Del interés general al interés de las empresas españolas

Las palabras del ministro de Industria en defensa de los intereses de las empresas españolas, en este caso Repsol frente al Gobierno argentino, hacen pensar si ese apoyo incondicional es extensible al choque de intereses que actualmente se está produciendo entre las grandes empresas y la clase trabajadora. Las condiciones impuestas en la última reforma laboral no dejan mucho margen para la duda.

Así de contundente ha sido el mensaje del ministro de Industria, José Manuel Soria:

El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España. Por tanto, el Gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, éstos traen consigo consecuencias.

Aunque no haya sido mencionado el asunto de manera explícita, tales palabras están motivadas ante la inminente nacionalización de la petrolera YPF[1], actualmente controlada por Repsol; siendo esta última una  empresa privada que cuenta entre sus accionistas con inversores españoles. Cuestión aparte de la legitimidad de cualquier estado a administrar sus propios recursos naturales, resulta llamativa la insistencia del ministro en hablar de la defensa de los intereses de las empresas españolas.

Efectivamente, si hay algo que ha demostrado el actual ejecutivo es su férrea defensa de los intereses de las empresas españolas, especialmente las grandes compañías de capital privado. La última reforma laboral, por ejemplo, ha sido creada según los deseos de la CEOE[2], confederación de las grandes empresas con actividad en España. Esta reforma ha producido un conflicto de intereses entre la patronal y la clase trabajadora española. A pesar del claro rechazo por parte de una significativa mayoría de los ciudadanos, como quedó patente el día 29 de marzo[3], el Estado decidió mantenerse firme en su apuesta por defender los intereses de las empresas.

Volviendo al caso de Repsol, habría que matizar que sólo el 48,51% de su capital corresponde a inversores españoles[4]. A esto habría que añadir que, tal como explica el economista Alberto Garzón, "Repsol utiliza paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos, amén de beneficiarse de las rebajas fiscales y de las deducciones (todo en un marco de competencia fiscal)"[5], lo que supone importantes ingresos que el Estado español deja de percibir.

Fuente: Repsol

En definitiva, el Estado español ha entrado en una lamentable confrontación diplomática para defender los intereses de una empresa que hace mucho que dejó de ser realmente española. Españoles son, sin embargo, los numerosos jóvenes que, aún bien preparados, deciden emigrar a Argentina para encontrar el futuro que en España, entre reformas laborales y destrucción del Estado del Bienestar, se les niega[6]. Durante estos días, la prensa tradicional española hará gala de patriotismo extremo, mostrando a Repsol como una empresa española damnificada por las malas políticas populistas kishnerianas, sin que falte alguna referencia a inspiraciones chavistas. Es de esperar, pues se trata de los mismos medios de prensa que intentan convencernos de las bondades la última reforma laboral o de la necesidad de apretarse el cinturón. Lo peor es que muchos españolitos de a pie, sin acciones en Repsol, se sentirán ultrajados por el fatal atrevimiento del Gobierno argentino.

Mientras tanto, los ciudadanos de Lanzarote han pronunciado un rotundo "no" a las prospecciones petrolíferas que Repsol tiene autorizadas realizar en su costa[7], que entienden como un peligro a la biodiversidad y el modelo de desarrollo económico de la isla[8]. Conviene recordar que este permiso fue concedido por el mismo gobierno que afirma, de boca de uno de sus ministros, defender "los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España". ¿Se referiría el ministro a la isla de Lanzarote con la matización de ese "dentro de España"?

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[1] "Soria amenaza a Argentina por el conflicto con Repsol". Público, 12 de abril de 2012.
[2] "CEOE: 'La reforma laboral recoge casi todo lo que habíamos pedido'". EITB, 10 de febrero de 2012.
[3] "Huelga general 29-M. Masiva participación ciudadana contra la reforma laboral de Rajoy". Cadena SER, 29 de marzo de 2012.
[4] Repsol: distribución accionarial. Consultado el 13 de abril de 2012.
[5] Alberto Garzón: "Algunos datos sobre REPSOL". 13 de abril de 2012.
[6] "Miles de españoles vuelven a emigrar a Argentina". El Economista, 28 de noviembre de 2010.
[7] "Cerca de 50 mil canarios DICEN NO a las prospecciones petrolíferas en sus aguas". Universo Canario, 24 de marzo de 2012.
[8] "Lanzarote solicitará al Supremo que revoque las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol". ABC, 20 de marzo de 2012.

El obispo que desafió al establisment

Este artículo recorre el contenido de las cartas escritas por el obispo de Ciudad Real con motivo de la reciente reforma laboral, la única crítica hasta el momento desde la jerarquía eclesiástica a esta medida del Gobierno. Sorprende la rotundidad y claridad de los términos utilizados por el prelado, desarrollando un mensaje que podría ser calificado, según los estándares de hoy, como progresista.

No es habitual que desde las altas jerarquías eclesiásticas se manifiesten opiniones que pongan en cuestión las decisiones del actual gobierno. Por eso sorprende muy positivamente la reciente publicación de dos cartas abiertas por parte del obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, desde las que critica la última reforma laboral.

De su lectura se desprende la preocupación real del sacerdote hacia los estragos que está causando la crisis en los más débiles, que identifica perfectamente con la clase trabajadora en la primera carta, la cual concluye invitándonos a "reflexionar, pues, sobre la situación que va a seguir creando la Reforma Laboral publicada por el Gobierno, pero sí podemos adelantar que es injusto que, con todo ello, el peso de la Crisis esté cayendo sobre los hombros de los trabajadores"[1].

El obispo manchego profundiza sus reflexiones sobre la debilidad de clase trabajadora en la segunda carta, donde afirma que "de lo que sí estamos en condiciones de juzgar es de la bondad o maldad de una Ley que rebaja claramente los derechos de los trabajadores respecto a situaciones anteriores, y lo peor es que llevamos muchos años ya de nuestra democracia donde siempre los perdedores en el concierto social, repito, siempre, son los mismos y siempre los más débiles"[2].

Hay que elogiar la valentía de este señor a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Habla expresamente de pérdida de derechos, desechando términos como "ajustes" o "flexibilización del mercado" que no son más que eufemismos con la función de edulcorar la continua pérdida de conquistas sociales que los trabajadores llevamos sufriendo en los últimos años. Valentía que sigue demostrando al señalar a los verdaderos beneficiarios de esta reforma laboral, los empresarios, pues "[...] lo que se quiere hacer es establecer un `mercado de trabajo` en el que los empleadores hagan y deshagan a su antojo [...]"[3].

Resulta significativa la utilización del término "fuerza de trabajo" en el discurso del obispo, quien recuerda que quienes proporcionan esa fuerza de trabajo son personas, a quienes hay que tratar como tales y, por tanto, "[...] el `empleado` posible es, ante todo y sobre todo, `persona` a la que otros han dado la vida, la han educado, tiene necesidades básicas: familiares y sociales, no es una mera fuerza de trabajo que se admite o despide unilateralmente y durante un largo periodo de tiempo. [...] Las personas no somos tan flexibles, tan elásticas, como nos quieren hacer creer"[4].

En la época de lo políticamente correcto sorprende leer un discurso así, claro y rotundo, que ponga los puntos sobre las íes, que hable de injusticia y explotación, que ponga en duda la doctrina del abaratamiento del despido como único medio para crear empleo cuando pregunta si "¿de verdad no hay otras soluciones para crear puestos de trabajo? Parece mentira que, a día de hoy, tengamos que echar mano de usos del pasado, que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores"[5].

Es de recibo aceptar que las palabras del obispo, a pesar del contexto actual de neoliberalismo extremo, no representan en absoluto un discurso revolucionario ni rupturista. Antonio Algora se ha limitado a exponer su honesta opinión acerca de la situación actual de la clase trabajadora, que podría ser compartida por cualquier ciudadano asalariado independientemente de cuestiones ideológicas personales. La cuestión a destacar de todo esto es que, por fin, alguien de la alta jerarquía eclesiástica española decide apartar por un momento su atención de tópicos moralistas para escuchar a los cristianos de base, como la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica, quienes también se han mostrado muy críticos con la reforma laboral.

Se echa en falta, por supuesto, el apoyo del resto de los gerifaltes de la jerarquía católica que, como era de suponer, no se han dado por aludidos respecto un asunto que concierne tan profundamente a las almas que  ellos presumen pastorear. Que guarde un poco de relación al respecto, tan sólo merece la pena destacar la reacción del cardenal Rouco Varela ante los comunicados de la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica, a los que calificó de "improcedentes"[6].

Resulta lamentable el poco eco que ha tenido esta noticia en la prensa en comparación con cualquiera de las repetidas declaraciones de otros obispos en contra de los condones, el aborto o la investigación con células madre. Así, las reflexiones del obispo de Ciudad Real, que más temprano que tarde serán condenadas al limbo del silencio mediático, bien podrían evocar a las de su homólogo literario en El Talón de Hierro, el obispo Morehouse, quien decidió aprovechar su situación privilegiada para intentar abrir los ojos a las clases más privilegiadas de las injusticias sociales que sufre los trabajadores. Como era de esperar, su mensaje fue rechazado por la mayoría, ignorado por los demás. El protagonista de la novela observaba con sutileza que "los directores de diarios, cuyo salario depende de su línea de conducta, y su línea de conducta consiste en no publicar nada que sea una amenaza para el orden establecido", pues "[la prensa es] una excrecencia parásita que crece y engorda con la clase capitalista. Su función es servir al estado de cosas modelando a la opinión pública y ella se desempeña a maravillas"[7].

Definitivamente, hay que celebrar la valentía de este obispo por decir, en el caso de la reforma laboral, las cosas por su nombre. Se admiten apuestas de si alguna vez llegará a sustituir a Rouco Varela como presidente de la Conferencia Episcopal Española. Tocar temas tabú es lo que tiene. Recordemos que Roma no paga a traidores, y Roma ya sabemos a quiénes responde.

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[1] Antonio Algora: "La reforma laboral, ¿y ya está?". Cartas de la Diócesis de Ciudad Real, 4 de marzo de 2012.
[2] Antonio Algora: "A vueltas con la reforma laboral". Cartas de la Diócesis de Ciudad Real, 18 de marzo de 2012.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] "Rouco intenta sofocar las críticas a la reforma laboral en la Iglesia". Público, 3 de marzo de 2012.
[7] Jack London (1907): El Talón de Hierro. pág. 53.

La encrucijada de IU en Andalucía

La llave del Gobierno de Andalucía está en manos de Izquierda Unida. La correcta gestión de este privilegio puede suponer el  despegue definitivo de la coalición en el panorama político español, mientras que una mala gestión supondría un duro golpe para toda la izquierda.

El incontestable ascenso electoral de Izquierda Unida en Andalucía es motivo de satisfacción para militantes y simpatizantes. Por una parte, ha supuesto por primera vez en muchos años un esperanzador desafío al bipartidismo hasta hace poco reinante en la comunidad; por otra, demuestra que el trabajo de pedagogía al que se han dedicado muchos miembros de la formación empieza a dar sus frutos. Efectivamente, IU ha estado en el lugar y momento adecuados cuando la percepción de eternización de la actual crisis ha calado en gran parte de la ciudadanía. No es casual que las sucesivas mejoras electorales de la formación -elecciones municipales, generales y autonómicas- hayan tenido lugar a partir del surgimiento de los movimientos de indignación en mayo de 2011. No en vano, muchas de las propuestas que surgieron en las plazas españolas son coincidentes con los programas de IU desde hace más de una década.

Izquierda Unida tiene, como se suele decir en estas ocasiones, la llave de gobierno de Andalucía, privilegio que podría convertirse en arma de doble filo si no se gestiona con la máxima precaución. Se plantean varios escenarios de pactos y/o apoyos puntuales (por ejemplo, a la investidura) que tendrán que ser estudiados con detalle por la ejecutiva de la coalición, además de las pertinentes consultas a las bases.

Decida lo que se decida, la presidencia de la IX Legislatura Autonómica de Andalucía recaerá en Griñán o en Arenas. Permitir la entrada en el ejecutivo andaluz a este último supondría reeditar la situación vivida en Extremadura hace unos meses; escenario, por otro lado, altamente inviable. En todo caso, habría que recordar que, frente a la distorsión habitual desde ciertos medios interesados[1], IU jamás dio su apoyo al PP de Extremadura; lo que realmente hizo fue abstenerse[2], aunque esto supusiese abrir las puertas a un gobierno en minoría de los conservadores. En aquellos momentos, el rodillo del Partido Popular en el Gobierno central era aún un futurible. El protagonista activo de los recortes era el Gobierno de Zapatero, aún con el apoyo de los populares. Por otro lado, las situaciones de clientelismo y presunta corrupción en Extremadura habían desgastado de tal modo al PSOE que su salida de la Junta se hacía, para muchos, una necesidad.

La prepotencia mostrada por Mariano Rajoy a través de su brutal política de recortes o la recientemente aprobada reforma laboral desaconsejan cualquier movimiento, por parte de IU, que facilite, por activa o pasiva, la extensión del azul popular por el mapa peninsular. Tampoco se puede olvidar el particular concepto de democracia del Partido Popular, cuyo presidente afirma recurrentemente sentirse legitimado con los votos que obtuvo el 20 de noviembre de 2011 para acometer los recortes que crea necesarios[3]. Todo ello a pesar del evidente rechazo de un importante sector de la población española, tal como quedó demostrado el pasado 29 de marzo.

Descartado un escenario "a lo extremeño", la única salida de IU es permitir la permanencia del PSOE en el gobierno andaluz. El problema para IU es que no se puede permitir volver a tomar el papel de escudero del Partido Socialista. Para ello hay que distinguir claramente -y así hacérselo saber a la opinión pública- entre apoyo a la investidura y pacto de gobierno. Lo primero es considerado por muchos como algo necesario para evitar la hegemonía -y las consecuentes justificaciones a nuevos recortes- del Partido Popular en el panorama estatal.

Cualquier pacto de gobierno con el PSOE, si bien supondría el acceso a alguna consejería, tendría a la postre más perjuicios que beneficios. Si bien es cierto que el Partido Socialista hace gala de una leve sensibilidad social que no comparte el Partido Popular, no podemos olvidar que sus políticas, a pesar de lo dicho en su propaganda electoral, no dejan de tener un fuerte sesgo neoliberal. A los hechos hay que remitirse para recordar que el PSOE no es un partido de izquierdas, por mucho que sus dirigentes insistan en ello. Además, un gobierno en coalición jamás podría ser en una relación entre iguales por el simple motivo de que el PSOE goza del apoyo de más de un millón y medio de andaluces, mientras IU apenas supera los cuatrocientos mil. Cualquier intento de imponer un giro a la izquierda desde dentro de un gobierno de coalición sería frenado con el argumento de que la voluntad de una minoría no puede imponerse a la de una mayoría. Todo esto sin olvidar que, como eslabón más débil y sin apoyo mediático, IU siempre podría ser culpada de los fracasos del bipartito, mientras las glorias serían otorgadas en exclusiva a los méritos de la agrupación socialista.

La opción más inteligente es la propuesta de Julio Anguita[4], quien sugiere que el acuerdo con el PSOE se circunscriba exclusivamente a la investidura. Este acuerdo implicaría, en primer lugar, la creación de una comisión de investigación sobre el asunto de los EREs. Un segundo punto para el acuerdo podría ser la exigencia de varias medidas concretas, de carácter urgente, que beneficie a los sectores más desfavorecidos del pueblo andaluz. Por último, desde la formación se plantea la posibilidad de exigir que la presidencia del Parlamento Andaluz recaiga en Izquierda Unida. Posiblemente, este punto será utilizado desde los medios más conservadores como argumento para acusar a IU de buscar algún sillón donde colocar a los suyos. En realidad se trata de un puesto estratégico desde donde atar en corto a los socialistas, pues el Parlamento disfruta de la facultad de llevar a cabo la creación de comisiones de investigación[5], la aprobación de las Cuentas Generales o el control de las empresas públicas dependientes de la Junta de Andalucía[6]. El siguiente paso, una vez apoyada la investidura, sería pasar a una oposición constructiva, exigente, vigilante y comprometida en contar al andaluz de a pie lo que se cuece en el Parlamento durante la legislatura.

Sea cual sea la decisión tomada, esta nueva legislatura promete ser complicada y condicionada por las políticas regresivas orquestadas desde Europa, fielmente interpretadas por el presidente Rajoy. Los recortes anunciados desde el Gobierno central afectarán sensiblemente a las partidas destinadas para la comunidad andaluza, por lo que las políticas sociales a las que pueda aspirar Izquierda Unida se verán seriamente limitadas. Ahora, más que nunca, esta agrupación se juega su futuro y el de la izquierda en Andalucía. Por tal motivo, ha de liderar una alternativa seria a los partidos que asumieron la crisis neoliberal ante una ciudadanía cada vez más decepcionada por los continuos acontecimientos que nos acercan, cada día más, a Grecia. Como explica Alberto Garzón[7], ahora es el momento de asentar una importante base social que apoye un proyecto cuyo objetivo final sea la superación del sistema económico capitalista. De este modo, Izquierda Unida ha de demostrar a la población andaluza -aún con el handicap de la hostilidad de los medios de comunicación mayoritarios- que está fuera de las perversiones consustanciales al sistema imperante, como la corrupción o el clientelismo.

Por lo pronto, Izquierda Unida está dando ejemplo de democracia participativa al implicar a todos sus militantes en un proceso asambleario de donde se determinará la decisión final. Muy posiblemente -el tiempo lo dirá- la voluntad mayoritaria de los militantes, tras el necesario debate interno, corresponderá con el escenario planteado por Julio Anguita que, como resume Sánchez Gordillo, no se trataría más que de "acuerdos puntuales y con la nariz tapada"[8]. La verdadera lucha comenzará en el Parlamento, desde la oposición, para continuar en las calles, a través de la necesaria labor pedagógica y las movilizaciones en las calles.

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[1] "Las bases de IU apoyan dar al PP la Junta de Extremadura". Público, 19 de junio de 2011.

[2] "Izquierda Unida decide abstenerse en Extremadura y darle el gobierno al Partido Popular". RTVE Noticias, 19 de junio de 2011.

[3] Por ejemplo, ver "Rajoy se siente legitimado porque su mayoría es «consciente de los sacrificios»", Diario Vasco, 9 de diciembre de 2011; y "El Gobierno se siente legitimado por las urnas para la reforma laboral", El Comercio, 21 de febrero de 2012.

[4] "Anguita propone apoyar la investidura de Griñan si acceden a varias “propuestas concretas” y pasar a la oposición". La República, 27 de marzo de 2012.

[5] Apartado 3 del artículo 106 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
[6] Apartados 12, 14 y 15 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
[7] "¿Qué hacer en Andalucía?", 4 de abril de 2012.
[8] "Sánchez Gordillo `no descarta una escisión` si IU pacta con el PSOE". El Correo de Andalucía, 3 de abril de 2012.