasión no habrán vallas en la plaza Syntagma que separen al pueblo del parlamento, pues hoy ambos van de la mano y de frente al enemigo común; tampoco antidisturbios armados en su contra, pues la orden del Gobierno es clara al respecto. Muchas cosas se podrán criticar al nuevo ejecutivo de Tsipras pero, desde luego, no que dé la espalda a su pueblo. Un atisbo de democracia se vuelve a asomar en Europa.

El día en el que Mario Dragui privatizó el Congreso (y la valentía del diputado que se lo reprochó)

Ante la incomprensible conversión del Congreso en un búnker informativo, con motivo de la visita del ex-presidente para Europa de Goldman Sachs, se agradecen las valientes palabras del diputado Alberto Garzón, quien no tuvo reparos en señalar la condición profundamente antidemocrática de tal circunstancia.

Si, como en su día reconoció el propio presidente, lo único que nos queda a los españoles es "aceptar los sacrificios"[1], lo justo sería que, cuando menos, se nos permitiese escuchar de primera mano al hombre que lleva dictando el destino económico del Estado español durante el último año y medio. Sin embargo, por el contrario, la ciudadanía ha asistido perpleja a la conversión del Congreso de los Diputados en un búnker informativo, aislado del exterior a base de inhibidores de frecuencia[2]. Sin wi-fi, sin 3G, sin taquígrafos, sin periodistas, sin más testigos que el propio Draghi y los diputados, a quienes se les impide cualquier grabación de lo ocurrido en aquella sesión del Congreso[3]. Como bien dijera Alberto Garzón, una reunión clandestina con un poder antidemocrático. He aquí la transcripción de la valiente intervención de este diputado.

No me andaré con rodeos, Sr. Draghi. Usted viene como representante aquí de un poder antidemocrático. El mejor ejemplo de esta cuestión es esta sesión y sus condiciones de clandestinidad: una comunicación secreta, alejada de la ciudadanía.

Lo más preocupante de todo es que usted no viene aquí como consecuencia de un procedimiento normal en el que tenga que rendir cuentas ni a los parlamentos nacionales ni a ninguna entidad legítima. Viene por circunstancias ajenas a esta cuestión. Aparece aquí presentándose como un dios monetario todopoderoso, una persona cuya palabra es capaz de calmar y tranquilizar a los mercados. Y es cierto, pero también el BCE tiene una palabra capaz de chantajear y extorsionar a los países y aplicar y condicionar sus políticas sociales, sus políticas económicas sin que -insistía antes- ello derive de la legitimidad del pueblo. En definitiva, la filosofía del BCE se corresponde más con la herencia de Platón y Aristóteles, que denunciaban la Democracia porque decían que la ciudadanía no podía meterse en asuntos que fueran tan importantes. Es alergia a la democracia lo que tiene el BCE y nosotros queremos aprovechar para denunciarlo.

Pero además resulta que el BCE es el banco central más independiente del mundo, pero independiente de las personas no independiente de la ideología. La constitucionalización del objetivo exclusivo de la inflación es un objetivo ideológico que sirve sobre todo a las entidades financieras y no a la ciudadanía. No hay banco central en el mundo idéntico al BCE, ni siquiera la Reserva Federal, ni siquiera el Banco de Japón; de ahí que tengamos tan diferentes políticas monetarias aplicadas en el mundo.

No nos resulta tampoco ajeno, Sr. Dragui, cual es su trayectoria profesional y cual es su procedencia más inmediata. Esto podría explicar perfectamente por qué el BCE no hizo nada mientras se gestaba la crisis. El BCE elabora unos informes muy elegantes de estabilidad financiera, y está claro que estabilidad financiera no es precisamente lo que hemos tenido en los últimos años. Es el reflejo de que el BCE ha fracasado y en cualquier país normal, en cualquier institución normal, esto habría derivado en consecuencias políticas e incluso penales. En este sentido, probablemente el señor Trichet tendría que haber pasado ya por un juzgado.

Pero además resulta que, cuando se puede hacer algo, pasan cuatro años para que el BCE, en boca de usted, diga “haré lo que tenemos que hacer”. Cuatro años, y en ese recorrido usted también tiene una importancia brutal porque le pilla más de un año y medio desde entonces. ¿Qué pasó en esos cuatro años? Pues pasó que se permitió la presión de los especuladores sobre la deuda pública, pasó que se permitió todos los paraísos fiscales, pasó que se permitió la extorsión de los especuladores en los diferentes países. Pasó todo eso y el BCE no hizo nada. Así que por actividad  y por pasividad también le hago responsable de los recortes en las prestaciones sociales, en la educación, en la sanidad, etc. que, por supuesto, tienen consecuencias sociales como no puede dejar de ser de otra forma. En esos cuatro años se permitió y se sigue permitiendo en cierto sentido el enriquecimiento de una minoría y el rescate a los bancos. Evidentemente, ahí también tiene usted responsabilidad y probablemente debería estar acompañando a Trichet en esos tribunales.

¿Pero qué ha hecho el BCE en consecuencia? Ha estado rescatando al sistema financiero, ha estado dando ayudas, inyecciones billonarias de euros, al sistema financiero, flexibilización de las garantías, avales...

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[1] http://www.rtve.es/noticias/20120711/frases-rajoy-no-podemos-elegir--no-tenemos-libertad/545301.shtml
[2] http://www.eldiario.es/politica/dia-Draghi-apago-Congreso_0_100440541.html
[3] http://www.publico.es/450536/izquierda-plural-burla-la-censura-y-publica-videos-de-la-comparecencia-de-draghi

Cuando los medios extranjeros pretenden hacer la cama a Rajoy

La indefinición de Rajoy a la hora de aplicar algunas de las políticas de recortes dictadas desde Berlín -debido a la proximidad de elecciones autonómicas- junto al exceso de autoritarismo que demuestra ante las movilizaciones populares, llevan a algunos medios extranjeros a poner en duda su capacidad como presidente de Gobierno, que empiezan a verlo como un cadáver político que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, no hay que olvidar que el problema subyacente en el Estado español es más profundo que la presunta incompetencia de Rajoy.

Se suele decir que se le "hace la cama a alguien" cuando se tiene la sospecha, más que fundada, de que se le está preparando el terreno para relegarlo del puesto que ocupa. De la reciente proliferación de titulares y columnas de opinión en algunos medios internacionales -nada sospechosos de seguir líneas editoriales opuestas a los establishments occidentales- puede deducirse que existe algo más que desconfianza hacia el dirigente español, tal vez la intención de hacerle la cama.

El titular más reciente, que parece que no va a ser el último de este estilo, viene del periódico británico The Telegraph que afirma que "Rajoy es un muerto viviente"[1] refiriéndose a la constante pérdida de credibilidad, en los circuitos internacionales, acerca de su capacidad de gestionar cualquier mejora en la economía española desde su llegada al poder. Para reforzar tal idea, el columnista sentencia que "hace menos de un año que Rajoy llegó al poder en una aplastante victoria y ya está herido de muerte"[2].

Llama la atención la insistencia en la defenestración política de Rajoy, habida cuenta que éste sólo se ha limitado a cumplir órdenes. A estas alturas, a nadie se le puede escapar el detalle de que el Gobierno de España está siguiendo una hoja de ruta política y económica marcada desde los grandes estamentos financieros europeos. No en vano, siendo aún candidato a la presidencia, Rajoy se reunió con Merkel para rendirle pleitesía[3] y, una vez en posesión del cargo, poco tardó en volver a verla para reiterarle su disposición a cumplir con las directrices que ésta estimase oportuna[4].

A ojos de la opinión pública española, Rajoy ha sido -y sigue siendo- el fiel lacayo de Merkel[5]. Del famoso y repetido "como Dios manda" del presidente español, a tenor de su férrea obediencia, puede deducirse que éste sitúa a la mandataria alemana allá en los altares celestes, justo a la derecha de la banca privada europea. Sin embargo, a pesar de las apariencias, el Gobierno español no está libre de pecado aunque, de momento, no hayan sido motivo para desatar la ira de las deidades financieras. Unos de sus pecadillos de juventud fue, por ejemplo, ignorar los deseos de Alemania respecto a quien debiera ocupar el Ministerio de Economía[6]. La oligarquía europea pretendía a un tecnócrata cuya labor se limitase a obedecer sus dictados. El candidato era José Manuel González Páramo, consejero del BCE para más señas. No obstante, el Partido Popular, en su lógica aspiración a no ceder el cien por cien de su independencia, se decantó por Luis de Guindos, un hombre de la casa, próximo a sus fuentes ideológicas y, por tanto, a la FAES de José María Aznar.

Pero, quizás, el gran pecado de Rajoy ha sido su incapacidad de contemporizar las exigencias de la banca europea con los intereses electoralistas de su partido. Al PSOE, primero, y ahora al Partido Popular les ha tocado cumplir la particular hoja de ruta de la "refundación del capitalismo" en Europa; es decir, la destrucción de cualquier atisbo de bienestar social en la semi-periferia Europea. La impaciencia de los mercados, ávidos de ver cumplidas las antisociales y temidas reformas, se ha visto refrenada por la proximidad de las elecciones autonómicas. Al fin y al cabo, el partido en el Gobierno es consciente de la sangría de votos que le supone cada recorte llevado a cabo, por lo que es lógico que espere su anuncio a días posteriores a las susodichas elecciones.

El destino de la economía española parece pasar por un rescate o, lo que es lo mismo, la cesión definitiva de cualquier soberanía económica a la troika. La cesión de un ala del Ministerio de Economía a los temidos "hombres de negro" supondría la ejecución inmediata de reformas dañinas no sólo a la ciudadanía sino a los intereses electorales a corto plazo del partido en el Gobierno. Así, a juicio de Matthew Lynn del Wall Street Journal, Rajoy, en su desesperación por ganar tiempo, se encuentra inmerso en un "juego de la gallina" con los mercados financieros[7], una indefinición que podría agravar la recesión en la que se encuentra el sistema económico español. Al respecto, Goldman Sachs ha hecho uso de los medios de comunicación para instar al Gobierno a dejar "de satisfacer los intereses políticos domésticos"[8].

Mientras tanto, Alemania se mantiene en el juego de la ambigüedad, ensalzando unos días la intachable actitud del Gobierno de España en sus compromisos con el cumplimiento de déficit[9] para, a continuación, mostrar su descontento con la actitud española ante sus obligaciones con Europa[10]. Algunos analistas, como  Edward Hugh, interpretan la confusa postura alemana como un modo de ganar tiempo ante las próximas elecciones en el país centroeuropeo, debido a la indeterminación del impacto que supondría un rescate a España en la banca privada alemana y el más que probable coste electoral que supondría al partido de Merkel[11].

Todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo de que algún tipo de rescate sea llevado a cabo en España. La consecuencia inmediata será la aplicación de nuevas medidas, entre ellas la reforma -a peor- del sistema de pensiones o la reducción del salario mínimo interprofesional. La consecuente contracción del consumo acelerará la espiral de desempleo y precariedad laboral que, a su vez, agravará la conflictividad y presumiblemente incrementará las movilizaciones contra el Gobierno y sus medidas. Ante tal perspectiva, Damian Reece, columnista del rotativo The Telegraph, advierte que "España ha dado otro paso seguro para convertirse en la próxima Grecia", de lo que culpa principalmente a Rajoy[12]. En la misma línea, el semanal francés Challenges se pregunta si el presidente español está a la altura de las circunstancias[13].

Más allá de la cuestión económica se encuentra la credibilidad de un Gobierno que demuestra ser mucho más débil de lo que pretende aparentar. El fuerte resurgir del independentismo catalán es interpretado en el resto del mundo como una grave muestra de descontento hacia su gestión. Por otra parte, el creciente número de movilizaciones ciudadanas llevadas a cabo en los últimos tiempos -sobre todo desde el 25 de septiembre-, y las represivas respuestas dadas a aquéllas, han puesto en duda el manto democrático con el que la Europa del capital pretende cubrir los recortes del Estado social. Paradójicamente, una vez al descubierto la crudeza de las políticas de austeridad llevadas a cabo en España, la prensa internacional no duda en señalar a Rajoy como cómplice de un golpe de estado financiero[14].

Cada vez son más los medios que dan por hecho que a Rajoy le queda poco tiempo en La Moncloa, que su destino es el mismo que siguieron Berlusconi o Papandreu. No se trata de ningún tipo de manía hacia su persona, a pesar de que su fama de presidente parco en intervenciones públicas y explicaciones a los ciudadanos no sea bien vista entre los medios extranjeros. La historia reciente indica que los mandatarios que aceptan rescates suelen tener sus días contados en los gobiernos. Puede ser que pronto España se encuentre bajo la batuta de un Gobierno de concentración cuyo papel sea, fundamentalmente, acelerar la agenda de reformas dictadas desde Berlín.

Sin embargo, la situación actual de la economía española no tendrá arreglo mientras se mantengan las mismas reglas del juego. Mariano Rajoy es ahora quien firma las medidas que le ordenan desde las oligarquías europeas. La regla no escrita es que las pérdidas sean socializadas entre los ciudadanos, quienes día a día sufren en sus carnes el drama de una precariedad cada vez mayor. Ante tal panorama, el desgaste de Rajoy en el Gobierno es inevitable, al igual que ocurrió con el anterior presidente. Por supuesto, en contra de Rajoy está su actitud totalitaria, bajo la excusa de la mayoría absoluta, y las políticas represivas sobre quienes protestan. Sin embargo, el problema no es Rajoy, como una parte de los medios extranjeros -al servicio del establishment- pretenden hacernos creer. Al gran capital no le importa quien gobierne mientras sea fiel al lenguaje de los recortes y la mal llamada austeridad. El problema es la falta de soberanía en el pueblo español debido a un modelo de Estado que no está a la altura.

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[1] ""Rajoy es un muerto viviente y España debe salir el euro", según The Telegraph". El Economista, 28 de septiembre de 2012.
[2] Ibid.
[3] "Rajoy trató en dos ocasiones con Merkel el ajuste para lograr ayuda". El Economista, 15 de noviembre de 2011.
[4] "Merkel insta a Rajoy a “poner en marcha las reformas necesarias rápidamente”". El País, 22 de noviembre de 2011.
[5] "La ama Merkel felicita al lacayo Rajoy por "el impresionante ritmo de las reformas"". Kaos en la Red, 6 de septiembre de 2012.
[6] "Alemania ‘aconseja’ a Rajoy que nombre ministro de Economía a González Páramo. Hispanidad, 14 de noviembre de 2011.
[7] "Spain’s chicken game won’t end happily". The Wall Street Journal, 26 de septiembre de 2012.
[8] "Goldman Sachs recomienda a España dejar "de satisfacer los intereses políticos domésticos"". El Economista, 26 de septiembre de 2012.
[9] "Merkel exige no abandonar las reformas ante la compra de deuda del BCE". La Vanguardia, 6 de septiembre de 2012.
[10] "Los aliados de Merkel pierden la paciencia con Rajoy: Que aclare ya la situación". Finanzas, 24 de septiembre de 2012.
[11] "La reforma de las pensiones: ¿Es ese el motivo por el que Rajoy no pide el rescate europeo?". La Carta de la Bolsa, 26 de septiembre de 2012.
[12] "Spain is turning into the new Greece, and Mariano Rajoy has himself to blame". The Telegraph. 26 de septiembre de 2012.
[13] "Mariano Rajoy est-il à la hauteur?". Challenges, 22 de septiembre de 2012.
[14] "The Spanish public won't accept a financial coup d'etat". The Guardian, 25 de septiembre de 2012.

Amenazan con bajar los salarios (una vez más)

La reciente recomendación del Banco Central Europeo de reducir los salarios de los trabajadores españoles forma parte de la hoja de ruta de las altas jerarquías que controlan Europa que, siguiendo el dogma neoliberal, aspiran a la completa liberalización del mercado laboral y la destrucción de cualquier atisbo de protección social.

El Banco Central Europeo vuelve a atacar a los asalariados españoles con nuevas recomendaciones[1] que, más temprano que tarde, el Gobierno español acatará -como es costumbre- a pie juntillas. Los tecnócratas europeos mencionan la necesidad de nuevas reformas estructurales que, explícitamente, asocian a nuevos recortes sociales y, sobre todo, a la disminución de los salarios. Todo ello, como de costumbre, en nombre de la ansiada competitividad.

A pesar del envoltorio de neutralidad con el que se pretende disfrazar, el concepto de competitividad tiene un fuerte sesgo ideológico. Las recomendaciones del BCE siguen la lógica del neoliberalismo, entre cuyas aspiraciones se encuentra la desregularización de los mercados laborales y, en consecuencia, la disminución de los salarios. Evidentemente, la petición del lobby bancario europeo de "nuevas reducciones significativas en los costes laborales unitarios"[2] va en ese sentido.

En nombre de la competitividad, la depreciación del valor de la fuerza de trabajo en Europa -especialmente la periférica-, es un hecho que viene dándose con especial virulencia en los últimos años. En el caso de España, esta depreciación no sólo ha afectado a los sueldos de funcionarios y trabajadores públicos, sino a los de absolutamente todos los asalariados. Es necesario recordar que el salario de cada trabajador no se limita a la paga que percibe cada mes -que sería el denominado salario directo- sino a los servicios públicos a los que tiene acceso a un precio inferior al que supondría si se tratase de una prestación privada, como la sanidad o educación públicas, -salario indirecto- o las prestaciones que aquél recibirá una vez finalizada su vida laboral, fundamentalmente la paga por jubilación, que correspondería al salario diferido. Así, desde la perspectiva del concepto global de salario -la suma del directo, el indirecto y el diferido-, la sucesión de reducciones de salarios queda patente si se tiene en cuenta el retraso de la edad de jubilación -de 65 a 67 años- y el aumento del tiempo computado para el cálculo de la paga de jubilación[3], correspondientes al salario diferido; o los continuos recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos, correspondientes al salario indirecto.

Ahora la banca europea ha decidido que es el turno de reducir sin contemplaciones el salario directo y, para ello, propone una hoja de ruta que pasa por "la relajación de la legislación de protección del empleo, la abolición de los regímenes de salvaguarda, bajando los salarios mínimos y permitir la negociación salarial a nivel de empresa"[4]. Ante tales perspectivas, a corto o medio plazo, no puede esperarse más que una nueva reforma laboral -aún más regresiva que la de febrero de 2012[5]- que responda a los deseos de las patronales de empresarios -la CEOE y la CEPYME-, incluyendo la limitación al derecho de huelga[6].

Sin ánimos de satanizar a la clase empresarial, es necesario insistir en que esta ambición por depreciar la fuerza de trabajo de los asalariados corresponde a la propia lógica del sistema económico dominante, donde el objetivo de cualquier empresa privada es la maximización de los beneficios. Para ello, la reducción de salarios es un camino muy apetecible en un momento en el que los trabajadores apenas tienen fuerza para defender sus derechos. En una situación normal, en la que las empresas compiten entre sí por vender sus servicios o productos, incluso el empresario más ético de España se vería obligado a entrar en el juego de la depreciación de salarios pues, en caso contrario, otro empresario con menos escrúpulos sí que aplicaría tales reducciones, aumentando así sus posibilidades de obtener beneficios respecto al primero.

La lógica de depreciar salarios con el objetivo de asegurar beneficios ha sido paliada históricamente con la existencia de un contrato social, que garantizaba unos mínimos a los asalariados. Lo que ahora se plantea desde el BCE es la derogación de aquel contrato social, alcanzándose la aspiración neoliberal de liberalizar el mundo laboral y, con ello, despojar a la clase trabajadora de cualquier protección social.

Debido a que las recomendaciones del lobby bancario europeo se nutren de un dogma ideológico, es sencillo encontrar contradicciones que invaliden las argumentaciones a favor de llevar a cabo tales contrarreformas en el terreno laboral y, en particular, las cuantías de los salarios. Efectivamente, hay numerosas voces críticas con tales propuestas a quienes, por desgracia, el establishment mediático ignora, al ser contrarios a sus intereses. Expertos economistas, como Vicenç Navarro[7], han advertido que bajar los salarios no es el camino, pues con ellos disminuye la demanda interna, verdadero motor natural de cualquier economía que aspire a mantener unos mínimos de bienestar en su población.

El futuro para los asalariados se plantea más negro que nunca. La semilla de la desesperanza y el miedo se ha sembrado en las últimas décadas en los corazones de la clase trabajadora, germinando de ella un fuerte sentimiento de resignación. De cumplirse las recomendaciones del Banco Central Europeo, la incertidumbre y la precariedad serán losas que caigan sobre los hombros de los trabajadores, definitivamente condenados a vivir para trabajar. Sin apenas protección ante el desempleo, sin la cobertura de un convenio colectivo, la relación entre asalariado y empresa se volverá insosteniblemente asimétrica, sabedor el primero que la caducidad de aquélla queda al libre albedrío del empresario.

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[1] ECB Monthly Bulletin. BCE, agosto de 2012, p. 62.
[2] Ibid.
[3] Cómo se calcula la pensión de jubilación con la reforma de las pensiones". 2 de febrero de 2011
[4] ECB Monthly Bulletin. Op. cit.
[5] "Reforma laboral al detalle: el nuevo "contrato Rajoy"". Laboro, 13 de febrero de 2012.
[6] "Rosell aplaude la reforma laboral y pide revisar el derecho de huelga". Público, 15 de febrero de 2012.
[7] "¿Bajar los salarios para salir de la crisis?". Público, 14 de agosto de 2012.

Rodrigo Rato, ¿candidato a ocupar La Moncloa?

El estallido de la crisis de Bankia acrecienta, más que nunca antes, la posibilidad de que España sea rescatada, con la consecuente cesión de soberanía -aún más- que esto significaría. A pesar de su papel de máximo responsable de Bankia, Rodrigo Rato cumple con el perfil de tecnócrata sumiso a las tesis neoliberales que podría encumbrarlo a la presidencia del Estado español, repitiéndose lo ocurrido en Grecia con Lukas Papadimos o en Italia con Mario Monti.

Transcurrían los últimos años de gobierno de José María Aznar cuando se especulaba con la posibilidad de que su sucesor fuese Rodrigo Rato. Finalmente, como todos sabemos, el testigo del entonces presidente lo tomaría Mariano Rajoy. Se dice que aquello supuso un varapalo para Rato quien, no en vano, fue el último en enterarse[1]. La compensación a tal contrariedad vino de la mano del propio Aznar, quien intercedería ante Bush para asegurarle el sillón de Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. He aquí una de las ventajas de apoyar a los EEUU a la hora de invadir Irak: "era un puesto que teníamos asegurado por el apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak, por la foto de las Azores, un puesto para Rodrigo; que no se queje, es el que ha salido mejor parado"[2].

Tras su periplo de tres años en Washington, Rato regresó a España para dedicarse en cuerpo y alma a la banca, apartado de la política pública. Su camino hasta la presidencia de la malograda Bankia le hizo pasar por importantes puestos en otras entidades financieras, entre las que se incluye el Banco de Santander. Desde entonces, sus intervenciones públicas se han limitado a cuestiones técnicas sobre su especialidad, la economía y las finanzas. Se había convertido en uno de aquellos expertos por encima del bien y del mal, que presentaban sus particulares recomendaciones acerca del camino correcto para salir de la crisis[3].

El estallido de la crisis de Bankia, un escándalo que pone en duda la gestión de esta entidad bancaria, parecía en primera instancia que iba a ser el final de cualquier futura aspiración política de Rato. Las capacidades del cabeza visible de aquel banco, el gurú de la economía española, habían sido puestas en entredicho[4]. Sin embargo, quién iba a sufrir en mayor medida los efectos de la situación que derivaría del saneamiento de Bankia sería Mariano Rajoy. A pesar de que las raíces del problema se hunden hasta la época de Aznar, en su obsesión por sacar provecho de la burbuja inmobiliaria para las cajas controladas desde sus feudos regionales de Madrid y Valencia[5], es Rajoy quien se encuentra en estos momentos al mando del Gobierno de un estado sobre el que se cierne, más que nunca, la amenaza del temido rescate. Sabedor de ello, Rato no ha tardado en realizar su particular análisis acerca de las medidas tomadas por el ejecutivo de Rajoy con Bankia[6].

Rodrigo Rato ha demostrado saber nadar y guardar la ropa cuando, sabedor de lo que se le venía encima, dimitió de su cargo en Bankia, que justificaría como "lo más conveniente para esta entidad"[7], mientras preparaba su contraofensiva basada en culpabilizar al actual gobierno de la gravedad alcanzada en este asunto[8]. Las críticas de Rato a las acciones del Gobierno español están en sintonía con las pronunciadas por Mario Draghi, presidente del BCE[9].

A nadie se le escapa que el crédito de Rajoy se agota día a día. La mayoría absoluta otorgada por las urnas hace apenas 150 días no es impedimento para que las encuestas de opinión pública rebajen la valoración de su gestión como presidente[10]. La táctica de dar la callada por respuesta le sirvió para convertirse en delfín de José María Aznar, en detrimento del propio Rato. Su oposición a la participación en la Guerra de Irak, por puro pragmatismo, frente al silencio de Rajoy al respecto, supuso su final en la carrera sucesoria[11]. Sin embargo, el silencio no sirve ante una ciudadanía sumida en la crisis que no comprende los motivos de onerosos rescates a bancos privados mientras los presupuestos en servicios esenciales como la educación o la sanidad son paulatinamente reducidos.

Comienzan a darse las condiciones para que la troika comunitaria plantee cambios en el Gobierno de España. Ya ocurrió con Papandreu y Berlusconi, que fueron sucedidos por tecnócratas elegidos por Europa: Papadimos y Monti. A pesar del desgaste que pueda suponerle el asunto de Bankia, los últimos movimientos de Rato lo colocan como víctima de la incompetencia del Gobierno a la hora de resolver un problema de tal magnitud. Y Rato cumple con el perfil de tecnócrata que tanto gusta en Berlín.

En gran parte de la memoria colectiva española, Rato permanece como el artífice del milagro económico español de la segunda mitad de los años 90. No importa que en realidad se tratase de un espejismo basado en la especulación inmobiliaria y una brutal política de privatizaciones; siendo aún ministro, Rodrigo Rato se salvó incluso de las críticas del principal partido de la oposición cuando, desde sus medios afines, se afirmaba que en Economía era en lo único que el ejecutivo Popular había actuado correctamente[12]. La famosa política de Rodrigo Rato de "apretarse el cinturón" no era más que la férrea aplicación de los dictados del FMI que más tarde él mismo dirigiría.

El papel de Rato en el Fondo Monetario Internacional consistió, básicamente, en la continuación de las políticas neoliberales que había aplicado en España. Su exceso de celo en la aplicación de la doctrina neoliberal supuso la imposición de condiciones tan duras a los países necesitados de préstamos -entre las que se encontraban la reducción del gasto público y la desregularización de la banca y de los mercados de trabajo- que indefectiblemente veían empeorar su situación[13]. Las protestas por la "eficiencia" de Rato fueron tales que surgieron voces, tanto en los países subdesarrollados como en Washington, pidiendo la desaparición del FMI[14].

De la discutible gestión de Rodrigo Rato al frente del FMI apenas se hizo eco en la prensa española. Su abandono del cargo de director se justificó por "motivos personales", nadie planteó más preguntas en España. Años más tarde, en el 2011, un informe de este organismo internacional reprobaba el hecho de que, entre los años 2004 y 2007 -la etapa en la que Rato fue director-, "el FMI no anticipó la crisis, su ritmo ni su magnitud y, en consecuencia, no pudo advertir a sus miembros"[15] pasó con más pena que gloria por las rotativas españolas.

Mientras tanto, el Gobierno se contradice con su propio partido ante la posibilidad de un rescate[16]. Parece indudable el nerviosismo del Ejecutivo que preside Rajoy ante las presiones que están por venir desde Europa, desde donde se ha demostrado que no tiembla el pulso a la hora de dictar cambios en los gobiernos. Rodrigo Rato, el obediente tecnócrata, también lo sabe.

Sea como sea, parece que un hipotético regreso a la "tranquilidad" en España vendrá de la mano de nuevas exigencias desde Europa, cuyas consecuencias volverán a recaer sobre el pueblo. Aunque Rajoy no quiera reconocer la inmediatez de ningún "precipicio"[17], la realidad muestra a muchas familias españolas que ya han sufrido la caída. 

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[1] "Rodrigo Rato. Segunda parte". El País, 28 de octubre de 2007.
[2] Ibid.
[3] "Rato cree que un nuevo modelo económico requiere un nuevo modelo laboral". Cinco Días, 16 de octubre de 2009.
[4] "La ´impecable´ gestión de Rato deja 3.300 millones de pérdidas en la matriz de Bankia". Diario Progresista, 29 de mayo de 2012.
[5] "Los 'culpables' de Bankia". E-Notícies, 25 de mayo de 2012.
[6] "Rato critica que Bankia se rescate a costa del Tesoro, los accionistas y el resto de bancos". Cadena SER, 1 de junio de 2012.
[7] "Rato dimite al frente de Bankia". Público, 7 de mayo de 2012.
[8] "Rato prepara su contraataque". El País, 3 de junio de 2012.
[9] "El Gobierno minimiza la bofetada de Draghi sobre Bankia". Público, 1 de junio de 2012.
[10] "Desgaste lento y sostenido del Gobierno". El País, 3 de junio de 2012.
[11] Federico Trillo(2005): Memoria de entreguerras. Cit.en El Cultural. 29 de septiembre de 2005.
[12] Alfonso Galindo (2005): La utopía del mercado. p.172-174.
[13] Vicenç Navarro (2009): "Rodrigo Rato y el Fondo Monetario Internacional". El Plural, 29 de mayo de 2009.
[14] Ibid.
[15] "El FMI hace una crítica demoledora de su actuación en la etapa de Rato". El País, 9 de febrero de 2011.
[16] "El PP desdice al Gobierno y habla ya del rescate a España". Público, 3 de junio de 2012.
[17] "Rajoy: "No estamos al borde de ningún precipicio"". Público, 2 de junio de 2012.

Deuda pública y el BCE: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo realiza un recorrido por las primeras propuestas del programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, analizando la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Las elecciones celebradas en Grecia en el mes de mayo de 2012 tendrán que repetirse ante la imposibilidad de formar gobierno. La propuesta del actual presidente griego, Karolos Papulias, de formar un nuevo gobierno de tecnócratas fue desestimada por las formaciones de izquierda Dimar y Syriza[1]. Con vistas a las próximas elecciones, esta última formación plantea un interesante programa electoral[2]. Habida cuenta de la alta posibilidad de que esta fuerza llegase a gobernar, sería interesante realizar un breve análisis de las medidas propuestas y, como ejercicio de política-ficción, la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo.

La auditoría sobre la deuda pública se trata de "un derecho democrático esencial como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; es, en definitiva, un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos"[3]. Esta herramienta permite analizar el origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es "ilegítima" u "odiosa" para, en tal caso, proceder a su anulación[4]. Recordemos que el Derecho internacional reconoce que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente[5].

La realización de una auditoría sobre la deuda pública supondría un compromiso político al que sólo pueden responder aquellos grupos políticos que muestran su rechazo frontal al dogma neoliberal, como el caso de Syriza en Grecia. Tanto en Grecia como en España, la aplicación de este instrumento serían deseables para el saneamiento de la respectivas economías y parar la sangría que en ambos países lleva produciéndose en la calidad de vida de sus ciudadanos con la excusa de la deuda.

No tardarán en salir voces desde la propia Grecia -y otro tanto ocurriría en España en caso de proponerse tal medida- en contra de realizar la auditoría, esgrimiendo que la confianza internacional en el Estado caería bajo mínimos en caso de llevarse a cabo. La realidad es que, en la historia reciente, muchos países han aplicado estos mecanismos de auditoría y las consecuencias inmediatas supusieron el ahorro de grandes sumas de dinero a los estados y la recuperación de sus respectivas economías.

Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para que financie directamente a los estados y a los programas de inversión pública.

El Banco Central Europeo es un verdadero lastre para la recuperación económica de los países más afectados por la deuda pública en la Eurozona. A pesar de su denominación, el BCE no actúa como un banco central propiamente dicho. La principal función de cualquier banco central es la impresión de dinero pero, en el caso del BCE, éste no es transferido a los estados sino a la banca privada. Los bancos centrales clásicos utilizan el dinero que imprimen para comprar deuda pública a sus correspondientes estados y, con ello, bajar los intereses que tengan que pagar éstos para poder vender sus respectivos bonos públicos. El artículo 123 del reglamento del BCE prohíbe tanto el préstamo de dinero como la compra de bonos públicos a los estados miembros de la Eurozona. Por lo tanto, éstos se ven obligados a ofrecer sus bonos con altos intereses, lo que abona el campo a la especulación de los mercados financieros[6].

La financiación de los estados se realiza con la intermediación de la banca privada, quien obtiene importantes beneficios por ello. Esta situación convierte al BCE en un lobby de la banca privada europea, especialmente la alemana. Los desafortunados intentos, hasta la fecha, por parte de la troika comunitaria de flexibilización de la norma 123 han tenido como contrapartida la exigencia de que los salarios y la protección social disminuyan[7].

Los estados de la Eurozona más afectados por la deuda pública, entre ellos España y Grecia, han de exigir a la UE la derogación total de la norma 123, de modo que el BCE actúe como un banco central, prestando dinero directamente a los estados que lo necesiten, e imprimiendo moneda como mecanismo de protección ante especuladores.

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[1] "El presidente griego propone un gobierno tecnocrático ante la fragmentación política". La Vanguardia, 14 de mayo de 2012.
[2] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".
[3] Laura Pérez, cit. en Enric Llopis: "Auditorías de la deuda pública: una alternativa a los planes de ajuste". ATTAC, 27 de junio de 2011.
[4] Ibid.
[5] Wikipedia, "Deuda odiosa".
[6] Vicenç Navarro: "El BCE, el lobby de la banca". Público, 8 de diciembre de 2011.
[7] Ibid.

Diccionario de la Crisis: deuda pública

deuda.

(Del lat. debĭta, pl. n. de debĭtum, débito).

~ pública. 

1. f. Deuda contraída por los estados de la Eurozona con la banca privada a causa del particular funcionamiento del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo presta dinero exclusivamente a los bancos privados a un interés muy bajo, dinero con el que éstos compran bonos públicos a aquellos estados necesitados de liquidez. Debido al alto interés de los bonos, los estados se ven obligados a endeudarse aún más, de nuevo con la banca privada, entrando así en un círculo vicioso que conlleva a un continuo aumento de la deuda pública. En vez de exigirse una reforma del BCE, de modo que permita la compra de deuda pública directamente a los estados, se aprovecha la coyuntura para realizar recortes en el gasto público de los estados, lo que acaba repercutiendo negativamente en los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.