viernes, 30 de marzo de 2012

Reconocer la derrota es el primer paso para volver a la lucha

Este artículo propone una reflexión en torno a la situación actual de la izquierda, derrotada por el gran capital, condenada al ostracismo, cuya denominación ha sido usurpada por partidos de corte neoliberal, lo cual desmoviliza y sume en la resignación a la clase trabajadora.

La primera entrega de una serie de artículos de Julio Anguita, a ser publicados en el diario Público, ha causado cierta conmoción en los círculos más progresistas de la sociedad española[1]. Acostumbrados como estamos a los análisis del excoordinador general de Izquierda Unida, perfectamente hilados y, como en ocasiones él mismo admite, orientados a hacer pensar a la gente; resulta inquietante que el artículo comience con el reconocimiento expreso de la derrota de la izquierda.

Muchos comentarios en la edición digital del artículo han identificado en las palabras del político andaluz cierto tono de rendición, de resignación a una realidad en la que el demonio neoliberal ha tomado posesión de una sociedad que ya no puede ser exorcizada. En definitiva, tan siquiera la mención de la posibilidad de derrota supone un golpe demasiado duro para ser aceptado por muchos de aquellos que han soñado con un mundo mejor, que han puesto sus energías en avanzar en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que, de repente, los mercados han decidido que han quedado desfasados.

Esta guerra perdida comenzó hace mucho tiempo, generaciones atrás, cuando hombres y mujeres tomaron conciencia de la necesidad de lucha para alcanzar plena justicia social. Se sucedieron revoluciones, se escribieron grandes obras que sostenían con argumentos la legitimidad de la clase obrera para alzarse contra el enemigo que la explota. Un enemigo sagaz, con recursos, a quien una vez tras otra se subestimó, que fue aprendiendo de cada movimiento obrero, que hizo cátedra del keynesianismo y del marxismo. Así cayeron la Comuna de París, la Constitución de Weimar, la imperfecta Unión Soviética; mientras a la incomprendida Cuba la miran con ojos de ave carroñera a la espera de que los hermanos Castro pasen a mejor vida.

Aquella aparente paz entre clases, que se creyó eterna, resultó ser una breve tregua necesaria a causa de la destrucción causada tras una gran guerra fratricida entre hermanos obreros que empuñaban armas fabricadas por las mismas multinacionales que hoy suministran a los ejércitos del mundo entero. El movimiento obrero de una parte privilegiada del planeta, descafeinado ante aquel periodo de calma, no fue capaz de comprender que los Derechos Humanos, declarados por aquel entonces, no fueron más que concesiones que algún día quedarían en papel mojado. Y ese día ha llegado.

La guerra de clases volvía silenciosamente a reactivarse mientras, ignorante a ello, la clase trabajadora del eufemísticamente llamado Primer Mundo, afectada por la fiebre del consumo fácil y el hipnotismo del circo mediático, no plantó resistencia. Dos no luchan si uno no quiere, por tanto lo que tendría que ser una contienda se redujo a masacre. Masacre de derechos, de sueños, de cualquier atisbo de Estado del Bienestar. Como bien dice Anguita, ahí yace la izquierda, dividida, rota, condenada a ser ignorada por utópica y decimonónica, como si la esclavitud que ahora nos quieren imponen los vencedores fuese algo moderno.

Y es que reconocer la derrota es el primer paso para comenzar la reconstrucción y emprender una nueva lucha. Ni siquiera el término izquierda ha sido respetado, vampirizado por terceras vías y personalismos deseosos de escaño que hicieron el juego sucio a los grandes poderes. Es patente la resignación de los trabajadores frente al poder omnímodo de la banca y los grandes empresarios. La clase trabajadora olvidó hace mucho tiempo que con una actitud pasiva no se consiguen avances sociales. Así, cuando hace dos décadas los expertos a sueldo de los hoy vencedores anunciaban en columnas de opinión que el Estado del Bienestar estaba condenado a ser inviable, lo lógico hubieran sido calles inundadas de trabajadores rechazando tan siquiera la insinuación de dar un paso atrás.

La lucha por el progreso social sólo tiene sentido si el pueblo desea ese cambio y se implica en su consecución. Para ello, la clase obrera ha de volver a encontrar su identidad fuera de todo tecnicismo, de toda terminología que la neolengua del neoliberalismo se ha encargado de desacreditar. La guerra de clases sólo podrá ser reemprendida cuando la voluntad de crear un frente común de los "de abajo" sea férrea. Aún quedan recientes los movimientos de indignación que explotaron en mayo de 2011 que, a pesar de sus imperfecciones, tuvieron la virtud de movilizar a una fracción de la población y ganarse momentáneamente la simpatía de la mayoría. Con mucho por mejorar en cuestiones organizativas, el latente peligro de manipulación por terceros y el continuo acoso del enemigo mediático, desde el momento en que supieron proponer ese frente común al que llamaron indignación, estos movimientos marcaron un camino a tener en cuenta.

Entender dónde estamos es el primer paso para encender la luz de la esperanza en un pueblo que, en su fuero interno, no desea vivir de rodillas. El reconocimiento de la derrota frente al gran capital permitirá romper la división entre los movimientos de izquierda actuales que, fusil ideológico al hombro, no pueden permitirse una guerra de guerrillas a la espalda de la ciudadanía. La unión hace la fuerza y los de abajo somos mayoría.


[1] Julio Anguita: "¿Dónde estamos?". Público, 26 de marzo de 2012.

domingo, 25 de marzo de 2012

La propiedad privada y la bicicleta de Alberto Garzón

Hace unos días el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón comentaba en su Twitter, con jocosa resignación, que le habían robado su bicicleta: "Los recortes  llegan hasta el portal de mi casa. Me han robado la única bici que tenía", rezaba el mensaje. Suceso nada fuera de lo anecdótico en un estado donde el 15% de los usuarios de bicicletas ha sufrido alguna vez un robo[1] que, sin embargo, fue aprovechado por los medios de comunicación más conservadores -la conocida como caverna mediática- para mofarse de la suerte del vehículo del diputado y, de camino, impartir lecciones sobre marxismo.

En realidad, poco o nulo interés tienen las opiniones vertidas por comentaristas de plató, expertos en periodismo sesgado o tertulianos que hacen de la parcialidad su modo de vida. Sencillamente, les pagan para que digan lo que les dicten sus patrones. Sus opiniones son la simple repetición goebbeliana del catecismo neoliberal especiado con toques de régimen predemocrático. No usan argumentos, se apoyan en el dogma de la fuerza que confiere saberse erigido en el púlpito privilegiado de los medios de comunicación al que muchos ciudadanos, de buena voluntad, confían su inocente atención. Sin embargo, es difícil no lamentarse ante comentarios tan simplistas, alejados de la realidad, construidos a partir de clichés interesados y el desconocimiento más absoluto.

Y es que el hablar por hablar de aquellos hinchas de la caverna mediática les permite afirmar, sin ningún reparo, que alguien de IU no debería de reivindicar la propiedad privada[2]. Es decir, según esos finos analistas políticos, la gente de izquierdas no cree en la propiedad privada por lo que no tiene derecho a poseer bienes como por ejemplo una bicicleta. Este tópico, interesadamente extendido en la sabiduría convencional, distorsiona totalmente los principios del marxismo, reduciéndolo a una extraña ideología de individuos que deciden vivir alejados de cualquier posesión; así, cuando alguien afirma ser marxista, ha de enfrentarse al típico reproche de no vivir según aquel falso estereotipo, pues según aquella lógica lo coherente es que todo marxista renuncie a sus propiedades y las reparta con los demás.

Nada más lejos de la realidad: una de las premisas del marxismo es que la propiedad privada amasada por el esfuerzo y el trabajo propio es completamente legitima. Lo que el marxismo rechaza es la propiedad privada de los medios de producción[3]. Cuando hoy en día hay movimientos sociales que denuncian que el 1% de la población controle el 99% de las riquezas, realmente está tocando de lleno el asunto de la propiedad de los medios de producción. Como se mencionó anteriormente, toda persona tiene derecho a la propiedad bien adquirida, fruto del trabajo personal, del esfuerzo humano. Esa propiedad puede ser una casa, un ordenador portátil o una bicicleta. En el esquema actual capitalista, el natural esfuerzo del asalariado por adquirir propiedades básicas lo conduce a una progresiva descapitalización, al verse obligado a financiarse a través de la explotación de su trabajo y, normalmente, el endeudamiento con la banca. Esto se comprueba fácilmente al observar cómo la polarización de las rentas es cada vez más extrema, lo que aumenta ostensiblemente la brecha entre ricos y pobres, trabajadores y grandes empresarios. Dicho de otro modo, el capitalismo, a pesar de fomentar el consumo -consumismo- como uno de los motores de la economía, tiende a negar la propiedad privada a las clases más débiles debido a la tendencia de reducir su capacidad adquisitiva, ya sea en sueldos, duración de los productos de consumo, etc.

La propiedad de los medios de producción en manos privadas implica la explotación de los asalariados, quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de unos ingresos mínimos para subsistir y, en lo posible, llevar una vida digna. La negociación entre empleador y empleado para establecer el precio de la fuerza de trabajo que es inevitablemente desventajosa para el segundo. Al ser un objeto de mercadeo, además de la perentoria necesidad del trabajador de tener ingresos, la fuerza de trabajo se ve continuamente devaluada ante la dura competencia por el empleo, situación que se acentúa en épocas de crisis y paro rampante. La única alternativa a esta situación, que es lo que el marxismo propugna, es la socialización de los medios de producción. Los dividendos de las empresas socializadas no serían repartidos entre accionistas ávidos de riqueza que, en demasiadas ocasiones, desvían sus ganancias a paraísos fiscales y negocios faltos de transparencia; sino que revertirían en beneficio de la sociedad misma. Paradójicamente, las pérdidas de  muchas empresas sí que son parcialmente socializadas cuando aquéllas colocan a las administraciones en la tesitura de suministrarles ayudas públicas para evitar despidos que, en caso de realizarse, supondrían nuevos parados cuyas prestaciones de desempleo serían sufragadas con dinero público.

Por tanto, Alberto Garzón está ideológicamente legitimado a poseer una bicicleta, un apartamento o un coche. No se le puede reprochar en absoluto, porque se lo ha costeado con su esfuerzo personal. Nada de extraños y lujosos regalos que, como el caso de políticos de otra casta en estas tierras, no sepa explicar su procedencia. Se trata de una simple bicicleta a partir de la cual un grupo de hinchas del equipo de los banqueros y grandes empresarios han querido hacer gala de supina ignorancia. Fuese un triste ladrón o  algún envidioso con ganas de incordiar a una joven promesa de la política, el anónimo nuevo dueño de la bicicleta nos ha dado la oportunidad de volver a medir el nivel de ciertos voceros de la caverna mediática española. En palabras del propio Garzón: "Lo de la bicicleta está dando mucho de sí. ¡Anda que cuando se enteren de que apoyamos la nacionalización de grandes empresas!".


[1] "Cómo evitar que te roben la bicicleta". Ecomovilidad, 17 de junio de 2010.
[2] "Un diputado de IU reivindica la propiedad privada tras el robo de su bici". La Gaceta, 22 de marzo de 2012.
[3] Vid. "Crítica del programa de Gotha" de Karl Marx.

jueves, 22 de marzo de 2012

Diccionario de la Crisis: huelga

huelga.

(De holgar)
1. f. Derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española de 1978 al que sistemáticamente, con objeto de debilitar a la clase trabajadora, se oponen los grandes poderes mediante presiones a los gobernantes para que acepten limitar o eliminar este derecho.
2. f. Cese temporal del trabajo por parte del asalariado como medio último de presión para conseguir unos objetivos laborales concretos.
~ de estudiantes.
1. f. Derecho de los estudiantes a manifestar colectivamente sus reivindicaciones, habitualmente relacionadas con su malestar por la destrucción y degradación de la enseñanza pública.
~ general.
1. f. Cese temporal de la actividad productiva en un estado, por parte de asalariados y consumidores de todos los sectores, como protesta ante leyes regresivas hacia los derechos de los ciudadanos, como puede ser una reforma laboral que abunda en la desprotección del trabajador.

lunes, 19 de marzo de 2012

La demonización de los sindicatos

El movimiento sindical, herramienta imprescindible para el trabajador a la hora de luchar por sus derechos, se encuentra en horas bajas debido principalmente, errores propios aparte, a la campaña orquestada en su contra desde los medios de comunicación tradicionales. Su debilitamiento supone también una mayor indefensión de la clase trabajadora. 

A riesgo de caer en lo políticamente incorrecto, no es descabellado afirmar que los asalariados somos simple mercancía que se cotiza en el mercado laboral; un mercado acostumbrado a ir a la baja, tendencia ésta agudizada desde el comienzo de la actual crisis. Abundando en lo incorrecto, la reciente reforma laboral nos coloca en el mismo nivel que a cualquier otro objeto de mercadeo; somos carne, abundante y fácilmente reemplazable. Usualmente malvendemos nuestra fuerza de trabajo, ya sea intelectual o física, por un número de horas a la semana, mientras unos pocos sacan pingües beneficios de ello.

Históricamente el trabajador, en su necesidad de sobrevivir y satisfacer sus necesidades más elementales, se encuentra en condición de inferioridad a la hora de pactar la compensación por su trabajo en dinero y beneficios adicionales como vacaciones, horarios, etc. La competencia connatural al mercado laboral limita al trabajador su capacidad de negociar de manera individual condiciones económicas y de estabilidad a la hora de optar a un puesto de trabajo. La unión entre los trabajadores ha sido tradicionalmente el único modo de asegurar al menos unos mínimos; sin embargo, anulada en la práctica la capacidad de negociación colectiva, pocas opciones restan a los trabajadores para huir de un binomio oferta-demanda que no cesa de perjudicar sus condiciones para encontrar y mantener un empleo digno.

El convenio colectivo, negociado entre empresa y trabajadores, es un elemento fundamental para asegurar unos mínimos. La calidad de estos mínimos va a depender de la fuerza de negociación de los representantes de los trabajadores, cuya cohesión y capacidad de organización los colocará en una mejor posición de partida. Tradicionalmente, éstos han estado asesorados y respaldados por los sindicatos de clase, herramientas de los trabajadores para demostrar esa capacidad de unirse frente al empresario.

Nos encontramos ante una época en la que los sindicatos de clase se encuentran debilitados. Su debilidad repercute directamente en la evolución de las reglas del juego del mercado laboral, hoy más hostil que nunca para los trabajadores asalariados. Además de las causas coyunturales asociadas a la actual crisis, gran parte de la debilidad de los sindicatos de clase es responsabilidad propia, especialmente de los llamados sindicatos mayoritarios. La sensación de que los sindicatos mayoritarios no han sabido estar a la altura de las circunstancias, especialmente en lo referido a su tibieza a la hora de responder a una gran cantidad de desafíos y agresiones al nivel de vida de los trabajadores -como el retraso de la edad de jubilación o anteriores reformas laborales-, ha creado un clima de desconfianza a su alrededor que ha mermado considerablemente el tradicional apoyo recibido por parte de los trabajadores.

Es justo reconocer la existencia de ciertas actitudes individuales que han facilitado la creación de esa imagen negativa del sindicalista. Ha habido y, posiblemente, habrá sindicalistas que efectivamente encuentren en el voto de los compañeros la posibilidad de escamotear horas de trabajo en su empresa para beneficio propio, incluso habrá quienes traicionen los intereses colectivos para asegurar su puesto en la empresa o facilitar oportunidades laborales a familiares y amigos. Pero ese tipo de corrupción no puede confundirse con la lucha sindical, pues ésta conlleva un compromiso aceptado por muchos sindicalistas de base, quienes hacen de la lucha sindical un estilo de vida. Este tipo de corrupciones en realidad debilitan, como se demuestra día a día, la capacidad de convocatoria de los sindicatos de clase, quienes no han tenido la previsión o quizás la capacidad de liderazgo suficiente para coartar cualquier tipo de comportamiento insolidario o egoísta entre sus filas.

Por supuesto, detrás de la degradación de la imagen de los sindicatos están las manipulaciones de los medios de comunicación tradicionales, quienes han proyectado en los sindicatos mayoritarios todos los males que sufre la clase trabajadora, magnificando sus errores y, usualmente, contribuyendo a la creación de un estereotipo de sindicalistas vividores a costa del contribuyente, desconectados de la cruda realidad que vive el asalariado. Es ese sentido, la propaganda de los medios de comunicación tradicionales es mucho más dañina que la actitud de unos cuantos vividores pues, aparte del ejercicio de magnificación de los defectos de aquéllos, no dudarán en distorsionar la realidad para convencer al ciudadano de que el sindicalismo es un residuo de épocas pasadas, un sinsentido que sólo sirve para dificultar la creación de empleo y asegurar los privilegios de unos cuantos sindicalistas. Así, se habla de los relojes de lujo de un dirigente sindical -que luego resultan no ser tales-, de los cruceros de otro o de las cervezas que se toman después de manifestarse. Se cuenta que algunos sindicalistas, que forman parte del consejo de una entidad bancaria, ganan varios miles de euros al año sin aclarar que su nómina va íntegramente al sindicato. En definitiva, aparte del sesgo de las noticias, no deja de ser curioso que aquellas críticas sean realizadas por quienes se suponen acérrimos defensores de la libertad individual por encima de otra cosa.

No se puede, sin embargo, hablar de la actual debilidad del movimiento sindical sin realizar un ejercicio de autocrítica desde la perspectiva de clase. Por una parte, la clase trabajadora ha ido acomodándose con el tiempo, volviéndose menos combativa y permisiva ante los ataques a sus derechos por parte de los grandes poderes. Este desclasamiento ha sido también un logro de los medios de comunicación tradicionales, cuya propaganda ha servido para desincentivar la movilización y el espíritu de lucha obrera. Por otra parte, tampoco hemos sido lo suficientemente exigentes con nuestros representantes sindicales a la hora de defender nuestros derechos, llegando incluso a desentendernos del asunto, como si no fuera con nosotros, como ocurrió en parte el 29 de septiembre de 2010.

El movimiento sindical, aunque imperfecto es en estos días más necesario que nunca. Si se intenta demonizar desde los medios de comunicación tradicionales es precisamente porque, desde los grandes poderes, se teme una eventual reorganización por su parte que pudiese llegar a movilizar realmente a las masas. No en vano, detrás de los medios de comunicación tradicionales se encuentran importantes grupos empresariales, artífices de la última reforma laboral, deseosos de profundizar en el desmontaje del Estado del Bienestar y la destrucción de nuestros derechos con el objetivo de acrecentar sus beneficios. Sumarse al actual linchamiento mediático contra el movimiento sindical, además de ser un comportamiento contradictorio por parte de cualquier trabajador, supone la certificación del asalariado como objeto de mercadeo sometido a las leyes de un mercado caprichoso donde el trabajo es un valor a la baja y los derechos del trabajador, incluido el de huelga, mero papel mojado.

Como apunte final, conviene recordar los años treinta del siglo pasado, cuando Alemania alcanzaba los 6 millones de desempleados. Una importante campaña mediática en aquella época señaló a los sindicatos como los principales culpables del enorme paro, al dificultar la creación de empleo con sus exigencias proteccionistas hacia el trabajador. Poco tiempo después, un partido político que prometía devolver a Alemania a la senda del pleno empleo llegaba al poder: de inmediato procedió a la eliminación de los sindicatos obreros, de los subsidios de desempleo, de la seguridad social y, en definitiva, de los derechos de los trabajadores. Cualquier atisbo de justicia social desaparecía así, de un plumazo, en el recién declarado III Reich.

domingo, 18 de marzo de 2012

Algunas excusas para no secundar la huelga general (excusas, sólo excusas)

El inmovilismo tiene a su disposición miles de excusas. En nombre del "derecho a trabajar" miles de trabajadores darán la espalda al resto de sus compañeros de clase al no secundar una huelga que surge como respuesta a una reforma laboral realmente lesiva a los intereses de todos los asalariados. Ahora, más que nunca, la unidad entre los trabajadores es muy necesaria. Esta huelga es una herramienta para demostrar unidad, de ahí que estas actitudes de oposición a la huelga sean aplaudidas desde los grandes poderes.

Tal como era de esperar, el anuncio de huelga general en el Estado español ha conllevado una importante polarización de posturas y opiniones al respecto. Habida cuenta de que la huelga general se convoca a consecuencia de la más regresiva reforma laboral aprobada en tiempos de democracia, igualmente lesiva para asalariados y desempleados, la respuesta de la ciudadanía tendría que ser unánime a favor de esta huelga. Por desgracia, nuestra sociedad se encuentra tan confundida por la contrainformación proporcionada por la mayoría de los medios de comunicación; tan desorientada por la actitud de Gobierno y agentes sociales; y, sobre todo, tan atenazada por el miedo a un presente incierto y a un futuro gris; que hay muchos que se refugian bajo cualquier pretexto para eludir su responsabilidad de hacer uso del derecho a huelga, instrumento imprescindible en una época como la actual para frenar la sangría de recortes y agresiones sociales que la clase trabajadora lleva sufriendo en los últimos tiempos.

En la calle, en los foros, en las redes sociales, durante estos días podemos oír y leer las opiniones de personas contrarias a la huelga, en su mayoría trabajadores -ya sean en activo o desempleados-, quienes por cuenta propia han decidido tomar cierta actitud activista en la divulgación de excusas en las que basar su decisión de acudir a trabajar el próximo 29 de marzo. Como excusas que son, todas están basadas en falacias fácilmente desmontables pero bien vistas -y sostenidas- desde los medios de comunicación más conservadores.

"No voy a la huelga porque la convocan los sindicatos"

Se trata de la excusa "estrella" en muchos foros y a pie de calle. La enorme campaña de descrédito desatada contra los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- a través de muchos medios de comunicación ha terminado cumpliendo su objetivo. Ciertamente, por demérito propio, los sindicatos mayoritarios no han sabido estar a la altura de las circunstancias, ejemplificadas en su aceptación apenas sin lucha de anteriores reformas laborales. A pesar de las horas bajas por las que pasan los sindicatos mayoritarios, hay que ser conscientes de que sus bases están fundamentalmente compuestas por gente luchadora y con capacidad de movilización, que creen y se aplican en la lucha obrera. En cualquier caso, todos los sindicatos de clase del Estado español apoyan la huelga del 29 de marzo -a diferencia de algunos denominados "sindicatos independientes", que no la secundarán-, lo que implica que los motivos que llevan a esta jornada de huelga general va mucho más allá de los intereses particulares de UGT o CCOO.

En todo caso, hemos de recordar siempre que las huelgas las convocan los sindicatos pero las secundan los trabajadores. El sindicato es necesario al ser la herramienta fundamental para la organización de la clase trabajadora; su desaparición supondría la vuelta a la época de la gleba, donde cada trabajador negocia sus condiciones de trabajo con el empleador de turno en relación de inferioridad al no haber unos mínimos a partir de los que comenzar las negociaciones. Esta última reforma laboral ataca directamente a los convenios colectivos, por lo que la indefensión del trabajador es ahora más real que nunca.

Así, quien afirme no ir a la huelga porque ésta la convocan los sindicatos, simplemente habla desde el desconocimiento. Podrá esgrimir que los sindicatos no han hecho nada por su persona en particular, ignorando que cada conquista social de la que actualmente disfruta -quizás no por mucho tiempo- proviene de la lucha sindical. El problema no es ya la percepción de que los sindicatos actualmente no nos den nada, sino la fortaleza de los lobbies empresariales en disposición de quitarnos lo poco que tenemos. Y lo harán sin dudarlo si no ponemos todos y todas de nuestra parte.

"No voy a la huelga para defender los intereses de aquel sindicalista que lleva un Rolex"

Esta excusa no es más que la particularización de la expuesta en el párrafo anterior en la persona de un dirigente sindical en concreto, carnaza de los tiburones mediáticos para desacreditar a las fuerzas sindicales. Resulta cuando menos paradójico, y posiblemente mezquino, que aquellos que se autoproclaman abanderados de la libertad individual señalen a alguien en particular, por muy sindicalista que sea, por utilizar un reloj de lujo -máxime cuando luego se demostrase que el supuesto Rolex era un reloj similar de otra marca[1]-. La preocupación de los trabajadores ha de ser la eficiencia con la que los sindicalistas defienden nuestro intereses de clase y no los supuestos lujos alrededor de su vida privada. Cualquier otro asunto implica entrar en el juego de cadenas de televisión y prensa que toman el papel de voceros de quienes les financian, grandes empresarios que sí que disfrutan de todo tipo de lujos a costa de nuestro trabajo.

"No voy a la huelga porque aún es demasiado pronto"

Esta excusa se basa en la esperanza de que la crisis se solucione por sí misma. De nuevo, se trata de una opinión mediatizada por las continuas informaciones de los medios de comunicación, que nos explican que esta crisis terminará cuando se hayan realizado los ajustes necesarios. La realidad es que nos encontramos en un serio proceso de desmontaje del mediocre Estado del Bienestar que hemos podido disfrutar en España. Las políticas ofrecidas por el actual Gobierno, con la aquiescencia de Angela Merkel, se basan en el control del déficit público a base de ajustes, eufemismo éste para referirse a recortes en gastos sociales y derechos laborales. El propio FMI ha llegado a advertir del peligro de tales políticas de ajustes, que pueden agravar la recesión de las economías más débiles, como es el caso de la economía española[2].

El primer paso necesario para reactivar la economía española pasa por la aplicación de políticas expansivas, esto es la realización de inversiones públicas para crear empleo y asegurar el nivel de vida de la población. Las políticas actuales van en el sentido contrario; así que a más tiempo dejemos pasar sin protestar contra tanto recorte, peor serán sus consecuencias sobre nuestros estándares de vida.

"No voy a la huelga porque tengo la esperanza de que esta reforma laboral sirva para crear empleo"

La nueva reforma laboral se justificó ante la necesidad de eliminar las supuestas rigideces del mercado laboral, identificadas como causas del desempleo. La realidad es que no existe correlación entre la creación de empleo y la rigidez del mercado laboral. Entendamos en primer lugar que se identifica rigidez con dificultad para despedir o, lo que es lo mismo, los costes para el empresario para destruir empleos. Además, parece ser que sólo se puede hablar de creación de empleo, pero no de la calidad de aquél. Como ya se argumentó en puntos anteriores, sin la existencia de los puntos de partida para la negociación, las condiciones de los nuevos contratos -y posiblemente los ya existentes- estarán condenadas a mínimos.

Además de la dudosa capacidad de esta reforma laboral para crear nuevos empleos de calidad, hay que señalar que ésta constituye, en palabras de Jueces por la Democracia, "uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y que materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta"[3], que además "limita las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentiva el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales". Es decir, la nueva reforma laboral coloca en una posición de ventaja al empresario respecto al trabajador a todas luces injusta, que condena a este último a una evidente situación de debilidad y consecuente precariedad.

El empleo no se crea a base de recortar derechos a los trabajadores; se crea a partir de la voluntad política de fomentar la creación de puestos de trabajo a partir de una seria apuesta por el desarrollo del sector público[4], consecuencia de políticas económicas expansivas: justamente lo opuesto a las actuales políticas del Gobierno.


[4] Vicenç Navarro: "¿Por qué España tiene un desempleo tan elevado?". El Plural, 12 de marzo de 2012.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Demagogia en torno a la Huelga General

Tal como vaticinó Rajoy, la reciente reforma laboral ha conllevado la convocatoria de una huelga general. Tras su anuncio, la maquinaria mediática al servicio de los grandes poderes ha comenzado su trabajo de desinformar y confundir a los trabajadores para minimizar el número de adhesiones a la huelga.

Desde el anuncio de la huelga general, convocada para el 29 de marzo de 2012, hemos podido ver multitud de voces en contra. Por una parte, la mayoría de los gobernantes claman que esta huelga tan sólo traerá perjuicios para la ya maltrecha economía nacional[1]; por otra, las confederaciones de empresarios victimizan a las propias empresas de las previsibles pérdidas a consecuencia de un día de huelga[2]. Como es de esperar, la escalada de calificativos alrededor de la convocatoria de huelga crece por días, pudiéndose destacar perlas como las lanzadas por Esperanza Aguirre que la califica de "escándalo" y "falta de patriotismo"[3].


A las élites empresariales del Estado español no les ha gustado en absoluto que los trabajadores decidan organizar una huelga general como respuesta a la reforma laboral más dura jamás impuesta en el Estado español. Los gobernantes, convertidos en fieles capataces, no durarán hasta el último momento en utilizar sus privilegiados púlpitos para desalentar a los trabajadores a secundar una huelga a todas luces necesaria. Por descontado, Gobierno y Patronal tendrán a su disposición el eco del poder mediático en todo su esplendor, habida cuenta que detrás de los medios de comunicación tradicionales se encuentran grandes emporios empresariales que también han salido beneficiados por la reciente reforma laboral.

Muchos días han pasado desde aquel posiblemente intencionado despiste de Mariano Rajoy en el que confesase a micrófono abierto a sus homólogos de Holanda y Finlandia que la reforma laboral que estaba por llegar le iba a costar una huelga general[4]. De hecho, para el día de la huelga habrá pasado un año desde que se filtró a la prensa el siguiente comentario de Rajoy -quien ya entonces se veía presidente- a sus allegados sobre las políticas que pensaba tomar una vez en el Gobierno: "si en los seis primeros meses no me montan tres huelgas generales, no lo estaré haciendo bien"[5]. Las varias referencias a posibles huelgas por parte del ahora Presidente a lo largo del tiempo parecen, en primer lugar, un juego de tanteo para comprobar los ánimos entre los ciudadanos, quienes en gran parte parecían haber asumido a pies juntillas la necesidad de aceptar recortes, ajustes y reformas laborales. No puede ignorarse, entre aquellos gestos del Presidente Rajoy, ciertos guiños hacia la troika comunitaria. De hecho, más importante que la medición de los ánimos de los trabajadores es el mensaje a Merkel -y a la banca privada alemana- de su disposición a reducir a mínimos los derechos de la clase trabajadora española, cueste lo que cueste, en una demostración de "autoritarismo machista"[6].

En todo caso, ningún gobierno puede permitirse una legislatura a la sombra del descontento popular y las consecuentes movilizaciones. Por ello, el Gobierno de Rajoy ha aplicado su usual política de tantear la situación en todos los frentes que ha podido. De este modo, fue muy significativa la reacción de la población de todo el Estado ante los recientes sucesos de Valencia, donde una desproporcionada e ilógica sucesión de intervenciones de los cuerpos antidisturbios contra chicos de instituto despertaron la indignación de un importante sector de la ciudadanía, que tomó las calles de las grandes ciudades en señal de protesta. La temperatura a pie de calle ha resultado ser más elevada de lo que Rajoy previó el día del micrófono abierto, la ciudadanía menos dormida y la clase trabajadora esté quizás aún lejos de tirar la toalla.

La carta que queda al Gobierno es la división, un juego en el que cuenta con el inestimable apoyo de los medios, convertidos más que nunca en caverna mediática, que se han acomodado a la perfección a los quehaceres del Presidente. Rara vez veremos informaciones, análisis, declaraciones u opiniones acerca de la próxima huelga general que hagan referencia a su causa principal, la injusta reforma laboral aprobada por el partido gobernante. Hemos leído y continuaremos leyendo mensajes catastrofistas sobre el impacto económico de la huelga, acusaciones de antipatriotismo, llamadas al desánimo a unirse a una huelga que no servirá para nada o que ha sido convocada demasiado tarde. Sin embargo, los mensajes más insidiosos irán a fomentar la división entre los trabajadores.

Una vez más se intentará hacer uso los desempleados, utilizados una vez más como "ejército de reserva" y fuerza de confrontación hacia los trabajadores que decidan hacer efectivo su derecho a la huelga. Cuando la ministra Báñez afirma que ninguna huelga general crea empleo[7], probablemente va en ese sentido. Ya la anterior huelga contó con la oposición de algunos colectivos de desempleados, contaminados por la propaganda creada con tal propósito[8]. Por supuesto, se insistirá en la necesidad de respetar el derecho individual a elegir trabajar el 29, obviando que -esquiroles o no- esta reforma laboral afecta a todos por igual y, sobre todo, la cantidad de pequeñas empresas a cuyos trabajadores les es imposible en la práctica ejercer su derecho a la huelga, sabedores que una actitud de rebeldía pondría en peligro su continuidad en el puesto. Asimismo, se demonizará a los piquetes informativos, se ensuciarán los trapos necesarios para destacar los pecados de los sindicalistas, mezclando injustamente a los vividores -que los hay- con aquellos que hacen de la lucha sindical su causa de vida. Se publicarán noticias con encuestas confusas cuyos resultados indicarán  previsiones de poco seguimiento[9].

Confusión, desinformación, demagogia, llamadas a la desunión y al desánimo. Es lo que nos espera durante los días previos a la huelga general, la huelga más importante y decisiva que haya sido jamás convocada en el Estado español. Recordemos que ninguna huelga cae en saco roto, siempre tendrá alguna repercusión, pues implica un serio pulso a los gobernantes por parte de la ciudadanía y, ante todo, una inequívoca demostración de unidad. Los trabajadores griegos han salido a la calle en múltiples ocasiones desde que la crisis se convirtió en la excusa para robarles sus derechos. Ciertamente, en Grecia la clase trabajadora lo está pasando muy mal pero, ¿acaso no estarían aún mucho peor si hubieran aceptado cada una de las imposiciones de sus gobernantes, fruto de las exigencias de la voracidad de la gran oligarquía europea? La movilización es el único modo que queda al ciudadano para demostrar su disconformidad con el rumbo que está tomando su situación en el mundo del trabajo y sus derechos en general. La unión hace la fuerza, cosa que hay que demostrar ahora más que nunca. Ya habrá tiempo de señalar a aquellos sindicalistas que en muchos momentos nos han fallado, ahora es el momento de recordar y comprender que las huelgas las convocan los sindicatos pero las lideran los ciudadanos. Los derechos que no se ejercen terminan perdiéndose, de ahí el interés de los grandes poderes de que desistamos secundar la próxima huelga general.


[1] Por ejemplo, véanse "Bauzá: ´Una huelga general no ayudará a reactivar la economía´". Diario de Mallorca, 1 de marzo de 2012; o "Artur Mas advierte que la huelga general perjudica a la economía y que ´no llevará a ningún sitio´". Diario Crítico, 10 de marzo de 2012.
[2] "Huelga general. CEOE denuncia que es una ´huelga política que van a pagar las empresas´". El Economista, 12 de marzo de 2012.
[3] "Esperanza Aguirre: ´El 29-M me parece un escándalo, es una falta de patriotismo´". ABC, 13 de marzo de 2012.
[4] "Rajoy, 'pillado': ´La reforma laboral me va a costar una huelga´". Público, 30 de enero de 2012.
[5] "Rajoy dará sorpresas en su Gobierno: muy corto, con ministros de fuera del PP. ´Si en los seis primeros meses no me montan tres huelgas generales, no lo estaré haciendo bien´". El Confidencial, 21 de marzo de 2011.
[6] Término que expresa perfectamente el prepotente comportamiento del Gobierno acuñado por Vicenç Navarro. Ver "La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales". Sistema, 17 de febrero de 2012.
[7] "Báñez recuerda que ninguna huelga general crea empleo". ABC, 13 de marzo de 2012.
[8] Véase, por ejemplo, esta nota de prensa de una asociación de parados, emitida el 10 de septiembre de 2010, ante el lema "¿yo a qué voy?".
[9] Por ejemplo, "´No a la Huelga General´, Trending Topic en España". Libertad Digital, 9 de marzo de 2012.

lunes, 12 de marzo de 2012

"No va a haber crecimiento económico", por supuesto que no con la actual política económica

Lleva toda la razón Mariano Rajoy cuando afirma que no va a haber crecimiento económico, aunque confunde causas y efectos cuando intenta profundizar en el asunto. El problema es que sus planteamientos neoliberales asocian el crecimiento al control del déficit mediante la aplicación de políticas de austeridad cuando, en realidad, serían las políticas expansivas junto a un férreo control del fraude los elementos necesarios para relanzar la economía española.

¿Por qué la obstinación del Gobierno del Estado español en mantener unos presupuestos en clave de recortes? El Presidente Mariano Rajoy no sólo continúa sino que agudiza las políticas iniciadas por el anterior gobierno de legislar a base de recortes. Cayo Lara preguntó a Rajoy por la posibilidad de derivar a políticas expansivas, habida cuenta del fracaso que, con datos en mano, están suponiendo las actuales políticas de austeridad, consistentes básicamente en minimizar el gasto público y, con ello, toda protección a las clases trabajadoras. La respuesta de Rajoy fue la siguiente:
Para serle franco, yo prefería aumentar los presupuestos de gastos en un 20%; podría hacer muchas más cosas, podría haber más prestaciones y, lógicamente, no hay ningún gobierno que tenga entre sus objetivos no aumentar sus presupuestos para no hacer más cosas. Pero el problema es que esto no es realista, no es posible porque no va a haber crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no hay ingresos.
La contundente afirmación de que "no va a haber crecimiento económico" es absolutamente sincera y realista; sin embargo, en su alocución, el Presidente confunde causa y efecto, puesto los ingresos no han de ser necesariamente consecuencia del crecimiento económico, sino más bien el crecimiento económico puede perfectamente tener lugar a partir del aumento de los ingresos.

Como expuso el diputado Lara, la economía española no puede permitirse 60 mil millones de euros de fraude fiscal -cifra elevada a 70 mil millones según otras fuentes[1]- ni 30 mil millones más de fraudes relacionados con el empleo. Un estudio no oficial de  investigadores del IEF (Instituto de Estudios Fiscales) cuantificaba la economía sumergida en un 21% del PIB nacional, mientras la Fundación de las Cajas de Ahorros la llegó a estimar en un 24%[2]. Una lucha eficiente contra el fraude fiscal, y por extensión contra cualquier tipo de corrupción, conllevaría unos ingresos equivalentes al coste del sistema sanitario público de todo el Estado. Lucha, por otra parte, dificultada con la continua reducción de personal en la Agencia Tributaria que lleva dándose desde hace cuatro años. La ecuación es clara: a menos presupuesto se dedique a la lucha contra el fraude, menos fraudes serán descubiertos y menor serán los ingresos correspondientes.

Otro sumando a los ingresos que estimularían la economía del Estado vendría de una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más las rentas del capital que las rentas del trabajo, precisamente las que con sus impuestos están soportando en este momento la mayor parte de los presupuestos del Estado. Por otra parte, un desplazamiento de las cargas fiscales desde las rentas del trabajo a las del capital sería un primer paso para aliviar las economías familiares y estimular el consumo interno.

En todo su discurso, el señor Rajoy obvió la importancia del control del fraude o la cuestión de la excesiva carga fiscal sobre las rentas del trabajo para centrarse en el problema del déficit con argumentos simplistas que parecían concebidos exclusivamente para causar lástima:
Mire usted, el año pasado en España, las administraciones públicas gastaron 90 mil millones de euros más de los que ingresaron, y ese dinero hay que ir a pedirlo fuera. Oiga, ¿y qué pasa si no nos lo dan? o ¿qué pasa si nos lo dan a tipos absolutamente inasumibles?, porque de eso hemos estado hablando en los últimos años en nuestro país, ¿o garantiza usted que si tenemos un déficit público nos vamos a financiar sin ningún tipo de problema? Yo, desde luego, no lo veo así, y además es que tenemos que refinanciar nuestra deuda pública, más de 700 mil millones de euros con muchos vencimientos anuales.
El argumento de la reducción del déficit parece exclusivamente destinado a excusar continuos e interminables recortes en gastos sociales y el Estado del Bienestar. Partiendo del compromiso, a todas luces injusto, de mantener el déficit público por debajo de la cifra fijada por el Banco Central Europeo, podríamos asumir la necesidad de tranquilizar a los acreedores referidos por Rajoy. Sin embargo, ante tal circunstancia, es lógico suponer que si el elemento de confianza de aquellos acreedores en la deuda española es el déficit público, éste se puede mantener o bien reduciendo gastos o bien aumentando ingresos. El aumento de estos últimos podría venir, como ya se ha dicho, a partir del control del fraude y el aumento de la presión fiscal a las rentas del capital. Los ahorros o recortes tendrían que ser aplicados, exclusivamente, en la actual financiación de elementos ajenos al Estado del Bienestar como la Iglesia o Defensa.

La austeridad para el control del déficit no es el camino, pues supone un importante freno a la economía que destruye empleo, precariza el que queda y frena de seco el consumo interno. Recordemos las consecuencias de las políticas de austeridad en el 2011, que implicaron un crecimiento del 0,9% y 570 mil parados más; a principios de marzo de 2012, con el mismo tipo de política, se prevé un decrecimiento del 1,7% para el año en curso, con la correspondiente destrucción de empleo que implica. Hay otros modos de levantar la economía del Estado español, pero para ello hace falta voluntad política y valentía para desafiar a la voluntad neoliberal de las oligarquías de España y Europa.



[1] "El coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español". El Economista, 12 de enero de 2012.
[2] "El fontanero y el fraude fiscal". El País, 3 de marzo de 2012.

jueves, 8 de marzo de 2012

Despierta, porque mañana será aún peor

Corría el año 2008 cuando el mundo fue declarado en crisis. Ese mismo año Keny Arkana escribía este tema que adelantaba lo que una parte de la población comienza a sufrir en estos momentos. Merece la pena leer la traducción de la letra de esta canción[1], un llamamiento a la unidad del pueblo:

Esto apesta a injusticia, la tormenta ha sido programada,
todo va cada vez más rápido, la guerra ha sido proclamada.
Una guerra glacial cada vez menos discreta
contra los pobres y los que rehusan formar parte del disquete.
Dividir al populacho, instaurar el estado policial
si te sales de la fila te golpeará la porra del oficial.
Nuevo Orden extraoficial, terrorismo oficial,
múltiples ganancias para instaurar la vigilancia y el miedo.
Apaga tu tele y sus programas para retrasados,
apaga tu tele antes de acabar alienado,
propaganda de miedo para una sumisión oficial,
metro, trabajo, cama, biometría y fichaje.
Los rebeldes se pudren en la cárcel,
noticias de desapariciones, marketing para que aceptes chips en el cuerpo,
tenemos que despertar, mañana será aún peor,
los muros se estrechan, hay cada vez menos espacio.

Despierta, nos han declarado la guerra...
Despierta, pueblo del mundo e hijo de la tierra...
Despierta, antes de llegar al punto de no retorno...
Necesitamos a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo...
Despierta, porque mañana será aún peor...
Despierta, antes que nos pongan chips en el cuerpo...
Despierta, todas nuestras vidas están en juego...
Despierta, des-pier-ta.

Esto apesta a injusticia y la tormenta está cerca,
pueblo alienado, políticas para embaucarnos,
terrorismo de estado muy conciso,
pueblo explotado, condenado a consumir lo que construye.
Prisiones a cielo abierto con crímenes y normas,
las fronteras son barricadas de la muerte.
Desconfía de las cámaras de seguridad, guardianes del desastre,
desconfía, porque las detenciones se converten en redadas.
Condenan al excluido, propagan la exclusión,
explotan a los más pobres antes de apretar "expulsion".
Hacen caza de niños, la policía en las escuelas,
los velos les molestan, no más policía en las escuelas.
Si estubiéramos unidos no podrían sembrar el caos,
no creemos en su justicia, creemos en la de Arriba,
hermano no pierdas la fé, tu que no crees,
te necesitamos, mi hermana, te necesitamos.

Despierta, nos han declarado la guerra...
Despierta, pueblo del mundo e hijo de la tierra...
Despierta, antes de llegar al punto de no retorno...
Necesitamos a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo...
Despierta, porque mañana será aún peor...
Despierta, antes que nos pongan chips en el cuerpo...
Despierta, todas nuestras vidas están en juego...
Despierta, des-pier-ta.

Esto apesta a injusticia y la tormenta ha comenzado,
antes del combate demasiados hermanos han renunciado,
Dime, ¿a que esperamos para construir sin ellos?
¿a que el sol desaparezca o a que sus ejércitos sean clones?
Energia nuclear saqueando la creacion,
proceso establecido de deshumanización,
mente saturada de bombardeo subliminal,
Los grandes medias pertenecen a fábricas de armas,
mira en que mundo vivimos,
el saber es un arma necesaria, o patentarán lo viviente.
La ciencia está al servicio del miedo
porque un virus es mejor que una guerra para exterminar a un pueblo.
No tengamos miedo, confiemos en nosotros mismos,
la vida está con nosotros, sí, la vida está con nosotros,
Mi hermano, mi hermana, estemos unidos,
si hemos de ir a morir juntos, ¡vayamos ahora!

Despierta, nos han declarado la guerra...
Despierta, pueblo del mundo e hijo de la tierra...
Despierta, antes de llegar al punto de no retorno...
Necesitamos a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo...
Despierta, porque mañana será aún peor...
Despierta, antes que nos pongan chips en el cuerpo...
Despierta, todas nuestras vidas están en juego...
Despierta, des-pier-ta.

No tengas miedo porque nosotros somos el mundo,
el sistema no es nada sin nosotros,
recuperemos el espacio público, nuestras calles, nuestros barrios,
No jodamos el sistema intentándolo destruir,
jodamosle construyendo sin él,
construyamos, retomemos nuestras vidas con nuestras manos,
porque las suyas están llenas de sangre,
Intercambiemos, todos tenemos algo para aportar al otro,
y no dejemos nuestras competencias a Babilonia,
démoslas a la resistencia que está en marcha,
formamos parte de la solución,
no olvidemos que somos el mundo,
incluso si tienen la cifra somos mas fuertes, tenemos el número:
¡Un pueblo unido jamás será vencido!



[1] "Reveillez-vous" del álbum Désobéissance (2008).

domingo, 4 de marzo de 2012

Los intereses de España, ¿qué intereses?

Cuando el presidente Rajoy explica a los españoles que la obligación impuesta desde la Unión Europea de controlar del déficit es compatible con "nuestros intereses" debería explicar quiénes son los beneficiarios de esos intereses. El control excesivo del déficit no es más que la aplicación de la doctrina neoliberal que beneficia exclusivamente a la banca privada y a las grandes empresas.

La doctrina económica de la Unión Europea está controlada por quienes podríamos denominar talibanes del déficit[1]. El mantra que repiten hasta la extenuación es que todo déficit es malo y hay que evitarlo a toda costa. Aunque la experiencia de la Gran Depresión que tuvo lugar a principios del siglo pasado demuestra que, en momentos de crisis, es necesario la aplicación de políticas expansivas, ningún estado se atreve a desafiar el dogma neoliberal, lo que posiblemente aboque a un desastre que sufriremos principalmente los ciudadanos.

La llegada al poder del Partido Popular en España fue vista por muchos como una posibilidad de cambio a mejor, recordando quizás un mitificado -e inexistente, salvo en la mitología de la prensa conservadora- milagro económico del tándem Aznar-Rato. El proyecto de salida de la crisis a base de recortes, que mal que bien una parte de la población aceptó implícitamente al dar su voto a este partido[2], se topó con la cruda realidad de una Europa sumida en el pragmatismo neoliberal que sólo entiende de números. No bastan con unos cuantos recortes que "no tocarán lo esencial" para conformar a la élite económica europea, los talibanes del déficit exigen unos guarismos que el presidente Rajoy sabe que son imposibles de conseguir sin comprometer su credibilidad ante la opinión pública y la estabilidad de su propio gobierno[3].

Cuando, en unas recientes declaraciones, el presidente Mariano Rajoy declara que "controlar el déficit es compatible con los intereses del país"[4] lo que realmente hace es justificar su fracaso en su vano intento de convencer a Europa de permitirle un mayor déficit para el presente año. Rajoy sabe que la consecución del objetivo de déficit marcado por la Unión Europea sólo será posible a base de la defenestración de lo poco que queda el Estado del Bienestar, lo que será fuente de movilizaciones ciudadanas y descrédito para su gobierno.

En democracia no se puede gobernar de espaldas al pueblo. La necesidad de salir de la crisis ha servido como excusa para aplicar políticas regresivas -llamadas de austeridad- donde el gasto público se ha anatemizado de manera sistemática, obviándose las grandes sumas que se han empleado para sostener al sistema financiero. Al respecto, el año 2009 fue cuando se llevó a cabo mayor gasto público en la historia del mundo capitalista desarrollado, empleado principalmente en subsidios y prestamos a bajo interés a la banca privada[5].

Que los gobiernos actuales se encuentran bajo la batuta de los mercados -es decir, la banca privada- no es ningún secreto para los ciudadanos[6]. El hecho de que la banca privada no haya cambiado su modo de hacer las cosas desde que estalló la crisis, hace sospechar que ésta necesitará nuevas inyecciones de capital en cualquier momento[7]. Únicamente la situación actual de contención de gasto público permite a la banca disponer de una reserva de dinero en los estados; dinero que tendría que ser empleado en políticas expansivas, es decir, en inversiones públicas tanto en lo fiscal -necesarias para el desarrollo económico- como en lo social -necesarias para garantizar el Bienestar social de la población-[8]. Por otro lado, de este mar revuelto de la crisis se benefician las grandes patronales al mezclar intencionadamente conceptos como déficit y competitividad con la intención última de reducir costes laborales y, paralelamente, derechos a los trabajadores.

En última instancia, los talibanes del déficit no defienden más que los intereses cortoplacistas de los poderes a quienes representan, y nunca al interés general. Al respecto, Wolfgang Munchau, editor del The Finantial Times, reconoce “no entender como alguien con formación macroeconómica, y con un mínimo de honestidad y decencia, puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía”[9].

Si el objetivo real de aquellos talibanes del déficit no es estimular la economía, sólo nos queda pensar que el desmontaje del Estado del Bienestar es una amenaza real. En tal caso, corremos el riesgo de sufrir la pérdida permanente de derechos que han costado dos siglos de lucha. España, por su condición de estado periférico de la Unión Europea, podría ser de los primeros donde esa reducción de derechos se haga patente. El espejo de Grecia está ahí, frente a nosotros. La banca privada europea y los grandes emporios empresariales nos han situado en el mismo emplazamiento que al estado heleno; nos denominan los PIGS, que es el acrónimo de Portugal, Irlanda/Italia, Grecia y España y, a su vez -un detalle muy significativo-, "cerdo" en inglés. Grecia ha sido el gran laboratorio donde se han probado los efectos de aplicar las más extremas medidas neoliberales, siempre con la excusa del control del déficit. Puede que lo ahí aprendido se aplique en un futuro no muy lejano al resto de los estados PIGS, incluida España.


[1] Vicenç Navarro, "Las semejanzas entre la Gran Depresión y ahora". Sistema, 24 de febrero de 2012.
[2] "Los primeros recortes apenas afectarían electoralmente al PP, según un sondeo". Público, 4 de marzo de 2012.
[3] "Rajoy admite que incumplirá el techo de déficit al fijarlo en el 5,8%". Público, 2 de marzo de 2012.
[4] "Rajoy ve compatible controlar el déficit y defender los intereses de España". ABC, 4 de marzo de 2012.
[5] Vicenç Navarro, op. cit.
[6] "John Reed on Big Banks' Power and Influence". Entrevista a John Reed, 1 de febrero de 2012.
[7] "La banca necesitará hasta 15.000 millones de apoyo público, según Barclays". EuropaPress, 8 de febrero de 2012.
[8] Vicenç Navarro, "Por qué la economía española no se recuperará". Sistema, 10 de febrero de 2012.
[9] "Why Europe’s officials lose sight of the Big Picture". The Financial Times. Oct.16, 2011. Cit. en Navarro, "Las semejanzas entre la Gran Depresión y ahora".

sábado, 3 de marzo de 2012

A los de arriba les interesa la violencia

Las portadas mostradas por los principales periódicos de corte conservador el 1 de marzo de 2012 demuestran el interés del establishment mediático de satanizar cualquier tipo de movilización por parte de la clase trabajadora. Las conductas violentas de unos pocos, cuyo comportamiento nada tiene que ver con el sentir de las mayoría de los ciudadanos, se utilizan como argumento para desacreditar a los manifestantes, pasando a un segundo plano las reivindicaciones que les hicieron salir a las calles. 

Las movilizaciones llevadas a cabo el pasado 29 de febrero de 2012 contra los recortes sociales tuvieron inmediata respuesta por parte de los medios de comunicación de corte conservador. Al día siguiente, las portadas de los periódicos afines -la gran mayoría de los actualmente disponibles en los kioskos- mostraban imágenes de calles ardiendo como consecuencia de apocalípticos disturbios acontecidos durante las movilizaciones. Resulta lamentable el interés de aquellos medios de vincular el comportamiento violento de unos pocos con el sentido de las manifestaciones.

Ninguna de las portadas mencionaban los motivos que condujeron a decenas de miles de ciudadanos a salir a las calles. Tampoco mencionaban que las movilizaciones del 29 de febrero partían de la convocatoria a nivel continental de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para protestar contra las políticas de recortes y reformas estructurales que se están produciendo en toda la Unión Europea[1]. La denominada Jornada de Acción Europea surge como consecuencia de la preocupación generalizada entre los ciudadanos del continente ante una Unión Europea cada vez más alejada de la Europa de los Pueblos, cuyo único objetivo parece ser la defensa de los intereses de los grandes poderes concentrados en la banca privada y los grandes empresarios.

El caso de España es especialmente preocupante al respecto. La crisis ha servido como pretexto para acelerar el desmontaje del limitado estado del bienestar existente a base de continuos recortes en gasto social, privatizaciones y limitaciones en los derechos fundamentales. Si el derecho a una vivienda digna es inalcanzable para muchos, debido a la especulación inmobiliaria, o el derecho a un trabajo -digno o no- un sueño vano para millones de ciudadanos; otros derechos están en proyecto de ser coartados a golpe de ley. Recordemos la insistencia de ciertos grupos de presión, donde se encuentran los grandes empresarios, para limitar el ejercicio de la huelga[2]. Una limitación a este derecho fundamental, de llevarse a cabo, significaría en la práctica poner una mordaza a la clase trabajadora, privarla de su única herramienta efectiva de lucha y negociación. Si en la actualidad se están asentando las bases para coartar el derecho a la huelga, también se está haciendo, no con menos sutileza, lo propio hacia el derecho a manifestación, el instrumento último de la ciudadanía para demostrar su descontento hacia las políticas de quienes gobiernan.

Un sentimiento de decepción hacia la clase gobernante se acrecienta día a día tras comprobar cómo la sangría de recortes no sólo no se detiene, sino que amenaza a derechos que pensábamos intocables. Parte de la ciudadanía confió su voto a un partido político que se presentaba como alternativa a aquel que traicionó el "no os fallaré"[3]. La campaña, a cualquier costa, por parte de los medios de comunicación a favor del partido candidato, sumada a una serie de promesas por parte de aquél[4], ilusionaron a muchos ciudadanos con una pronta salida de la crisis y la reedición de un mitificado milagro económico de Aznar y Rato. La decepción no tardará mucho en convertirse en rabia cuando la dinámica de la precariedad y el desempleo no se detenga ante la ofensiva de los recortes anunciados y, sobre todo, de los no anunciados.

Las movilizaciones del 29 de febrero no fueron más que el primer aviso de una población que se ve con el agua al cuello, cuya confianza en la clase gobernante decrece día a día. El muro de contención del establishment mediático es cada vez menos efectivo. El circo sólo es eficiente cuando va acompañado de pan. Cinco millones de parados y ninguna perspectiva de mejora sólo garantizan aguas revueltas. Por desgracia, en aquellas aguas sólo pescan los de siempre. La CEOE ha conseguido imponer su soñada reforma laboral que deja al trabajador más desprotegido que nunca[5]; los sistemas públicos de sanidad y educación se encuentran bajo mínimos; en la práctica, la protección a las personas mayores -léase Ley de Dependencia- ha pasado a ser historia.

A pesar de los ecos de una prensa que abraza cada día más el amarillismo, las movilizaciones ciudadanas son pacíficas. El hecho de que grupos de descontrolados aprovechen las circunstancias para causar disturbios, la mayoría de las personas que deciden salir a las calles a exigir un cambio de dirección lo hacen con el único deseo de ser oídas. La gente es pacífica por naturaleza, de hecho aguanta lo inenarrable antes de decidir dar el paso a la protesta. Se trata de ciudadanos, padres y madres de familia, estudiantes, desempleados, gente preocupada por su futuro. La violencia no es una alternativa para los ciudadanos que deciden movilizarse, aunque habitualmente la encuentren frente a ellos a causa de gobernantes que deciden interpretar las leyes de la peor de las maneras para ordenar su disolución a base de cargas, como si nos retrotrajéramos al más gris de los pasados.

La violencia beneficia a los grandes poderes, pues vemos que los actos vandálicos de unas minorías se utilizan para desacreditar el esfuerzo de miles de ciudadanos que deciden salir a las calles legitimados por la necesidad de defender sus derechos. Los medios de comunicación al servicio de los grandes poderes insisten en meten en el mismo saco a manifestantes pacíficos y descontrolados violentos, es el modo más efectivo de conseguir el rechazo social por parte de la población que decide quedarse en sus casas y evitar así posibles adhesiones a una causa que afecta a todos. La prensa amarillista demostró una tremenda falta de ética al mezclar además violencia con partidismo, al sugerir una relación directa entre los manifestantes -identificados todos como violentos- con el anterior Gobierno, ahora en la oposición. Frases como "[manifestarse] para ganar en la calle lo que perdieron en las urnas"[6] demuestran la falta de sensibilidad democrática de quienes se supone que tendrían que informarnos en vez de manipularnos.

La ciudadanía no puede caer en la trampa mediática de creerse lo que dice la prensa; todos hemos de recordar que los ciudadanos que deciden salir a la calle a movilizarse lo hacen como recurso último ante un panorama desolador, en defensa de los derechos de la mayoría. Quizás mañana tenga que salir a protestar quien hoy se refugia en el calor de su hogar a la espera de que las cosas se arreglen por sí solas, pero nadie desea unir sus reivindicaciones a la de gente tachada como violenta. La violencia es, por tanto, el recurso de unos pocos que perjudica los intereses de la ciudadanía a quien la razón, en el marco de los derechos fundamentales, apoya. Cualquier atisbo de violencia será aprovechado por los medios, controlados desde los grandes poderes, para desacreditar cualquier movimiento ciudadano ante la opinión pública nacional e internacional; además de justificar agresiones por parte de las fuerzas antidisturbios, reduciéndolo todo a enfrentamientos entre policías y ciudadanos, trabajadores todos, mientras los poderosos sonríen complacidos desde sus seguras torres de marfil.


[1] "CCOO y UGT piden que el 29 de febrero se rechacen los ajustes europeos". El Economista, 24 de febrero de 2012.
[2] "La patronal pide restringir el derecho de huelga". Público, 16 de febrero de 2012.
[3] "No os fallaré". El País, 30 de agosto de 2010.
[4] Recopilación de promesas electorales del Partido Popular en el blog Escolar.net.
[5] "No es una reforma laboral; parece un ‘atraco’ masivo". El Plural, 11 de febrero de 2012.
[6] "El PSOE insiste en tomar la calle". El Imparcial, 29 de febrero de 2012.