Rectificar es de justicia hacia los votantes que fueron traicionados aquel agosto

La imagen de la jornada Fuente: El Mundo Cuando el sentido común de la población va cambiando, incluso el Partido Socialista, que tanto hace que perdió la "S" y la "O", decide rasgar sus vestiduras para proclamar la necesidad de cambiar el artículo 135 de la Constitución Española. Quizás habría que decir a Pedro Sánchez que, en este caso, rectificar no es de sabios sino de justicia hacia sus votantes traicionados tras aquella firma junto al PP en aquel agosto de 2011 por mor de la banca y los poderes europeos. Nos encontramos, después de todo, con un giro a la desesperada por parte de un partido político a la deriva, al que la banca da una última oportunidad para mantenerse a flote, que ya no puede asustar a los votantes con el "que viene la derecha", porque ellos mismos se convirtieron en derecha; que ya no puede hacer uso del voto útil, porque ahora éste irá a Podemos.

La renovación de títulos nobiliarios del franquismo, un claro indicador de déficit democrático

La renovación de títulos nobiliarios a descendientes de los cómplices de la dictadura fascista que sufrió España durante casi cuatro décadas es un claro síntoma del déficit democrático que sigue adoleciendo la sociedad española.

Los medios de información se han encargado de recordarnos, año tras año, que España es un Estado democrático, condición que alcanzó gracias a un proceso de transición calificado de ejemplar, capaz de sobrevivir a un oscuro intento golpe de Estado cuyos interrogantes fueron guardados bajo la alfombra del silencio. Aquella transición modélica suponía -nos llevan contando desde entonces- el final de las dos Españas, aunque a costa de renunciar a demasiadas cosas. Al fin y al cabo, todo había quedado "atado y bien atado".

Sin embargo, parece que las dos Españas siguen existiendo, al menos en cuanto a privilegios. Aún la España de los vencidos, la de los exiliados políticos, la de los nietos de los fusilados en cunetas, apenas tiene voz, la de los vencedores, la de los cómplices de Hitler y Mussolini, ve intactos los privilegios conseguidos a base de sangre y traición. Mientras queden cuerpos de represaliados en cunetas españolas, jamás podrá hablarse de punto final, de una sola España.

La memoria histórica es un derecho de actuales y futuras generaciones para poder comprender su pasado y, sobre todo, la configuración del presente que a cada uno toca vivir. Sin embargo, molestó a gente tan poderosa, con tanto que ocultar, que los recuerdos agregados a aquella memoria quedaron en inucias comparadas con lo que los ciudadanos merecíamos conocer. Cuánta justicia tendría que ser administrada en caso de probarse casos de abusos de poder, revanchismos, masacres, violaciones de derechos humanos. Cuántas fortunas tendrían que explicar su capital, en caso de demostrarse que se enriquecieron a base de apropiarse de los bienes de algún vecino acusado de rojo o, directamente, a partir de botines de guerra. Por si acaso, el único juez que se atrevió a indagar con profundidad en el asunto acabó puesto fuera de circulación. Como dijo en su día Gerardo Iglesias, "la transición española sólo fue modélica en su impunidad"[1].

No se podrá hablar de transición modélica en una España en la que se sigue negando incluso el derecho de los vencidos a homenajear debidamente a sus defensores[2].  Mientras tanto, los descendientes de los generales cómplices del golpe de Estado contra el Gobierno democrático de 1936 ven renovar sus privilegios. Entre aquéllos se encuentran los títulos nobiliarios con los que Franco, el general golpista convertido a posteriori en Jefe de Estado, premiase a sus más cercanos colaboradores en aquella guerra y la posterior represión. Así, el actual Gobierno decide renovar el título de marqués al nieto de Queipo de Llano[3], a quien se atribuye la muerte de miles de personas en la toma de Andalucía durante la Guerra Civil.

No vale con justificar tales decisiones a base de minimizarlas como algo "simbólico". Precisamente es este aspecto el que demuestra el déficit democrático que sufre España, cuando hoy en día siguen vigentes los 39 títulos nobiliarios creados por el dictador[4]. Las heridas del pasado no se cierran a base de olvido, sino de reparación, una reparación a la que no ayuda la existencia de títulos, reconocidos por el Estado, otorgados como premios a los protagonistas de un episodio negro de este país. En Alemania o Italia sería impensable algo así.

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[1] http://www.lne.es/club-prensa/2012/01/17/gerardo-iglesias-transicion-espanola-modelica-impunidad/1185231.html
[2]  http://www.publico.es/espana/448319/futuro-incierto-del-monumento-a-las-brigadas-internacionales-de-la-complutense
[3] http://www.larepublica.es/2013/01/el-gobierno-justifica-la-renovacion-del-marquesado-al-asesino-fascista-queipo-de-llano/
[4] http://www.publico.es/espana/248484/erc-pide-acabar-con-la-nobleza-que-creo-franco

25 de septiembre: el Congreso lleva ocupado desde hace mucho tiempo

Aunque la intención de "ocupar" el Congreso el 25 de septiembre es simbólica, reduciéndose a una acción pacífica consistente en rodear el edificio para demostrar el descontento de una creciente parte de la población con el déficit democrático actual y exigir -por ello- el inicio de un proceso constituyente, sí que podría afirmarse que el Congreso lleva tiempo ocupado por una mayoría para la cual la actual Constitución es papel mojado.

A pesar de la insensatez que supone interpretar literalmente el denominador de la iniciativa ciudadana para el 25 de septiembre, aún hay partes interesadas que prefieren obviar que "Ocupa el Congreso" es un guiño al movimiento Occupy Wall Street el cual, por su parte, aún sigue protagonizando las protestas contra el inmenso poder concentrado en las pocas manos que dominan los mercados allí presentes.

Tanto en los Estados Unidos como en España -y, por extensión, todo Occidente- la brecha entre los ricos y el resto de la población es cada vez mayor, al igual que la cuota de poder que ostentan los primeros. Esta situación se traduce en una cada vez más visible precarización de las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía. Las leyes son ahora, más que nunca, dictadas para el beneficio de esa minoría poderosa, sin importar que ello suponga el final de cualquier garantía de bienestar por parte de los Estados. Grecia o Portugal han sido los primeros laboratorios de esta contrarreforma ejecutada a nivel mundial contra las clases populares. Los resultados son palpables, a pesar de la fuerte censura mediática, en los que las movilizaciones en aquellos lugares son casi a diario como respuesta a la destrucción de derechos que se pensaban inamovibles.

Si la mayoría de las constituciones modernas declaran que las soberanías de sus respectivos estados residen en el pueblo, algo falla cuando la voz del pueblo queda silenciada ante las exigencias de los mercados. Desde el momento en que las políticas se realizan con el único propósito de satisfacer oscuros objetivos de déficit, relegando a la población a un último plano, la democracia está herida de muerte.

Definitivamente, se ha traspasado el límite de lo tolerable. Ante el miedo a un presente gris, el pánico a un futuro negro es suficiente argumento para que la sociedad vaya, poco a poco, despertando del shock de la crisis. Ante circunstancias de tal gravedad, la respuesta natural e histórica del pueblo ha sido la movilización. No es casual que, desde el 15 de mayo de 2011, la participación en las movilizaciones convocadas a lo largo del Estado español haya ido creciendo en número de manera casi constante.

Si bien, por cuestión de paralelismos con Wall Street, el objetivo de las protestas podría haber sido el Palacio de la Bolsa de Madrid, hay argumentos de sobra para plantarse frente al Congreso en un gesto, aún simbólico, de la determinación de un pueblo a no aceptar un destino planificado desde oscuros despachos de tecnócratas al servicio de la élite financiera. La destrucción del Estado del bienestar, de derechos sociales y económicos por parte de los últimos gobiernos de España han certificado el fin de aquel "consenso de 1978", la refutación de aquella "Transición modélica". La Constitución española ha pasado a ser un trozo de papel mojado a quien nadie presta atención ni, lo que es más grave, respeto. La gravedad de la situación actual es tal que el cumplimiento real de aquella Carta Magna, consensuada entre los remanentes del franquismo y las tímidas fuerzas democráticas emergentes[1], podría hoy en día calificarse de "revolucionario"[2]. Además de no cumplirse, ésta se modifica al gusto de los grandes poderes económicos con la connivencia de los dos grandes partidos políticos estatales -agosto de 2011-, sin realizar consulta alguna al pueblo.

Dudosa legitimidad queda a cualquier gobierno que no esté al servicio de los ciudadanos, de esa mayoría silenciosa a la que se restringe su capacidad de expresión al depósito de una papeleta cada varios años. Papeletas interpretadas por quienes acceden al poder como "cartas blancas" que les permiten hacer y deshacer a su antojo o, mejor dicho, al servicio de los intereses de los grandes poderes. Ante tal coyuntura no es descabellado afirmar que el Congreso se encuentra actualmente ocupado, desde hace bastante tiempo, por una mayoría que no está al servicio del pueblo.

De ahí que quizás la única opción para revertir la actual situación sea un 25S, o los que sean necesarios, para que el pueblo lleve a cabo un legítimo[3] y necesario ejercicio de libertad de expresión frente al Congreso, rodeándolo de manera pacífica con el objetivo último de forzar el inicio de un proceso constituyente, con todo lo que ello implica, que haga efectivo el artículo 1.2 de la actual Constitución, dejando en manos del pueblo, de una vez por todas, la soberanía nacional.

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[1] Julio Anguita: "¿De qué constitución hablamos?". Mundo Obrero, 7 de febrero de 2012.
[2] "Julio Anguita: "Yo no pienso ir a ningunas elecciones"". Público, 21 de junio de 2012.
[3] "JpD acusa a la Delegación del Gobierno en Madrid de "criminalizar" el 25S y coartar "derechos fundamentales"". Informativos Telecinco, 22 de septiembre de 2012.

La soberanía viene del pueblo (lo reconoce la Constitución española de 1978)

Poco sentido tiene recordar a Santiago Carrillo por sus errores políticos. Es sensato y útil recordarlo como el símbolo, que fue en su día, de la lucha desde el exilio contra el régimen franquista, además de su papel fundamental para conseguir que la Constitución española de 1978 reconociese que la soberanía viene del pueblo.

Tras el fallecimiento de Santiago Carrillo no se ha hecho esperar la publicación de numerosos artículos en su memoria, que repasan diversas facetas de este personaje clave de la denominada Transición española. A pesar de lo controvertido de su currículo político, todos los escritos por parte de sus ex-compañeros de partido han recordado con respeto y sin rencores a quien un día luchó por la libertad y por ello tuvo que exiliarse. También ha habido amistosos epitafios por parte de quienes jamás guardaron alguna afinidad política con él. En cierto modo es algo normal y compatible con aquella españolísima norma no escrita por la que, una vez que alguien fallece, es el momento de hablar exclusivamente bien de su persona.

Pero, como todo en esta vida, hay matices y de ello Vicenç Navarro da buena cuenta en un reciente artículo en el que sagazmente señala que el "paradójico (y predecible) homenaje que el establishment español está haciendo a su figura a la vez que ha hecho todo lo posible para que el proyecto que Carrillo representó desapareciera"[1]. Al hilo de aquella afirmación, conviene recordar a Lenin, quien ya avisaba que "en vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para 'consolar' y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndola"[2].

Se puede afirmar categóricamente que Carrillo no fue en absoluto un revolucionario. En realidad, fueron sus maneras reformistas las que le grajearon ciertas antipatías entre la izquierda española y las que, a la postre, flaco favor hicieron al partido en el que tantos años militó. No obstante, fuera de hipocresías y de rencores, es justo reconocer las aportaciones positivas del político asturiano, convertido en símbolo de la España del exilio. No puede pasar al olvido el hecho de que hubo una España, aún con todos los defectos que pudiera tener, en la que el pueblo era soberano, en la que existía un proyecto de Estado moderno, de derecho, con garantías para todos, que fue bruscamente hecha añicos para transmutar en una pesadilla totalitaria de casi cuatro décadas de duración.

El Carrillo de aquellos años de brutal y represiva dictadura no puede diluirse, visto desde una perspectiva actual, en los posteriores errores de los que éste fue partícipe. Si bien fue unos de los padres de aquella Transición imperfecta, la de la desmemoria, la del paso de página para los cómplices del régimen represivo fascista, la del "todo atado y bien atado", conviene recordar que también llegó a ser uno de los símbolos de la resistencia a la opresión de la extrema derecha que gobernaba el Estado, la misma que represalió a miles de españoles.

Como advierte Vicenç Navarro, "vemos ahora cómo el establishment español intenta hacer suya la figura de Carrillo" para justificar aquella Transición -interesadamente calificada de "modélica"- de la que tanto unos pocos se han beneficiado. No obstante, es de justicia aceptar que Carrillo comprendiese que, en aquella época, vista la correlación de fuerzas, la Transición que hubo fuera la única y mejor posible. Al menos, como él mismo admitía, consiguió que la Constitución reconociera que la soberanía viene del pueblo.

Ahora más que nunca, viviendo en la zona cero de esta gran crisis que amenaza a los estándares de vida de la mayoría de la población española, es el momento de hacer efectiva esa soberanía para superar el sistema actual a base de luchar por un modelo de Estado más social, más plural, más justo, en definitiva, más democrático.

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[1] Navarro, V. (2012): "Santiago Carrillo y la Transicion. Sistema, 21 de septiembre de 2012.
[2] Lenin, V.I. (1917): El Estado y la Revolución.

¿De camino hacia un gobierno de salvación nacional?

Gran parte de la población española ha interpretado los últimos recortes perpetrados desde el Estado español como un ataque directo contra sus derechos. El Gobierno se enfrenta ante un panorama de seria agitación social, contra la cual poco vale escudarse en la legitimidad de su mayoría absoluta. Ante tales circunstancias, la posibilidad del establecimiento de un gobierno de salvación nacional -igualmente controlado por la troika- se hace, cada día que pasa, más real.

Los últimos recortes anunciados por el Gobierno del Partido Popular, los más duros de la historia moderna, han provocado el rechazo de una parte significativa de la población española. Desde el 11 de julio, numerosas movilizaciones -tanto espontáneas como organizadas- no han dejado de sucederse[1]. La credibilidad del Gobierno, a pesar del incondicional apoyo de la caverna mediática, se encuentra bajo mínimos. El argumento de la mayoría absoluta[2], utilizado por aquél para hacer y -sobre todo- deshacer al antojo de los grandes poderes financieros, deja de tener legitimidad -si es que alguna vez la tuvo- cuando cada anuncio de recortes implica la ruptura de más promesas electorales.

El pretexto de la herencia recibida del anterior gobierno pierde cada vez más fuerza, pasando a interpretarse como una excusa para evitar reconocer que el trasfondo de los recortes es mucho más profundo que una consecuencia de la suma de errores pasados. Las indudables equivocaciones del expresidente Rodríguez Zapatero partieron de la misma base ideológica que ahora continúa Rajoy: la sumisión al neoliberalismo impuesto desde la Europa del capital, cuya embajadora es Angela Merkel, a partir de una particular interpretación del concepto de austeridad que conlleva al inexorable empobrecimiento de la población. Por tanto, detrás de cada recorte, haya sido impuesto por Zapatero o por Rajoy, hay un trasfondo ideológico cuyo fin último es el desmontaje del Estado del Bienestar, pues éste ha dejado de ser un instrumento necesario para los grandes poderes.

Ante la perspectiva, cada vez más tangible, del desmontaje de los -ya de por sí débiles- mecanismos del bienestar en España es lógico pensar que la deseada paz social peligre, pues ya no existe ningún contrato social que la garantice. Dicho de otro modo, el factor de contención social del pan y circo sólo tiene validez mientras haya un mínimo de pan. Los últimos recortes suponen la ruptura unilateral del contrato social hasta ahora existente e implica la reedición del camino de emprobrecimiento emprendido en su día por Grecia.

La dinámica de movilizaciones, disturbios y huelgas generales que ha venido azotando a Grecia puede reproducirse en España. Toda esta conflictividad ha de interpretarse como síntoma de que no se está gobernando para el interés de la mayoría, sino para el beneficio de unos pocos privilegiados; de hecho, dada la magnitud del conflicto, es razonable pensar que ningún gobierno actuaría de un modo tan evidentemente suicida -desde una visión electoralista- si pudiera evitarlo. Efectivamente, España y Grecia son gobiernos títere de los grandes grupos de poder cuya cabeza visible es la troika formada por el BCE, la Comisión europea y el FMI.

El reconocimiento a tal situación parte de los propios gobernantes electos, justificándose cualquier recorte con el consabido "nososotros no queríamos, pero nos obligan". De hecho, la impotencia del Gobierno se ilustra perfectamente en la afirmación de que, en caso de no tomar las medidas a motu proprio, vendrán de fuera a tomarlas[3]. En román paladino, esto significa que a Europa no le temblará el pulso en deponer a cualquier gobierno insumiso para colocar, a continuación, a algún tecnócrata de su confianza, como ya hizo con Berlusconi o Papandreu. La Europa intervenida ha pasado a ser un protectorado del gran capital, representado por la troika, al cual le da exactamente igual el bienestar de la población de los países rescatados con tal de que los créditos y sus intereses sean devueltos a los bancos acreedores[4]. En tal sentido, no han sido casuales los ataques orquestados por el Gobierno de Angela Merkel contra Syriza durante la campaña electoral de junio de 2012. El gran capital europeo hará lo que esté en su mano por asegurar la permanencia de gobiernos afines a sus intereses, manipulando lo necesario para que se mantenga una sensación democrática, aunque se reduzca exclusivamente al ámbito electoral.

La espiral de conflictividad a la que parece abocada la sociedad española puede que no tarde en reproducir un escenario como el que se produjo en Grecia, que supuso el fin del gobierno de Papandreu. En su caso, la presión social contra la aceptación de un nuevo rescate fue tal que obligó al entonces primer ministro a  convocar un referendum. Su cese y sustitución por un títere afín a Berlín fue inmediato. Al igual que en Grecia, asociaciones y sindicatos afines a las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército han presentado diversos comunicados advirtiendo de su disconformidad con la actual situación[5]. Por otra parte, se plantean movilizaciones ciudadanas para el 25 de septiembre con el objetivo de "rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución"[6].

Ante la situación descrita se plantea un escenario en el que la Unión Europea, en aras de la normalización, la responsabilidad y el sentido de Estado -con el oportuno apoyo de los todólogos de los medios de comunicación tradicionales-, podría imponer la creación de un gobierno de salvación o concentración nacional[7] formado por los partidos más representativos, fundamentalmente PP, PSOE y CiU. De hecho, la coalición catalana lleva tiempo sugiriendo la posibilidad de que tal gobierno sea llevado a cabo[8]. En todo caso, de ocurrir así, todas las movilizaciones, todas las luchas a pie de calle no habrán servido para nada, repitiéndose lo ocurrido en Grecia.

Es fundamental que la sociedad haga uso de la movilización como instrumento para la toma de conciencia de clase. Las movilizaciones no pueden reducirse a simples actos de protesta, de demostración de inconformidad hacia las medidas lesivas a los ciudadanos, sino que han de ser la referencia de una lucha constructiva hacia objetivos claros. De nada sirve desafiar al Estado, por muy degradado que se encuentre ante injerencias de terceros, si no se utilizan tales desafíos para construir relaciones de poder favorables para la clase trabajadora. De ahí la importancia de la consolidación de un frente cívico que canalice la preocupación de la ciudadanía hacia una toma real de conciencia de clase, que permita así plantear una alternativa sólida y eficaz a futuras imposiciones desde el gran capital europeo.

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[1] "Los funcionarios vuelven a salir a la calle y cortan la Gran Vía para protestar por los recortes". RTVE Noticias, 16 de julio de 2012.
[2] Por ejemplo, véase como ejemplo: "El PP bloquea la comparecencia de Rajoy para explicar los recortes". El País, 17 de abril de 2012.
[3] "Cospedal: si España no toma medidas, "van a venir otros" a ponerlas". Europa Press, 16 de julio de 2012.
[4] De hecho, la prensa extranjera no tiene reparos en definir a la UE como "los nuevos amos de España". Vid. "The Economist: "Subir el IVA es una imposición de los nuevos amos de España"". El Economista, 15 de julio de 2012.
[5] "Militares avisan que su capacidad de aguante tiene un límite". Público, 15 de julio de 2012.
[6] "Movimientos sociales de toda España pretenden ocupar el Congreso el 25 de septiembre". Tercera Información, 15 de julio de 2012.
[7] Esta posibilidad ya fue planteada por Julio Anguita en la entrevista: ""Seré rebelde hasta que me muera, porque no soporto esta injusticia"". Diario de Córdoba, 1 de julio de 2012.
[8] "Duran: "El Gobierno de Rajoy me ha decepcionado: son unos burócratas"". La Vanguardia, 21 de mayo de 2012.

Un frente contra la crisis ha de ser revolucionario, nunca reformista

El compromiso asumido por Julio Anguita de convertirse en referente de un frente cívico contra la crisis ha de entenderse como un intento de despertar la conciencia de clase entre una población mayoritariamente en shock permanente ante la ilusión -de iluso- de que volverán tiempos mejores si acepta sin condiciones los cambios impuestos desde el establishment. De por sí, el hecho de crear esa conciencia de clase es un acto revolucionario.

Es innegable reconocer la mezcla de satisfacción y esperanza que a muchos nos produjo las palabras de Julio Anguita en su ya famosa intervención en Sabadell, el pasado 15 de junio, cuando se comprometió a ser el referente de una operación política con la intención cambiar el país[1].

No es cuestión de fomentar ningún culto a la persona, cosa que ni a Julio ni a quien suscribe nos gusta en absoluto. Se trata de ideas, de programas, de democracia en su sentido etimológico: el poder del pueblo. El haber de Julio es su bagaje político, su incuestionable honorabilidad, su experiencia; elementos en los que basará su papel de referente en este intento de despertar conciencias.

Muchísimas personas han reaccionado positivamente ante el anuncio de Julio Anguita, lo cual se refleja en Internet: gran parte de la blogosfera política ha hecho eco de la noticia, con la inevitable -e ilusionante- difusión del vídeo de tres minutos y medio que recoge el desafío planteado; además, se han creado grupos en Facebook donde muchos preguntan qué pueden hacer para colaborar[2]. Toda una luz de esperanza para una sociedad mayoritariamente sumida en la indiferencia y la resignación.

No obstante, las primeras propuestas están por llegar. Ni que decir tiene que, vengan de quien vengan, cualquier propuesta ha de ser analizada con el mayor rigor posible, único modo de evitar repetir errores del pasado. Sin embargo, hay quien no ha esperado a la fecha anunciada -el fin de semana siguiente al acto en Sabadell- para comenzar las críticas a las palabras de Anguita. La polémica surge de unas declaraciones en las que éste afirma que evita "hablar de izquierdas, de derechas, de socialismo, de comunismo, de república", pues considera que "en estos momentos, la respuesta a esta situación tiene que ser de interclasismo, en esto sigo la estela de muchos maestros que inspiran a los que nos decimos de izquierda"[3].

A partir de aquellas palabras, hay quien se ha atrevido a profetizar que las propuestas de Julio Anguita serán de corte reformista, una especie de "tercera vía" para contento y captación de socialdemócratas desencantados[4]. Aunque hasta disponer de las propuestas, y analizarlas con el adecuado espíritu crítico, no se puede descartar nada, parece demasiado aventurado comenzar con la manida guerra de etiquetas que tanto gusta en ciertos sectores de la izquierda. La vuelta a la absurda competencia entre compañeros a ver quién es menos pequeñoburgués, el primer paso al dogmatismo y el sectarismo, crónico problema que adolece una izquierda ahora, más que nunca, necesitada de encontrar puntos comunes que unan.

La desconfianza es algo normal y sano, siempre que se base en el filtro del escepticismo, sin embargo, cuando su sustento es la rígida ortodoxia, puede conducir a un indeseado inmovilismo. Muchos de quienes han criticado las palabras de Anguita de seguro son personas cultas, conocedoras a la perfección del materialismo dialéctico, quienes sinceramente esperan y confían en una revolución cuyo objetivo sea el establecimiento de un orden más justo, en el que la soberanía recaiga realmente en el pueblo y para el pueblo. No obstante, da la impresión de que sólo aceptarían la aparición de un nuevo Lenin dispuesto a tomar el Palacio de Invierno, a quien seguirían sin pestañear. Ahora bien, romanticismos aparte, ¿cuánto éxito tendría hoy en día, en las condiciones actuales, un movimiento revolucionario así planteado?

Volviendo a Lenin, si éste liderase un cambio en España, no comenzaría hablando de revolución. Hablaría de los problemas que unen a toda la ciudadanía, evocando el "pan, paz y tierra" que en su día movilizó al pueblo ruso. La sociedad actual aún sufre los efectos de un proceso de narcotización tras años de consumismo desmedido, de crédito fácil, del engaño de un mundo idealizado en el que se podía vivir como ricos sin serlo. El ciudadano fue inoculado con el virus de la indolencia y el conformismo. Tras años de aprendizaje condicionado desapareció cualquier atisbo de conciencia de clase, los trabajadores siguen creyéndose culpables de sus propios males. Vivimos la época del eufemismo, donde se confunde democracia con parlamentarismo, solidaridad con caridad e izquierda con PSOE.

En la mente de la mayoría de la población aún no se dan las condiciones para hablar de revolución. El establishment mediático continúa su labor de juez que decide lo socialmente correcto y lo que no, según se desvíe del pensamiento único que hoy impera. Es por eso que Anguita insiste en que "la propuesta programática responde a las demandas de una mayoría no politizada, que huye de la política y que incluso está asustada"[5], el "pan, paz y tierra" de hoy.

A estas alturas, cualquier desafío desde la inteligencia, el ejercicio de la pedagogía, el despertar -en definitiva- de una conciencia común, es de por sí revolucionario. ¿Acaso no nos encontramos en la época de mayores contradicciones de la historia reciente? La apuesta de Anguita pasa por hacer que cada persona apele a su conciencia individual, a la comprensión de la situación actual, a sus causas y a quienes la sufren: "¿qué padre o madre no estaría dispuesto junto a sus hijos a evitar este holocausto generacional?"[6].

Recuerdo, no hace mucho, en una de las muchas manifestaciones contra la multitud de recortes que llevamos sufriendo, cuando un compañero me reconocía la inutilidad de las movilizaciones en cuanto a la posibilidad de que hicieran retroceder al Gobierno en sus pretensiones. Le pregunté, entonces, por los motivos que le hacían acudir a las manifestaciones: "porque es el único modo de que las personas salgan a las calles, vean los rostros de gente con sus mismos problemas y comprendan lo mucho que nos une".

Por si alguien aún no ha leído entre líneas las palabras de Julio Anguita, su pretensión primordial es el despertar de la conciencia de clase. ¿Acaso eso no es de por sí revolucionario?

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[1] "Información de urgencia sobre la intervencion de Julio en Sabadell". 18 de junio de 2012.
[2] Vid. "Seguidores de Julio Anguita en Facebook".
[3] "Julio Anguita: "Yo no pienso ir a ningunas elecciones"". Público, 21 de junio de 2012.
[4] Se invita al lector a repasar los comentarios en el grupo de Facebook enlazado en un punto anterior.
[5]"Julio Anguita: "Yo no pienso ir a ningunas elecciones"". Op. cit.
[6] Ibid.

"Déjà vu" en la universidad española

Los recientes sucesos en la Universidad de Cádiz, donde la actuación sin permiso del Rector de un grupo de policías antidisturbios puso en peligro la integridad cientos de alumnos presentes en el recinto recibiendo sus clases, suponen una violación del principio de autonomía universitaria. Es importante que el asunto no caiga en el olvido y la sociedad exija las responsabilidades pertinentes.

Hay situaciones que no tendrían que repetirse jamás. Cuando la mayoría de los ciudadanos creíamos que la imagen de policías antidisturbios irrumpiendo en un edificio universitario, porra y escudo en mano, era cosa de un pasado teñido de gris, la historia vuelve a repetirse a principios de 2012. En síntesis, el 12 de enero se produjo una carga policial injustificada dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz que se saldó con la detención de un alumno y lesiones a varias de las personas allí presentes.

No hay en absoluto justificación para la irrupción de ningún cuerpo de seguridad en un recinto privado sin que medie orden judicial, constatación de un delito flagrante o denuncia del titular del recinto. Tal como explica públicamente el Rector, máxima autoridad de la Universidad de Cádiz, “desde la UCA ni se solicitó presencia policial alguna ni se demandó en ningún momento la intervención de los agentes”[1], por lo que no hubo motivos para tal intervención, la cual incluso pudo haber ido a mayores habida cuenta de la presencia de numerosos alumnos que a esas horas asistían a clase con normalidad.

Aquel día tuvo lugar una conferencia impartida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska y el periodista José María Ridao, que formaba parte del ciclo “Diálogos sobre la Libertad” que organizan el Consorcio del Bicentenario y la Asociación de la Prensa de Cádiz con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812. Un grupo de personas acudió al acto para explicar al juez el desalojo que habían sufrido el día anterior del centro social y cultural en el que habían convertido un edificio abandonado, aunque en perfectas condiciones de habitabilidad. A pesar de la natural sorpresa de los ponentes ante la interrupción que supuso tal acción, éstos invitaron a aquellas personas a quedarse el resto de la ponencia para luego, una vez llegados al turno de libre palabra, darles la oportunidad de intervenir para explicar con más detalle la problemática del desalojo.

Lo que podía haber quedado como mera anécdota, además de una constructiva charla entre ciudadanos y el juez Grande-Marlaska, quedó ensombrecido por la actuación de la Policía Nacional dentro del recinto universitario, que comenzó a pedir documentación a los presentes en las inmediaciones del Aula Magna de la Facultad. Según explicaron numerosos testigos allí presentes, entre ellos profesores y demás personal de la Universidad, poco después se produjo la irrupción de un grupo de antidisturbios que comenzó a cargar con el resultado que ya sabemos[2].

Es importante señalar la indignación que tales hechos han producido en la comunidad universitaria. Aunque lo deseable hubiera sido la realización de una denuncia en los juzgados, la Universidad de Cádiz, a través de su Rector y el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pidió explicaciones sobre tales acciones a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz “para que explique quién autorizó la presencia de la policía y su intervención en el interior de un centro universitario e inicie el procedimiento administrativo al que hubiera lugar”[3].

Ante la gravedad de tales hechos, se ha echado en falta un mayor eco por parte de los medios de comunicación, fundamentales para hacer llegar a la opinión pública esta vulneración de la autonomía universitaria. Hay que señalar al respecto que la autonomía universitaria es un derecho recogido en el artículo 27 sección 10 de la Constitución Española, a su vez desarrollado en la Ley Orgánica 6/2.001, conocida como Ley Orgánica de Universidades. Este derecho tiene sus raíces en el Medievo, a partir de la Bula Papal “Parens Scientiarum” promulgada por el Papa Gregorio IX en 1231, que condicionaba la entrada de cualquier fuerza armada en el interior de los recintos universitarios al permiso tácito del Rector. Incluso en la época de la dictadura del General Franco este derecho fue en muchas ocasiones respetado y, cuando no era así, utilizado por la comunidad universitaria para protestar; por ejemplo, en 1957 llegó a exigirse la dimisión del entonces Ministro de Educación[4].

La razón de ser de la autonomía universitaria estriba en la necesidad de asegurar la libertad de cátedra y la independencia de la Universidad respecto a cualquier autoridad externa. Este derecho se aplica en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, incluso los que solemos señalar como menos democráticos. Ahí tendríamos, por ejemplo, el caso de Egipto, donde en 2005 la Corte Suprema sentenció la imposibilidad para la policía de entrar en las universidades del país sin autorización expresa del rector correspondiente.

En un estado de derecho, como el estado español, no pueden tolerarse acciones que empañen los valores democráticos más básicos, y mucho menos a partir de acciones ordenadas desde las administraciones públicas. En aras de la salud democrática es fundamental que se aclaren los hechos y se depuren las responsabilidades pertinentes pero, sobre todo, la ciudadanía no puede permanecen impasible ante hechos así. Desde el momento en que los ciudadanos dejamos de prestar atención a hechos tan graves, o los justificamos con un simple “algo habrán hecho los otros”, renunciamos al concepto más básico de justicia social y pasamos a ser cómplices de una intolerable degradación de un estado de derecho en el que la participación para su continua mejora tendría que ser obligación de todos.

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[1] Comunicado de la Universidad de Cádiz. 13 de enero de 2012.

[2] Comunicado Oficial de V.R. sobre los graves hechos ocurridos el la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz.  13 de enero de 2012.

[3] Comunicado de la Universidad de Cádiz.Op. Cit.

[4] Arasa, D. (2008): Historias curiosas del franquismo, 244-245.

"Déjà vu" en las plazas españolas

La realización de asambleas en Sol va a verse dificultada por las recientes órdenes de la Delegada de Gobierno de Madrid, con claras intenciones de disuadir a la ciudadanía a participar a tales eventos. Un derecho fundamental como la libre reunión pacífica no tendría que ser limitado de ningún modo, máxime teniendo en cuenta el comportamiento ejemplar demostrado durante todo este tiempo por los participantes en las asambleas realizadas.

No hace demasiados años la libertad de reunión en España era una quimera. Según las leyes de entonces, congregaciones de más de 20 personas sólo podían llevarse a cabo bajo permiso expreso del Gobernador Civil -equivalente al actual Delegado de Gobierno- aunque, en la práctica, grupos mucho menores eran sistemáticamente identificados y disueltos por la policía de entonces y, en la mayoría de las ocasiones, puestos en vigilancia por la Brigada Político-Social. Eran los años de la dictadura fascista dirigida por el General Franco, líder de un estado que intentaba controlar a la población civil en todas sus facetas. La libertad de reunión era entonces impensable.

No fue hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 cuando el derecho a la libertad de reunión es doblemente reconocido: por una parte, el artículo 21 salvaguarda el “Derecho de reunión pacífica y sin armas sin necesidad de autorización previa”; por otra, el artículo 10, apartado 2, se adquiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 20 proclama la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Las ya clásicas asambleas de ciudadanos, que periódicamente se llevan realizando a lo largo de la geografía española desde el 15 de mayo de 2011, son un ejemplo de ejercicio de este derecho fundamental. Numerosos grupos de personas reunidas en torno al ideal democrático, han demostrado una capacidad de autogestión y organización que más quisiera para sí más de un partido político, además de un incuestionable civismo y cuidado del entorno donde llevan a cabo sus actividades, dando un ejemplo que bien podría cundir en las celebraciones de muchos éxitos deportivos.

Aún así, durante la mañana del 22 de enero de 2012, varios agentes de la Policía Nacional se acercaron a las primeras personas que acudían a la plaza para celebrar la Asamblea General de Sol para pedirles su documentación e informarles que, a partir del próximo domingo, multarán a quienes acudan a las asambleas si no se comunica previamente a las autoridades su celebración[1].

Tal como explica la Comisión Legal Sol, con las leyes en la mano, la exigencia de realizar una comunicación de las asambleas a Delegación de Gobierno parece ser arbitraria y sin ningún fundamento:

El Tribunal Constitucional ha destacado que: “La obligación de comunicar, previamente, a la Autoridad gubernativa la realización de la manifestación es, por el contrario, tan sólo exigible con  respecto a las reuniones «en lugares de tránsito público» (art. 21.2). En la actualidad dicha comunicación se rige por los artículos 8 y siguientes de la L.O. 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de cuyo régimen interesa destacar. En primer lugar, que no se trata de interesar solicitud de autorización alguna (art. 3, L.O. 9/1983), pues el ejercicio de este derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa (arts. 9.1 y 10.1 C.E.), sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal -sino tan sólo de efectuar una declaración de ciencia o de conocimiento a fin de que la Autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes como la protección de los derechos y bienes de la titularidad de terceros (…)” (STC 59/1990). En la misma sentencia afirma que: “El primero de los enunciados requisitos [que la reunión sea pacífica] es de inexcusable cumplimiento” (STC 59/1990) lo que, a contrario, no dice de la comunicación previa. En este caso, la interpretación de la ley conforme a la realidad social podría salvar el que no haya una notificación a la autoridad gubernativa, pero NUNCA puede alterarse el orden público ni poner en peligro personas o bienes.

Habida cuenta de que el movimiento 15M se define como pacífico, cosa que ha demostrado día a día en las sucesivas reuniones que se han ido llevando a cabo desde el surgimiento de los movimientos de indignación  -tan leve ha sido el “ruido” que últimamente han podido producir estas asambleas que muchos medios tradicionales llevan anunciando desde hace unos pocos meses la muerte silenciosa del movimiento[2]-, no parece tener sentido este cambio de actitud por parte de las autoridades.

En cualquier caso, debido a las actuales órdenes de la Delegada de Gobierno en Madrid -quien paradójicamente se apoya en una restrictiva interpretación de las leyes anteriormente mencionadas-, los asistentes a las asambleas se enfrentan a amenazas de multa de hasta 30.050,62 € (en aplicación del artículo 23.c, Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana). La única explicación para esta medida parece la intención de conseguir un efecto disuasorio que erosione las asistencias a las asambleas que termine por debilitar al movimiento 15M.

Resulta incomprensible este afán en poner las cosas difíciles a un grupo de ciudadanos que no desean más que ejercer libremente un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La única explicación a tal actitud por parte de la Delegada de Gobierno -que posiblemente se vaya extendiendo al resto de la geografía del Estado- es el miedo a la naturaleza crítica de los movimientos de indignación quienes, a pesar de su aparente actual estado de latencia, han demostrado una importante capacidad organizativa y movilizadora, tal como se comprobó el pasado 15 de octubre.

La movilización pacífica, derecho también recogido en el artículo 21.1 de la Constitución Española, es el principal elemento de protesta de la ciudadanía frente a decisiones que puedan ser consideradas injustas. Al respecto habría que recuperar las declaraciones en plena campaña electoral -noviembre de 2011- de un miembro del partido ahora en el poder que vaticinaba que "Algunos, los que no se han quejado nunca hasta ahora, van a protestar mucho cuando el Gobierno diga todo lo que hay que hacer para sacar el país adelante"[3].

Todo parece indicar que se está poniendo el parche para contener futuras e inevitables protestas, fruto de las planeadas medidas que las autoridades saben lesivas para los intereses de la ciudadanía. Es lamentable que, para ello, nuestros representantes electos se hayan propuesto llevar al límite las leyes actuales a costa de hacer incluso peligrar derechos fundamentales.

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[1] "Sobre el uso de la plaza, represión y multas / próxima AGSol: 29 de enero" en la página web de #Acampadasol.
[2] Véase, por ejemplo, esta editorial en Crónica de Aragón: "¿Dónde está el 15M?". 23 de enero de 2012.
[3] "Cospedal vaticina protestas 'cuando Rajoy diga lo que hay que hacer'". Público, 15/11/2011.