El Faro de la Colina: La democracia es definitivamente incompatible con el miedo

La movilización es el principal recurso que queda al ciudadano para demostrar su disconformidad con el rosario de recortes que lleva sufriendo con la excusa de salir de la crisis. Lo que tendría que ser un ejercicio de libertad de expresión es continuamente coartado por las intervenciones de los cuerpos antidisturbios, que reciben orden de los responsables políticos de emplearse con dureza. La instrumentalización de aquellos agentes policiales por parte de los grandes poderes socava el espíritu democrático y al propio estado de derecho.

El 15 de mayo de 2011 supuso un despertar para una gran parte de la sociedad, una toma de conciencia de una problemática común por la que muchas personas estarían dispuestas a movilizarse. El fantasma del inmovilismo, el del “no hay nada que hacer” parecía haber sido momentáneamente superado. Para muchos ciudadanos suponía la primera vez que salían a las calles y se enfrentaban a la cruda realidad de un sistema que lo tiene todo muy bien atado y no permite réplicas.

Es cierto que de toda la vida ha habido movilizaciones, aunque éstas eran de carácter parcial, limitadas a los intereses de gremios o sectores industriales. Aquellas movilizaciones, habitualmente fruto de dolorosas reconversiones o despidos masivos, solían saldarse con enfrentamientos con las fuerzas del orden que eran presentados a la sociedad como algo anecdótico sin ninguna causa más que los disturbios en sí mismos. Así, los titulares típicos de aquellos sucesos se referían exclusivamente al hecho de los disturbios[1], olvidando la inevitable desesperación de padres de familia al ver peligrar el sustento de los suyos.

Hay que tener una cosa bien clara: los ciudadanos preferimos disfrutar de nuestra vida corriente, sin sobresaltos, a tener que salir a la calle a protestar. Pero cuando la deseada normalidad deja de ser tal, cuando los puestos de trabajo peligran, cuando los derechos se degradan, la movilización es la única herramienta que queda a la ciudadanía para restablecer aquella normalidad.

Las movilizaciones han sido, por desgracia, tradicionalmente frenadas en seco por las autoridades, quienes han dispuesto a los cuerpos antidisturbios como fuerza de disuasión y choque contra las aspiraciones de protesta de la ciudadanía. Los movimientos de indignación surgidos durante el año 2011, a pesar de su carácter pacífico, rápidamente se encontraron con la oposición de los gobernantes. La reacción de las autoridades, en muchos casos, supuso la negación de facto del derecho de expresión a una parte de la ciudadanía que reaccionaba en contra de una crisis en cuyo nombre se destruían derechos.

La ciudadanía, al menos en una parte significativa, comenzaba a pensar por sí misma y, sobre todo, a organizarse. El consecuente miedo de algunos gobernantes a una ciudadanía con criterio propio se tradujo en respuestas represivas que alcanzaron la mayor crudeza en los sucesos del 27 de mayo en la Plaza de Catalunya de Barcelona. Los medios de comunicación tradicionales, sobre todo los más escorados hacia tendencias conservadoras, orquestaron campañas mediáticas para lograr que el resto de la ciudadanía identificase a los movimientos de indignación con gente al margen de la sociedad. En cierto modo era más sencillo justificar cargas policiales contra ciudadanos deshumanizados por los medios. Pero la realidad nos mostraba a personas con gran sensibilidad social que se manifestaba pacíficamente para exigir un cambio en las reglas del juego que convierten al ciudadano en eterno perdedor; que además predicaban con el ejemplo, oponiéndose a desahucios, haciendo por crear lazos entre vecinos y conciudadanos en una sociedad habitualmente individualista, tomando siempre la movilización pacífica como norma. De hecho, un responsable de la policía llegó a declarar a la prensa que "la única buena noticia es que el 15M, que es un movimiento pacífico, ha capitalizado el descontento y ha dejado muy fuera de juego a los activistas violentos"[2].

Sin embargo, multitud de imágenes tomadas con las cámaras de los móviles mostraban a gente normal siendo golpeada, arrastrada, vejada por algunos agentes antidisturbios que se extralimitaban en sus funciones. La ONG Human Right Watch llegó a presentar un informe en el que afirmaba que “hubo informes creíbles que denunciaban el uso excesivo de la fuerza por la policía en las operaciones de dispersión en Madrid y en otras partes entre mayo y agosto”[3]. El cambio de gobierno en el estado español, en noviembre de 2011, ha implicado un endurecimiento de la actitud del Ministerio de Interior hacia los movimientos de indignación[4] y, por extensión, a cualquier acto de protesta hacia los recortes que el Gobierno pretende aplicar durante esta legislatura. Desgraciadamente, los sucesos acontecidos en Valencia en la segunda quincena de febrero de 2012 muestran un nada alentador panorama que promete más ciudadanos privados de su derecho a manifestarse y represión, mucha represión, cuyo objetivo es la radicalización de las protestas ciudadanas para justificar aún más represión. Un terrible círculo vicioso que llevará el miedo a una población en estado de shock.

Las imágenes de adolescentes golpeados, arrastrados, zarandeados[5], vejados por comentarios del tipo "no tienes cuerpo ni de puta"[6]. Jóvenes que protestan por las tercermundistas condiciones en las que se encuentran sus institutos, mientras en su Comunidad se ha derrochado el dinero en aeropuertos sin uso, suntuosos circuitos de velocidad y otras perlas. Es inconcebible que esto esté ocurriendo en una sociedad supuestamente avanzada como la española. Una ciudad entera solidarizada con sus jóvenes recibe cargas policiales y detenciones[7]. Hay gente herida[8] que es considerada "enemiga" por un alto cargo de la policía[9], mientras la sociedad valenciana sigue sin entender nada y el resto del estado se solidariza[10]. Mientras tanto, las autoridades miran hacia otro lado, como si nada pasara.

No podemos olvidar que la causa última de estos sucesos es la continua degradación de derechos y servicios públicos que comienzan a asfixiar a la ciudadanía. La protesta es la reacción natural y legítima de la sociedad, el único modo de hacerse oír cuando las autoridades parecen haber olvidado que su deber -teórico- es servir a los ciudadanos. La gente cada vez tiene más claro que la clase política que ostenta el poder está al servicio exclusivo de una oligarquía empresarial y bancaria para quienes los trabajadores son mera mercancía. La reciente reforma laboral es el ejemplo más claro, que condena a la indefensión a cualquier trabajador ante los caprichos del empresario ávido de dividendos[11].

Cuando los agentes antidisturbios salen armados con porra y escudo, salen a defender los intereses de aquellos grandes empresarios y banqueros, españoles y europeos, quienes hace tiempo que nos condenaron a la segunda división europea. Es comprensible que su trabajo sea velar por el orden y la seguridad, pero toda responsabilidad tiene unos límites. El insulto y la vejación, aunque se explique en las academias como elemento disuasorio, no tienen lugar frente a ciudadanos que tan sólo desean llevar una vida normal que se les niega porque los poderosos quienes serlo aún más. Todavía nos encontramos en un estado de derecho, por tanto su obligación es también la protección de los ciudadanos a los que golpean, porque aquéllos sí que están realmente indefensos ante el fantasma del desempleo y la precariedad. No cabe duda de que si a muchos de aquellos agentes se les diera la orden de detención a ciertos banqueros, lo harían con mucho gusto. Tampoco cabe duda de que basta con un par de energúmenos entre un grupo de buena gente para dañar el buen nombre de una institución como la Policía. Todos conocemos casos de compañeros de trabajo, sea cual sea nuestro trabajo, cuyo mal comportamiento disculpamos por puro compañerismo. Pero, en este caso, aquel corporativismo está consiguiendo que parte de la sociedad comience a ver a los cuerpos de seguridad como el enemigo, cuando lo justo sería verlos como trabajadores que también pagan sus impuestos, sufren recortes y llevan a sus hijos a los mismos institutos en los que faltan servicios básicos.

El enemigo real es el gran empresario y el banquero que dictan a los gobiernos los recortes a nuestra calidad de vida. El policía antidisturbios es, desgraciadamente, un peón en manos de aquéllos; los mismos que, cuando tienen oportunidad, satanizan al funcionario, los mismos que terminarán destruyendo el sistema de vida tal como hemos conocido. La democracia es incompatible con el miedo, por eso los gobernantes jamás estarán legitimados a ordenar a sus fuerzas de seguridad a reprimir, a asustar con porras y pelotas de goma, como hacen en la actualidad. No vale la excusa de cumplir órdenes si con ello se hiere a ciudadanos, pues con ello también se daña al estado de derecho y a la propia democracia. La buena salud de la democracia conlleva, por parte de las propias fuerzas del orden, la necesidad de una toma de conciencia de la realidad y su compromiso a renunciar a ser meros instrumentos en manos de aquellos grandes poderes que ningún ciudadano ha votado. La Constitución y los Derechos Humanos los legitima para ello.