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El Gobierno del PP ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Privada, aclarando que lo hace con la intención de "contribuir a hacer de España un país más seguro"... no vayamos a pensar mal y vayamos por ahí diciendo que lo hacen por aquello de hacer negocio con otro servicio público como, en este caso, la seguridad. A partir de ahora, por nuestra seguridad, los vigilantes privados podrán actuar como policías low-cost, permitiéndoseles efectuar cacheos y detenciones, y sus respectivas empresas acceder a ficheros policiales. Desde luego, el hecho de que haya algún ex-ministro del partido en el poder que tenga intereses en el sector de la seguridad privada, al igual que algún que otro gran empresario presunto donante de los sobres de Bárcenas, no tiene por qué tener que ver con esta ley. Al respecto, muchos seguimos pensando que España sería un país más seguro si no se hubiera desmantelado la unidad de la Policía que investigó a Urdangarín y Matas, ni se hubiera destituido al comisario que abrió el caso del ático en Marbella de Ignacio González.
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