La continua degradación del servicio público de sanidad beneficia directamente a las empresas privadas del sector, las cuales encuentran la oportunidad de aumentar su cartera de clientes -que buscan de algún modo compensar el empeoramiento del servicio-. Algo similar ha ocurrido con los cambios en la ley del sistema de pensiones y el surgir de numerosas ofertas de planes privados de pensiones por parte de bancos y aseguradoras.
Repiten los denominados "expertos" que el ideograma chino que se utiliza para representar la palabra "crisis" también puede significar "oportunidad". En los días que corren, pocos ciudadanos de a pie pueden presumir de haber disfrutado de alguna buena oportunidad desde el comienzo de la crisis. Al menos, quienes tienen la fortuna de mantener un puesto de trabajo sí que habrán tenido la oportunidad de recibir alguna llamada telefónica -o quizás un folleto publicitario- de su banco informándole de la importancia de suscribirse a un seguro de pensiones. El argumento del comercial no diferirá mucho de una hiperbólica explicación de la complicada situación económica actual y de cómo la manida crisis ha afectado al fondo público de pensiones. En otras palabras, nuestros legítimos temores se convierten en argumentos con el fin de vendernos un producto.
Desde hace casi dos décadas ha habido múltiples, e infructuosos, intentos de anunciar el fin del sistema público de pensiones. Por ejemplo, en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[1]. La posterior explosión de la crisis abonó un pesimismo generalizado que supo ser aprovechado por una comisión de estudios impulsada por la Unespa en 2010 que retrasaba la predicción del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[2]. Todos estos estudios comparten, además de un lúgubre pronóstico para la sostenibilidad de las pensiones, el sesgo ideológico de sus respectivos autores, quienes establecen a propósito las adecuadas hipótesis de partida que les permitan alcanzar los resultados que buscan[3]. Así, por ejemplo, las conclusiones del estudio de la Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- son consecuentes con el artículo primero de sus estatutos, que explica que la finalidad de aquella asociación es la "representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales, comunes, de sus asociados"[4]. Por el contrario, resulta interesante comprobar que los resultados de estudios independientes hasta la fecha nunca han puesto en duda la viabilidad del sistema público de pensiones[5].
Si la propaganda en contra de la viabilidad de las pensiones se ha utilizado para potenciar el mercado de los fondos de pensiones privadas, los anunciados recortes en sanidad serán la excusa para potenciar los seguros privados de salud. Este hecho lleva un tiempo constatándose en las comunidades autónomas pioneras en el desmontaje del sistema público de salud, como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde las grandes empresas del sector privado de salud pugnan por el acceso a la gestión de los hospitales públicos incluidos en las respectivas agendas de privatización de estos gobiernos regionales[6].
La continua degradación del sistema público de salud supone nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras. Ya no se trata de disfrutar de habitaciones individuales en hospitales donde las enfermeras siguen vistiendo falda; ahora, el sensible aumento de las listas de espera, reiteradas reducciones de personal, cierres de alas de hospitales y quirófanos o amenazas de copago son argumentos suficientes para que muchos ciudadanos se planteen la suscripción a algún seguro médico privado[7]. Por supuesto, las coberturas serán limitadas, de modo que las afecciones más graves siempre serán derivadas al sistema público, pero la semilla de la desconfianza en la medicina pública ha comenzado a germinar.
El impuso final para las aseguradoras de salud, al mismo tiempo que la degradación definitiva del sistema público sanitario, puede venir de la reciente propuesta de introducir el principio de progresividad en las prestaciones sanitarias[8]. El hecho de que pague más quien más recursos tenga puede parecer, a priori, una medida progresista que, incluso, puede que sea aplaudida desde sectores nada afines al actual Gobierno en los que no se haya meditado lo suficiente sus implicaciones. Lo primero que hay que decir ante este asunto es que la propuesta, realizada por el ministro de Economía, no implica redistribución de riquezas. Lo justo sería un principio de progresividad fiscal aplicado en forma de impuestos directos, como el IRPF o los beneficios empresariales; principio del que desgraciadamente adolece el Estado español en comparación a estados más avanzados de la Unión Europea[9]. De llegar a hacerse realidad esta propuesta, no pasará mucho tiempo en el que el sector más privilegiado de la población se queje de pagar un sobrecoste por unas prestaciones sanitarias en continuo declive. El siguiente paso será el planteamiento de un sistema mixto de salud público-privado, o directamente privado, para las rentas más desahogadas quienes, por tanto, ya no tendrán que pagar a la sanidad pública. En otras palabras, el servicio público de salud quedará como servicio exclusivo de los menos pudientes, pasando a ser algo similar a las instituciones de beneficencia que existieron en España en épocas pasadas.
Parece claro que el camino dictado desde los grandes poderes es el trasvase de cualquier actividad pública rentable hacia el sector privado. La maquinaria mediática se encuentra funcionando a toda potencia para orientar a la opinión pública hacia la idea de la insostenibilidad de lo público. Desde hace unos años se lleva repitiendo la doctrina de que todo lo público supone un gasto. Hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la inversión pública como medio para generar el capital intangible que supone el bienestar de la población. Los medios tradicionales no explican que la actual esperanza de vida en España es alta debido a la previa consecución de ciertos estándares en sanidad y condiciones laborales que ahora se están perdiendo. En nuestros días, tener una población longeva -desde la fría perspectiva neoliberal- ya no es motivo de orgullo, sino causa de déficit. El sensible empeoramiento de los servicios públicos -a consecuencia de los continuos recortes- se irá afianzando como argumento para convencer a una parte de la ciudadanía a contratar los servicios de entidades privadas que complementen las carencias de lo público para, más adelante, reclamar su completa sustitución. Las empresas privadas que proporcionen aquellos servicios habrán encontrado su gran oportunidad.
Como corolario, conviene comentar que en los Estados Unidos prácticamente todos los servicios básicos para la ciudadanía se encuentran en manos de grandes empresas privadas. Allí no es difícil encontrar a gente con dos puestos de trabajo que desempeñan a jornada completa. Dieciséis horas de trabajo diarias, con el desgaste físico que supone, no se hace por gusto. Normalmente se trata de personas que tienen que pagar costosos tratamientos médicos a familiares cercanos y no tienen otra opción.
[1] Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón (2010): ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. ATTAC, Madrid, 31.
[2] "Rodrigo Rato advierte que el sistema de pensiones español puede entrar en déficit en el 2022". El Diario Exterior, 20 de enero de 2010.
[3] Vicenç Navarro et als., op. cit., 32.
[4] Vid. "Unespa" en Wikipedia.
[5] Vicenç Navarro et als., op. cit.
[6] "Guerra entre los grupos privados por hacerse con ‘el pastel sanitario’ en Castilla-La Mancha". El Plural, 8 de abril de 2012.
[7] "La salud privada aprovecha el tijeretazo público". El País, 8 de abril de 2012.
[8] "De Guindos propone el pago progresivo en sanidad `para mantener la calidad del sistema`". Cadena SER, 9 de abril de 2012.
[9] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Público, 2 de febrero de 2012.
Repiten los denominados "expertos" que el ideograma chino que se utiliza para representar la palabra "crisis" también puede significar "oportunidad". En los días que corren, pocos ciudadanos de a pie pueden presumir de haber disfrutado de alguna buena oportunidad desde el comienzo de la crisis. Al menos, quienes tienen la fortuna de mantener un puesto de trabajo sí que habrán tenido la oportunidad de recibir alguna llamada telefónica -o quizás un folleto publicitario- de su banco informándole de la importancia de suscribirse a un seguro de pensiones. El argumento del comercial no diferirá mucho de una hiperbólica explicación de la complicada situación económica actual y de cómo la manida crisis ha afectado al fondo público de pensiones. En otras palabras, nuestros legítimos temores se convierten en argumentos con el fin de vendernos un producto.Desde hace casi dos décadas ha habido múltiples, e infructuosos, intentos de anunciar el fin del sistema público de pensiones. Por ejemplo, en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[1]. La posterior explosión de la crisis abonó un pesimismo generalizado que supo ser aprovechado por una comisión de estudios impulsada por la Unespa en 2010 que retrasaba la predicción del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[2]. Todos estos estudios comparten, además de un lúgubre pronóstico para la sostenibilidad de las pensiones, el sesgo ideológico de sus respectivos autores, quienes establecen a propósito las adecuadas hipótesis de partida que les permitan alcanzar los resultados que buscan[3]. Así, por ejemplo, las conclusiones del estudio de la Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- son consecuentes con el artículo primero de sus estatutos, que explica que la finalidad de aquella asociación es la "representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales, comunes, de sus asociados"[4]. Por el contrario, resulta interesante comprobar que los resultados de estudios independientes hasta la fecha nunca han puesto en duda la viabilidad del sistema público de pensiones[5].
Si la propaganda en contra de la viabilidad de las pensiones se ha utilizado para potenciar el mercado de los fondos de pensiones privadas, los anunciados recortes en sanidad serán la excusa para potenciar los seguros privados de salud. Este hecho lleva un tiempo constatándose en las comunidades autónomas pioneras en el desmontaje del sistema público de salud, como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde las grandes empresas del sector privado de salud pugnan por el acceso a la gestión de los hospitales públicos incluidos en las respectivas agendas de privatización de estos gobiernos regionales[6].
La continua degradación del sistema público de salud supone nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras. Ya no se trata de disfrutar de habitaciones individuales en hospitales donde las enfermeras siguen vistiendo falda; ahora, el sensible aumento de las listas de espera, reiteradas reducciones de personal, cierres de alas de hospitales y quirófanos o amenazas de copago son argumentos suficientes para que muchos ciudadanos se planteen la suscripción a algún seguro médico privado[7]. Por supuesto, las coberturas serán limitadas, de modo que las afecciones más graves siempre serán derivadas al sistema público, pero la semilla de la desconfianza en la medicina pública ha comenzado a germinar.
El impuso final para las aseguradoras de salud, al mismo tiempo que la degradación definitiva del sistema público sanitario, puede venir de la reciente propuesta de introducir el principio de progresividad en las prestaciones sanitarias[8]. El hecho de que pague más quien más recursos tenga puede parecer, a priori, una medida progresista que, incluso, puede que sea aplaudida desde sectores nada afines al actual Gobierno en los que no se haya meditado lo suficiente sus implicaciones. Lo primero que hay que decir ante este asunto es que la propuesta, realizada por el ministro de Economía, no implica redistribución de riquezas. Lo justo sería un principio de progresividad fiscal aplicado en forma de impuestos directos, como el IRPF o los beneficios empresariales; principio del que desgraciadamente adolece el Estado español en comparación a estados más avanzados de la Unión Europea[9]. De llegar a hacerse realidad esta propuesta, no pasará mucho tiempo en el que el sector más privilegiado de la población se queje de pagar un sobrecoste por unas prestaciones sanitarias en continuo declive. El siguiente paso será el planteamiento de un sistema mixto de salud público-privado, o directamente privado, para las rentas más desahogadas quienes, por tanto, ya no tendrán que pagar a la sanidad pública. En otras palabras, el servicio público de salud quedará como servicio exclusivo de los menos pudientes, pasando a ser algo similar a las instituciones de beneficencia que existieron en España en épocas pasadas.
Parece claro que el camino dictado desde los grandes poderes es el trasvase de cualquier actividad pública rentable hacia el sector privado. La maquinaria mediática se encuentra funcionando a toda potencia para orientar a la opinión pública hacia la idea de la insostenibilidad de lo público. Desde hace unos años se lleva repitiendo la doctrina de que todo lo público supone un gasto. Hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la inversión pública como medio para generar el capital intangible que supone el bienestar de la población. Los medios tradicionales no explican que la actual esperanza de vida en España es alta debido a la previa consecución de ciertos estándares en sanidad y condiciones laborales que ahora se están perdiendo. En nuestros días, tener una población longeva -desde la fría perspectiva neoliberal- ya no es motivo de orgullo, sino causa de déficit. El sensible empeoramiento de los servicios públicos -a consecuencia de los continuos recortes- se irá afianzando como argumento para convencer a una parte de la ciudadanía a contratar los servicios de entidades privadas que complementen las carencias de lo público para, más adelante, reclamar su completa sustitución. Las empresas privadas que proporcionen aquellos servicios habrán encontrado su gran oportunidad.
Como corolario, conviene comentar que en los Estados Unidos prácticamente todos los servicios básicos para la ciudadanía se encuentran en manos de grandes empresas privadas. Allí no es difícil encontrar a gente con dos puestos de trabajo que desempeñan a jornada completa. Dieciséis horas de trabajo diarias, con el desgaste físico que supone, no se hace por gusto. Normalmente se trata de personas que tienen que pagar costosos tratamientos médicos a familiares cercanos y no tienen otra opción.
[1] Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón (2010): ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. ATTAC, Madrid, 31.
[2] "Rodrigo Rato advierte que el sistema de pensiones español puede entrar en déficit en el 2022". El Diario Exterior, 20 de enero de 2010.
[3] Vicenç Navarro et als., op. cit., 32.
[4] Vid. "Unespa" en Wikipedia.
[5] Vicenç Navarro et als., op. cit.
[6] "Guerra entre los grupos privados por hacerse con ‘el pastel sanitario’ en Castilla-La Mancha". El Plural, 8 de abril de 2012.
[7] "La salud privada aprovecha el tijeretazo público". El País, 8 de abril de 2012.
[8] "De Guindos propone el pago progresivo en sanidad `para mantener la calidad del sistema`". Cadena SER, 9 de abril de 2012.
[9] Vicenç Navarro: "¿Tributamos como los suecos?". Público, 2 de febrero de 2012.
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