Este artículo realiza un recorrido por las primeras propuestas del programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, analizando la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.
Las elecciones celebradas en Grecia en el mes de mayo de 2012 tendrán que repetirse ante la imposibilidad de formar gobierno. La propuesta del actual presidente griego, Karolos Papulias, de formar un nuevo gobierno de tecnócratas fue desestimada por las formaciones de izquierda Dimar y Syriza[1]. Con vistas a las próximas elecciones, esta última formación plantea un interesante programa electoral[2]. Habida cuenta de la alta posibilidad de que esta fuerza llegase a gobernar, sería interesante realizar un breve análisis de las medidas propuestas y, como ejercicio de política-ficción, la posibilidad de su extrapolación al Estado español.
Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo.
La auditoría sobre la deuda pública se trata de "un derecho democrático esencial como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; es, en definitiva, un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos"[3]. Esta herramienta permite analizar el origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es "ilegítima" u "odiosa" para, en tal caso, proceder a su anulación[4]. Recordemos que el Derecho internacional reconoce que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente[5].
La realización de una auditoría sobre la deuda pública supondría un compromiso político al que sólo pueden responder aquellos grupos políticos que muestran su rechazo frontal al dogma neoliberal, como el caso de Syriza en Grecia. Tanto en Grecia como en España, la aplicación de este instrumento serían deseables para el saneamiento de la respectivas economías y parar la sangría que en ambos países lleva produciéndose en la calidad de vida de sus ciudadanos con la excusa de la deuda.
No tardarán en salir voces desde la propia Grecia -y otro tanto ocurriría en España en caso de proponerse tal medida- en contra de realizar la auditoría, esgrimiendo que la confianza internacional en el Estado caería bajo mínimos en caso de llevarse a cabo. La realidad es que, en la historia reciente, muchos países han aplicado estos mecanismos de auditoría y las consecuencias inmediatas supusieron el ahorro de grandes sumas de dinero a los estados y la recuperación de sus respectivas economías.
El Banco Central Europeo es un verdadero lastre para la recuperación económica de los países más afectados por la deuda pública en la Eurozona. A pesar de su denominación, el BCE no actúa como un banco central propiamente dicho. La principal función de cualquier banco central es la impresión de dinero pero, en el caso del BCE, éste no es transferido a los estados sino a la banca privada. Los bancos centrales clásicos utilizan el dinero que imprimen para comprar deuda pública a sus correspondientes estados y, con ello, bajar los intereses que tengan que pagar éstos para poder vender sus respectivos bonos públicos. El artículo 123 del reglamento del BCE prohíbe tanto el préstamo de dinero como la compra de bonos públicos a los estados miembros de la Eurozona. Por lo tanto, éstos se ven obligados a ofrecer sus bonos con altos intereses, lo que abona el campo a la especulación de los mercados financieros[6].
La financiación de los estados se realiza con la intermediación de la banca privada, quien obtiene importantes beneficios por ello. Esta situación convierte al BCE en un lobby de la banca privada europea, especialmente la alemana. Los desafortunados intentos, hasta la fecha, por parte de la troika comunitaria de flexibilización de la norma 123 han tenido como contrapartida la exigencia de que los salarios y la protección social disminuyan[7].
Los estados de la Eurozona más afectados por la deuda pública, entre ellos España y Grecia, han de exigir a la UE la derogación total de la norma 123, de modo que el BCE actúe como un banco central, prestando dinero directamente a los estados que lo necesiten, e imprimiendo moneda como mecanismo de protección ante especuladores.
La realización de una auditoría sobre la deuda pública supondría un compromiso político al que sólo pueden responder aquellos grupos políticos que muestran su rechazo frontal al dogma neoliberal, como el caso de Syriza en Grecia. Tanto en Grecia como en España, la aplicación de este instrumento serían deseables para el saneamiento de la respectivas economías y parar la sangría que en ambos países lleva produciéndose en la calidad de vida de sus ciudadanos con la excusa de la deuda.
No tardarán en salir voces desde la propia Grecia -y otro tanto ocurriría en España en caso de proponerse tal medida- en contra de realizar la auditoría, esgrimiendo que la confianza internacional en el Estado caería bajo mínimos en caso de llevarse a cabo. La realidad es que, en la historia reciente, muchos países han aplicado estos mecanismos de auditoría y las consecuencias inmediatas supusieron el ahorro de grandes sumas de dinero a los estados y la recuperación de sus respectivas economías.
Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para que financie directamente a los estados y a los programas de inversión pública.
El Banco Central Europeo es un verdadero lastre para la recuperación económica de los países más afectados por la deuda pública en la Eurozona. A pesar de su denominación, el BCE no actúa como un banco central propiamente dicho. La principal función de cualquier banco central es la impresión de dinero pero, en el caso del BCE, éste no es transferido a los estados sino a la banca privada. Los bancos centrales clásicos utilizan el dinero que imprimen para comprar deuda pública a sus correspondientes estados y, con ello, bajar los intereses que tengan que pagar éstos para poder vender sus respectivos bonos públicos. El artículo 123 del reglamento del BCE prohíbe tanto el préstamo de dinero como la compra de bonos públicos a los estados miembros de la Eurozona. Por lo tanto, éstos se ven obligados a ofrecer sus bonos con altos intereses, lo que abona el campo a la especulación de los mercados financieros[6].
La financiación de los estados se realiza con la intermediación de la banca privada, quien obtiene importantes beneficios por ello. Esta situación convierte al BCE en un lobby de la banca privada europea, especialmente la alemana. Los desafortunados intentos, hasta la fecha, por parte de la troika comunitaria de flexibilización de la norma 123 han tenido como contrapartida la exigencia de que los salarios y la protección social disminuyan[7].
Los estados de la Eurozona más afectados por la deuda pública, entre ellos España y Grecia, han de exigir a la UE la derogación total de la norma 123, de modo que el BCE actúe como un banco central, prestando dinero directamente a los estados que lo necesiten, e imprimiendo moneda como mecanismo de protección ante especuladores.
[1] "El presidente griego propone un gobierno tecnocrático ante la fragmentación política". La Vanguardia, 14 de mayo de 2012.
[2] Disponible en la web oficial de ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Syriza) y traducido al castellano en "El programa de la izquierda radical griega".
[3] Laura Pérez, cit. en Enric Llopis: "Auditorías de la deuda pública: una alternativa a los planes de ajuste". ATTAC, 27 de junio de 2011.
[4] Ibid.
[5] Wikipedia, "Deuda odiosa".
[6] Vicenç Navarro: "El BCE, el lobby de la banca". Público, 8 de diciembre de 2011.
[7] Ibid.
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