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Al parecer, uno de los cambios proyectados en el Código Penal será la consideración de delito para cualquier sustracción llevada a cabo en supermercados, implicando castigos con penas entre 6 y 18 meses de cárcel. Parece ser que esta medida responde a la presión del lobby de la patronal de la distribución en España, alarmada por el aumento de hurtos en sus centros debido a la crisis. Nos encontramos, en primer lugar, ante una nueva demostración de la incompetencia de este Gobierno para resolver la crisis, cuya única respuesta consiste en endurecer las leyes, sin distinguir entre el ladrón y la persona honrada que se ve obligada a robar empujada por la miseria. No obstante, visto que a nuestros gobernantes no suelen dar puntada sin hilo, resulta inevitable recordar las acciones protesta del SAT y del impacto mediático que tuvieron cuando decidieron sustraer unos carritos de la compra cargados con material de primera necesidad. No olvidemos que, ya en aquellos momentos, el Gobierno dejó entrever su postura al tratar aquellos hechos como si de un asunto de Estado se tratase. Con esta reforma, por fin, tiene disponible la cobertura legal que permita tratar a quienes denuncian la pobreza y la miseria como si fueran delincuentes. Mientras tanto, no hay noticias de que el nuevo Código Penal incluya medidas efectivas contra quienes delinquen a base de evadir capital o vulnerar derechos fundamentales como promover recortes sociales. |
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