Las palabras del ministro de Industria en defensa de los intereses de las empresas españolas, en este caso Repsol frente al Gobierno argentino, hacen pensar si ese apoyo incondicional es extensible al choque de intereses que actualmente se está produciendo entre las grandes empresas y la clase trabajadora. Las condiciones impuestas en la última reforma laboral no dejan mucho margen para la duda.
El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España. Por tanto, el Gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, éstos traen consigo consecuencias.
Aunque no haya sido mencionado el asunto de manera explícita, tales palabras están motivadas ante la inminente nacionalización de la petrolera YPF[1], actualmente controlada por Repsol; siendo esta última una empresa privada que cuenta entre sus accionistas con inversores españoles. Cuestión aparte de la legitimidad de cualquier estado a administrar sus propios recursos naturales, resulta llamativa la insistencia del ministro en hablar de la defensa de los intereses de las empresas españolas.
Efectivamente, si hay algo que ha demostrado el actual ejecutivo es su férrea defensa de los intereses de las empresas españolas, especialmente las grandes compañías de capital privado. La última reforma laboral, por ejemplo, ha sido creada según los deseos de la CEOE[2], confederación de las grandes empresas con actividad en España. Esta reforma ha producido un conflicto de intereses entre la patronal y la clase trabajadora española. A pesar del claro rechazo por parte de una significativa mayoría de los ciudadanos, como quedó patente el día 29 de marzo[3], el Estado decidió mantenerse firme en su apuesta por defender los intereses de las empresas.
Volviendo al caso de Repsol, habría que matizar que sólo el 48,51% de su capital corresponde a inversores españoles[4]. A esto habría que añadir que, tal como explica el economista Alberto Garzón, "Repsol utiliza paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos, amén de beneficiarse de las rebajas fiscales y de las deducciones (todo en un marco de competencia fiscal)"[5], lo que supone importantes ingresos que el Estado español deja de percibir.
En definitiva, el Estado español ha entrado en una lamentable confrontación diplomática para defender los intereses de una empresa que hace mucho que dejó de ser realmente española. Españoles son, sin embargo, los numerosos jóvenes que, aún bien preparados, deciden emigrar a Argentina para encontrar el futuro que en España, entre reformas laborales y destrucción del Estado del Bienestar, se les niega[6]. Durante estos días, la prensa tradicional española hará gala de patriotismo extremo, mostrando a Repsol como una empresa española damnificada por las malas políticas populistas kishnerianas, sin que falte alguna referencia a inspiraciones chavistas. Es de esperar, pues se trata de los mismos medios de prensa que intentan convencernos de las bondades la última reforma laboral o de la necesidad de apretarse el cinturón. Lo peor es que muchos españolitos de a pie, sin acciones en Repsol, se sentirán ultrajados por el fatal atrevimiento del Gobierno argentino.
Mientras tanto, los ciudadanos de Lanzarote han pronunciado un rotundo "no" a las prospecciones petrolíferas que Repsol tiene autorizadas realizar en su costa[7], que entienden como un peligro a la biodiversidad y el modelo de desarrollo económico de la isla[8]. Conviene recordar que este permiso fue concedido por el mismo gobierno que afirma, de boca de uno de sus ministros, defender "los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España". ¿Se referiría el ministro a la isla de Lanzarote con la matización de ese "dentro de España"?
Efectivamente, si hay algo que ha demostrado el actual ejecutivo es su férrea defensa de los intereses de las empresas españolas, especialmente las grandes compañías de capital privado. La última reforma laboral, por ejemplo, ha sido creada según los deseos de la CEOE[2], confederación de las grandes empresas con actividad en España. Esta reforma ha producido un conflicto de intereses entre la patronal y la clase trabajadora española. A pesar del claro rechazo por parte de una significativa mayoría de los ciudadanos, como quedó patente el día 29 de marzo[3], el Estado decidió mantenerse firme en su apuesta por defender los intereses de las empresas.
Volviendo al caso de Repsol, habría que matizar que sólo el 48,51% de su capital corresponde a inversores españoles[4]. A esto habría que añadir que, tal como explica el economista Alberto Garzón, "Repsol utiliza paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos, amén de beneficiarse de las rebajas fiscales y de las deducciones (todo en un marco de competencia fiscal)"[5], lo que supone importantes ingresos que el Estado español deja de percibir.
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| Fuente: Repsol |
En definitiva, el Estado español ha entrado en una lamentable confrontación diplomática para defender los intereses de una empresa que hace mucho que dejó de ser realmente española. Españoles son, sin embargo, los numerosos jóvenes que, aún bien preparados, deciden emigrar a Argentina para encontrar el futuro que en España, entre reformas laborales y destrucción del Estado del Bienestar, se les niega[6]. Durante estos días, la prensa tradicional española hará gala de patriotismo extremo, mostrando a Repsol como una empresa española damnificada por las malas políticas populistas kishnerianas, sin que falte alguna referencia a inspiraciones chavistas. Es de esperar, pues se trata de los mismos medios de prensa que intentan convencernos de las bondades la última reforma laboral o de la necesidad de apretarse el cinturón. Lo peor es que muchos españolitos de a pie, sin acciones en Repsol, se sentirán ultrajados por el fatal atrevimiento del Gobierno argentino.
Mientras tanto, los ciudadanos de Lanzarote han pronunciado un rotundo "no" a las prospecciones petrolíferas que Repsol tiene autorizadas realizar en su costa[7], que entienden como un peligro a la biodiversidad y el modelo de desarrollo económico de la isla[8]. Conviene recordar que este permiso fue concedido por el mismo gobierno que afirma, de boca de uno de sus ministros, defender "los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España". ¿Se referiría el ministro a la isla de Lanzarote con la matización de ese "dentro de España"?
[1] "Soria amenaza a Argentina por el conflicto con Repsol". Público, 12 de abril de 2012.
[2] "CEOE: 'La reforma laboral recoge casi todo lo que habíamos pedido'". EITB, 10 de febrero de 2012.
[3] "Huelga general 29-M. Masiva participación ciudadana contra la reforma laboral de Rajoy". Cadena SER, 29 de marzo de 2012.
[4] Repsol: distribución accionarial. Consultado el 13 de abril de 2012.
[5] Alberto Garzón: "Algunos datos sobre REPSOL". 13 de abril de 2012.
[6] "Miles de españoles vuelven a emigrar a Argentina". El Economista, 28 de noviembre de 2010.
[7] "Cerca de 50 mil canarios DICEN NO a las prospecciones petrolíferas en sus aguas". Universo Canario, 24 de marzo de 2012.
[8] "Lanzarote solicitará al Supremo que revoque las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol". ABC, 20 de marzo de 2012.
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