La necesidad de una Enciclopedia de la Falacia

Cualquiera de nosotros se ha preguntado alguna vez el porqué de ciertas decisiones de los poderes públicos, sobre todo las que nos afectan directamente en lo personal, a nuestros bolsillos. Las explicaciones de aquéllos suelen ser vagas, llenas de tecnicismos y acompañadas de una paternalista moraleja que nos recuerda que todo se pensó por el bien de la economía, del país, para fomentar la creación de empleo.

Los medios de comunicación tradicionales, como resorte indispensable de la propaganda en nuestra sociedad, harán eco de aquellas explicaciones, pondrán a disposición de los ciudadanos los finos análisis de los ahora denominados expertos, normalmente a nómina de los primeros interesados e impulsores de las decisiones o medidas que llevaron a cabo nuestros políticos.

Por desgracia, hoy en día, cuando la época de recortes sociales que estamos viviendo parece que no ha hecho más que empezar, no han pasado unas semanas desde que un gobierno haya aplicado medidas agresivas contra el estado del bienestar, en aras de sortear la crisis, cuando alguna cabeza pensante de la patronal, la banca o el FMI -entre otros- aparece en los medios exigiendo nuevas medidas aún más sangrantes que las anteriores. Automáticamente los medios de comunicación no tardan en echar a andar su formidable máquina de propaganda para hacer eco de los argumentos de aquéllos.

Si nos abstraemos de la continua propaganda de los medios, parece que las clases política y económica van de la mano, navegan en la misma dirección, siendo siempre la ciudadanía la gran perjudicada. Si mantenemos el adecuado espíritu crítico, veremos que en realidad los argumentos que nos dan son falaces, de lo que deducimos que, o bien nuestros expertos no son tan infalibles o bien defienden intereses de terceros aún en nuestro perjuicio.

En ese sentido, hay que achacar a los medios su parcialidad hacia ciertas corrientes de pensamiento, a quienes hacen eco de modo acrítico y sumiso, mientras condenan al silencio a académicos muy válidos, que aportan argumentos sólidos, no sólo para destapar las falacias en las que se fundamentan muchas de las decisiones políticas sino para plantear alternativas válidas menos lesivas a los intereses de la ciudadanía.

Vicenç Navarro, uno de los economistas más prestigiosos en el panorama internacional, publicó recientemente tres artículos destinados al desmontaje de algunas de las falacias sobre las que se sustentan las medidas y propuestas de los agentes económicos.

El primero de ellos, "El dogma neoliberal y las pensiones", refuta punto por punto los argumentos que tanto gobierno como patronal han utilizado para condenar a los ciudadanos a ampliar nuestra vida laboral, así como disminuir nuestra capacidad adquisitiva una vez alcanzada la edad de jubilación.

El siguiente, "Las falacias del neoliberalismo", descubre los errores argumentales de las tesis neoliberales acerca del camino para salir de la crisis o la creación de empleo. Navarro demuestra que, en realidad, todas aquellas medidas no sirven más que para incrementar las desigualdades sociales y alejar el momento en que podamos realmente salir de esta crisis.

El último, "Falacias sobre la deuda pública", trata sobre los errores de fondo que subyacen tras las continuas exigencias de grandes empresarios, banca, etc. de reducir la deuda pública como único camino para reactivar las economías nacionales. La realidad es que la reducción de la deuda pública implica el demontaje del estado del bienestar, sin más, al obligar a las administraciones, con tales medidas, a recortar gastos en servicios esenciales como sanidad, educación, etc.

Como ya comenté en el artículo "Si no quieres ser como ellos, lee a Navarro, lee a Torres", es importante que la ciudadanía acuda a los blogs y libros de estos académicos para contrastar con las tesis oficiales, entender lo que ocurre en el mundo político y económico del que absolutamente depende nuestro bienestar y, sobre todo, adquirir la suficiente capacidad crítica para exigir medidas alternativas.

Por ese motivo, es importante que se vaya gestando una Enciclopia de la Falacia, donde se recojan y amplíen todos los contraargumentos de éstos y otros pensadores silenciados por los medios tradicionales, accesible para los ciudadanos, un refugio para el espíritu crítico, el único que puede hacer frente a la amenaza del neoliberalismo, el elemento integrador de una ciudadanía, que ya empezó a preocuparse por la realidad de la economía y la política, una vez que se impregnó de los valores del movimiento 15M.

Propuestas claras para una democracia con contenido (año 1998)

Aún a la fecha de hoy -agosto de 2011-, incomprensíblemente tertulianos y similares de algunos medios se empeñan en criticar la falta de propuestas concretas por parte de los indignados[1]. Simplemente, no quieren escuchar ninguna propuesta, cómodamente instalados en el negacionismo a la espera de que el movimiento 15M se desinfle con el paso del tiempo.

Los establishments políticos y mediáticos españoles jamás se han caracterizado por escuchar a los ciudadanos, a quienes vendieron una idea incompleta de democracia, reducida al mero hecho de depositar una papeleta en una urna cada cuatro años para elegir a uno de los dos partidos ungidos por la gracia del bipartidismo, cuyo reclamo de voto queda más a merced de estrategias de mercadotecnia que de programas electorales propiamente dichos.

Es por ello la necesidad de que cualquier propuesta nacida con la intencionalidad de dar contenido a esta democracia sea difundida entre los ciudadanos, quienes por suerte disponemos de herramientas alternativas a los medios tradicionales. Si la prensa no quiere divulgar propuestas, si algunos medios insisten en negar la existencia de aquellas, hagamos uso de nuestros blogs.

He aquí una serie de propuestas que en su día, por desgracia, no han tenido repercusión mediática:

Reforma de la ley electoral:
La ley electoral actual está diseñada para fomentar el bipartidismo, un turnismo de facto que no permite elección real a los ciudadanos de sus representantes; factor que desanima a muchos a ejercer su derecho al voto o, quizás lo que es peor, a limitar sus opciones al mal llamado "voto útil".

Transformar el actual referéndum consultivo en vinculante:
No tiene sentido un estado democrático donde la última palabra ante el resultado de un referéndum la tenga el propio gobierno. En democracia lo lógico sería que las decisiones que se consulten al pueblo fuesen vinculantes.

Reforma de la Ley sobre la Iniciativa Legislativa Popular:
Es decir, que se facilite el proceso y mecanismos por los cuales los ciudadanos pueden presentar propuestas para ser debatidas, a nivel local, en los plenos o, a nivel nacional, en el Congreso o convocar un referéndum.

La elección del Fiscal General del Estado ha de recaer sobre el Parlamento:
Actualmente es el Gobierno quien nombra al Fiscal General del Estado. Con esta propuesta se garantizaría su imparcialidad.

Reforma de la moción de censura:
El modelo de moción de censura constructiva que se contempla en España, en la práctica blinda a los gobernantes en su cargo, pues es harto difícil que grupos políticos dispares no sólo lleguen a un acuerdo para forzar la sustitución de un cargo, sino que también lo alcancen para plantear a un sustituto.

Revocación de los ministros en el Parlamento:
En España sólo puede ser revocado un ministro bajo la orden del presidente quien, evidentemente, fue quien decidió ponerlo en su cargo. Es deseable que la revocación de un ministro pueda ser decidida en el Parlamento, como ya contemplaba la Constitución de la II República.

Reforma de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronal:
Quien paga manda, así que la financiación de estos entes -tanto con dinero público como privado- es un asunto fundamental para asegurar que sus funciones son llevadas a cabo por el interés de sus representados y no de quienes les pagan.

Transparencia en el Gasto Fiscal:
Es decir, acceso para todos los ciudadanos de los gastos que realizan todas las instituciones incluidas dentro del sector fiscal entre las cuales se encuentran el Gobierno y todas aquellas entidades que producen bienes y servicios públicos. Es un sinsentido que las administraciones se escuden en la Ley de Protección de Datos para no facilitar datos que son del interés de todos.

Código ético para el cargo público:
El cargo público tendrá que prometer que su desempeño será honrado, que está al servicio de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier acto de enriquecimiento ilícito tendría que suponer duras sanciones tanto para el cargo corrupto como para sus cómplices.

Elaboración de ley de incompatibilidades:
Quienes detenten cargos públicos tendrán que renunciar a puestos en empresas privadas que puedan generarles conflictos de intereses. A esto habría que añadir que ese estatus de incompatibilidad tendría que prolongarse por muchos años después de su paso por la política[2].

Ley expropiadora de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas:
No ha de bastar con la cárcel para los corruptos. Cualquier enriquecimiento ilícito ha de ser investigado y los bienes revertidos a las arcas públicas de donde salieron. La Agencia Tributaria tiene profesionales y herramientas suficientes para investigar a los corruptos, sus entornos y detectar movimientos sospechosos de capital.

Regulación de los casos de transfuguismo:
No tiene sentido en democracia que el escaño pertenezca al diputado, es de recibo que éste sea propiedad del partido político, pues a este último es a quien han votado los electores.

Derecho a los medios de comunicación de titularidad pública:
Los ciudadanos, representados por asociaciones de vecinos, ONGs, han de tener derecho a acceder a estos medios con objeto de fomentar la participación ciudadana y la información.

Ley anti-trust de medios de comunicación :
Es necesario que se impida que un mismo propietario tenga varias cadenas, periódicos, pues se pone en riesgo la neutralidad informativa y la pluralidad ideológica. Actualmente se vive en pleno proceso de concentración de medios, cuya primera víctima fue la cadena CNN+.

Ley de participación de los ciudadanos en las instituciones democráticas:
La ciudadanía ha de avanzar hacia la democracia participativa. El estado y las administraciones han de articular los medios necesarios para implicar a la ciudadanía a participar en las tomas de decisiones de sus gobernantes. Es necesario para ello transparencia e información. Los ciudadanos tienen el deber de saber cómo se administran los impuestos que pagan, sin duda el mejor y más eficaz mecanismo anticorrupción.


Estas medidas fueron algunas de las propuestas que Julio Anguita planteó a la dirección del PSOE en mayo de 1998 como base para presentar una alternativa conjunta contra el gobierno de Aznar. Desgraciadamente, visto cómo nos encontramos ahora -trece años después-, no le hicieron caso.

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Notas:
[1] Las primeras propuestas del movimiento 15M fueron publicadas el 20 de mayo, apenas cinco días después del nacimiento del movimiento.
[2] Se recomienda el artículo Reflexiones sobre los salarios de los políticos.

"Ha-am doresh tsedeq jevrati" (El pueblo exige justicia social)

Israel, un país del que apenas se cuenta algo distinto a su permanente conflicto con el pueblo palestino, parece haberse contagiado -al menos parcialmente- del espíritu del 15M.

La historia nos es familiar: ciudadanos de un país desarrollado que ven que su estado del bienestar se tambalea, en su caso reflejado en el aumento de precios en servicios y productos básicos, además de ataques directos a los servicios públicos, cuyo mejor ejemplo es la sanidad, que va camino a ser vendida a entidades privadas.

A mediados de junio de 2011, Dahpni Leef, una estudiante universitaria israelí, fue expulsada del piso que tenía alquilado con motivo de la realización de unas obras en el edificio. Su particular búsqueda de una nueva vivienda la llevó a descubrir que los precios tanto de compra como de alquiler se habían disparado. Ahí encontró esta chica su motivo de indignación, de modo que acudió a la Red para realizar una protesta.

La convocatoria fue masiva. Más de 10 mil israelíes procedieron a acampar en más de 20 ciudades a lo largo del país; más de 150 mil acudieron a manifestarse. Israel comenzaba a vivir su propio 15M. El problema de la vivienda fue la gota que colmó el vaso en un país con miles de casas cerradas, a la espera de ser ocupadas unos pocos días al año por ricos judíos provenientes de EEUU y Europa, quienes además disfrutan de exenciones fiscales. Esta situación recuerda bastante a la vivida en la costa española durante el boom del ladrillo, donde fueron construidas miles de viviendas de lujo para ricos turistas europeos, totalmente fuera del alcance del trabajador medio.

En Israel, al igual que España antes del 15 de mayo, la apatía se respiraba en todas partes, las decisiones importantes -y lesivas para la mayoría- eran tomadas por una élite gobernante ante la impasibilidad de la población. Esta situación la explicaba bien Yair Lapid, escritor y columnista del diario Yediot Ahoronot:

"El problema de Israel es el silencio. Callamos y cumplimos como reservistas, pagamos clases particulares para nuestros hijos porque la educación no es lo suficientemente buena, callamos al enfrentarnos a nuestros padres para pedirles dinero para el alquiler. Ya basta".

Ahora en Israel, como en España, al menos muchos ciudadanos se plantean que realmente no vivimos en democracia, y salen a las calles para decirlo, para reclamar cambios. Los israelíes se inspiraron en el movimiento 15M tanto como pudieron. Importaron de Sol el espíritu participativo y asambleario que tan fuerte ha hecho al movimiento.

Aunque el elemento desencadenante de la indignación popular en Israel sea la vivienda, los ciudadanos finalmente reaccionaron al descubrir que son ellos, las clases populares, quienes soportan sobre sus hombros -y bolsillos- los desmanes del neoliberalismo. El debilitamiento del poder adquisitivo de la ciudadanía, a base de mayores impuestos indirectos -a cambio de reducciones fiscales a las clases pudientes-, recortes sociales, encarecimiento de bienes básicos, congelaciones salariales es algo que se viene repitiendo por todo el mundo desarrollado, aunque en algunos países -por cuestiones coyunturales- haya tenido un efecto más penoso que en otros. Según Efraim Davidi, profesor de Historia Económica y Social en la Universidad de Tel Aviv, un punto en común entre los movimientos de España e Israel es que "el peso de las protestas lo están llevando a menudo las clases medias y bajas que tienen empleo pero se quejan de su miserable remuneración".

Esto que está ocurriendo en Israel ha de tomarse como un atisbo de esperanza para los ciudadanos de occidente. Aquella nación es, a pesar de su reducida extensión y población, un país puntero en ciertos aspectos que lo alejan de la periferia en la que se encuentra establecida España. Israel apenas tiene un 5,8% de paro, su economía -aún en época de crisis- crece a un ritmo del 6% anual, las empresas tecnológicas del país suman en el Nasdaq de Nueva York más que todo el continente europeo (es la segunda potencia tras EEUU) y es la nación que mayor porcentaje del PIB invierte en I+D+i (4,5%, 1,3 puntos más que Japón y 1,8 más que EEUU).

El hecho de que este aire de indignación se trasmita de la periferia al centro de Occidente es significativo y sintomático de que importantes cambios pueden acontecer. Nótese que anteriores amagos de este flujo de indignación fueron duramente reprimidos -y hasta ahora abortados-, como el caso reciente de Francia. Por tanto, Israel implica un paso más hacia ese cambio de conciencia global que la humanidad lleva necesitando.

No obstante muchos nos preguntamos por la situación de Palestina -motivo de indignación para el propio Hessel- y su repercusión en las acampadas en el bulevar Rothschild. La cuestión Palestina no es simple y conllevaría un profundo análisis geoestratégico de la situación para acercarnos a comprender la problemática, cosa fuera del alcance de este artículo. Tampoco es de esperar un cambio súbito en la mentalidad de un pueblo acostumbrado a la política de hostilidad que tradicionalmente sus gobiernos mantienen hacia Palestina. Sin embargo, nótese que en Israel existe desde 1989 el B'Tselem, organización en defensa de los derechos de los palestinos, apoyada por intelectuales, académicos e incluso miembros de la Knesset o Parlamento. Es decir, a pesar de los intereses de los grupos de poder nacionales, poco a poco se va fomentando el debate hacia la cuestión palestina. Estos intelectuales, al igual que muchos homólogos españoles, apoyan activamente a los indignados, participan en sus asambleas. Es significativo que se estén dando casos de activistas de la extrema derecha, procedentes de las colonias israelíes en los territorios ocupados, que han asaltado el campamento de los indignados, rompiendo sus banderas rojas y derribando las pancartas que pedían la convivencia entre judíos y árabes. Al igual que en España, una parte de los medios de comunicación -los más afines a las ideologías neoliberales y de extrema derecha- fomentan la intolerancia hacia los indignados en Israel.

El espíritu crítico que necesariamente brota de las asambleas de ciudadanos lleva a la gente a plantearse las "recetas" tradicionales del gobierno israelí, ejemplificado en las palabras de una ciudadana de Jerusalén que afirmaba, en una entrevista a la prensa italiana, "no conseguir entender porqué tanto dinero público tenga que ir a los colonos y a los asentamientos en los territorios ocupados mientras nuestros jóvenes no tienen trabajo ni recursos para construirse un futuro". Así, la torpe solución a las movilizaciones de indignados del gobierno neoliberal de Netanyahu -apoyado por la extrema derecha israelí- consiste en inundar de viviendas baratas la Cisjordania ocupada, propuesta rechazada de pleno por los ciudadanos.

Mientras tanto, en todo Israel se repiten día a día asambleas de ciudadanos bajo el mismo noble principio, la justicia social, exigencia mínima en estos días de contrarrevolución y pérdidas de derechos de la mayoría que sostiene a la sociedad. Bajo ese principio sólo se puede aspirar a una sociedad mejor, más justa que sólo podemos construir entre todos. Ciudadanos griegos, españoles y ahora israelíes aguardan con esperanza a los indignados del resto del mundo que han de venir.