Quien molesta a la oligarquía automáticamente se convierte en ETA

La imagen de la jornada Fuente: Público A falta de argumentos les vale la difamación. Como diría no hace mucho Julio Anguita, es la lógica de la jauría soltada por los grandes poderes. Ya sabemos que todo lo que molesta a las oligarquías españolas se relaciona con el terrorismo: el aborto es ETA, la PAH es ETA, los vecinos de Gamonal son ETA, Pablo Iglesias es ETA, incluso Syriza es ETA. Difama, que algo queda. Un insulto a la inteligencia de la clase humilde, los castigados por esta crisis tan oportuna para los poderosos, que demuestra el nerviosismo de la casta ante el ascenso de una opción política que podría llegar a gobernar.

Estimada prensa: ¿es necesario tal nivel de peloteo?

La imagen de la jornada Fuente: Voz Pópuli Como si del NODO franquista se tratase, la portada de El Correo de Andalucía proclamaba que "el Rey que sirve a todos los españoles y el Príncipe que ama a España son aclamados y vitoreados por la ciudadanía". Les faltó decir que "Dios nos ha dado al Caudillo", además de recordarnos que el fuego y la rueda fueron descubiertos por tan ilustre Casa Real. O son muy pelotas o han aprovechado la coyuntura para que se hable de aquel periódico... o ambas cosas.

Sobre Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde de Marinaleda

Se describe, a continuación, una serie de desmentidos a muchas de las calumnias y mentiras que últimamente han circulado contra la persona de Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde de Marinalela y Diputado del Parlamento Andaluz.

La persona de Juan Manuel Sánchez Gordillo se ha situado en el punto de mira de algunos medios de comunicación, quienes, saltándose cualquier principio de ética periodística, han inventado mentiras alrededor de su persona. Como ya se comentó en este blog, los intentos por desviar la atención de la opinión pública del mensaje que se pretendía dar a a través de las acciones llevadas a cabo en dos supermercados andaluces -la denuncia de la creciente precariedad en la sociedad española- pasarían por atacar a la honorabilidad del Alcalde de Marinaleda y Diputado del Parlamento Andaluz[1].

Un importante número de las visitas a El Faro de la Colina generadas a través de buscadores parten de cadenas de búsqueda del tipo "sueldo del alcalde de Marinaleda" o "coste viaje de Gordillo a Venezuela", entre otras. Sirva este dato como evidencia de un esperanzador toque de escepticismo por el que muchos internautas tratan de contrastar, en medios distintos a los sostenidos por el establishment, la corroboración -o el desmentido- de la lista de calumnias que, en los últimos días, se han ido construyendo alrededor de Don Juan Manuel Sánchez.

En una encomiable muestra de transparencia, el Ayuntamiento de la localidad sevillana ha emitido un certificado que permite disipar cualquier duda acerca de la gestión del Alcalde marinaleño[2]:

Respecto al sueldo del Alcalde y Tenientes de Alcalde

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) no percibe retribución alguna a cargo de los Presupuestos de la entidad.

Ningún miembro Corporativo, de ninguno de los Grupos Políticos que constituyen la Corporación, incluidos los Tenientes de Alcalde, percibe retribución de ningún tipo por el desempeño de sus funciones, ni por dedicación exclusiva o parcial ni por asistencia a órganos colegiados.

Respecto a asesores varios

No existe en la Plantilla de este Ayuntamiento la plaza de Secretaria del Alcalde, ni de Alcaldía.

No existe en la Plantilla de este Ayuntamiento ni percibe retribuciones a cargo del mismo ningún "responsable de prensa" o similar.

No existe en la Plantilla de este Ayuntamiento ningún "consejero jurídico"; siendo que los únicos licenciados en Derecho que perciben retribuciones del Ayuntamiento de Marinaleda es el Secretario que suscribe y un Técnico de Administración General. 

Respecto al presuntamente "sobrepagado" Jefe de la Policía Local

No existe cuerpo de la Policía Local, no existiendo ningún funcionario del cuerpo y, por tanto, tampoco existe el cargo de Jefe de la Policía Local.

Otros desmentidos

Otras calumnias contra Sánchez Gordillo están relacionadas con el reciente viaje que hizo a Venezuela, por el cual se aseguraba que éste se había gastado 6 mil euros[3], que habrían salido de las arcas del Consistorio. Tanto el jefe de prensa de Izquierda Unida en Sevilla como el propio implicado presentaron desmentidos en distintos medios:

Sánchez Gordillo fue invitado por los venezolanos que lo pagaron todo, incluido el viaje en avión. Siempre fue en turista y en el avión se dirigió como siempre a esa parte y las azafatas le llevaron a primera porque así venía en su billete. Por tanto, él no optó, fue la radio venezolana que le invitó, dejen de manipular y si no han dado con Gordillo hablen con el jefe de prensa de IU (954502630) y os pondrá rápidamente con él como otros medios han hecho. Dejen de manipular y confundir a la opinión pública. El coste de ese viaje (avión, comidas, alojamientos, etc) ha sido sufragado integramente por la radio venezolana que organizó su gira. Ni un euro le ha costado al Ayuntamiento de Marinaleda[4].

A lo que añade el propio Alcalde:

He sido invitado por la radio YVKE Mundial y son ellos los encargados de organizar y pagar todos los gastos, incluido el viaje.

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Resulta lamentable la asimetría en el tratamiento que muchos medios de prensa conceden a las personalidades políticas en función del espectro ideológico en que se encuentren. Mientras existe una casta de intocables por los medios de comunicación, a quienes cada frase que se les dedica va controlada sílaba a sílaba, cuidando de añadir el término "presunto" delante de cualquier acusación de la que, debido a la presión de la opinión pública, tengan que hacer eco; a otras personas se les construye todo tipo de bulos a su alrededor con tal de atacar a su credibilidad. No es casualidad que estas últimas sean gente comprometida con cambiar la sociedad a mejor, luchadoras por un sistema más justo.

Desgraciadamente, en estos tiempos de crisis la pluralidad en los medios de prensa clásicos -los más accesibles- pasa a ser una entelequia, estando como están los principales medios controlados por emporios empresariales con líneas editoriales muy claras -aunque no siempre transparentes para sus lectores-, siempre al servicio de las grandes oligarquías. Es obligación de cada persona, que desee sentir que es libre -al menos en pensamiento-, realizar la labor de contraste de las informaciones que gotean cada día, poner en duda cada acusación, cada dato arbitrario, contra aquellos que defienden la justicia social. No puede obviarse aquel proverbio romano que decía aquello de ubi dubium, ibi libertas (donde hay duda, hay libertad).

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[1] "Los medios contra Sánchez Gordillo, fuego a discrección". Tercera Información, 9 de agosto de 2012.
[2] "Sánchez Gordillo muestra un documento asegurando que no cobra por ser alcalde de Marinaleda (VÍDEOS)". El Huffington Post, 13 de agosto de 2012.
[3] "Sánchez Gordillo voló hasta Venezuela en primera y por 6.000 euros". El Economista, 5 de junio de 2012.
[4] Ibid, comentario número 7.

Desvaríos periodísticos contra un gaditano

Reproduzco a continuación un clarificador escrito del profesor Alfonso Galindo, una llamada a la libertad de pensamiento, al ejercicio del escepticismo y un toque de alerta contra las crecientes amenazas de manipulación a la ciudadanía, a la cual se ofrece cabezas de turco como elementos de distracción hacia los verdaderos problemas que desembocan de los duros momentos de crisis y recortes sociales que estamos viviendo.

El día 22 de julio de 2012 salió en el blog de Fernando Santiago una opinión que no tiene desperdicio, un párrafo envenenado que es necesario abrir y destripar para aislar el veneno. Este párrafo figura al pie de una foto de la manifestación multitudinaria del día 19. El autor del blog lamenta una actuación del juez Bermúdez de la audiencia nacional y, a tiempo de que se permite este alarde de libertad de expresión, propone el abucheo de una pancarta.

Ese mismo día de las grandes manifestaciones en toda España, contra la represión económica del gobierno actual, el ministro de Interior hizo un último intento de rescatar el terrorismo para que los españoles, como hicimos en épocas pasadas, nos podamos tragar la píldora de los recortes.

Pero esta vez no ha dado resultado. La única voz original en este caso ha sido la de Fernando Santiago. Toda su parrafada se podría haber sustituido por una frase: “que sepan los detentadores del poder que estoy de su lado, a toda costa”. ¿A qué costa? A costa de engañar a los lectores de su blog y, por extensión, a los del grupo editorial que lo aloja (Grupo Joly, Diario de Cádiz). Después de que el ministro anunciara que se ha cerrado un caso de hace 17 años, resulta que lo único que hay de novedoso son las detenciones. El juez Bermúdez ha tardado dos días en decretar la libertad para dos de los tres detenidos.

Pero a diferencia de otras épocas, la gente ya sabía que la operación era una cortina de humo y que las detenciones eran de relleno. Por eso, en la gran manifestación hubo una pancarta pidiendo la inmediata excarcelación y la gente no abucheó, sino que se fueron acercando para mostrar su apoyo; y nos fuimos relevando, casi nos peleábamos por sujetar la pancarta. Porque ya la gente no se traga estas operaciones fantasmagóricas, ni siquiera al leer los desvaríos de su blog.

El autor se extraña de que se haya conseguido el dinero de la fianza, pero nosotros, que conocemos al afectado y a su familia, sabemos que no está solo y se ha logrado conseguir 10.000 euros que han salido, lo vamos adelantando (por si Fernando Santiago ha querido sugerir otra cosa), de las rentas del trabajo de sus amigos y familiares.

Ya no valen esos métodos, la gente no está tan atontada y desarticulada y por eso, este blogger se ve obligado a mentir cuando habla de “las pruebas acumuladas por la guardia civil”. La Benemérita se ha limitado a cumplir órdenes. Las supuestas “pruebas” no son tales a criterio del juez de la Audiencia nacional, pero eso a Fernando Santiago se le hace “muy cuesta arriba”.

En lo único que le doy la razón es que “esto no debería dejar indiferente a nadie”. A nosotros lo que se nos ha hecho muy cuesta arriba, aparte de la fianza, es el disgusto innecesario que se le ha dado a la familia y a la gente de Cádiz. Ojalá que sus poderosos patrocinadores no le incluyan nunca en una lista de nombres y no le toque nunca lo que muchos inocentes han padecido, en razón de su activismo de izquierdas y con motivo de las estrategias mediáticas de un nefasto gobierno de la nación.

Lo que le faltaba al juez, a los gaditanos y al damnificado es que usted saque un panfleto sembrando la sospecha sobre una persona que puede acreditar su inocencia. Creo que lo correcto, en este caso, es denunciar el papel de medios de prensa y propaganda y la politizada familia de Publio Cordón, que, suplantando a la judicatura, sentencian de antemano a los inocentes, con tal de poder narcotizar a los sufridos lectores de este país.

Alfonso Galindo Lucas

"Tenemos lo que nos merecemos": un ejemplo de manipulación contra la clase trabajadora

Tras enterarme de la noticia, confieso que mi primera reacción fue de perplejidad. ¿Cómo es posible que la gente prefiera los toros al empleo? La sucesión de sentimientos que me envolvieron a continuación pasaron del cabreo a la indignación: "tenemos lo que nos merecemos", pensé. Entonces fue cuando me di cuenta de que había caído en una sutil trampa.

Los medios de comunicación tradicionales, los mismos que dependen de grandes empresarios que defienden abiertamente la precariedad laboral -aunque lo hagan bajo el eufemismo de la competitividad-, se hacían eco de un referéndum en el que participaron tan sólo 423 personas. ¿Desde cuándo el establishment mediático presta tanta atención a asuntos de tan poco calibre? Con el Estado español a punto de ser rescatado, la noticia es que los vecinos de un pequeño término municipal deciden que su modesto presupuesto en actividades taurinas siga siendo empleado para tal fin.

Mientras, en algunos foros, contagiados por la misma sensación de indignación, se apresuraron a censurar la actitud de los habitantes de la zona, habiendo quienes los calificaron con toda la sarta de improperios que suele decirse en tales ocasiones, siempre bajo el amparo del anonimato. La conclusión para gran parte de los foreros era el consabido "tenemos lo que nos merecemos". Pero es que, ¿acaso nadie se pregunta por los motivos que llevaron a muchos a votar a favor de la suelta de vaquillas? Encontrándonos ante un municipio azotado por el desempleo, que alcanza al 25% de la población, la lógica nos indica que el voto por el empleo tendría que haber arrasado en las urnas.

Una lectura sosegada de la noticia[1] -tras digerir el impacto del titular-, aporta más información que permite comprender -que no compartir- los resultados de la consulta. Resulta que el Ayuntamiento de Guijo de Galisteo (Cáceres), recientemente salpicado por la lacra del transfuguismo, decide plantear a los habitantes de tres de sus poblaciones el uso que dar a los 15 mil euros de presupuesto que, cada año, se emplea para la suelta de vaquillas en las fiestas locales. La decisión a tomar era o mantener su uso en aquella tradición o emplear el dinero para realizar contratos eventuales a gente del pueblo que lo necesitara. El resultado fue a favor de la suelta de astados en dos de las poblaciones, mientras en la tercera se eligió emplear el dinero para dar trabajo.

Aunque el empleo ha de ser un móvil preferente -es lo que muchos hubiéramos votado en cualquier caso-, sobre todo en los tiempos que corren, y el deseo de todo buen ciudadano es la desaparición del paro, la realidad es que con 5 mil euros por población pocos empleos se van a crear. Hablamos de unos pocos jornales que, si bien aliviarían temporalmente la situación de alguna familia, serían de duración muy limitada. "Puestos de trabajo eventuales", decía el Ayuntamiento en las condiciones de la consulta popular, nada más. Quizás la clave viene de la respuesta de un chico entrevistado por un periódico, quien decía hacer votado a favor de las vaquillas porque "es lo que nos gusta aquí y por eso he votado a favor de esa opción porque el empleo municipal ya sabemos que aquí va siempre a las mismas personas"[2].

A pesar de lo que dicen los titulares, los presupuestos implicados en la consulta sólo afectan a la suelta de vaquillas. Las tradicionales corridas de toros que se celebran en el pueblo, más caras y de disfrute limitado a quienes puedan pagarse la entrada, no se verían afectadas. Así, a aquellos que criticaron al "pan y circo" votado por los guijeteños, habría que puntualizarles que el "circo" jamás corrió peligro. De incluirse realmente los toros en la consulta, habría disponible un presupuesto mucho mayor que quizás hubiera dado para crear algún empleo de carácter estable en el pueblo. Ante tales condiciones, es razonable pensar que el resultado hubiera sido distinto; al menos se hubiera movilizado más población, pues a esta consulta sólo acudió a votar una tercera parte de los electores. La mayoría de la población de Guijo comprendió que aquel "democrático" dilema que se les planteaba no era más que un brindis al sol que nada iba a solucionar, quizás una desesperada cortina de humo para hacer olvidar el reciente episodio de transfuguismo en el Ayuntamiento.

Quizás la gente no sea tan tonta, ni los guijiteños tan "ignorantes". A pesar de las declaraciones de algunos jóvenes lugareños -entrevistados por los mismos medios- que afirmaban anteponer la diversión al trabajo, la historia de fondo es la repetida desconfianza hacia nuestras administraciones públicas, fruto de la habitual falta de transparencia, de la lacra del enchufismo y el clientelismo que tanto daño hacen a nuestros pueblos y ciudades. Claros síntomas del déficit democrático que sigue existiendo en nuestras instituciones. En definitiva, independientemente de la elección del voto, gran parte de los habitantes de Guijo fueron conscientes de que el resultado de la consulta no iba a cambiar el destino de los parados su pueblo. Por eso la mayoría ni se molestó en votar.

Sin embargo, tertulianos oportunistas, a nómina de algunas de las grandes empresas que controlan los medios de comunicación, ilustrarán este suceso como ejemplo la ignorancia supina del pueblo español. Nos recordarán que "tenemos lo que nos merecemos". El argumento será que, para una vez que se nos deja elegir, tomamos la peor decisión. Una peligrosa y casi inevitable reflexión subyacente detrás de noticias como ésta, un pequeño aleccionamiento para que aprendamos a aceptar las decisiones de quienes oficialmente verdaderamente saben: expertos tecnócratas, gurús de la economía, las finanzas y el mercado laboral. Aunque hoy haya más desempleo que nunca.

Y es que, cuando interesa, es conveniente recordar y magnificar los peores defectos de la raza patria. Si tenemos políticos corruptos, es por la picaresca española, pues todos haríamos lo mismo si nos encontrásemos en el lugar de aquéllos. Si ahora estamos en crisis, es porque los españoles no fuimos previsores y, por tanto, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Tantas patrañas que, poco a poco, van calando en el subconsciente hispano. Y terminamos aceptándolas como algo normal por lo que, en el fondo, tenemos merecido lo que nos ocurra. ¡Qué peligrosa es la manipulación de los medios cuando estamos con la guardia baja!

Por cierto, aquellos tertulianos que tanto repetirán el "tenemos lo que nos merecemos" bien podrían aplicar el mismo criterio a la hora de hablar sobre el actual Gobierno, cuya mayoría absoluta utiliza sistemáticamente para incumplir gran parte de sus promesas, castigando con aquélla a todo un pueblo, incluyendo a quienes le otorgaron su confianza.

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[1] "Los toros ganan al empleo en un referéndum en tres poblaciones de Cáceres". Cadena SER, 3 de junio de 2012.
[2] "Los toros ganan al empleo en el referéndum de Cáceres". El Mundo, 3 de junio de 2012.
[3] "Las mentiras de Rajoy". Cadena Ser, 27 de abril de2012.

La propiedad privada y la bicicleta de Alberto Garzón

Hace unos días el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón comentaba en su Twitter, con jocosa resignación, que le habían robado su bicicleta: "Los recortes  llegan hasta el portal de mi casa. Me han robado la única bici que tenía", rezaba el mensaje. Suceso nada fuera de lo anecdótico en un estado donde el 15% de los usuarios de bicicletas ha sufrido alguna vez un robo[1] que, sin embargo, fue aprovechado por los medios de comunicación más conservadores -la conocida como caverna mediática- para mofarse de la suerte del vehículo del diputado y, de camino, impartir lecciones sobre marxismo.

En realidad, poco o nulo interés tienen las opiniones vertidas por comentaristas de plató, expertos en periodismo sesgado o tertulianos que hacen de la parcialidad su modo de vida. Sencillamente, les pagan para que digan lo que les dicten sus patrones. Sus opiniones son la simple repetición goebbeliana del catecismo neoliberal especiado con toques de régimen predemocrático. No usan argumentos, se apoyan en el dogma de la fuerza que confiere saberse erigido en el púlpito privilegiado de los medios de comunicación al que muchos ciudadanos, de buena voluntad, confían su inocente atención. Sin embargo, es difícil no lamentarse ante comentarios tan simplistas, alejados de la realidad, construidos a partir de clichés interesados y el desconocimiento más absoluto.

Y es que el hablar por hablar de aquellos hinchas de la caverna mediática les permite afirmar, sin ningún reparo, que alguien de IU no debería de reivindicar la propiedad privada[2]. Es decir, según esos finos analistas políticos, la gente de izquierdas no cree en la propiedad privada por lo que no tiene derecho a poseer bienes como por ejemplo una bicicleta. Este tópico, interesadamente extendido en la sabiduría convencional, distorsiona totalmente los principios del marxismo, reduciéndolo a una extraña ideología de individuos que deciden vivir alejados de cualquier posesión; así, cuando alguien afirma ser marxista, ha de enfrentarse al típico reproche de no vivir según aquel falso estereotipo, pues según aquella lógica lo coherente es que todo marxista renuncie a sus propiedades y las reparta con los demás.

Nada más lejos de la realidad: una de las premisas del marxismo es que la propiedad privada amasada por el esfuerzo y el trabajo propio es completamente legitima. Lo que el marxismo rechaza es la propiedad privada de los medios de producción[3]. Cuando hoy en día hay movimientos sociales que denuncian que el 1% de la población controle el 99% de las riquezas, realmente está tocando de lleno el asunto de la propiedad de los medios de producción. Como se mencionó anteriormente, toda persona tiene derecho a la propiedad bien adquirida, fruto del trabajo personal, del esfuerzo humano. Esa propiedad puede ser una casa, un ordenador portátil o una bicicleta. En el esquema actual capitalista, el natural esfuerzo del asalariado por adquirir propiedades básicas lo conduce a una progresiva descapitalización, al verse obligado a financiarse a través de la explotación de su trabajo y, normalmente, el endeudamiento con la banca. Esto se comprueba fácilmente al observar cómo la polarización de las rentas es cada vez más extrema, lo que aumenta ostensiblemente la brecha entre ricos y pobres, trabajadores y grandes empresarios. Dicho de otro modo, el capitalismo, a pesar de fomentar el consumo -consumismo- como uno de los motores de la economía, tiende a negar la propiedad privada a las clases más débiles debido a la tendencia de reducir su capacidad adquisitiva, ya sea en sueldos, duración de los productos de consumo, etc.

La propiedad de los medios de producción en manos privadas implica la explotación de los asalariados, quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de unos ingresos mínimos para subsistir y, en lo posible, llevar una vida digna. La negociación entre empleador y empleado para establecer el precio de la fuerza de trabajo que es inevitablemente desventajosa para el segundo. Al ser un objeto de mercadeo, además de la perentoria necesidad del trabajador de tener ingresos, la fuerza de trabajo se ve continuamente devaluada ante la dura competencia por el empleo, situación que se acentúa en épocas de crisis y paro rampante. La única alternativa a esta situación, que es lo que el marxismo propugna, es la socialización de los medios de producción. Los dividendos de las empresas socializadas no serían repartidos entre accionistas ávidos de riqueza que, en demasiadas ocasiones, desvían sus ganancias a paraísos fiscales y negocios faltos de transparencia; sino que revertirían en beneficio de la sociedad misma. Paradójicamente, las pérdidas de  muchas empresas sí que son parcialmente socializadas cuando aquéllas colocan a las administraciones en la tesitura de suministrarles ayudas públicas para evitar despidos que, en caso de realizarse, supondrían nuevos parados cuyas prestaciones de desempleo serían sufragadas con dinero público.

Por tanto, Alberto Garzón está ideológicamente legitimado a poseer una bicicleta, un apartamento o un coche. No se le puede reprochar en absoluto, porque se lo ha costeado con su esfuerzo personal. Nada de extraños y lujosos regalos que, como el caso de políticos de otra casta en estas tierras, no sepa explicar su procedencia. Se trata de una simple bicicleta a partir de la cual un grupo de hinchas del equipo de los banqueros y grandes empresarios han querido hacer gala de supina ignorancia. Fuese un triste ladrón o  algún envidioso con ganas de incordiar a una joven promesa de la política, el anónimo nuevo dueño de la bicicleta nos ha dado la oportunidad de volver a medir el nivel de ciertos voceros de la caverna mediática española. En palabras del propio Garzón: "Lo de la bicicleta está dando mucho de sí. ¡Anda que cuando se enteren de que apoyamos la nacionalización de grandes empresas!".

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[1] "Cómo evitar que te roben la bicicleta". Ecomovilidad, 17 de junio de 2010.
[2] "Un diputado de IU reivindica la propiedad privada tras el robo de su bici". La Gaceta, 22 de marzo de 2012.
[3] Vid. "Crítica del programa de Gotha" de Karl Marx.

A los de arriba les interesa la violencia

Las portadas mostradas por los principales periódicos de corte conservador el 1 de marzo de 2012 demuestran el interés del establishment mediático de satanizar cualquier tipo de movilización por parte de la clase trabajadora. Las conductas violentas de unos pocos, cuyo comportamiento nada tiene que ver con el sentir de las mayoría de los ciudadanos, se utilizan como argumento para desacreditar a los manifestantes, pasando a un segundo plano las reivindicaciones que les hicieron salir a las calles. 

Las movilizaciones llevadas a cabo el pasado 29 de febrero de 2012 contra los recortes sociales tuvieron inmediata respuesta por parte de los medios de comunicación de corte conservador. Al día siguiente, las portadas de los periódicos afines -la gran mayoría de los actualmente disponibles en los kioskos- mostraban imágenes de calles ardiendo como consecuencia de apocalípticos disturbios acontecidos durante las movilizaciones. Resulta lamentable el interés de aquellos medios de vincular el comportamiento violento de unos pocos con el sentido de las manifestaciones.

Ninguna de las portadas mencionaban los motivos que condujeron a decenas de miles de ciudadanos a salir a las calles. Tampoco mencionaban que las movilizaciones del 29 de febrero partían de la convocatoria a nivel continental de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para protestar contra las políticas de recortes y reformas estructurales que se están produciendo en toda la Unión Europea[1]. La denominada Jornada de Acción Europea surge como consecuencia de la preocupación generalizada entre los ciudadanos del continente ante una Unión Europea cada vez más alejada de la Europa de los Pueblos, cuyo único objetivo parece ser la defensa de los intereses de los grandes poderes concentrados en la banca privada y los grandes empresarios.

El caso de España es especialmente preocupante al respecto. La crisis ha servido como pretexto para acelerar el desmontaje del limitado estado del bienestar existente a base de continuos recortes en gasto social, privatizaciones y limitaciones en los derechos fundamentales. Si el derecho a una vivienda digna es inalcanzable para muchos, debido a la especulación inmobiliaria, o el derecho a un trabajo -digno o no- un sueño vano para millones de ciudadanos; otros derechos están en proyecto de ser coartados a golpe de ley. Recordemos la insistencia de ciertos grupos de presión, donde se encuentran los grandes empresarios, para limitar el ejercicio de la huelga[2]. Una limitación a este derecho fundamental, de llevarse a cabo, significaría en la práctica poner una mordaza a la clase trabajadora, privarla de su única herramienta efectiva de lucha y negociación. Si en la actualidad se están asentando las bases para coartar el derecho a la huelga, también se está haciendo, no con menos sutileza, lo propio hacia el derecho a manifestación, el instrumento último de la ciudadanía para demostrar su descontento hacia las políticas de quienes gobiernan.

Un sentimiento de decepción hacia la clase gobernante se acrecienta día a día tras comprobar cómo la sangría de recortes no sólo no se detiene, sino que amenaza a derechos que pensábamos intocables. Parte de la ciudadanía confió su voto a un partido político que se presentaba como alternativa a aquel que traicionó el "no os fallaré"[3]. La campaña, a cualquier costa, por parte de los medios de comunicación a favor del partido candidato, sumada a una serie de promesas por parte de aquél[4], ilusionaron a muchos ciudadanos con una pronta salida de la crisis y la reedición de un mitificado milagro económico de Aznar y Rato. La decepción no tardará mucho en convertirse en rabia cuando la dinámica de la precariedad y el desempleo no se detenga ante la ofensiva de los recortes anunciados y, sobre todo, de los no anunciados.

Las movilizaciones del 29 de febrero no fueron más que el primer aviso de una población que se ve con el agua al cuello, cuya confianza en la clase gobernante decrece día a día. El muro de contención del establishment mediático es cada vez menos efectivo. El circo sólo es eficiente cuando va acompañado de pan. Cinco millones de parados y ninguna perspectiva de mejora sólo garantizan aguas revueltas. Por desgracia, en aquellas aguas sólo pescan los de siempre. La CEOE ha conseguido imponer su soñada reforma laboral que deja al trabajador más desprotegido que nunca[5]; los sistemas públicos de sanidad y educación se encuentran bajo mínimos; en la práctica, la protección a las personas mayores -léase Ley de Dependencia- ha pasado a ser historia.

A pesar de los ecos de una prensa que abraza cada día más el amarillismo, las movilizaciones ciudadanas son pacíficas. El hecho de que grupos de descontrolados aprovechen las circunstancias para causar disturbios, la mayoría de las personas que deciden salir a las calles a exigir un cambio de dirección lo hacen con el único deseo de ser oídas. La gente es pacífica por naturaleza, de hecho aguanta lo inenarrable antes de decidir dar el paso a la protesta. Se trata de ciudadanos, padres y madres de familia, estudiantes, desempleados, gente preocupada por su futuro. La violencia no es una alternativa para los ciudadanos que deciden movilizarse, aunque habitualmente la encuentren frente a ellos a causa de gobernantes que deciden interpretar las leyes de la peor de las maneras para ordenar su disolución a base de cargas, como si nos retrotrajéramos al más gris de los pasados.

La violencia beneficia a los grandes poderes, pues vemos que los actos vandálicos de unas minorías se utilizan para desacreditar el esfuerzo de miles de ciudadanos que deciden salir a las calles legitimados por la necesidad de defender sus derechos. Los medios de comunicación al servicio de los grandes poderes insisten en meten en el mismo saco a manifestantes pacíficos y descontrolados violentos, es el modo más efectivo de conseguir el rechazo social por parte de la población que decide quedarse en sus casas y evitar así posibles adhesiones a una causa que afecta a todos. La prensa amarillista demostró una tremenda falta de ética al mezclar además violencia con partidismo, al sugerir una relación directa entre los manifestantes -identificados todos como violentos- con el anterior Gobierno, ahora en la oposición. Frases como "[manifestarse] para ganar en la calle lo que perdieron en las urnas"[6] demuestran la falta de sensibilidad democrática de quienes se supone que tendrían que informarnos en vez de manipularnos.

La ciudadanía no puede caer en la trampa mediática de creerse lo que dice la prensa; todos hemos de recordar que los ciudadanos que deciden salir a la calle a movilizarse lo hacen como recurso último ante un panorama desolador, en defensa de los derechos de la mayoría. Quizás mañana tenga que salir a protestar quien hoy se refugia en el calor de su hogar a la espera de que las cosas se arreglen por sí solas, pero nadie desea unir sus reivindicaciones a la de gente tachada como violenta. La violencia es, por tanto, el recurso de unos pocos que perjudica los intereses de la ciudadanía a quien la razón, en el marco de los derechos fundamentales, apoya. Cualquier atisbo de violencia será aprovechado por los medios, controlados desde los grandes poderes, para desacreditar cualquier movimiento ciudadano ante la opinión pública nacional e internacional; además de justificar agresiones por parte de las fuerzas antidisturbios, reduciéndolo todo a enfrentamientos entre policías y ciudadanos, trabajadores todos, mientras los poderosos sonríen complacidos desde sus seguras torres de marfil.

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[1] "CCOO y UGT piden que el 29 de febrero se rechacen los ajustes europeos". El Economista, 24 de febrero de 2012.
[2] "La patronal pide restringir el derecho de huelga". Público, 16 de febrero de 2012.
[3] "No os fallaré". El País, 30 de agosto de 2010.
[4] Recopilación de promesas electorales del Partido Popular en el blog Escolar.net.
[5] "No es una reforma laboral; parece un ‘atraco’ masivo". El Plural, 11 de febrero de 2012.
[6] "El PSOE insiste en tomar la calle". El Imparcial, 29 de febrero de 2012.

El fin del "TDT Party"

Se habla últimamente del fin (en el sentido de final) del TDT Party, reflejado en el proceso captación de fondos por parte de Intereconomía. En este artículo se reflexiona acerca de los motivos que hacen que estos canales de televisión se encuentren en una aparente situación de precariedad económica, sugiriéndose la posibilidad de que simplemente cumplieron el fin (en el sentido de finalidad) para el que fueron creados, por lo que el destino de cada canal podría ser su reconversión o su simple desaparición.

Con la implantación de la televisión digital terrestre llegó un aluvión de cadenas de televisión con un denominador común: una línea editorial claramente ultraconservadora cuya programación parecía casi exclusivamente orientada a mantener campañas de acoso y derribo contra el gobierno de Zapatero y, en general, contra cualquier cosa que les pudiera sonar a izquierdas. La virulencia de sus tertulianos contra el partido del gobierno evocaba para muchos las maneras de Sarah Palin, y su Tea Party, hacia el presidente Obama, por lo que este grupo de canales pasó a conocerse como el TDT Party.

Días después de la derrota electoral del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 22M, comienzan a publicarse noticias sobre el desmoronamiento de estas cadenas, al parecer, por motivos de viabilidad económica. A la sorpresa que la noticia ha supuesto para la mayoría se le suma el alivio de pensar que la etapa de mayor acritud en los medios de comunicación españoles puede estar a punto de terminar.

Sin embargo, es difícil aceptar que el fin de estas cadenas, ya sea por desaparición o reconversión, se deba a motivos meramente monetarios ya que, visto el panorama político actual y previsible para los siguientes años, más bien parece que éstas ya cumplieron con el fin -de finalidad- para las que fueron creadas y ahora, simplemente, su formato ya no es necesario o, en todo caso, ya no interesa.

Tomando como modelo el politizado Telemadrid de Aguirre, las cadenas Veo, LibertaDigital, Intereconomía, La10 y otras similares surgen a partir del apoyo económico de un empresariado español muy localizado, con grandes intereses en la implantación de políticas neoliberales en el país y claramente ligado al espectro ideológico más conservador. Recordemos el eslógan de Intereconomía: "Porque somos de derechas".

Sus programas estrella consisten invariablemente en tertulias dedicadas a destripar todo lo que sus participantes no consideren dentro de su esfera ideológica. Su modus operandi se reduce a utilizar el insulto fácil (como aquella vez en que llamaron "zorra" a una consejera de la Generalitat), las acusaciones sin pruebas (como vincular sistemáticamente el movimiento 15M con Kale Borroka), continuos argumentos sin base y, sobre todo, repetir las mismas consignas a modo de eslóganes goebelsianos para que se conviertan en verdades implantadas en los subconscientes de los espectadores.

El adoctrinamiento fundamental de todas esas tertulias ha sido que la izquierda es mala; por tanto el PSOE, a quienes interesadamente identifican con la izquierda, es malo. Claro está que los conceptos de izquierdas o derechas que manejan están totalmente tergiversados, puesto que, si a políticas económicas se refiriesen, no encontraríamos demasiadas diferencias entre el neoliberalismo practicado por Zapatero y el que nos imaginamos que aplicaría Rajoy. Sin embargo, en la calle ha calado hondo la cantinela de que la "izquierda" no sirve para crear empleo, que lleva al país a la ruína y otras tantas lindezas sin fundamento que, en realidad, son todas consecuencias directas de la aplicación de agresivas políticas neoliberales en los últimos lustros.

Hay que reconocer, por tanto, que estas cadenas han cumplido su función, demostrado sobre todo tras las elecciones municipales del 22M, al haber movilizado el voto de la derecha a favor del PP y, en cierto modo, desmotivado el voto hacia el PSOE en mucha gente de ideología centrista. De este hecho podemos pensar que el mantenimiento de una línea editorial tan agresiva, tan "somos de derechas", no es atractiva para el posible votante de centro, quien podría desplazar su elección hacia el partido de Rosa Díez. Recordemos que, en un claro guiño a aquel sector del electorado, el eslógan del PP en las municipales era "Centrados".

En el mundo de los negocios la lógica es clara: cuando algo o alguien ha cumplido su función, deja de ser necesario y no se va a seguir financiando. Pero es que, además, la supuesta caída del TDT Party puede guardar un efecto colateral que, bien manejado, puede dañar a Rubalcaba. Si hacemos algo de memoria, recordaremos que el reparto inicial de licencias de TDT fue bastante criticado, al ser La Sexta la principal beneficiada en todo el proceso. Con objeto de evitar acusaciones de tratos de favor, el gobierno socialista tuvo que ceder a la concesión de más canales, la mayoría ocupados por televisiones del sector mediático más conservador. Indudablemente, esta torpeza estratégica debilitaría, sin duda, la hegemonía de PRISA, aliado tradicional del PSOE.

La distribución de la señal TDT en el estado español es algo distinta a la de otros países del entorno, en los cuales se lleva a cabo a través de varios operadores de satélite -como Astra o Eutelsat-, puesto que se realiza esencialmente a base de repetidores terrestres gestionados por la compañía privada Abertis. Los costes de este modo de operación son muy altos, por lo que a las cadenas de TDT les supone grandes inversiones mantenerse en emisión. La reciente reordenación del espectro de la televisión terrestre, a partir de la aplicación de una directiva europea que paulatinamente afectará a todas las emisoras, está siendo utilizada por Intereconomía como arma contra el gobierno, al sugerir que éste está detrás de todo, señalando implícitamente a Rubalcaba como artífice del supuesto complot.

Aún queda otro motivo por el que el TDT Party parece condenado a su final, al menos en el formato que ahora conocemos. Sencillamente, se ha alimentado a un monstruo radical con la capacidad de atacar a gobiernos. No es de extrañar que desde el propio PP se haya considerado que, en una previsible legislatura, cualquier muestra de tibieza por su parte fuera motivo de sufrir ataques desde los tertulianos más ultraconservadores.

No es nuevo que en españa los medios de comunicación estén politizados, de hecho siempre ha existido un reparto de influencias respecto a los dos partidos mayoritarios. No obstante, el TDT Party ha supuesto un nivel de insulto, crispación y demagogia jamás visto. Los ciudadanos no podemos seguir consintiendo la existencia de tales prácticas. Los tertulianos de estas cadenas amparan sus manipulaciones en su derecho a la libertad de expresión, pero hemos de exigirles que no sea a costa de nuestro derecho a la libertad de pensamiento. En la actualidad no podemos evitar que la prensa en su inmensa mayoría esté controlada por grandes grupos mediáticos de tendencias neoliberales, pero al menos podemos exigir el cumplimiento de una ética periodística, dentro de la información veraz, sin manipulación, por el interés general. La llave está en nuestra mano: hasta entonces podemos apagar los televisores.