El Faro de la Colina

domingo, 30 de septiembre de 2012

Cuando los medios extranjeros pretenden hacer la cama a Rajoy

La indefinición de Rajoy a la hora de aplicar algunas de las políticas de recortes dictadas desde Berlín -debido a la proximidad de elecciones autonómicas- junto al exceso de autoritarismo que demuestra ante las movilizaciones populares, llevan a algunos medios extranjeros a poner en duda su capacidad como presidente de Gobierno, que empiezan a verlo como un cadáver político que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, no hay que olvidar que el problema subyacente en el Estado español es más profundo que la presunta incompetencia de Rajoy.

Se suele decir que se le "hace la cama a alguien" cuando se tiene la sospecha, más que fundada, de que se le está preparando el terreno para relegarlo del puesto que ocupa. De la reciente proliferación de titulares y columnas de opinión en algunos medios internacionales -nada sospechosos de seguir líneas editoriales opuestas a los establishments occidentales- puede deducirse que existe algo más que desconfianza hacia el dirigente español, tal vez la intención de hacerle la cama.

El titular más reciente, que parece que no va a ser el último de este estilo, viene del periódico británico The Telegraph que afirma que "Rajoy es un muerto viviente"[1] refiriéndose a la constante pérdida de credibilidad, en los circuitos internacionales, acerca de su capacidad de gestionar cualquier mejora en la economía española desde su llegada al poder. Para reforzar tal idea, el columnista sentencia que "hace menos de un año que Rajoy llegó al poder en una aplastante victoria y ya está herido de muerte"[2].

Llama la atención la insistencia en la defenestración política de Rajoy, habida cuenta que éste sólo se ha limitado a cumplir órdenes. A estas alturas, a nadie se le puede escapar el detalle de que el Gobierno de España está siguiendo una hoja de ruta política y económica marcada desde los grandes estamentos financieros europeos. No en vano, siendo aún candidato a la presidencia, Rajoy se reunió con Merkel para rendirle pleitesía[3] y, una vez en posesión del cargo, poco tardó en volver a verla para reiterarle su disposición a cumplir con las directrices que ésta estimase oportuna[4].

A ojos de la opinión pública española, Rajoy ha sido -y sigue siendo- el fiel lacayo de Merkel[5]. Del famoso y repetido "como Dios manda" del presidente español, a tenor de su férrea obediencia, puede deducirse que éste sitúa a la mandataria alemana allá en los altares celestes, justo a la derecha de la banca privada europea. Sin embargo, a pesar de las apariencias, el Gobierno español no está libre de pecado aunque, de momento, no hayan sido motivo para desatar la ira de las deidades financieras. Unos de sus pecadillos de juventud fue, por ejemplo, ignorar los deseos de Alemania respecto a quien debiera ocupar el Ministerio de Economía[6]. La oligarquía europea pretendía a un tecnócrata cuya labor se limitase a obedecer sus dictados. El candidato era José Manuel González Páramo, consejero del BCE para más señas. No obstante, el Partido Popular, en su lógica aspiración a no ceder el cien por cien de su independencia, se decantó por Luis de Guindos, un hombre de la casa, próximo a sus fuentes ideológicas y, por tanto, a la FAES de José María Aznar.

Pero, quizás, el gran pecado de Rajoy ha sido su incapacidad de contemporizar las exigencias de la banca europea con los intereses electoralistas de su partido. Al PSOE, primero, y ahora al Partido Popular les ha tocado cumplir la particular hoja de ruta de la "refundación del capitalismo" en Europa; es decir, la destrucción de cualquier atisbo de bienestar social en la semi-periferia Europea. La impaciencia de los mercados, ávidos de ver cumplidas las antisociales y temidas reformas, se ha visto refrenada por la proximidad de las elecciones autonómicas. Al fin y al cabo, el partido en el Gobierno es consciente de la sangría de votos que le supone cada recorte llevado a cabo, por lo que es lógico que espere su anuncio a días posteriores a las susodichas elecciones.

El destino de la economía española parece pasar por un rescate o, lo que es lo mismo, la cesión definitiva de cualquier soberanía económica a la troika. La cesión de un ala del Ministerio de Economía a los temidos "hombres de negro" supondría la ejecución inmediata de reformas dañinas no sólo a la ciudadanía sino a los intereses electorales a corto plazo del partido en el Gobierno. Así, a juicio de Matthew Lynn del Wall Street Journal, Rajoy, en su desesperación por ganar tiempo, se encuentra inmerso en un "juego de la gallina" con los mercados financieros[7], una indefinición que podría agravar la recesión en la que se encuentra el sistema económico español. Al respecto, Goldman Sachs ha hecho uso de los medios de comunicación para instar al Gobierno a dejar "de satisfacer los intereses políticos domésticos"[8].

Mientras tanto, Alemania se mantiene en el juego de la ambigüedad, ensalzando unos días la intachable actitud del Gobierno de España en sus compromisos con el cumplimiento de déficit[9] para, a continuación, mostrar su descontento con la actitud española ante sus obligaciones con Europa[10]. Algunos analistas, como Edward Hugh, interpretan la confusa postura alemana como un modo de ganar tiempo ante las próximas elecciones en el país centroeuropeo, debido a la indeterminación del impacto que supondría un rescate a España en la banca privada alemana y el más que probable coste electoral que supondría al partido de Merkel[11].

Todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo de que algún tipo de rescate sea llevado a cabo en España. La consecuencia inmediata será la aplicación de nuevas medidas, entre ellas la reforma -a peor- del sistema de pensiones o la reducción del salario mínimo interprofesional. La consecuente contracción del consumo acelerará la espiral de desempleo y precariedad laboral que, a su vez, agravará la conflictividad y presumiblemente incrementará las movilizaciones contra el Gobierno y sus medidas. Ante tal perspectiva, Damian Reece, columnista del rotativo The Telegraph, advierte que "España ha dado otro paso seguro para convertirse en la próxima Grecia", de lo que culpa principalmente a Rajoy[12]. En la misma línea, el semanal francés Challenges se pregunta si el presidente español está a la altura de las circunstancias[13].

Más allá de la cuestión económica se encuentra la credibilidad de un Gobierno que demuestra ser mucho más débil de lo que pretende aparentar. El fuerte resurgir del independentismo catalán es interpretado en el resto del mundo como una grave muestra de descontento hacia su gestión. Por otra parte, el creciente número de movilizaciones ciudadanas llevadas a cabo en los últimos tiempos -sobre todo desde el 25 de septiembre-, y las represivas respuestas dadas a aquéllas, han puesto en duda el manto democrático con el que la Europa del capital pretende cubrir los recortes del Estado social. Paradójicamente, una vez al descubierto la crudeza de las políticas de austeridad llevadas a cabo en España, la prensa internacional no duda en señalar a Rajoy como cómplice de un golpe de estado financiero[14].

Cada vez son más los medios que dan por hecho que a Rajoy le queda poco tiempo en La Moncloa, que su destino es el mismo que siguieron Berlusconi o Papandreu. No se trata de ningún tipo de manía hacia su persona, a pesar de que su fama de presidente parco en intervenciones públicas y explicaciones a los ciudadanos no sea bien vista entre los medios extranjeros. La historia reciente indica que los mandatarios que aceptan rescates suelen tener sus días contados en los gobiernos. Puede ser que pronto España se encuentre bajo la batuta de un Gobierno de concentración cuyo papel sea, fundamentalmente, acelerar la agenda de reformas dictadas desde Berlín.

Sin embargo, la situación actual de la economía española no tendrá arreglo mientras se mantengan las mismas reglas del juego. Mariano Rajoy es ahora quien firma las medidas que le ordenan desde las oligarquías europeas. La regla no escrita es que las pérdidas sean socializadas entre los ciudadanos, quienes día a día sufren en sus carnes el drama de una precariedad cada vez mayor. Ante tal panorama, el desgaste de Rajoy en el Gobierno es inevitable, al igual que ocurrió con el anterior presidente. Por supuesto, en contra de Rajoy está su actitud totalitaria, bajo la excusa de la mayoría absoluta, y las políticas represivas sobre quienes protestan. Sin embargo, el problema no es Rajoy, como una parte de los medios extranjeros -al servicio del establishment- pretenden hacernos creer. Al gran capital no le importa quien gobierne mientras sea fiel al lenguaje de los recortes y la mal llamada austeridad. El problema es la falta de soberanía en el pueblo español debido a un modelo de Estado que no está a la altura.

lunes, 24 de septiembre de 2012

25 de septiembre: el Congreso lleva ocupado desde hace mucho tiempo

Aunque la intención de "ocupar" el Congreso el 25 de septiembre es simbólica, reduciéndose a una acción pacífica consistente en rodear el edificio para demostrar el descontento de una creciente parte de la población con el déficit democrático actual y exigir -por ello- el inicio de un proceso constituyente, sí que podría afirmarse que el Congreso lleva tiempo ocupado por una mayoría para la cual la actual Constitución es papel mojado.

A pesar de la insensatez que supone interpretar literalmente el denominador de la iniciativa ciudadana para el 25 de septiembre, aún hay partes interesadas que prefieren obviar que "Ocupa el Congreso" es un guiño al movimiento Occupy Wall Street el cual, por su parte, aún sigue protagonizando las protestas contra el inmenso poder concentrado en las pocas manos que dominan los mercados allí presentes.

Tanto en los Estados Unidos como en España -y, por extensión, todo Occidente- la brecha entre los ricos y el resto de la población es cada vez mayor, al igual que la cuota de poder que ostentan los primeros. Esta situación se traduce en una cada vez más visible precarización de las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía. Las leyes son ahora, más que nunca, dictadas para el beneficio de esa minoría poderosa, sin importar que ello suponga el final de cualquier garantía de bienestar por parte de los Estados. Grecia o Portugal han sido los primeros laboratorios de esta contrarreforma ejecutada a nivel mundial contra las clases populares. Los resultados son palpables, a pesar de la fuerte censura mediática, en los que las movilizaciones en aquellos lugares son casi a diario como respuesta a la destrucción de derechos que se pensaban inamovibles.

Si la mayoría de las constituciones modernas declaran que las soberanías de sus respectivos estados residen en el pueblo, algo falla cuando la voz del pueblo queda silenciada ante las exigencias de los mercados. Desde el momento en que las políticas se realizan con el único propósito de satisfacer oscuros objetivos de déficit, relegando a la población a un último plano, la democracia está herida de muerte.

Definitivamente, se ha traspasado el límite de lo tolerable. Ante el miedo a un presente gris, el pánico a un futuro negro es suficiente argumento para que la sociedad vaya, poco a poco, despertando del shock de la crisis. Ante circunstancias de tal gravedad, la respuesta natural e histórica del pueblo ha sido la movilización. No es casual que, desde el 15 de mayo de 2011, la participación en las movilizaciones convocadas a lo largo del Estado español haya ido creciendo en número de manera casi constante.

Si bien, por cuestión de paralelismos con Wall Street, el objetivo de las protestas podría haber sido el Palacio de la Bolsa de Madrid, hay argumentos de sobra para plantarse frente al Congreso en un gesto, aún simbólico, de la determinación de un pueblo a no aceptar un destino planificado desde oscuros despachos de tecnócratas al servicio de la élite financiera. La destrucción del Estado del bienestar, de derechos sociales y económicos por parte de los últimos gobiernos de España han certificado el fin de aquel "consenso de 1978", la refutación de aquella "Transición modélica". La Constitución española ha pasado a ser un trozo de papel mojado a quien nadie presta atención ni, lo que es más grave, respeto. La gravedad de la situación actual es tal que el cumplimiento real de aquella Carta Magna, consensuada entre los remanentes del franquismo y las tímidas fuerzas democráticas emergentes[1], podría hoy en día calificarse de "revolucionario"[2]. Además de no cumplirse, ésta se modifica al gusto de los grandes poderes económicos con la connivencia de los dos grandes partidos políticos estatales -agosto de 2011-, sin realizar consulta alguna al pueblo.

Dudosa legitimidad queda a cualquier gobierno que no esté al servicio de los ciudadanos, de esa mayoría silenciosa a la que se restringe su capacidad de expresión al depósito de una papeleta cada varios años. Papeletas interpretadas por quienes acceden al poder como "cartas blancas" que les permiten hacer y deshacer a su antojo o, mejor dicho, al servicio de los intereses de los grandes poderes. Ante tal coyuntura no es descabellado afirmar que el Congreso se encuentra actualmente ocupado, desde hace bastante tiempo, por una mayoría que no está al servicio del pueblo.

De ahí que quizás la única opción para revertir la actual situación sea un 25S, o los que sean necesarios, para que el pueblo lleve a cabo un legítimo[3] y necesario ejercicio de libertad de expresión frente al Congreso, rodeándolo de manera pacífica con el objetivo último de forzar el inicio de un proceso constituyente, con todo lo que ello implica, que haga efectivo el artículo 1.2 de la actual Constitución, dejando en manos del pueblo, de una vez por todas, la soberanía nacional.

[1] Julio Anguita: "¿De qué constitución hablamos?". Mundo Obrero, 7 de febrero de 2012.
[2] "Julio Anguita: "Yo no pienso ir a ningunas elecciones"". Público, 21 de junio de 2012.
[3] "JpD acusa a la Delegación del Gobierno en Madrid de "criminalizar" el 25S y coartar "derechos fundamentales"". Informativos Telecinco, 22 de septiembre de 2012.

domingo, 23 de septiembre de 2012

La soberanía viene del pueblo (lo reconoce la Constitución española de 1978)

Poco sentido tiene recordar a Santiago Carrillo por sus errores políticos. Es sensato y útil recordarlo como el símbolo, que fue en su día, de la lucha desde el exilio contra el régimen franquista, además de su papel fundamental para conseguir que la Constitución española de 1978 reconociese que la soberanía viene del pueblo.

Tras el fallecimiento de Santiago Carrillo no se ha hecho esperar la publicación de numerosos artículos en su memoria, que repasan diversas facetas de este personaje clave de la denominada Transición española. A pesar de lo controvertido de su currículo político, todos los escritos por parte de sus ex-compañeros de partido han recordado con respeto y sin rencores a quien un día luchó por la libertad y por ello tuvo que exiliarse. También ha habido amistosos epitafios por parte de quienes jamás guardaron alguna afinidad política con él. En cierto modo es algo normal y compatible con aquella españolísima norma no escrita por la que, una vez que alguien fallece, es el momento de hablar exclusivamente bien de su persona.

Pero, como todo en esta vida, hay matices y de ello Vicenç Navarro da buena cuenta en un reciente artículo en el que sagazmente señala que el "paradójico (y predecible) homenaje que el establishment español está haciendo a su figura a la vez que ha hecho todo lo posible para que el proyecto que Carrillo representó desapareciera"[1]. Al hilo de aquella afirmación, conviene recordar a Lenin, quien ya avisaba que "en vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para 'consolar' y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndola"[2].

Se puede afirmar categóricamente que Carrillo no fue en absoluto un revolucionario. En realidad, fueron sus maneras reformistas las que le grajearon ciertas antipatías entre la izquierda española y las que, a la postre, flaco favor hicieron al partido en el que tantos años militó. No obstante, fuera de hipocresías y de rencores, es justo reconocer las aportaciones positivas del político asturiano, convertido en símbolo de la España del exilio. No puede pasar al olvido el hecho de que hubo una España, aún con todos los defectos que pudiera tener, en la que el pueblo era soberano, en la que existía un proyecto de Estado moderno, de derecho, con garantías para todos, que fue bruscamente hecha añicos para transmutar en una pesadilla totalitaria de casi cuatro décadas de duración.

El Carrillo de aquellos años de brutal y represiva dictadura no puede diluirse, visto desde una perspectiva actual, en los posteriores errores de los que éste fue partícipe. Si bien fue unos de los padres de aquella Transición imperfecta, la de la desmemoria, la del paso de página para los cómplices del régimen represivo fascista, la del "todo atado y bien atado", conviene recordar que también llegó a ser uno de los símbolos de la resistencia a la opresión de la extrema derecha que gobernaba el Estado, la misma que represalió a miles de españoles.

Como advierte Vicenç Navarro, "vemos ahora cómo el establishment español intenta hacer suya la figura de Carrillo" para justificar aquella Transición -interesadamente calificada de "modélica"- de la que tanto unos pocos se han beneficiado. No obstante, es de justicia aceptar que Carrillo comprendiese que, en aquella época, vista la correlación de fuerzas, la Transición que hubo fuera la única y mejor posible. Al menos, como él mismo admitía, consiguió que la Constitución reconociera que la soberanía viene del pueblo.

Ahora más que nunca, viviendo en la zona cero de esta gran crisis que amenaza a los estándares de vida de la mayoría de la población española, es el momento de hacer efectiva esa soberanía para superar el sistema actual a base de luchar por un modelo de Estado más social, más plural, más justo, en definitiva, más democrático.

[1] Navarro, V. (2012): "Santiago Carrillo y la Transicion. Sistema, 21 de septiembre de 2012.
[2] Lenin, V.I. (1917): El Estado y la Revolución.