Cuando el miedo se transforma en basura

A más amenazados se sienten los poderes fácticos, con más intensidad se aplicarán sus sirvientes para defenderlos. Es la historia de siempre reeditada en una época convulsa donde un régimen en crisis se resiste a dar paso a alternativas transformadoras. Así, los clientes de aquellos poderes, ya sean los de toda la vida o quienes transitoriamente se benefician de alguna migaja, velarán armas con tal de defender el estatus de sus amos.

A dos días de las elecciones acabo de recibir varias imágenes muy representativas del juego sucio que se está llevando a cabo durante esta campaña. En concreto, éstas hacen referencia a la provincia de Cádiz, donde han aparecido carteles sin firmar con afirmaciones que pretenden empañar la imagen del principal polo electoral que ven como competencia: Por Cádiz Sí Se Puede y Ganemos Jerez.

Hemos oído a candidatos de otros partidos retomar durante la campaña los recurrentes eslóganes de siempre, básicamente consistentes en utilizar en una misma frase ETA y/o Venezuela y realizar tantas permutaciones como permita el idioma. En todo caso, lo decían personas públicas, perfectamente conocidas e identificadas, gente que es de imaginar que tendría que tragarse su sentido del ridículo -si aún le queda- para decir tales despropósitos carentes de argumentos.

Posiblemente espoleados motu proprio por la actitud de aquellos gurús electorales, tanto en Jerez como en Cádiz, hay quien puso impresoras a funcionar para poblar de ridículos carteles los parabrisas de los coches aparcados en las calles y las farolas y muros de esas ciudades.

Así, en Jerez nos advierten del Apocalipsis cofrade con un contundente "Con Ganemos Jerez la sentencia está tomada: la Semana Santa se acaba". No importa que los líderes de Podemos hayan clarificado ese asunto mil veces[1], o que incluso algún candidato se haya declarado seguidor de la Semana Santa[2], que la idea de los autores del cartel es atacar a la sensibilidad religiosa de los posibles votantes de Ganemos Jerez. Juego sucio, sin duda.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que los mismos que intentan asustar por el hipotético final de la Semana Santa no pregunten a aquellos líderes del bipartidismo que visten peineta y mantilla[3] y pasean en procesiones[4] por la actual situación de muchísimas familias, sumidas en el paro, la miseria y la precariedad. Creo que todos estaremos de acuerdo en que aquello de dar de comer al hambriento es aún más cristiano que la devoción nazarena.

Continuando con la ronda de carteles que pretenden tomar el pelo a gaditanos y jerezanos, nos encontramos con otro que afirma que "su propuesta [, la de una candidata de Por Cádiz Sí Se Puede,] para el servicio de autobuses hará que el billete suba hasta 1,80 euros". Así, a palo seco, sin datos que lo confirmen, nada. Queda claro que si el bipartidismo no necesita -ni cumple- programa electoral[5], tampoco va a leerse el de los demás, donde el partido aludido indica claramente su disposición a "promover el uso mayoritario del transporte público urbano e interurbano".

Para el final dejamos el cartel que demuestra la nula cultura política de sus autores, quienes mezclan conceptos como el anarquismo con los de comunismo, leninismo y trostkismo. Se ve que se quedaron sin espacio porque no pusieron lo de bolivarianos, tan de moda en la jet-set del bipartidismo y derivados.

En definitiva, nos encontramos ante una reedición con impresoras a color de los clásicos asustaviejas donde, en esta ocasión, lo que pretenden robar es el voto mediante el miedo y la difamación. Un reflejo del miedo propio de una casta que, tras años de indiscutible hegemonía, ve peligrar sus privilegios y, quienes les sirven, temen por las redes clientelares que los sostienen. Las reglas del fair-play en la política, de la elegancia, pasan a un plano inferior cuando para algunos hay tanto en juego. Tienen miedo de lo que Julian Assange define como "el primer partido político del siglo XXI"[6] pero, sobre todo, del ciudadano rebelde que viene a desafiar a quienes se apropian del Estado para gobernar de espaldas al pueblo.

No queda otra que combatir con democracia esos comportamientos cobardes y cicateros de esos apéndices del actual régimen, los mismos que mañana podrían enarbolar banderas con simbología tipo Amanecer Dorado. El presente y, sobre todo, el futuro de cualquier movimiento político de signo transformador pasa por ese continuo ejercicio de didáctica democrática para que cualquier afirmación sin fundamentos, por tanto basura, sea automáticamente rechazada por la sociedad.

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[1] "Podemos tranquiliza a los sevillanos: "No vamos a quitar la Semana Santa"". Expansión, 17 de enero de 2015.
[2] "Kichi: “Me he criado con la Semana Santa, cómo vamos a prohibirla”". Cádiz Directo, 6 de abril de 2015.
[3] "Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal lucieron mantilla y peineta en el Vaticano". ABC, 13 de octubre de 2012.
[4] "Cuando Susana Díaz no era rubia e iba de procesión con Fran Rivera". Libertad Digital, 19 de marzo de 2015.
[5] "Esperanza Aguirre se presenta a las elecciones sin programa electoral". El Diario, 19 de mayo de 2015.
[6] "Julian Assange: “Podemos es el primer partido político del siglo XXI”". EBR, 22 de mayo de 2015.

La mala idea de copiar un modelo de universidad injusto

La imagen de la jornada Fuente: El Boletín El hecho de que un candidato a la presidencia de una comunidad autónoma proponga, en plena campaña electoral, copiar un modelo de universitario a todas luces injusto -y desfavorable a la mayoría de la población- indica el nivel de sumisión de una gran parte de sociedad hacia los intereses de los grandes poderes. Su propuesta de dar líneas de créditos a los estudiantes universitarios para que puedan pagarse sus estudios es una sutil manera de condicionar el futuro laboral de unos jóvenes que, una vez terminados sus estudios, tendrán la urgencia de trabajar en lo que sea y como sea con tal de saldar sus deudas; es decir, más precariedad. Hay que tener en cuenta que, aunque -sin leer la letra pequeña- se indique que sean préstamos sin intereses para los estudiantes, la realidad es que éstos serían condonados por la administración, siendo aquélla la responsable de su abono a los bancos privados que provean la financiación; es decir, nos encontramos ante una nueva herramienta de trasvase de dinero público a entidades privadas. Además, vista la tendencia al alza de los precios de las matrículas, no es de extrañar que esta medida sirviese para estimular -según las leyes del libre mercado- nuevos incrementos en las tasas universitarias, creando un círculo vicioso que obligaría aún a más jóvenes -y sus familias- a endeudarse para poder pagar sus estudios. Por último, no podemos olvidar el evidente fracaso de esta medida en los EEUU, pionero en el préstamo universitario, donde existe actualmente una burbuja de jóvenes endeudados para pagar sus estudios.

El fantasma del miedo vuelve a Grecia ante la posibilidad de victoria de Syriza

La imagen de la jornada Fuente: Reuters Con elecciones a la vista en Grecia, las grandes oligarquías europeas vuelven a sacar su artillería pesada para frenar la más que posible victoria de Syriza. El fantasma del miedo es nuevamente agitado desde los atriles oficiales, habiéndose pronunciado al respecto entidades como Moody's o el propio Juncker, quien no ha tardado en advertir que "los griegos saben muy bien lo que un resultado equivocado de esas elecciones supondría para Grecia y la zona euro". Toda una injerencia en el proceso electoral griego por parte de alguien inmerso en escándalos fiscales por beneficiar presuntamente a grandes multinacionales. Esperemos que esta vez el pueblo griego no sucumba al chantaje de los grandes poderes, inspiradores de la deudocracia que empobrece cada vez más a las mayorías del sur de Europa.

Cuando lo que está en juego es el futuro, ¿quién mueve Europa?

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo se perfilan como un referéndum sobre la firma de un tratado comercial con los EEUU, apenas divulgado por los medios de comunicación mayoritarios, que plantea una seria de medidas realmente lesivas para la mayoría de los ciudadanos europeos. Lamentablemente, la postura de los principales partidos del régimen del 78 es favorable a este tratado.

El bipartidismo oficial en España insiste en evocarnos un futuro sin adjetivos, que la mayoría percibimos como muy oscuro, a la vez que intenta implicarnos en una Europa cada vez más alejada de las personas. Es el discurso de campaña de dos gigantes que acaban de descubrir sus pies de barro entre contradicciones como repetir que no son lo mismo[1], a pesar de no ocultar su predisposición a gobernar juntos si llegase el momento[2].

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo poco tienen que ver con la escasa sensibilidad de género de un ex-ministro entomófago aficionado a comer yogures caducados[3], o la irrupción de una candidata que no sabe distinguir entre un consejero de Gas Natural y un líder revolucionario[4]. El próximo 25 de mayo se celebrará, sobre todo, un plebiscito donde se decidirá el futuro de la democracia en todo el continente. Un futuro que depende de la firma del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE. Así, sin que sirva de precedente, hay que reconocer que, en cierto modo, el Partido Popular dice la verdad en su eslogan cuando afirma que "lo que está en juego es el futuro".

Ya no nos encontramos ante aquella idílica Europa de los pueblos, hoy desfigurada entre medidas de austeridad y recortes. Ahora, más que nunca, vivimos en la Europa de los mercados. Una Europa al servicio de la oligarquía que envía hombres de negro a los estados desobedientes. Una Europa que se alía con instituciones financieras para someter a su periferia a la tiranía de la deuda. Una Europa que ya no aspira a ser los Estados Unidos de Europa que profetizase Winston Churchill, sino la Europa de los Estados Unidos.

Los ciudadanos no podemos dejar que la construcción de Europa quede en manos de los grandes poderes y sus acólitos, como hemos hecho desde los primeros días de la aventura europea. Lejano queda aquel primero de enero de 1986 cuando España entraba a formar parte de lo que hoy es la Unión Europea. En aquellos momentos Europa simbolizaba, para gran parte del pueblo español, los valores que durante cuatro décadas se le había negado. Modernidad, libertad e, incluso, ciudadanía pues, desde ese preciso instante, fuimos, además de súbditos españoles, ciudadanos europeos. Nos conformamos sólo con eso.

De aquel modo, los ciudadanos europeos fuimos parte pasiva en la reconstrucción del continente, más pendientes a cantos de sirena -y carteles en carreteras anunciando subvenciones con fondos europeos- que de ser protagonistas de aquel proceso. Aceptamos Maastricht y, más tarde, la Constitución Europea a ritmo de Los del Río sin un mínimo de escepticismo[5]. Todo aquello permitió asentar las bases de las actuales políticas de recortes que acabarían enterrando el espejismo del estado del bienestar.

Hoy en día, cuando ni tan siquiera se respira ilusión por esta Europa, se vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca a las políticas neoliberales con la negociación, en el más absoluto de los secretos[6], de la Asociación Transat­lántica para el Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP), un tratado de libre comercio que puede suponer un antes y un después en cuestiones de derechos fundamentales y de soberanía.

El TTIP tendrá graves implicaciones en nuestras vidas, como el hecho de que las multinacionales escapen definitivamente al control político de los estados[7]. Esto significará que las grandes empresas podrán saltarse las constituciones nacionales al poder recurrir a tribunales internacionales de arbitraje, que incluso podrán estar compuestos por abogados de las mismas compañías. Previsibles sentencias en contra de los estados no servirán más que para agravar su deuda, generando un fuerte efecto disuasorio en las administraciones públicas a la hora de decidir sus políticas. Así, es normal preguntarse cuántas demandas de los ciudadanos serán desoídas ante la onerosa amenaza de enfrentarse a gigantes multinacionales que tendrán la sartén por el mango. Será el final de los derechos contemplados por las constituciones nacionales para dar paso a los intereses corporativos. Los grandes lobbies, más poderosos que nunca, exigirán competitividad como eufemismo de competencia a la baja, lo que afectará a nuestros derechos fundamentales, a la sanidad, a los sueldos, a la calidad de nuestras vidas. Una situación en la que dejaremos de ser ciudadanos para pasar a ser simplemente consumidores propiedad de las grandes multinacionales.

Sin embargo, el Parlamento Europeo tendrá que aprobar el TTIP, por lo que aún hay esperanza. Por eso mismo, en esta ocasión, la abstención no sirve. Hay que poblar Estrasburgo de gente contraria a la firma del pacto EU-EEUU, pues ya sabemos que los partidos del régimen del 78, los que se quejan de desafección hacia la política, darán su apoyo al Tratado de Libre Comercio[8]. En esta ocasión, el voto es más importante que nunca.

Hemos de darnos cuenta que ésta no es la Comunidad Europea que en el 86 ingenuamente recibimos con el canto de "¡qué viva el IVA!". Nos encontramos ante una evolución -aún a peor- de aquella Europa de Maastrich que aceptamos hipnotizados por los cantos de sirena de los mercados, los mismos que luego nos arrastrarían a la actual crisis, los mismos que ahora nos hacen pagar por sus errores. Una Europa de mercaderes donde todo está en venta, incluso la democracia y los derechos fundamentales. Es por eso necesario que la clase trabajadora se apropie del "tú mueves Europa", arrebatándoselo a los grandes poderes fácticos, lanzando un claro mensaje de que ya no acepta más agresiones a la democracia y los derechos fundamentales.

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[1] "No somos lo mismo". El País, 16 de mayo de 2014.
[2] "PP y PSOE buscarán un pacto de Estado para gobernar juntos a partir de 2015". Asturias 24, 7 de abril de 2014.
[3] "Cañete: "Yo abro la nevera, como un yogur caducado y no me sienta mal"". Público, 10 de enero de 2013.
[4] "Valenciano dice que transitó "de Jesucristo a la revolución"". EuropaPress, 6 de mayo de 2014.
[5] ""Los del Río", apoyando el Sí a la Constitución Europea con la fuerza de la razón". Rebelión, 15 de enero de 2005.
[6] "Lo que esconde el tratado comercial transatlántico". Diagonal Periódico, 7 de octubre de 2013.
[7] "Las multinacionales escaparán al control político con el Tratado de Libre Comercio UE-EEUU. Público, 20 de mayo de 2014.
[8] "PP y PSOE rechazan someter a referéndum el tratado de libre comercio entre EEUU y la UE ". El Diario, 7 de mayo de 2014.

Diccionario de la Crisis: voto útil

voto.

(Del lat. votum).

~ útil.

1. m. Estrategia electoral llevada a cabo por los grandes partidos con objeto de desincentivar el voto hacia partidos alternativos y perpetuar así el bipartidismo. Para ello, difunden la idea entre los electores de que votar a terceros partidos supone un desperdicio en el voto que, además beneficia indirectamente al contrincante. Rajoy apela al voto útil y pide la movilización de los fieles del PP*. Rubalcaba se lanza a por el voto útil contra IU.**

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[*] "Rajoy apela al voto útil y pide la movilización de los fieles del PP". La Voz de Galicia, 10 de mayo de 2014.
[**] "Rubalcaba se lanza a por el voto útil contra IU". Público, 10 de mayo de 2014.

¿Puede un conductor de autobús llegar a presidente de una nación? (el pueblo venezolano dice que sí)

Uno de los argumentos contra Nicolás Maduro en la reciente campaña electoral venezolana ha sido su condición de conductor de autobús, como intento de asociar su profesión a una menor capacidad para gestionar la nación venezolana. Detrás de todo esto se encuentra un argumento ad hominem con el que justificar la negativa del gran capital a aceptar un gobernante que defienda los intereses de la clase trabajadora.

Resulta llamativo la insistencia de algunas personas en aferrarse a argumentos elitistas para juzgar la potencialidad de tal o cual dirigente político. Olvidan las cualidades básicas que habría que esperar de cualquier representante público -como la honestidad, la honradez, la fidelidad a unos principios- para centrarse en su profesión o incluso en sus orígenes. Con un claro doble rasero, se prejuzga de modo distinto al millonario que el humilde, como si el origen social fuese una suerte de pedigrí que asegurase una mínima calidad en su gestión política.

El caso de Nicolás Maduro ha sido realmente paradigmático en este sentido. Los opositores dentro y fuera de Venezuela -sobre todo en España- han utilizado la misma cuestión una y otra vez para desacreditar a esta persona como potencial presidente de la República Bolivariana. Todo un ejercicio de falacia ad hominem que se resumiría en la cuestión de si un conductor de autobús puede llegar a presidir una nación.

Tras los resultados de las elecciones en Venezuela, la respuesta es sí. Nicolás Maduro, antiguo chófer de autobús de Caracas, ha recibido el apoyo del pueblo venezolano para llevar las riendas del país durante los próximos años. A pesar de obtener un resultado menor al esperado -debido fundamentalmente al elevado listón dejado por su predecesor en las elecciones de octubre de 2012-, el éxito de Maduro es indiscutible. Gran parte del pueblo venezolano ha sabido abstraerse a la tesitura de elegir entre el conductor de autobús o el empresario de éxito, para comprender que la elección era entre el representante del pueblo o el delegado del neoliberalismo.

En todo caso, resulta difícil aceptar que la calidad de un representante público dependa de su profesión o de su procedencia. ¿Cuántos presidentes con carrera universitaria han ayudado, a lo largo de la historia, a empeorar las condiciones de sus respectivos países? Nada bueno puede decirse, por ejemplo, de la trayectoria del registrador de la propiedad que preside España, que tan siquiera es capaz de dar explicaciones a sus conciudadanos, si no es a través de la pantalla de un televisor.

La calidad de un gobernante se demuestra a priori con un programa electoral claro, sin ambigüedades, y a posteriori con hechos fundamentados en aquel programa. No hay otra. No se le puede exigir erudicción absoluta, sino la capacidad de rodearse de la gente adecuada que le asesore. Por eso, es triste que la prensa española critique a Maduro por su profesión -honorable como la que más-, mientras olvida que en los últimos años hemos tenido una colección de políticos en cargos de responsabilidad que harían saltar los colores en las democracias más avanzadas. Desde presidentes autonómicos salpicados por todo tipo de escándalos a ex-alcaldes de Marbella, pasando por candidatos que dieron con sus huesos en prisión por oscuras cuestiones bancarias. Pero es que, además, ¿es que nadie en España recuerda el historial del padre fundador del partido que ahora mismo gobierna? Se trata del ministro del franquismo que ordenó ejecuciones, el que rapó la cabeza de las esposas de los mineros, el que dijo a boca llena "la calle es mía", llegó a ser presidente de la Xunta de Galicia. Y ojo, que ningún medio se atreviese a recordar durante pasadas campañas electorales, siendo él candidato, su pasado franquista.

El fondo de la cuestión es que quienes firman columnas de opinión en la caverna mediática española no toleran que un trabajador llegue a lo más alto sin renunciar a su clase. Thatcher, hija de tenderos, bien que fue aceptada como primera ministra -¿dónde quedaba el machismo o el clasismo?-, pues había demostrado con creces su sumisión al gran capital británico. Maduro, sin embargo, es de origen humilde y, comprometido a su clase, accede al Gobierno de su patria.

Maduro no fue escogido por Chávez por su profesión de conductor de autobús, sino por la valía que ha demostrado en los cargos que, hasta el momento, ha desempeñado. A pesar de su timidez, de seguro que sabrá ganarse la confianza de aquellos que en su día votaron a Hugo Chávez que, sin embargo, esta vez le negaron su apoyo. Tiene cuatro años para ello.

Un artículo más sobre el añito que nos lleva dando Rajoy

El año después de las elecciones generales de 2011 muestra cifras terribles que cuantifican la desastrosa situación de España. Las políticas de austeridad sólo sirven para ahondar en la frustración de la población que cada vez se ve más reflejada en la actual Grecia.

El anuncio de la fecha de las últimas elecciones generales, allá por julio de 2011, supuso un mal presagio. Veinte de noviembre, el día en el que los nostálgicos del antiguo régimen peregrinan al Valle de los Caídos a dar un nuevo último adiós a su referente ideológico. Es fácil imaginar como, entre lágrimas y cánticos, muchos de los asistentes a aquel acto se frotaban las manos con tan sólo pensar en los resultados de las elecciones.

El desenlace, hace ahora un año, es bien conocido. Los deméritos de Rodríguez Zapatero permitieron que Rajoy pasase a la historia como el candidato a presidente que supo aglutinar el voto de la facción más rancia de España con el de millones de ciudadanos bienintencionados que, de buena fe, pensaban que los problemas del país se arreglaban con un simple cambio de Gobierno.

Sin embargo, una vez alcanzado el ansiado sillón en La Moncloa las ilusiones se desvanecieron para la mayoría de sus votantes. Desde entonces, Rajoy ha demostrado ser un presidente débil, más interesado en las sucesivas elecciones autonómicas acontecidas a lo largo del año que en su labor de gobernar. Ni da explicaciones de lo que piensa hacer, ni sus acciones son coherentes respecto a las expectativas que levanta. Así, la sensación que tiene una parte de la ciudadanía es que su labor se reduce a señalar las fechas en las que se cumplirán los deseos de la Europa del gran capital, al que eufemísticamente se referiría en alguna ocasión como "la realidad"[1]. Siguiendo el aleccionamiento de Merkel, el presidente ha asumido el término austeridad en su acepción más perversa para dedicarse en cuerpo y alma a recortar. El destino reservado a España parece ser el de un Estado satélite de la Europa rica, cuyos ciudadanos, también de segunda, se dedicarán básicamente a producir bienes a bajo precio y servicios de turismo y hostelería para los visitantes adinerados.

Un año después las cosas pintan mucho peor que el día de las elecciones. No sólo se trata de los desastrosos datos económicos que nos deja tras este primer año, ni siquiera de las infames cifras de desempleo, de por sí ya alarmantes. El problema es que Mariano Rajoy está tomando medidas similares a las que condujeron a Grecia a la ruina social en la que ahora se encuentra inmersa.

Así, la destrucción de pilares básicos del incipiente bienestar del que disfrutábamos los españoles es ya una realidad. La educación y la sanidad públicas están heridas de muerte desde el momento en el que se decidió que parte de sus presupuestos era más útil si era destinado a sanear a la banca[2]. En cierto modo, algo de esperar de un partido cuyos gerifaltes habitan en torres de marfil que el resto de la ciudadanía. Al igual que los grandes empresarios y los banqueros, aquéllos no envían a sus hijos a la escuela pública ni hacen uso de la sanidad pública.

Llegados a este punto es justo admitir que el problema no es exclusivamente Rajoy ni el Partido Popular. La cuestión es más profunda que unas siglas, llegando hasta el propio modelo de Estado. Simplemente, la soberanía no está en manos del pueblo sino de una poderosa oligarquía que hace y deshace a su antojo a través de sumisos capataces que firman leyes.

Sin embargo, no se puede olvidar que la misma insensibilidad que Rajoy ha manifestado hacia sus votantes al incumplir la mayor parte de sus promesas electorales[3], la ha mostrado hacia los asalariados castigándolos con la peor reforma laboral imaginable, por lo que la reacción de la clase obrera no se ha hecho esperar. Por ello Rajoy es el primer presidente en recibir dos huelgas generales en un año. Todo un récord. A todo esto, la reacción del ejecutivo de Rajoy ha sido criminalizar la protesta. La dureza con la que se reprimen las movilizaciones ciudadanas quedó patente durante la pasada jornada de huelga general, cuando se repitieron sucesos de ciudadanos pacíficos gravemente heridos[4][5][6]. No podemos olvidar de donde salieron las órdenes de actuar con contundencia. Mientras tanto, el código penal ha sido endurecido de modo que quieres rompan mobiliario urbano no salgan de rositas. Por el momento, en el Ministerio de Justicia parecen haberse olvidado de endurecer las penas para quienes cometan delitos de índole económico y fiscal.

En definitiva, el camino recorrido durante este "año mariano" de seguro está despertando los más húmedos sueños de los elementos más reaccionarios de la sociedad española. Un Gobierno "como Dios manda" que seguirá provocando huelgas, movilizaciones y altercados en las calles. Mientras tanto, la frustración provocada entre muchos votantes del Partido Popular resentidos con el constante incumplimiento de sus promesas electorales, podría ser canalizada por alguna advenediza agrupación política que tome el papel de los fascistas griegos de Amanecer Dorado. Pésimo futuro nos espera si esto llegase a ocurrir.

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[1] "Rajoy admite que sus promesas estaban fuera de la realidad". Público, 2 de septiembre de 2012.
[2] http://politica.elpais.com/politica/2012/04/09/actualidad/1333985643_619652.html
[3] http://maspublico.com/2012/11/20/un-ano-del-gobierno-de-rajoy-en-ocho-promesas-incumplidas/
[4] http://www.20minutos.es/noticia/1648327/0/barcelona-hospital-sant-pau/manifestacion-huelga-general-14N/mujer-herida-ojo/
[5] http://tribunadeljurista.foroes.net/t3257-video-que-desenmascara-las-mentiras-de-la-policia-murciana-fueron-ellos-quienes-desfiguraron-la-cara-a-este-ciudadano
[6] http://www.huffingtonpost.es/2012/11/14/un-menor-de-13-anos-herid_n_2129821.html?utm_hp_ref=spain

Monólogo dedicado a Xosé Manuel Beiras

Transcripción del monólogo del profesor Pablo Iglesias Turrión, en el programa de televisión La Tuerka, acerca de la figura de Xosé Manuel Beiras y su singular estilo de hacer campaña, quien huye de la hipocresía de lo políticamente correcto para poner los puntos sobre las íes y alertar de la profundidad de esta crisis y de las terribles consecuencias que sufre la gente de a pie.

Beiras es mucho más que el candidato de la Syriza galega, llamado a movilizar al electorado gallego que puede derrotar a Feijóo; es mucho más que el referente histórico del nacionalismo galego. Un tipo que es catedrático de Economía, que habla varios idiomas, que es capaz de citar a Gramsci para decir que estamos ante una crisis de régimen y que las derrotas electorales llegan después que las derrotas políticas; un tipo que es capaz de citar a Otto Bauer y a los austro-marxistas para explicar qué es una nación -o a Giovanni Arrighi para decir que estamos ante una crisis sistémica- no es un político del montón, no es un político cualquiera. Un tipo que no se corta en decir que los recortes sociales provocan más muertos que los que haya podido causar cualquier grupo terrorista en este país, y que se refiere al presidente de la Xunta de Galicia como "la habichuela" o "el frijol".

Fijaos, yo de campañas electorales entiendo un poco y lo normal es que los candidatos tiendan a moderarse, tiendan a ser prudentes y a asumir que la mediocridad da más votos que la brillantez porque, al fin y al cabo, vivimos en un mundo que premia a los mediocres, pues Beiras no. Tiene el ego necesario para no ser un mediocre y restregar todos los días a sus rivales que ninguno puede superarle en talla intelectual y en ingenio. Habrá quien diga que Beiras es arrogante -quizá lo sea-, yo -que queréis que os diga- estoy un poco harto de políticos no arrogantes que son prudentes y pragmáticos. Los cobardes, los tibios, los pragmáticos son los que casi siempre ganan en política -que nos lo digan en la izquierda-. Por eso Beiras es mucho más que Beiras al recordarnos que, a veces, la política para ser política tiene que ser incorrecta.

Mendigos de la credibilidad

El anuncio, por parte del Gobierno, de una campaña informativa en la que explicaría los motivos de los recortes que lleva aplicados durante la presente legislatura se puede interpretar como un desesperado intento de salvar la poca credibilidad que le queda ante la ciudadanía.

Evocando quizás a Santa Teresa de Jesús en los momentos posteriores a sus famosos éxtasis, el presidente Mariano Rajoy exclamaba solemnemente que "los seres humanos somos sobre todo personas, con alma y con sentimientos, y esto es muy bonito y me reconforta mucho"[1]. Quizás, consciente de la constante bajada de credibilidad de su Gobierno, aquel momento transcendental pudo servirle de inspiración para la singular campaña de imagen que el Partido Popular pretende lanzar en septiembre, en la que básicamente apelará al alma y los sentimientos de los ciudadanos para pedirles su "complicidad" con las medidas tomadas hasta ahora y las que quedan por tomar[2].

La estrategia prevista para la mencionada campaña pasaría por reunirse con los sectores y organizaciones afectados por las reformas del Gobierno, explicarles los contenidos de aquéllas, los motivos que llevaron a su aplicación y, por supuesto, pedirles su colaboración. En otras palabras, el Partido Popular, consciente del desgaste que le están suponiendo todos los recortes, pretende convencer a los más ingenuos de que se va por el buen camino a base de repetir la retahíla del "no queríamos, pero no quedaba más remedio que hacerlo" a la que se añadirá la coletilla de la necesidad de "tapar los agujeros que han dejado los socialistas con el señor Rubalcaba a la cabeza"[3].

No sería de extrañar que la campaña de imagen transmutara hacia una campaña de ataque, quizás preventivo, al sempiterno rival. No en vano, otra de las declaraciones que acompañaba al anuncio de esta campaña sostenía que "es posible convertir la pendiente de decadencia de los gobiernos del PSOE en una pendiente de prosperidad"[4]. Para estos señores del Gobierno parece ser que el mejor modo de superar un momento extremadamente crítico como el actual, en el que el Estado está a las puertas de un rescate total,  pasa por hacer oposición a la oposición. De hecho, llama la atención que los ataques no sean hacia el responsable del anterior ejecutivo, Rodríguez Zapatero, sino contra el actual líder del Partido Socialista.

En definitiva, nos encontramos ante un desesperado intento de salvar la imagen del partido, a base de utilizar las tácticas de siempre: culpar a los demás. El argumento de la mayoría absoluta, que permite hacer y deshacer al antojo de quienes gobiernan, deja de tener peso cuando las encuestas dicen que aquella mayoría se perderá en unas próximas elecciones[5].

La solución a los graves problemas por los que pasa el Estado español, y que sufren miles de familias, no pasa por fomentar una nueva edición del "y tú más", al que tanto nos tienen acostumbrados los dos partidos dominantes. El problema no son las diferencias entre las políticas de ambas formaciones, sino las similitudes. Ambas han abrazado el neoliberalismo subyacente tras las directrices de Alemania -dígase mejor, la banca privada alemana-, unos por convicción y otros por necesidad. Directrices que conforman una hoja de ruta a la que ninguno de los dos partidos estaría dispuesto a renunciar.

A partir septiembre lamentablemente comprobaremos los efectos de la campaña cuando oigamos a muchos conciudadanos repetir acríticamente, como ovejas que sumisamente acuden al matadero, aquello de "es que no podían hacer otra cosa, con lo mal que los otros lo dejaron todo". Mientras tanto, la sangría de pérdida de derechos sociales continuará sin más paliativos.

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[1] "Rajoy, en el 'Rocío Chico': "Somos personas con alma y eso es bonito"". Público, 18 de agosto de 2012.
[2] "El PP anuncia una campaña surrealista para hacer cómplices de los recortes a sus víctimas". Público, 18 de agosto de 2012.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] "El rescate de la banca se lleva por delante la mayoría absoluta del PP". El Periódico, 25 de junio de 2012.

La injerencia alemana y el acoso mediático a Syriza

Todo indica que la banca privada alemana ha dado claras instrucciones al Gobierno de Merkel y a todo el establishment mediático europeo para desincentivar la intención de voto de la ciudadanía griega a Syriza. La táctica del miedo a un futuro aún peor para Grecia es el único argumento que queda a una oligarquía que niega sistemáticamente el derecho de todo un pueblo a elegir libremente su destino.

Según se ha ido acercando la fecha del 17 de junio de 2012, el nerviosismo entre los representantes de la denominada troika se ha hecho más que notable. Por primera vez en muchísimo tiempo, se ha presentado la posibilidad real de que un candidato que cuestiona el dogma neoliberal pueda acceder a la presidencia de un estado europeo.

El clásico bipartidismo, por el cual dos partidos perfectamente en sintonía con las directrices económicas de la Unión Europea se suceden en los distintos gobiernos a lo largo del tiempo, se encuentra amenazado por la emergencia de Syriza. En vista de las favorables encuestas para esta formación política, Alemania, cuyo papel en Europa se reduce a asegurar que sus banqueros cobren las deudas de los estados periféricos, comenzó una campaña del miedo destinada a desincentivar la intención de voto de los ciudadanos griegos hacia el partido de izquierdas. 

Por supuesto, el establishment mediático ha sido el primero en cargar tintas contra Syriza, que comenzó por lo fácil: el nombre de la entonces coalición. Syriza (ΣΥΡΙΖΑ) es el acrónimo de Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, que se traduciría como "Coalición de Izquierda Radical". El término "radical" ha sido repetido hasta la saciedad en la mayoría de las noticias referentes a la coalición. El término "radical", fuera de contexto, tiene connotaciones negativas. A casi nadie le gusta ser tachado de radical, pues  puede ser sinónimo de extremista, de fanático. Sin embargo, la entrada tercera del término "radical" en el Diccionario de la RAE lo define como "partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático"[1], sentido mucho más acorde con las intenciones declaradas por el partido griego en su programa electoral.

Así, radicalidad se ha asociado con peligro para Europa. Se ha hablado del impacto de unos resultados favorables a Syriza que harían tambalear las bolsas europeas y al propio euro. La misma mañana de las elecciones, un titular en El País decía "Los griegos deciden en las legislativas el futuro del país y del euro"[2], en el que se implícitamente se asociaba una eventual victoria de Syriza con la salida de Grecia de la moneda europea. Si bien no es novedad afirmar que el pueblo griego lo está pasando realmente mal, su situación sería incluso aún peor en el caso de una eventual salida del euro, pues la consiguiente devaluación de la nueva moneda agravaría su emprobrecimiento, al afectar a sus ahorros y poder adquisitivo[3]. El asunto de la salida del euro ha sido utilizado como elemento de manipulación de tal calado que el líder de Syriza, Alexis Tsipras, ha tenido que aclarar repetidas veces su intención de mantener a Grecia en la Eurozona[4], llegando a hacer evolucionar su eslogan electoral a un clarificador "con los radicales y con el euro"[5]. Quien mejor ha expresado la situación de acoso a Syriza ha sido el Responsable Internacional de la formación, Costas Isychos, al sostener que todo el asunto de la salida del euro "es un chantaje mediático y político antes de las elecciones"[6].

La intención de Tsipras, tal como ha dejado claro en su programa electoral, es la ruptura con las políticas de austeridad que tanto daño han hecho a la clase trabajadora en Grecia, Portugal o España. La cuestión, como ya se apuntó anteriormente, es que estas políticas son impuestas por Alemania con el objetivo de asegurar los cobros de su banca privada. He ahí el temor del Gobierno Merkel: Syriza quiere hacer buena la máxima de que "si usted debe 6.200 euros a un banco tiene un problema, pero si debe 620.000 euros el problema es del banco". Más aún, el BCE no se encuentra en condiciones de permitir la salida de Grecia del euro, aunque llegase a gobernar un partido favorable al regreso al dracma. El motivo lo explica el profesor Vicenç Navarro, quien explica que la salida de Grecia del euro supondría un coste para Alemania del orden de 300.000 millones de euros, con un efecto contaminante sería imposible de evitar que "forzaría una inversión enorme por parte del BCE y Alemania a fin de que no se colapsaran España e Italia"[7].

Cuando Merkel anima a los ciudadanos griegos a votar a aquellas formaciones que digan "sí, mantendremos nuestros compromisos [del pago de la deuda]"[8], trata de eludir el derecho del pueblo griego a realizar una auditoría pública de su deuda, para determinar así qué parte de la deuda puede considerarse "odiosa" y, por tanto, procederse a su anulación. Ni que decir tiene, los primeros perjudicados por tal medida serían los bancos privados alemanes. Por eso mismo, Jean-Claude Junker, presidente del Eurogrupo, ha enviado un claro mensaje al electorado griego de las "impredecibles" consecuencias para la Unión Europea de una victoria de Syriza[9].

Grecia, la cenicienta de Europa, vuelve a sufrir una segunda injerencia en su política doméstica. Primero fue la imposición del tecnócrata Lukas Papadimos como presidente de Gobierno. Ahora, el chantaje del miedo a la población griega para que se abstenga de votar a un partido cuyo programa da la espalda a las nefastas políticas neoliberales, las mismas que llevaron a los trabajadores de todo un país a la ruina. Como bien indica el periodista Pascual Serrano, "cuando ganan los suyos es la fiesta de la democracia y cuando no consiguen ganar es un cataclismo"[10].

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[1] Definición de "radical" en el Diccionario de la Lengua Española, RAE.

[2] "Los griegos deciden en las legislativas el futuro del país y del euro". El País, 17 de junio de 2012.

[3] "Lo que realmente importa a los griegos… y decidirá su voto". La Información, 17 de junio de 2012.

[4] "El izquierdista Syriza promete trabajar para que Grecia siga en la Eurozona". RTVE Noticias, 12 de junio de 2012.

[5] "«Con los Radicales y con el euro», nuevo eslogan «conciliador» de la izquierda griega". ABC, 14 de junio de 2012.

[6] ""Decir que saldremos del euro es un chantaje político ante las elecciones"". Público, 15 de junio de 2012.

[7] Vicenç Navarro: "Por qué el euro no está en peligro". Sistema, 8 de junio de 2012. 

[8] "Merkel se "entromete" en las elecciones griegas de mañana". Gomera Actualidad, 16 de junio de 2012.

[9] "Juncker: La victoria de SYRIZA traería consecuencias "impredecibles" para la UE". EuropaPress, 16 de junio de 2012.

[10] Pascual Serrano: "Ahora los medios ven una “tragedia griega” en la “fiesta de la democracia”". Mundo Obrero, 15 de junio de 2012.

Políticas sociales: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo continúa el recorrido por el programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, centrándose en esta ocasión en las propuestas de carácter social, analizando asimismo la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Si en artículos anteriores se revisaron las propuestas relacionadas con la deuda pública o la política fiscal, en éste se analizarán las políticas sociales propuestas por Syriza en su programa electoral[1]. Como ejercicio de política-ficción, se planteará la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la Iglesia para alojar a las personas sin hogar.

En un momento de crisis no sólo económica sino social, no es mala idea legislar para que los edificios sin uso de administraciones, bancos o Iglesia sean reacondicionados para, temporalmente, alojar a quienes estén sin vivienda.

Asimismo, es inconcebible la cantidad de edificios y viviendas vacías existente mientras cada día tenemos noticias de nuevos desahucios, más gente sin hogar. El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 deja bien claro el derecho a una vivienda digna. Sería por tanto legítimo que el Estado forzase a la banca a liberar la inmensa bolsa de viviendas vacías de las que dispone, que no saca a la venta para evitar una caída de los precios. Esa actitud de la banca es, ni más ni menos, que otro modo de especulación.

La cuestión de la vivienda, como elemento básico de bienestar, requiere un tratamiento serio que también implicaría el control de propietarios de múltiples viviendas que adquirieron en épocas de bonanza, y en la actualidad se dedican a su alquiler que, en ocasiones prefieren dejar vacías antes que alquilar por debajo de determinados precios. Para evitar actividades especulativas, podría conseguirse el compromiso de los ayuntamientos para utilizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como herramienta para limitar el número de viviendas sin uso en muchos lugares de la geografía española. Esta medida podría hacerse también extensible a los locales comerciales, sujetos habitualmente a una especulación desmedida que dispara el precio de sus alquileres, dificultando la supervivencia de los negocios que sustentan a pequeños empresarios y autónomos.

Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.

Es una medida solidaria que, acompañada de una ley que contemplase de modo eficiente la dación en pago, evitaría muchos desahucios. No obstante, sería importante que el Estado estableciera mecanismos para evitar la picaresca y que personas que, desde la economía sumergida, tienen ingresos importantes se aprovechen de estas ayudas.

Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.
No es justo el argumento neoliberal que sostiene que las prestaciones para el desempleo fomentan la holgazanería. La prestación de desempleo es un derecho que ha de ser respetado: quien pierde su puesto de trabajo se merece una protección. Lo importante es, de nuevo, la existencia de mecanismos de control de la picaresca y el fraude.

Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.

Esta medida tendría que afectar fundamentalmente al IVA, que tendría que ser de un tipo muy reducido para productos de primera necesidad.

Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

Se trata de una medida deseable que, además de suponer un alivio económico para los padres, permitiría una mejor compatibilización de las jornadas laboral y escolar.

Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).

En España el gasto en sanidad pública, aún mayor que el aplicado en Grecia, es inferior a la media europea, representando éste tan sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15[2]. La principal causa de la subfinanciación de la sanidad pública española, respecto a la europea, es la reticencia de los sectores más pudientes de la población a aceptar el pago de más impuestos[3]. Un aumento de los fondos para la sanidad pública ha de ir acompañada, necesariamente, de una reforma fiscal progresiva por la que las rentas superiores sean las que más aporten.

Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.

Los últimos recortes del ejecutivo de Rajoy presagian la degradación de la calidad de los servicios sanitarios. Un objetivo no explícito de estos recortes es la potenciación de la sanidad privada. Ni más ni menos, la destrucción de la sanidad pública implica una gran oportunidad de negocios para aseguradoras y otras empresas privadas que desean hincar el diente en un sector tan apetecible que, por meras cuestiones biológicas, siempre va a disponer de clientes[4].

En la actualidad, las estadísticas muestran que el sector privado sanitario atiende principalmente a las rentas más altas. El servicio privado se centra principalmente en ventajas relacionadas con la comodidad, que se resumen en la disposición de una cama por habitación, un mayor tiempo en la duración de la visita médica y una lista de espera inferior. Sin embargo, la calidad del servicio en cuanto a recursos y calidad del personal es superior en la pública. Otro elemento diferenciador que no puede subestimarse es el afán de lucro natural de cualquier empresa privada, incluyendo en ello a las compañías del ramo sanitario. Estando la cuestión del negocio sobre el servicio no es de extrañar que las estadísticas acerca de la mortalidad en los centros hospitalarios suelan ser superiores en los privados que en los públicos[4].

Lo lógico, sería la mejora de la sanidad pública en los aspectos de eficiencia y confort para el usuario. Sin embargo, los economistas neoliberales insisten en la inherente falta de eficiencia en la gestión de lo público, incluyendo el servicio público de salud. La realidad demuestra que la eficiencia está relacionada con la gestión, independientemente de sus gestores. Así, por ejemplo, el 68% de la población norteamericana está enormemente insatisfecha con el servicio sanitario en los EEUU, de capital privado[5]. En cambio, la sociedad española califica con un 6,2 (en una escala de 0 a 10) a la sanidad pública española, el servicio público mejor valorado[6].

Eliminar el copago en los servicios sanitarios.

El copago en los servicios sanitarios es una medida injusta que demuestra una clara falta de voluntad política en encontrar la financiación adecuada para la sanidad pública. Resulta más sencillo penalizar el uso de servicios médicos y medicamentos a la población que aplicar una política fiscal que exija solidaridad a las rentas más altas.

Con el copago lo único que se conseguirá será desincentivar a las rentas más humildes a la utilización de los servicios médicos, lo que a la postre supondrá una degradación de la calidad de vida de estas rentas.

Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

Sobre el papel, el derecho a la sanidad pública gratuita universal se encuentra plenamente reconocido en el Estado español. No obstante, la reciente reforma sanitaria sienta las bases para una sanidad pública de dos velocidades. A pesar de las promesas de la Ministra de Sanidad, está por aclarar las limitaciones en los servicios que, en esta época de recortes de los servicios públicos, habrá para aquellos ciudadanos que tengan que sacarse la tarjeta sanitaria para los "sin recursos" y, sobre todo, el "limbo" sanitario en el que quedan aquellos ciudadanos que sean considerados "con recursos" a pesar de encontrarse desempleados[7].

Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.

La cuestión de la inmigración es muy delicada, pues es fácilmente utilizable con los partidos más conservadores como arma electoral. Las políticas sinceras, y bien diseñadas, de integración son fundamentales para evitar, no sólo posibles problemas de convivencia, sino la satanización de los trabajadores de origen extranjero por parte de los medios afines a aquellas fuerzas políticas.

Un peligroso argumento utilizado para justificar la reciente reforma sanitaria iba referido a la cuestión del "turismo sanitario", que viene a asociar a los ciudadanos extranjeros con abusos sistemáticos del sistema público de salud. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de apartar a cualquier grupo de personas del sistema sanitario implica un peligro latente para la salud pública que, además, atenta contra los derechos fundamentales de estas personas[8].

La cuestión del "turismo sanitario", como abuso, ha de combatirse en términos administrativos, básicamente con el establecimiento de acuerdos de reciprocidad con terceros países. Lo que es injusto es la negación del derecho a la salud de las personas.

Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

Medida totalmente lógica y coherente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada tanto por España como Grecia. Sería deseable que las pesadillas denunciadas en los CIES pasen a ser un mal recuerdo tras la nueva regulación recientemente aprobada[9].

Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.

Efectivamente, lo que hay que combatir es el tráfico ilegal y no el consumo. Incluso sería interesante, con el objetivo de debilitar a las mafias del narcotráfico, abrir un debate en la sociedad sobre la conveniencia de legalizar la venta -a través de centros controlados por el Estado- de ciertos estupefacientes.

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[1] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".
[2] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Gaceta Sanitaria, 18 abril de 2012.
[3] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". El Plural, 14 de noviembre de 2011.
[4] "La sanidad privada se 'frota' ya las manos: asegura que atenderá todo lo que no cubra la pública". Diario Crítico, 10 de mayo de 2012.
[4] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Op. cit.
[5] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". Op. cit.
[6] Ibid.
[7] "Cinco claves para leer la reforma sanitaria". Diagonal Periódico, 26 de abril de 2012.
[8] "Sin derecho a la asistencia sanitaria gratuita". Diagonal Periódico, 28 de abril de 2012.
[9] "Interior enseña el CIES de Aluche vacío de inmigrantes". Cadena SER, 16 de junio de 2012.

Política fiscal: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo realiza un recorrido por las propuestas de carácter fiscal del programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, analizando la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Si en el artículo anterior se comentaron las propuestas relacionadas con la deuda pública y el funcionamiento del BCE, en éste se analizarán las distintas medidas de política fiscal propuestas por Syriza en su programa electoral[1]. Como ejercicio de política-ficción, se planteará la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Subir el impuesto de la renta al 75% para todos los ingresos por encima del medio millón de euros anuales.

La Constitución Española de 1978 reconoce en la sección primera de su artículo 31 los principios de igualdad y progresividad fiscal, instrumentos fundamentales para evitar una excesiva polarización de las rentas, además de permitir la correcta financiación del Estado a partir de impuestos directos, de modo que sean las rentas más altas las que más paguen.

Como es de imaginar, la aplicación del principio de progresividad fiscal en el Estado español es muy deficiente en comparación a las políticas fiscales en otros estados europeos[2]. En España, es deseable una subida de impuestos directos siempre y cuando sea aplicado exclusivamente a las rentas más altas. Es inadmisible que, tal como señala el profesor Vicenç Navarro[3], el 50% de las rentas del Estado estén en manos de apenas el 10% de la población más acaudalada. Mientras gran parte de la ciudadanía ve disminuir sus estándares de vida, una minoría rica se permite emplear sus fortunas en la adquisición de objetos de lujo[4].

Hay quien pueda sostener que unos impuestos tan altos son excesivos incluso para quienes más ganan. La historia nos recuerda que las rentas más altas en los Estados Unidos llegaron a ser gravadas hasta con el 90% durante las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado[5]. Fueron las políticas neoliberales iniciadas por Nixon, más tarde intensificadas por el conservadurismo fiscal de Reagan[6], las que conllevaron la reducción de impuestos a las clases más altas hasta un 28%. Por otra parte, el tope del 75% es el mismo que François Hollande piensa aplicar en Francia[7].

Para que estos aumentos de impuestos a las rentas más altas sean eficientes para la economía del Estado, es necesario, no obstante, la desaparición de las múltiples deducciones de las que se aprovechan las rentas más altas, además de un férreo control del fraude, pues recordemos que el 72% del fraude fiscal en España se concentra en las grandes fortunas[8].

Subir el impuesto de sociedades para las grandes empresas al menos hasta la media europea.

Grecia y España tienen en común la baja tributación de las rentas del capital, sensiblemente inferiores a las rentas del trabajo. En el caso español, se ha llegado a dar la paradoja de que los empresarios ganen, en salario promedio, siete mil euros menos que los trabajadores asalariados[9]. La principal razón de esta diferencia es que muchos empresarios derivan sus ganancias a las rentas del capital por lo que, en la práctica, pagan menos impuestos de los que deberían.

Es necesario que los impuestos sobre las rentas del capital y, por tanto el impuesto de sociedades, se homologue al de los países más avanzados de Europa, incluyendo la supresión de los SICAVs.

Adoptar un impuesto a las transacciones financieras y también un impuesto especial para los productos de lujo.

En un comunicado reciente, la ONU ha pedido a la Unión Europea la implantación de un impuesto a las transacciones financieras, también conocido como tasa Tobin, que "compense el costo social de la actual crisis económica y proteja los derechos de los más vulnerables"[10]. Un impuesto de este tipo permitiría penalizar a los movimientos de divisas puramente especulativos.

Por otra parte, los únicos impuestos indirectos justos son aquellos que penalizan el consumo de productos a todas luces innecesarios, como los productos de lujo. No tiene sentido que, en el contexto de la actual crisis, haya disparado el consumo de productos de lujos. Esto sólo puede significar que mientras al ciudadano de a pie le va mal, las clases pudientes se encuentran más desahogadas que nunca[11]. Se requieren medidas que permitan penalizar el consumo de bienes innecesarios en los tiempos que corren.

Prohibir los derivados financieros especulativos, como los swaps y los CDS.

La lucha contra cualquier instrumento legal que permita o facilite la práctica de cualquier actividad especulativa tendría que ser prioritaria para cualquier gobierno. Un tema tabú entre los medios de comunicación del establishment es que la banca privada suele asegurar los bonos que compra a los estados en los llamados Credit Defaults Swaps (CDS). Así, el interés a pagar por aquellos bonos depende de la especulación interesada por parte de bancos y fondos de alto riesgo (hedge funds), muy interesados en inflar los precios de aquéllos.

Otros elementos especulativos que directamente afectan a la economía del Estado son los mercados de commodities y los mercados de futuro, ambos altamente especulativos por los cuales se inflan los precios de los productos de consumo básico para la población.

Este tipo de instrumentos, que benefician claramente a la banca privada y perjudican a las economías nacionales -que luego han de pagar los ciudadanos a base de "apretarse el cinturón"-, simplemente tendrían que ser prohibidos.

Abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la Iglesia y los armadores de barcos.

Se estima que la Iglesia Católica ingresará del Estado español, durante el año 2012, unos 10.000 millones de euros entre subvenciones directas, donaciones económicas, cesiones de terrenos y exenciones de impuestos, cifra que no ha sufrido ningún recorte respecto a años anteriores[12]. Es hora de que la Iglesia Católica cumpla el punto quinto del artículo II del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, por el que se compromete a su autofinanciación.

En cualquier caso, la separación Iglesia-Estado ha de ser un común denominador para cualquier democracia moderna. Esto incluiría el aspecto de financiación y la eliminación de todo privilegio, como la exención del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI).

Combatir el secreto bancario y la evasión de capitales al extranjero.

El secreto bancario permite la evasión de impuestos y el lavado de dinero negro. Estados altamente salpicados por escándalos de corrupción como el español o el griego necesitan combatir el secreto bancario a nivel europeo.

Un gran problema que se viene dando en ambos estados, ante el miedo generalizado a que se produzcan "corralitos", es la evasión de capital, dinero que normalmente va a parar a bancos privados extranjeros. La situación de desgobierno actual en Grecia, junto a las continuas injerencias de Alemania en la política económica del Estado, ha creado un efecto de pánico que ha llevado a muchos ciudadanos a retirar sus fondos de los bancos[13]. Mientras tanto, las grandes fortunas pusieron hace tiempo su dinero a buen recaudo en cuentas suizas. Si la incertidumbre sobre la economía española sigue en aumento, será cuestión de tiempo que en España se repita la historia de fugas de capitales al extranjero.

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Todas las medidas de ámbito fiscal propuestas por Syriza se encontrarán con las críticas de aquellos que temen que aquéllas desanimen a los inversores o, simplemente, hagan que los ricos se marchen con su dinero a otra parte. En realidad, se trata de un argumento simplista basado en el miedo a enfrentarse a los ricos, que ignora que la recuperación económica de cualquier estado es frenada por la concentración del capital en una élite económica. El motivo es simple: el consumo interno es principalmente llevado a cabo por el ciudadano medio. Y España o Grecia lo que necesitan es que vuelva a haber consumo. Para que haya consumo ha de haber demanda, que sólo puede partir de gente con trabajo. Precisamente, el aumento de ingresos en el Estado a partir de las medidas descritas permitiría la creación de nuevos empleos y, con ello, espolear el consumo interno.

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[1] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".

[2] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Público, 2 de febrero de 2012.

[3] Vicenç Navarro: "Concentración de las rentas, impuestos y estímulo económico". Sistema, 20 de abril de 2012.

[4] "El lujo no está en crisis". Revista Tráfico y Seguridad Vial, Nº 212, febrero de 2012.

[5] Wikipedia. "Taxation in the United States".
[6] Wikipedia. "Conservadurismo fiscal".
[7] "Hollande: Renegociación del pacto fiscal e impuestos de hasta el 75%". El País, 20 de abril de 2012.
[8] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Op. cit.
[9] "Lara cree 'inconcebible' que los empresarios declaren un salario medio anual 7.000 euros inferior al de los trabajadores". El Economista, 18 de abril de 2009.
[10] "ONU recomienda un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales". Centro de Noticias ONU, 14 de mayo de 2012.

[11] "Las ventas de artículos de lujo sortean la crisis". Europa Press, 19 de mayo de 2012.
[12] "Los privilegios de la Iglesia se salvan de los recortes". Público, 4 de enero de 2012.
[13] "La fuga masiva de depósitos amenaza con llevar al colapso a los bancos de Grecia". El País, 16 de mayo de 2012.

Deuda pública y el BCE: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo realiza un recorrido por las primeras propuestas del programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, analizando la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Las elecciones celebradas en Grecia en el mes de mayo de 2012 tendrán que repetirse ante la imposibilidad de formar gobierno. La propuesta del actual presidente griego, Karolos Papulias, de formar un nuevo gobierno de tecnócratas fue desestimada por las formaciones de izquierda Dimar y Syriza[1]. Con vistas a las próximas elecciones, esta última formación plantea un interesante programa electoral[2]. Habida cuenta de la alta posibilidad de que esta fuerza llegase a gobernar, sería interesante realizar un breve análisis de las medidas propuestas y, como ejercicio de política-ficción, la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo.

La auditoría sobre la deuda pública se trata de "un derecho democrático esencial como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; es, en definitiva, un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos"[3]. Esta herramienta permite analizar el origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es "ilegítima" u "odiosa" para, en tal caso, proceder a su anulación[4]. Recordemos que el Derecho internacional reconoce que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente[5].

La realización de una auditoría sobre la deuda pública supondría un compromiso político al que sólo pueden responder aquellos grupos políticos que muestran su rechazo frontal al dogma neoliberal, como el caso de Syriza en Grecia. Tanto en Grecia como en España, la aplicación de este instrumento serían deseables para el saneamiento de la respectivas economías y parar la sangría que en ambos países lleva produciéndose en la calidad de vida de sus ciudadanos con la excusa de la deuda.

No tardarán en salir voces desde la propia Grecia -y otro tanto ocurriría en España en caso de proponerse tal medida- en contra de realizar la auditoría, esgrimiendo que la confianza internacional en el Estado caería bajo mínimos en caso de llevarse a cabo. La realidad es que, en la historia reciente, muchos países han aplicado estos mecanismos de auditoría y las consecuencias inmediatas supusieron el ahorro de grandes sumas de dinero a los estados y la recuperación de sus respectivas economías.

Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para que financie directamente a los estados y a los programas de inversión pública.

El Banco Central Europeo es un verdadero lastre para la recuperación económica de los países más afectados por la deuda pública en la Eurozona. A pesar de su denominación, el BCE no actúa como un banco central propiamente dicho. La principal función de cualquier banco central es la impresión de dinero pero, en el caso del BCE, éste no es transferido a los estados sino a la banca privada. Los bancos centrales clásicos utilizan el dinero que imprimen para comprar deuda pública a sus correspondientes estados y, con ello, bajar los intereses que tengan que pagar éstos para poder vender sus respectivos bonos públicos. El artículo 123 del reglamento del BCE prohíbe tanto el préstamo de dinero como la compra de bonos públicos a los estados miembros de la Eurozona. Por lo tanto, éstos se ven obligados a ofrecer sus bonos con altos intereses, lo que abona el campo a la especulación de los mercados financieros[6].

La financiación de los estados se realiza con la intermediación de la banca privada, quien obtiene importantes beneficios por ello. Esta situación convierte al BCE en un lobby de la banca privada europea, especialmente la alemana. Los desafortunados intentos, hasta la fecha, por parte de la troika comunitaria de flexibilización de la norma 123 han tenido como contrapartida la exigencia de que los salarios y la protección social disminuyan[7].

Los estados de la Eurozona más afectados por la deuda pública, entre ellos España y Grecia, han de exigir a la UE la derogación total de la norma 123, de modo que el BCE actúe como un banco central, prestando dinero directamente a los estados que lo necesiten, e imprimiendo moneda como mecanismo de protección ante especuladores.

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[1] "El presidente griego propone un gobierno tecnocrático ante la fragmentación política". La Vanguardia, 14 de mayo de 2012.
[2] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".
[3] Laura Pérez, cit. en Enric Llopis: "Auditorías de la deuda pública: una alternativa a los planes de ajuste". ATTAC, 27 de junio de 2011.
[4] Ibid.
[5] Wikipedia, "Deuda odiosa".
[6] Vicenç Navarro: "El BCE, el lobby de la banca". Público, 8 de diciembre de 2011.
[7] Ibid.

Diccionario de la Crisis: campaña electoral

campaña electoral.

1. f. Periodo de tiempo durante el cual los candidatos de ciertos partidos políticos deciden no decir lo que de verdad piensan hacer en caso de alcanzar el poder. Ya no estamos en campaña; es momento de decir lo que de verdad pensamos.*

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[*] Véase "Un senador del PP: ´Ya no estamos en campaña; es momento de decir lo que de verdad pensamos´". RTVE Noticias, 16 de abril de 2012.