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viernes, 15 de marzo de 2013
Cuando un abuelo abandona su medicación para dar de comer a sus hijos y nietos
viernes, 21 de diciembre de 2012
Hoy es, de nuevo, el fin del mundo
Reflexiones sobre el particular fin del mundo que nos espera a cada persona, independiente a cualquier profecía, que sin duda se acelerará para muchos ante la violencia de los recortes en gastos sociales que empeoran las condiciones de la mayoría.
Parece que nos encontramos ante un nuevo día del fin del mundo. No es el primero ni parece que será el último para esta humanidad que parece compartir globalmente -salvo honrosas excepciones- el rancio regusto por la autodestrucción.
El fin del mundo de esta ocasión es el que supuestamente profetizaron las altas jerarquías religiosas mayas. Sin ánimos de poner en duda los magníficos conocimientos astronómicos de aquella cultura, la osadía por parte de unos sacerdotes de poner fecha al fin del mundo es equivalente a la de sus colegas de profesión de hoy en día al afirmar categóricamente que el sexo por placer es pecado. Paradojas de la vida, al igual que quienen más penalizan el contacto carnal son célibes, es de lamentar que quienes profetizaron este particular fin del mundo lo sufrieran por adelantado varios siglos antes a causa del brusco avance del desalmado colonialismo europeo.
No obstante, lo del fin del mundo es más bien cuestión de leyes naturales. Algún día la Tierra será inhabitable, lo que supondrá el final sin remedio, incluyendo el de la humanidad, si es que ésta no ha puesto durante ese intervalo los recursos necesarios para expandirse a otros mundos. La comunidad científica tiene claro que la condición de inhabitabilidad vendrá con la evolución del Sol, cuando éste llegue a convertirse en una estrella tan brillante, y emita tanta energía, que provoque la evaporación de los océanos.
El plazo de diez mil millones de años que ha de transcurrir para que el Sol se vuelva nuestro enemigo implacable es más que suficiente para que la humanidad continúe haciendo de las suyas: guerras, pobreza, hambrunas, destrucción de la naturaleza. Lacras todas ellas que tienen dos elementos en común ligados en un terrible círculo vicioso. Por un lado están las víctimas, siempre los más desfavorecidos. Por otro, la causa principal, la codicia. Un codicia que antepone el bienestar de unos pocos privilegiedos a la salud del medio ambiente, al bienestar del resto de las personas.
Hay quien dice que la muerte, el particular fin del mundo de cada individuo, es la única justicia que existe. Como una especie de demostración de justicia universal, cada ser humano,
sea rico o sea pobre, tiene su particular fin del mundo. Un final
inanimado, un último acto en el teatro de la vida, un cuento cuya
conclusión es inevitablemente triste.
Sin embargo, el reparto de papeletas para el fin del mundo individual es excesivamente injusto, a causa de la infinita codicia de los más poderosos. Así, para algunas personas, el fin del mundo está
forzosamente demasiado cerca. Y se aproxima aún más con cada medida que redunda en contra de
su calidad de vida.
¿Alguien duda aún de que los recortes en sanidad, en dependencia, incluso en educación, redundarán en una disminución de la esperanza de vida en España? Miles de familias sostenidas casi exclusivamente por las pensiones de los abuelos ven como éstos llegan incluso a renunciar a gastar dinero en tratamientos médicos necesarios para prolongar su vida. Otros tantos ancianos, simplemente encuentran imposible pagar por medicamentos que antes no les costaba un céntimo. Trabajadores jóvenes, en precario, con jornadas interminables, mal pagadas, con el estrés continuo de la doble amenazada del despido y la hipoteca, ven prematuramente desgastar sus energías, mientras otros, que ni siquiera sueñan con encontrar trabajo, deciden acabar prematuramente con sus vidas.
Ante el panorama de barbarie que nos están construyendo desde la codicia, ¿a quién le preocupa una simple profecía?
martes, 20 de noviembre de 2012
Un artículo más sobre el añito que nos lleva dando Rajoy
El año después de las elecciones generales de 2011 muestra cifras terribles que cuantifican la desastrosa situación de España. Las políticas de austeridad sólo sirven para ahondar en la frustración de la población que cada vez se ve más reflejada en la actual Grecia.
El anuncio de la fecha de las últimas elecciones generales, allá por julio de 2011, supuso un mal presagio. Veinte de noviembre, el día en el que los nostálgicos del antiguo régimen peregrinan al Valle de los Caídos a dar un nuevo último adiós a su referente ideológico. Es fácil imaginar como, entre lágrimas y cánticos, muchos de los asistentes a aquel acto se frotaban las manos con tan sólo pensar en los resultados de las elecciones.
El anuncio de la fecha de las últimas elecciones generales, allá por julio de 2011, supuso un mal presagio. Veinte de noviembre, el día en el que los nostálgicos del antiguo régimen peregrinan al Valle de los Caídos a dar un nuevo último adiós a su referente ideológico. Es fácil imaginar como, entre lágrimas y cánticos, muchos de los asistentes a aquel acto se frotaban las manos con tan sólo pensar en los resultados de las elecciones.
El desenlace, hace ahora un año, es bien conocido. Los deméritos de Rodríguez Zapatero permitieron que Rajoy pasase a la historia como el candidato a presidente que supo aglutinar el voto de la facción más rancia de España con el de millones de ciudadanos bienintencionados que, de buena fe, pensaban que los problemas del país se arreglaban con un simple cambio de Gobierno.
Sin embargo, una vez alcanzado el ansiado sillón en La Moncloa las ilusiones se desvanecieron para la mayoría de sus votantes. Desde entonces, Rajoy ha demostrado ser un presidente débil, más interesado en las sucesivas elecciones autonómicas acontecidas a lo largo del año que en su labor de gobernar. Ni da explicaciones de lo que piensa hacer, ni sus acciones son coherentes respecto a las expectativas que levanta. Así, la sensación que tiene una parte de la ciudadanía es que su labor se reduce a señalar las fechas en las que se cumplirán los deseos de la Europa del gran capital, al que eufemísticamente se referiría en alguna ocasión como "la realidad"[1]. Siguiendo el aleccionamiento de Merkel, el presidente ha asumido el término austeridad en su acepción más perversa para dedicarse en cuerpo y alma a recortar. El destino reservado a España parece ser el de un Estado satélite de la Europa rica, cuyos ciudadanos, también de segunda, se dedicarán básicamente a producir bienes a bajo precio y servicios de turismo y hostelería para los visitantes adinerados.
Así, la destrucción de pilares básicos del incipiente bienestar del que disfrutábamos los españoles es ya una realidad. La educación y la sanidad públicas están heridas de muerte desde el momento en el que se decidió que parte de sus presupuestos era más útil si era destinado a sanear a la banca[2]. En cierto modo, algo de esperar de un partido cuyos gerifaltes habitan en torres de marfil que el resto de la ciudadanía. Al igual que los grandes empresarios y los banqueros, aquéllos no envían a sus hijos a la escuela pública ni hacen uso de la sanidad pública.
Llegados a este punto es justo admitir que el problema no es exclusivamente Rajoy ni el Partido Popular. La cuestión es más profunda que unas siglas, llegando hasta el propio modelo de Estado. Simplemente, la soberanía no está en manos del pueblo sino de una poderosa oligarquía que hace y deshace a su antojo a través de sumisos capataces que firman leyes.
Sin embargo, no se puede olvidar que la misma insensibilidad que Rajoy ha manifestado hacia sus votantes al incumplir la mayor parte de sus promesas electorales[3], la ha mostrado hacia los asalariados castigándolos con la peor reforma laboral imaginable, por lo que la reacción de la clase obrera no se ha hecho esperar. Por ello Rajoy es el primer presidente en recibir dos huelgas generales en un año. Todo un récord. A todo esto, la reacción del ejecutivo de Rajoy ha sido criminalizar la protesta. La dureza con la que se reprimen las movilizaciones ciudadanas quedó patente durante la pasada jornada de huelga general, cuando se repitieron sucesos de ciudadanos pacíficos gravemente heridos[4][5][6]. No podemos olvidar de donde salieron las órdenes de actuar con contundencia. Mientras tanto, el código penal ha sido endurecido de modo que quieres rompan mobiliario urbano no salgan de rositas. Por el momento, en el Ministerio de Justicia parecen haberse olvidado de endurecer las penas para quienes cometan delitos de índole económico y fiscal.
En definitiva, el camino recorrido durante este "año mariano" de seguro está despertando los más húmedos sueños de los elementos más reaccionarios de la sociedad española. Un Gobierno "como Dios manda" que seguirá provocando huelgas, movilizaciones y altercados en las calles. Mientras tanto, la frustración provocada entre muchos votantes del Partido Popular resentidos con el constante incumplimiento de sus promesas electorales, podría ser canalizada por alguna advenediza agrupación política que tome el papel de los fascistas griegos de Amanecer Dorado. Pésimo futuro nos espera si esto llegase a ocurrir.
[1] "Rajoy admite que sus promesas estaban fuera de la realidad". Público, 2 de septiembre de 2012.
[2] http://politica.elpais.com/politica/2012/04/09/actualidad/1333985643_619652.html
[3] http://maspublico.com/2012/11/20/un-ano-del-gobierno-de-rajoy-en-ocho-promesas-incumplidas/
[4] http://www.20minutos.es/noticia/1648327/0/barcelona-hospital-sant-pau/manifestacion-huelga-general-14N/mujer-herida-ojo/
[5] http://tribunadeljurista.foroes.net/t3257-video-que-desenmascara-las-mentiras-de-la-policia-murciana-fueron-ellos-quienes-desfiguraron-la-cara-a-este-ciudadano
[6] http://www.huffingtonpost.es/2012/11/14/un-menor-de-13-anos-herid_n_2129821.html?utm_hp_ref=spain
lunes, 2 de julio de 2012
Campeones de Europa en fútbol y en desempleo
La victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa ante Italia nos vuelve a mostrar la imagen de cientos de miles de personas invadiendo las calles para celebrar el acontecimiento. Desgraciadamente, el compromiso de movilización de una gran parte de los ciudadanos se reduce a este tipo de eventos. Es urgente el despertar de una conciencia de clase que desemboque en movilizaciones consecuentes con los grandes ataques -en forma de recortes- que el pueblo lleva sufriendo en los últimos años.
Es de justicia reconocer el mérito de la selección española de fútbol al alcanzar su tercer trofeo internacional consecutivo, inequívoca prueba de su magnífica calidad de juego en este deporte. Sin embargo, una vez congratulados por esta nueva victoria, es necesario volver a poner los pies en el suelo para tomar conciencia de la grave situación que, en lo social y en lo económico, se está viviendo en España.
Es de justicia reconocer el mérito de la selección española de fútbol al alcanzar su tercer trofeo internacional consecutivo, inequívoca prueba de su magnífica calidad de juego en este deporte. Sin embargo, una vez congratulados por esta nueva victoria, es necesario volver a poner los pies en el suelo para tomar conciencia de la grave situación que, en lo social y en lo económico, se está viviendo en España.
Desde la perspectiva de la situación actual, la victoria de la selección, como todo en esta vida, tiene sus luces y sus sombras. En lo positivo hay que admitir la inyección de moral que, para muchas personas necesitadas de buenas noticias, puede haber supuesto este victoria: ha de ser duro despertarse cada mañana ante la incertidumbre del desempleo, vivir cada día bajo la continua amenaza de que el presente sea el último día de trabajo -por tanto de ingresos- para cualquier padre o madre de familia. Todos nos merecemos alguna alegría en la vida, por muy intrascendente que sea. No obstante, el agradable sentimiento de euforia colectiva, de la que pudimos participar la noche de la final de la Eurocopa, no es más que un efímero parche de felicidad inducida por los medios con similar dosificación que las tabletas de soma de aquel mundo feliz al que se refería Aldous Huxley.
Desgraciadamente, el día después de la gran final sólo se habla del partido, de la gran hazaña patriotera, de los cuatro goles. Por unos días, la misteriosa prima de riesgo ya no es una amenaza para el ciudadano de a pie, como tampoco se dice nada del nuevo medicamentazo[1], ni siquiera ha sido noticia que importantes extensiones de los bosques de Valencia se hayan consumido por incendios muy posiblemente evitables de no haberse realizado recortes en prevención contraincendios en aquella comunidad[2][3].
Es la gran contradicción de las clases dominadas a lo largo de la historia, que demuestran su capacidad de movilización, su fuerza y determinación de invadir las calles, de mostrar públicamente sus sentimientos, siempre que se trata de festejar lo intrascendente. Por que, no nos engañemos, por mucha propaganda acerca de que la victoria española pueda beneficiar al PIB español[4], con éste ya son seis años seguidos de victorias en eventos deportivos -con un mundial incluido- y, sin embargo, España acaba de ser expulsada del club de los "cuatro grandes" del Banco Central Europeo[5].
El panorama es desolador para una clase trabajadora que comprueba cada viernes anuncios de nuevos recortes. el proceso es tan sencillo como explicar que las cosas no van tan bien como se esperaba[6], para luego aplicar un nuevo zarpazo al poco bienestar del que aún disfruta la ciudadanía. El espejo donde mirarnos sigue en Grecia, donde los salarios se han reducido, en promedio, a la mitad desde el año 2009[7]. ¿Acaso nadie se ha parado a pensar que las decisiones políticas desde la crisis se han reducido al anuncio de recortes, ajustes y demás eufemismos para perjuicio de los trabajadores?[8]
En honor a la verdad, la población ha demostrado una tímida reacción a las políticas de recortes. Las movilizaciones del 15M ha sido el mejor ejemplo, que incluso ha sido vista con buenos ojos por una gran parte de la población que, de momento, prefiere movilizarse sólo para celebrar campeonatos de fútbol. Sin embargo, las actuales movilizaciones distan mucho de reflejar el drama social que se respira en España. Es lastimoso observar a desempleados vistiendo la camiseta roja, bañándose en alguna fuente en su pueblo o ciudad, incapaces, sin embargo, de salir a la calle a manifestarse para exigir su derecho al trabajo. Pero claro, salir a la calle para exigir derechos no está tan bien visto como hacerlo con la cara pintada de rojo y amarillo. Es cuestión de riesgo, de rebeldía, de amor propio.
He ahí la sombra del fútbol, convertido en elemento de control de multitudes, cuyos ánimos son dirigidos en función de los éxitos de sus equipos; instrumento deshumanizador, que reduce a la ciudadanía a masa informe, feliz o triste porque lo dicta el resultado de un juego. Acorde a los más atávicos sentimientos, tanto celebramos victorias como lloramos derrotas intrascendentes para nuestras vidas, mientras nuestros destinos recaen en manos de los mismos poderosos con quienes nos felicitamos de la fortuna de ser "español, español, español".
[1] "Farmacéuticos aseguran que el 'medicamentazo' puede "dañar" a los ciudadanos". EuropaPress, 29 de junio de 2012.
[2] "Arde en verano lo que no se 'apagó' en el invierno". Público, 2 de julio de 2012.
[3] "Un bombero carga en Canal 9 contra la falta de medios de prevención contra el fuego". El Mercantil Valenciano, 1 de julio de 2012.
[4] "Krugman cree que la Eurocopa hará que los españoles gasten más". Público, 2 de julio de 2012.
[5] "La mala racha económica pasa factura: España, expulsada del club de los '4 grandes' del BCE". Diario Crítico, 28 de junio de 2012.
[6] "De Guindos avisa de que la recesión se agrava y sugiere más sacrificios". Público, 1 de julio de 2012.
[7] "Los salarios en Grecia se han reducido a la mitad desde 2009 debido a los recortes". El Economista, 2 de julio de 2012.
[8] "La crisis es una manera de gobernar(nos)". Radio Klara, 13 de junio de 2012.
Desgraciadamente, el día después de la gran final sólo se habla del partido, de la gran hazaña patriotera, de los cuatro goles. Por unos días, la misteriosa prima de riesgo ya no es una amenaza para el ciudadano de a pie, como tampoco se dice nada del nuevo medicamentazo[1], ni siquiera ha sido noticia que importantes extensiones de los bosques de Valencia se hayan consumido por incendios muy posiblemente evitables de no haberse realizado recortes en prevención contraincendios en aquella comunidad[2][3].
Es la gran contradicción de las clases dominadas a lo largo de la historia, que demuestran su capacidad de movilización, su fuerza y determinación de invadir las calles, de mostrar públicamente sus sentimientos, siempre que se trata de festejar lo intrascendente. Por que, no nos engañemos, por mucha propaganda acerca de que la victoria española pueda beneficiar al PIB español[4], con éste ya son seis años seguidos de victorias en eventos deportivos -con un mundial incluido- y, sin embargo, España acaba de ser expulsada del club de los "cuatro grandes" del Banco Central Europeo[5].
El panorama es desolador para una clase trabajadora que comprueba cada viernes anuncios de nuevos recortes. el proceso es tan sencillo como explicar que las cosas no van tan bien como se esperaba[6], para luego aplicar un nuevo zarpazo al poco bienestar del que aún disfruta la ciudadanía. El espejo donde mirarnos sigue en Grecia, donde los salarios se han reducido, en promedio, a la mitad desde el año 2009[7]. ¿Acaso nadie se ha parado a pensar que las decisiones políticas desde la crisis se han reducido al anuncio de recortes, ajustes y demás eufemismos para perjuicio de los trabajadores?[8]
En honor a la verdad, la población ha demostrado una tímida reacción a las políticas de recortes. Las movilizaciones del 15M ha sido el mejor ejemplo, que incluso ha sido vista con buenos ojos por una gran parte de la población que, de momento, prefiere movilizarse sólo para celebrar campeonatos de fútbol. Sin embargo, las actuales movilizaciones distan mucho de reflejar el drama social que se respira en España. Es lastimoso observar a desempleados vistiendo la camiseta roja, bañándose en alguna fuente en su pueblo o ciudad, incapaces, sin embargo, de salir a la calle a manifestarse para exigir su derecho al trabajo. Pero claro, salir a la calle para exigir derechos no está tan bien visto como hacerlo con la cara pintada de rojo y amarillo. Es cuestión de riesgo, de rebeldía, de amor propio.
He ahí la sombra del fútbol, convertido en elemento de control de multitudes, cuyos ánimos son dirigidos en función de los éxitos de sus equipos; instrumento deshumanizador, que reduce a la ciudadanía a masa informe, feliz o triste porque lo dicta el resultado de un juego. Acorde a los más atávicos sentimientos, tanto celebramos victorias como lloramos derrotas intrascendentes para nuestras vidas, mientras nuestros destinos recaen en manos de los mismos poderosos con quienes nos felicitamos de la fortuna de ser "español, español, español".
[1] "Farmacéuticos aseguran que el 'medicamentazo' puede "dañar" a los ciudadanos". EuropaPress, 29 de junio de 2012.
[2] "Arde en verano lo que no se 'apagó' en el invierno". Público, 2 de julio de 2012.
[3] "Un bombero carga en Canal 9 contra la falta de medios de prevención contra el fuego". El Mercantil Valenciano, 1 de julio de 2012.
[4] "Krugman cree que la Eurocopa hará que los españoles gasten más". Público, 2 de julio de 2012.
[5] "La mala racha económica pasa factura: España, expulsada del club de los '4 grandes' del BCE". Diario Crítico, 28 de junio de 2012.
[6] "De Guindos avisa de que la recesión se agrava y sugiere más sacrificios". Público, 1 de julio de 2012.
[7] "Los salarios en Grecia se han reducido a la mitad desde 2009 debido a los recortes". El Economista, 2 de julio de 2012.
[8] "La crisis es una manera de gobernar(nos)". Radio Klara, 13 de junio de 2012.
sábado, 16 de junio de 2012
Políticas sociales: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español
Este artículo continúa el recorrido por el programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, centrándose en esta ocasión en las propuestas de carácter social, analizando asimismo la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.
Si en artículos anteriores se revisaron las propuestas relacionadas con la deuda pública o la política fiscal, en éste se analizarán las políticas sociales propuestas por Syriza en su programa electoral[1]. Como ejercicio de política-ficción, se planteará la posibilidad de su extrapolación al Estado español.Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la Iglesia para alojar a las personas sin hogar.
En un momento de crisis no sólo económica sino social, no es mala idea legislar para que los edificios sin uso de administraciones, bancos o Iglesia sean reacondicionados para, temporalmente, alojar a quienes estén sin vivienda.
Asimismo, es inconcebible la cantidad de edificios y viviendas vacías existente mientras cada día tenemos noticias de nuevos desahucios, más gente sin hogar. El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 deja bien claro el derecho a una vivienda digna. Sería por tanto legítimo que el Estado forzase a la banca a liberar la inmensa bolsa de viviendas vacías de las que dispone, que no saca a la venta para evitar una caída de los precios. Esa actitud de la banca es, ni más ni menos, que otro modo de especulación.
La cuestión de la vivienda, como elemento básico de bienestar, requiere un tratamiento serio que también implicaría el control de propietarios de múltiples viviendas que adquirieron en épocas de bonanza, y en la actualidad se dedican a su alquiler que, en ocasiones prefieren dejar vacías antes que alquilar por debajo de determinados precios. Para evitar actividades especulativas, podría conseguirse el compromiso de los ayuntamientos para utilizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como herramienta para limitar el número de viviendas sin uso en muchos lugares de la geografía española. Esta medida podría hacerse también extensible a los locales comerciales, sujetos habitualmente a una especulación desmedida que dispara el precio de sus alquileres, dificultando la supervivencia de los negocios que sustentan a pequeños empresarios y autónomos.
Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.
Es una medida solidaria que, acompañada de una ley que contemplase de modo eficiente la dación en pago, evitaría muchos desahucios. No obstante, sería importante que el Estado estableciera mecanismos para evitar la picaresca y que personas que, desde la economía sumergida, tienen ingresos importantes se aprovechen de estas ayudas.
Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.
No es justo el argumento neoliberal que sostiene que las prestaciones para el desempleo fomentan la holgazanería. La prestación de desempleo es un derecho que ha de ser respetado: quien pierde su puesto de trabajo se merece una protección. Lo importante es, de nuevo, la existencia de mecanismos de control de la picaresca y el fraude.
Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.
Esta medida tendría que afectar fundamentalmente al IVA, que tendría que ser de un tipo muy reducido para productos de primera necesidad.
Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.
Sobre el papel, el derecho a la sanidad pública gratuita universal se encuentra plenamente reconocido en el Estado español. No obstante, la reciente reforma sanitaria sienta las bases para una sanidad pública de dos velocidades. A pesar de las promesas de la Ministra de Sanidad, está por aclarar las limitaciones en los servicios que, en esta época de recortes de los servicios públicos, habrá para aquellos ciudadanos que tengan que sacarse la tarjeta sanitaria para los "sin recursos" y, sobre todo, el "limbo" sanitario en el que quedan aquellos ciudadanos que sean considerados "con recursos" a pesar de encontrarse desempleados[7].
Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.
La cuestión de la inmigración es muy delicada, pues es fácilmente utilizable con los partidos más conservadores como arma electoral. Las políticas sinceras, y bien diseñadas, de integración son fundamentales para evitar, no sólo posibles problemas de convivencia, sino la satanización de los trabajadores de origen extranjero por parte de los medios afines a aquellas fuerzas políticas.
Un peligroso argumento utilizado para justificar la reciente reforma sanitaria iba referido a la cuestión del "turismo sanitario", que viene a asociar a los ciudadanos extranjeros con abusos sistemáticos del sistema público de salud. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de apartar a cualquier grupo de personas del sistema sanitario implica un peligro latente para la salud pública que, además, atenta contra los derechos fundamentales de estas personas[8].
La cuestión del "turismo sanitario", como abuso, ha de combatirse en términos administrativos, básicamente con el establecimiento de acuerdos de reciprocidad con terceros países. Lo que es injusto es la negación del derecho a la salud de las personas.
Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.
Medida totalmente lógica y coherente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada tanto por España como Grecia. Sería deseable que las pesadillas denunciadas en los CIES pasen a ser un mal recuerdo tras la nueva regulación recientemente aprobada[9].
Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.
Efectivamente, lo que hay que combatir es el tráfico ilegal y no el consumo. Incluso sería interesante, con el objetivo de debilitar a las mafias del narcotráfico, abrir un debate en la sociedad sobre la conveniencia de legalizar la venta -a través de centros controlados por el Estado- de ciertos estupefacientes.
Asimismo, es inconcebible la cantidad de edificios y viviendas vacías existente mientras cada día tenemos noticias de nuevos desahucios, más gente sin hogar. El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 deja bien claro el derecho a una vivienda digna. Sería por tanto legítimo que el Estado forzase a la banca a liberar la inmensa bolsa de viviendas vacías de las que dispone, que no saca a la venta para evitar una caída de los precios. Esa actitud de la banca es, ni más ni menos, que otro modo de especulación.
La cuestión de la vivienda, como elemento básico de bienestar, requiere un tratamiento serio que también implicaría el control de propietarios de múltiples viviendas que adquirieron en épocas de bonanza, y en la actualidad se dedican a su alquiler que, en ocasiones prefieren dejar vacías antes que alquilar por debajo de determinados precios. Para evitar actividades especulativas, podría conseguirse el compromiso de los ayuntamientos para utilizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como herramienta para limitar el número de viviendas sin uso en muchos lugares de la geografía española. Esta medida podría hacerse también extensible a los locales comerciales, sujetos habitualmente a una especulación desmedida que dispara el precio de sus alquileres, dificultando la supervivencia de los negocios que sustentan a pequeños empresarios y autónomos.
Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.
Es una medida solidaria que, acompañada de una ley que contemplase de modo eficiente la dación en pago, evitaría muchos desahucios. No obstante, sería importante que el Estado estableciera mecanismos para evitar la picaresca y que personas que, desde la economía sumergida, tienen ingresos importantes se aprovechen de estas ayudas.
Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.
No es justo el argumento neoliberal que sostiene que las prestaciones para el desempleo fomentan la holgazanería. La prestación de desempleo es un derecho que ha de ser respetado: quien pierde su puesto de trabajo se merece una protección. Lo importante es, de nuevo, la existencia de mecanismos de control de la picaresca y el fraude.
Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.
Esta medida tendría que afectar fundamentalmente al IVA, que tendría que ser de un tipo muy reducido para productos de primera necesidad.
Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.
Se trata de una medida deseable que, además de suponer un alivio económico para los padres, permitiría una mejor compatibilización de las jornadas laboral y escolar.
Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).
En España el gasto en sanidad pública, aún mayor que el aplicado en Grecia, es inferior a la media europea, representando éste tan sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15[2]. La principal causa de la subfinanciación de la sanidad pública española, respecto a la europea, es la reticencia de los sectores más pudientes de la población a aceptar el pago de más impuestos[3]. Un aumento de los fondos para la sanidad pública ha de ir acompañada, necesariamente, de una reforma fiscal progresiva por la que las rentas superiores sean las que más aporten.
Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.
Los últimos recortes del ejecutivo de Rajoy presagian la degradación de la calidad de los servicios sanitarios. Un objetivo no explícito de estos recortes es la potenciación de la sanidad privada. Ni más ni menos, la destrucción de la sanidad pública implica una gran oportunidad de negocios para aseguradoras y otras empresas privadas que desean hincar el diente en un sector tan apetecible que, por meras cuestiones biológicas, siempre va a disponer de clientes[4].
En la actualidad, las estadísticas muestran que el sector privado sanitario atiende principalmente a las rentas más altas. El servicio privado se centra principalmente en ventajas relacionadas con la comodidad, que se resumen en la disposición de una cama por habitación, un mayor tiempo en la duración de la visita médica y una lista de espera inferior. Sin embargo, la calidad del servicio en cuanto a recursos y calidad del personal es superior en la pública. Otro elemento diferenciador que no puede subestimarse es el afán de lucro natural de cualquier empresa privada, incluyendo en ello a las compañías del ramo sanitario. Estando la cuestión del negocio sobre el servicio no es de extrañar que las estadísticas acerca de la mortalidad en los centros hospitalarios suelan ser superiores en los privados que en los públicos[4].
Lo lógico, sería la mejora de la sanidad pública en los aspectos de eficiencia y confort para el usuario. Sin embargo, los economistas neoliberales insisten en la inherente falta de eficiencia en la gestión de lo público, incluyendo el servicio público de salud. La realidad demuestra que la eficiencia está relacionada con la gestión, independientemente de sus gestores. Así, por ejemplo, el 68% de la población norteamericana está enormemente insatisfecha con el servicio sanitario en los EEUU, de capital privado[5]. En cambio, la sociedad española califica con un 6,2 (en una escala de 0 a 10) a la sanidad pública española, el servicio público mejor valorado[6].
Eliminar el copago en los servicios sanitarios.
El copago en los servicios sanitarios es una medida injusta que demuestra una clara falta de voluntad política en encontrar la financiación adecuada para la sanidad pública. Resulta más sencillo penalizar el uso de servicios médicos y medicamentos a la población que aplicar una política fiscal que exija solidaridad a las rentas más altas.
Con el copago lo único que se conseguirá será desincentivar a las rentas más humildes a la utilización de los servicios médicos, lo que a la postre supondrá una degradación de la calidad de vida de estas rentas.
Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).
En España el gasto en sanidad pública, aún mayor que el aplicado en Grecia, es inferior a la media europea, representando éste tan sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15[2]. La principal causa de la subfinanciación de la sanidad pública española, respecto a la europea, es la reticencia de los sectores más pudientes de la población a aceptar el pago de más impuestos[3]. Un aumento de los fondos para la sanidad pública ha de ir acompañada, necesariamente, de una reforma fiscal progresiva por la que las rentas superiores sean las que más aporten.
Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.
Los últimos recortes del ejecutivo de Rajoy presagian la degradación de la calidad de los servicios sanitarios. Un objetivo no explícito de estos recortes es la potenciación de la sanidad privada. Ni más ni menos, la destrucción de la sanidad pública implica una gran oportunidad de negocios para aseguradoras y otras empresas privadas que desean hincar el diente en un sector tan apetecible que, por meras cuestiones biológicas, siempre va a disponer de clientes[4].
En la actualidad, las estadísticas muestran que el sector privado sanitario atiende principalmente a las rentas más altas. El servicio privado se centra principalmente en ventajas relacionadas con la comodidad, que se resumen en la disposición de una cama por habitación, un mayor tiempo en la duración de la visita médica y una lista de espera inferior. Sin embargo, la calidad del servicio en cuanto a recursos y calidad del personal es superior en la pública. Otro elemento diferenciador que no puede subestimarse es el afán de lucro natural de cualquier empresa privada, incluyendo en ello a las compañías del ramo sanitario. Estando la cuestión del negocio sobre el servicio no es de extrañar que las estadísticas acerca de la mortalidad en los centros hospitalarios suelan ser superiores en los privados que en los públicos[4].
Lo lógico, sería la mejora de la sanidad pública en los aspectos de eficiencia y confort para el usuario. Sin embargo, los economistas neoliberales insisten en la inherente falta de eficiencia en la gestión de lo público, incluyendo el servicio público de salud. La realidad demuestra que la eficiencia está relacionada con la gestión, independientemente de sus gestores. Así, por ejemplo, el 68% de la población norteamericana está enormemente insatisfecha con el servicio sanitario en los EEUU, de capital privado[5]. En cambio, la sociedad española califica con un 6,2 (en una escala de 0 a 10) a la sanidad pública española, el servicio público mejor valorado[6].
Eliminar el copago en los servicios sanitarios.
El copago en los servicios sanitarios es una medida injusta que demuestra una clara falta de voluntad política en encontrar la financiación adecuada para la sanidad pública. Resulta más sencillo penalizar el uso de servicios médicos y medicamentos a la población que aplicar una política fiscal que exija solidaridad a las rentas más altas.
Con el copago lo único que se conseguirá será desincentivar a las rentas más humildes a la utilización de los servicios médicos, lo que a la postre supondrá una degradación de la calidad de vida de estas rentas.
Sobre el papel, el derecho a la sanidad pública gratuita universal se encuentra plenamente reconocido en el Estado español. No obstante, la reciente reforma sanitaria sienta las bases para una sanidad pública de dos velocidades. A pesar de las promesas de la Ministra de Sanidad, está por aclarar las limitaciones en los servicios que, en esta época de recortes de los servicios públicos, habrá para aquellos ciudadanos que tengan que sacarse la tarjeta sanitaria para los "sin recursos" y, sobre todo, el "limbo" sanitario en el que quedan aquellos ciudadanos que sean considerados "con recursos" a pesar de encontrarse desempleados[7].
Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.
La cuestión de la inmigración es muy delicada, pues es fácilmente utilizable con los partidos más conservadores como arma electoral. Las políticas sinceras, y bien diseñadas, de integración son fundamentales para evitar, no sólo posibles problemas de convivencia, sino la satanización de los trabajadores de origen extranjero por parte de los medios afines a aquellas fuerzas políticas.
Un peligroso argumento utilizado para justificar la reciente reforma sanitaria iba referido a la cuestión del "turismo sanitario", que viene a asociar a los ciudadanos extranjeros con abusos sistemáticos del sistema público de salud. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de apartar a cualquier grupo de personas del sistema sanitario implica un peligro latente para la salud pública que, además, atenta contra los derechos fundamentales de estas personas[8].
La cuestión del "turismo sanitario", como abuso, ha de combatirse en términos administrativos, básicamente con el establecimiento de acuerdos de reciprocidad con terceros países. Lo que es injusto es la negación del derecho a la salud de las personas.
Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.
Medida totalmente lógica y coherente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada tanto por España como Grecia. Sería deseable que las pesadillas denunciadas en los CIES pasen a ser un mal recuerdo tras la nueva regulación recientemente aprobada[9].
Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.
Efectivamente, lo que hay que combatir es el tráfico ilegal y no el consumo. Incluso sería interesante, con el objetivo de debilitar a las mafias del narcotráfico, abrir un debate en la sociedad sobre la conveniencia de legalizar la venta -a través de centros controlados por el Estado- de ciertos estupefacientes.
[1] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".
[2] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Gaceta Sanitaria, 18 abril de 2012.
[3] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". El Plural, 14 de noviembre de 2011.
[4] "La sanidad privada se 'frota' ya las manos: asegura que atenderá todo lo que no cubra la pública". Diario Crítico, 10 de mayo de 2012.
[4] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Op. cit.
[5] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". Op. cit.
[6] Ibid.
[7] "Cinco claves para leer la reforma sanitaria". Diagonal Periódico, 26 de abril de 2012.
[8] "Sin derecho a la asistencia sanitaria gratuita". Diagonal Periódico, 28 de abril de 2012.
[9] "Interior enseña el CIES de Aluche vacío de inmigrantes". Cadena SER, 16 de junio de 2012.
[2] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Gaceta Sanitaria, 18 abril de 2012.
[3] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". El Plural, 14 de noviembre de 2011.
[4] "La sanidad privada se 'frota' ya las manos: asegura que atenderá todo lo que no cubra la pública". Diario Crítico, 10 de mayo de 2012.
[4] Vicenç Navarro: "El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública". Op. cit.
[5] Vicenç Navarro: "Los recortes en la sanidad pública". Op. cit.
[6] Ibid.
[7] "Cinco claves para leer la reforma sanitaria". Diagonal Periódico, 26 de abril de 2012.
[8] "Sin derecho a la asistencia sanitaria gratuita". Diagonal Periódico, 28 de abril de 2012.
[9] "Interior enseña el CIES de Aluche vacío de inmigrantes". Cadena SER, 16 de junio de 2012.
domingo, 15 de abril de 2012
Nuevas oportunidades para banca y aseguradoras
La continua degradación del servicio público de sanidad beneficia directamente a las empresas privadas del sector, las cuales encuentran la oportunidad de aumentar su cartera de clientes -que buscan de algún modo compensar el empeoramiento del servicio-. Algo similar ha ocurrido con los cambios en la ley del sistema de pensiones y el surgir de numerosas ofertas de planes privados de pensiones por parte de bancos y aseguradoras.
Repiten los denominados "expertos" que el ideograma chino que se utiliza para representar la palabra "crisis" también puede significar "oportunidad". En los días que corren, pocos ciudadanos de a pie pueden presumir de haber disfrutado de alguna buena oportunidad desde el comienzo de la crisis. Al menos, quienes tienen la fortuna de mantener un puesto de trabajo sí que habrán tenido la oportunidad de recibir alguna llamada telefónica -o quizás un folleto publicitario- de su banco informándole de la importancia de suscribirse a un seguro de pensiones. El argumento del comercial no diferirá mucho de una hiperbólica explicación de la complicada situación económica actual y de cómo la manida crisis ha afectado al fondo público de pensiones. En otras palabras, nuestros legítimos temores se convierten en argumentos con el fin de vendernos un producto.
Desde hace casi dos décadas ha habido múltiples, e infructuosos, intentos de anunciar el fin del sistema público de pensiones. Por ejemplo, en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[1]. La posterior explosión de la crisis abonó un pesimismo generalizado que supo ser aprovechado por una comisión de estudios impulsada por la Unespa en 2010 que retrasaba la predicción del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[2]. Todos estos estudios comparten, además de un lúgubre pronóstico para la sostenibilidad de las pensiones, el sesgo ideológico de sus respectivos autores, quienes establecen a propósito las adecuadas hipótesis de partida que les permitan alcanzar los resultados que buscan[3]. Así, por ejemplo, las conclusiones del estudio de la Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- son consecuentes con el artículo primero de sus estatutos, que explica que la finalidad de aquella asociación es la "representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales, comunes, de sus asociados"[4]. Por el contrario, resulta interesante comprobar que los resultados de estudios independientes hasta la fecha nunca han puesto en duda la viabilidad del sistema público de pensiones[5].
Si la propaganda en contra de la viabilidad de las pensiones se ha utilizado para potenciar el mercado de los fondos de pensiones privadas, los anunciados recortes en sanidad serán la excusa para potenciar los seguros privados de salud. Este hecho lleva un tiempo constatándose en las comunidades autónomas pioneras en el desmontaje del sistema público de salud, como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde las grandes empresas del sector privado de salud pugnan por el acceso a la gestión de los hospitales públicos incluidos en las respectivas agendas de privatización de estos gobiernos regionales[6].
La continua degradación del sistema público de salud supone nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras. Ya no se trata de disfrutar de habitaciones individuales en hospitales donde las enfermeras siguen vistiendo falda; ahora, el sensible aumento de las listas de espera, reiteradas reducciones de personal, cierres de alas de hospitales y quirófanos o amenazas de copago son argumentos suficientes para que muchos ciudadanos se planteen la suscripción a algún seguro médico privado[7]. Por supuesto, las coberturas serán limitadas, de modo que las afecciones más graves siempre serán derivadas al sistema público, pero la semilla de la desconfianza en la medicina pública ha comenzado a germinar.
El impuso final para las aseguradoras de salud, al mismo tiempo que la degradación definitiva del sistema público sanitario, puede venir de la reciente propuesta de introducir el principio de progresividad en las prestaciones sanitarias[8]. El hecho de que pague más quien más recursos tenga puede parecer, a priori, una medida progresista que, incluso, puede que sea aplaudida desde sectores nada afines al actual Gobierno en los que no se haya meditado lo suficiente sus implicaciones. Lo primero que hay que decir ante este asunto es que la propuesta, realizada por el ministro de Economía, no implica redistribución de riquezas. Lo justo sería un principio de progresividad fiscal aplicado en forma de impuestos directos, como el IRPF o los beneficios empresariales; principio del que desgraciadamente adolece el Estado español en comparación a estados más avanzados de la Unión Europea[9]. De llegar a hacerse realidad esta propuesta, no pasará mucho tiempo en el que el sector más privilegiado de la población se queje de pagar un sobrecoste por unas prestaciones sanitarias en continuo declive. El siguiente paso será el planteamiento de un sistema mixto de salud público-privado, o directamente privado, para las rentas más desahogadas quienes, por tanto, ya no tendrán que pagar a la sanidad pública. En otras palabras, el servicio público de salud quedará como servicio exclusivo de los menos pudientes, pasando a ser algo similar a las instituciones de beneficencia que existieron en España en épocas pasadas.
Parece claro que el camino dictado desde los grandes poderes es el trasvase de cualquier actividad pública rentable hacia el sector privado. La maquinaria mediática se encuentra funcionando a toda potencia para orientar a la opinión pública hacia la idea de la insostenibilidad de lo público. Desde hace unos años se lleva repitiendo la doctrina de que todo lo público supone un gasto. Hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la inversión pública como medio para generar el capital intangible que supone el bienestar de la población. Los medios tradicionales no explican que la actual esperanza de vida en España es alta debido a la previa consecución de ciertos estándares en sanidad y condiciones laborales que ahora se están perdiendo. En nuestros días, tener una población longeva -desde la fría perspectiva neoliberal- ya no es motivo de orgullo, sino causa de déficit. El sensible empeoramiento de los servicios públicos -a consecuencia de los continuos recortes- se irá afianzando como argumento para convencer a una parte de la ciudadanía a contratar los servicios de entidades privadas que complementen las carencias de lo público para, más adelante, reclamar su completa sustitución. Las empresas privadas que proporcionen aquellos servicios habrán encontrado su gran oportunidad.
Como corolario, conviene comentar que en los Estados Unidos prácticamente todos los servicios básicos para la ciudadanía se encuentran en manos de grandes empresas privadas. Allí no es difícil encontrar a gente con dos puestos de trabajo que desempeñan a jornada completa. Dieciséis horas de trabajo diarias, con el desgaste físico que supone, no se hace por gusto. Normalmente se trata de personas que tienen que pagar costosos tratamientos médicos a familiares cercanos y no tienen otra opción.
[1] Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón (2010): ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. ATTAC, Madrid, 31.
[2] "Rodrigo Rato advierte que el sistema de pensiones español puede entrar en déficit en el 2022". El Diario Exterior, 20 de enero de 2010.
[3] Vicenç Navarro et als., op. cit., 32.
[4] Vid. "Unespa" en Wikipedia.
[5] Vicenç Navarro et als., op. cit.
[6] "Guerra entre los grupos privados por hacerse con ‘el pastel sanitario’ en Castilla-La Mancha". El Plural, 8 de abril de 2012.
[7] "La salud privada aprovecha el tijeretazo público". El País, 8 de abril de 2012.
[8] "De Guindos propone el pago progresivo en sanidad `para mantener la calidad del sistema`". Cadena SER, 9 de abril de 2012.
[9] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Público, 2 de febrero de 2012.
Repiten los denominados "expertos" que el ideograma chino que se utiliza para representar la palabra "crisis" también puede significar "oportunidad". En los días que corren, pocos ciudadanos de a pie pueden presumir de haber disfrutado de alguna buena oportunidad desde el comienzo de la crisis. Al menos, quienes tienen la fortuna de mantener un puesto de trabajo sí que habrán tenido la oportunidad de recibir alguna llamada telefónica -o quizás un folleto publicitario- de su banco informándole de la importancia de suscribirse a un seguro de pensiones. El argumento del comercial no diferirá mucho de una hiperbólica explicación de la complicada situación económica actual y de cómo la manida crisis ha afectado al fondo público de pensiones. En otras palabras, nuestros legítimos temores se convierten en argumentos con el fin de vendernos un producto.Desde hace casi dos décadas ha habido múltiples, e infructuosos, intentos de anunciar el fin del sistema público de pensiones. Por ejemplo, en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[1]. La posterior explosión de la crisis abonó un pesimismo generalizado que supo ser aprovechado por una comisión de estudios impulsada por la Unespa en 2010 que retrasaba la predicción del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[2]. Todos estos estudios comparten, además de un lúgubre pronóstico para la sostenibilidad de las pensiones, el sesgo ideológico de sus respectivos autores, quienes establecen a propósito las adecuadas hipótesis de partida que les permitan alcanzar los resultados que buscan[3]. Así, por ejemplo, las conclusiones del estudio de la Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- son consecuentes con el artículo primero de sus estatutos, que explica que la finalidad de aquella asociación es la "representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales, comunes, de sus asociados"[4]. Por el contrario, resulta interesante comprobar que los resultados de estudios independientes hasta la fecha nunca han puesto en duda la viabilidad del sistema público de pensiones[5].
Si la propaganda en contra de la viabilidad de las pensiones se ha utilizado para potenciar el mercado de los fondos de pensiones privadas, los anunciados recortes en sanidad serán la excusa para potenciar los seguros privados de salud. Este hecho lleva un tiempo constatándose en las comunidades autónomas pioneras en el desmontaje del sistema público de salud, como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde las grandes empresas del sector privado de salud pugnan por el acceso a la gestión de los hospitales públicos incluidos en las respectivas agendas de privatización de estos gobiernos regionales[6].
La continua degradación del sistema público de salud supone nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras. Ya no se trata de disfrutar de habitaciones individuales en hospitales donde las enfermeras siguen vistiendo falda; ahora, el sensible aumento de las listas de espera, reiteradas reducciones de personal, cierres de alas de hospitales y quirófanos o amenazas de copago son argumentos suficientes para que muchos ciudadanos se planteen la suscripción a algún seguro médico privado[7]. Por supuesto, las coberturas serán limitadas, de modo que las afecciones más graves siempre serán derivadas al sistema público, pero la semilla de la desconfianza en la medicina pública ha comenzado a germinar.
El impuso final para las aseguradoras de salud, al mismo tiempo que la degradación definitiva del sistema público sanitario, puede venir de la reciente propuesta de introducir el principio de progresividad en las prestaciones sanitarias[8]. El hecho de que pague más quien más recursos tenga puede parecer, a priori, una medida progresista que, incluso, puede que sea aplaudida desde sectores nada afines al actual Gobierno en los que no se haya meditado lo suficiente sus implicaciones. Lo primero que hay que decir ante este asunto es que la propuesta, realizada por el ministro de Economía, no implica redistribución de riquezas. Lo justo sería un principio de progresividad fiscal aplicado en forma de impuestos directos, como el IRPF o los beneficios empresariales; principio del que desgraciadamente adolece el Estado español en comparación a estados más avanzados de la Unión Europea[9]. De llegar a hacerse realidad esta propuesta, no pasará mucho tiempo en el que el sector más privilegiado de la población se queje de pagar un sobrecoste por unas prestaciones sanitarias en continuo declive. El siguiente paso será el planteamiento de un sistema mixto de salud público-privado, o directamente privado, para las rentas más desahogadas quienes, por tanto, ya no tendrán que pagar a la sanidad pública. En otras palabras, el servicio público de salud quedará como servicio exclusivo de los menos pudientes, pasando a ser algo similar a las instituciones de beneficencia que existieron en España en épocas pasadas.
Parece claro que el camino dictado desde los grandes poderes es el trasvase de cualquier actividad pública rentable hacia el sector privado. La maquinaria mediática se encuentra funcionando a toda potencia para orientar a la opinión pública hacia la idea de la insostenibilidad de lo público. Desde hace unos años se lleva repitiendo la doctrina de que todo lo público supone un gasto. Hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la inversión pública como medio para generar el capital intangible que supone el bienestar de la población. Los medios tradicionales no explican que la actual esperanza de vida en España es alta debido a la previa consecución de ciertos estándares en sanidad y condiciones laborales que ahora se están perdiendo. En nuestros días, tener una población longeva -desde la fría perspectiva neoliberal- ya no es motivo de orgullo, sino causa de déficit. El sensible empeoramiento de los servicios públicos -a consecuencia de los continuos recortes- se irá afianzando como argumento para convencer a una parte de la ciudadanía a contratar los servicios de entidades privadas que complementen las carencias de lo público para, más adelante, reclamar su completa sustitución. Las empresas privadas que proporcionen aquellos servicios habrán encontrado su gran oportunidad.
Como corolario, conviene comentar que en los Estados Unidos prácticamente todos los servicios básicos para la ciudadanía se encuentran en manos de grandes empresas privadas. Allí no es difícil encontrar a gente con dos puestos de trabajo que desempeñan a jornada completa. Dieciséis horas de trabajo diarias, con el desgaste físico que supone, no se hace por gusto. Normalmente se trata de personas que tienen que pagar costosos tratamientos médicos a familiares cercanos y no tienen otra opción.
[1] Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón (2010): ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. ATTAC, Madrid, 31.
[2] "Rodrigo Rato advierte que el sistema de pensiones español puede entrar en déficit en el 2022". El Diario Exterior, 20 de enero de 2010.
[3] Vicenç Navarro et als., op. cit., 32.
[4] Vid. "Unespa" en Wikipedia.
[5] Vicenç Navarro et als., op. cit.
[6] "Guerra entre los grupos privados por hacerse con ‘el pastel sanitario’ en Castilla-La Mancha". El Plural, 8 de abril de 2012.
[7] "La salud privada aprovecha el tijeretazo público". El País, 8 de abril de 2012.
[8] "De Guindos propone el pago progresivo en sanidad `para mantener la calidad del sistema`". Cadena SER, 9 de abril de 2012.
[9] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Público, 2 de febrero de 2012.
domingo, 20 de noviembre de 2011
Diccionario de la Crisis: copago
copago.
(De copagar)
(De copagar)
1. m. Entrega de dinero adicional en concepto de abono de un servicio público, a pesar de que su pago completo ya fuese realizado previamente por el usuario a través de sus cotizaciones e impuestos.
2. m. Penalización por el uso de servicios públicos.
~ sanitario.
1. m. Mecanismo para desincentivar a las capas más modestas de la sociedad del uso del sistema público de sanidad.
2. m. Entrega de un porcentaje del precio de un medicamento con receta médica a cambio de su recogida en una farmacia.
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