A pesar de la gravedad de la noticia, sólo a los más ingenuos les podría extrañar que el Gobierno de los EEUU se resistiera a hacer uso de su capacidad tecnológica para espiar a los ciudadanos. Con acceso garantizado a nuestro rastro electrónico, el derecho a la intimidad recogido en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos queda virtualmente fulminado. Nos encontramos ante una máquina de vigilancia masiva con la que podrán controlar nuestras vidas, nuestras decisiones personales e, incluso, anticiparse a aquéllas. Lo peor de todo es que lo justificarán todo en aras de nuestra propia seguridad, como si ésta realmente les importase.
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