El Faro de la Colina: Sectores estratégicos: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo continúa el recorrido por el programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, centrándose en esta ocasión en las propuestas relacionadas con la gestión de los sectores estratégicos, analizando asimismo la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Si en artículos anteriores se revisaron las propuestas relacionadas con la deuda pública, la política fiscal o las fuerzas de seguridad y defensa del estado, en éste se analizarán las políticas relacionadas con la gestión de los sectores estratégicos de las finanzas, la industria y la energía propuestas por Syriza en su programa electoral[1]. Como ejercicio de política-ficción, se planteará la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Nacionalización de los bancos.

La ausencia de una banca pública ha supuesto un desastre para la economía española en estos tiempos de crisis. No quedan lejanas las súplicas del ex-presidente Rodríguez Zapatero a la banca privada para que hiciera fluir el crédito[2]. No deja de ser una situación chocante, pues la función de un gobierno es legislar para el bien común y no hacer súplicas. La inexistencia de una banca pública lleva a situaciones tan bochornosas como aquélla, que sigue repitiéndose en nuestros días[3].

Efectivamente, la falta de crédito por parte de la banca privada ha sido uno de los agravantes de la crisis que sufren, principalmente, trabajadores y pequeñas empresas. Esto es así porque la banca privada no opera con la misma lógica que lo haría la banca pública, pues el objetivo de la primera es la maximización de beneficios a corto plazo y éstos se encuentran en los mercados financieros, no en la concesión de créditos a nivel doméstico. La banca pública, sin embargo, al estar libre de cualquier criterio cortoplacista impuesto por accionistas privados, puede suministrar el necesario crédito a quienes lo necesiten, dentro de criterios exclusivamente sociales[4].

No se puede olvidar que la presente crisis es principalmente fruto de la especulación a nivel financiero, la cual aun inaceptable, es intrínseca a la lógica de la banca privada. El modo más eficiente de contrarrestar la deriva de la banca privada hacia cualquier movimiento especulativo es con la existencia de una banca pública permanente -no vale aquello de nacionalizar un banco con pérdidas para luego venderlo cuando vuelva al camino de la rentabilidad (véase el caso de Bankia)-, cuya gestión esté perfectamente definida -y supervisada por los poderes democráticos- para evitar lacras como enchufismos, utilización para intereses partidistas o de oligarquías regionales, principales acusaciones a las cajas de ahorros que los dogmáticos del neoliberalismo utilizan para defender la gestión exclusivamente privada de cualquier entidad financiera.

Las evidencias demuestran que la banca privada está al servicio de unos pocos, quienes -como es natural- pensarán en sus intereses particulares, que los llevarán no sólo a rozar la ilegalidad en algunos casos[5], sino a convertirse en un lobby que fuerce leyes a su favor[6]. No es difícil llegar a la conclusión de que, si la circulación de dinero en un estado depende exclusivamente de entidades privadas, éstas tienen el poder de someter al Gobierno al chantaje de un "corralito".

La crítica situación de los estados en situación de rescate de la Unión Europea, condenados a sostener sus respectivos bancos privados -que en época de bonanza se endeudaron con la banca alemana-, hace necesario el planteamiento de un cambio de rumbo como el que propone Syriza. El círculo vicioso de endeudar a los estados satélite de Alemania para rescatar a sus respectivas bancas privadas, todo a costa del nivel de vida de sus ciudadanos, ha de romperse. La creación de una banca pública es el primer paso para ello. Es cuestión de soberanía.

Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores estratégicos para el crecimiento del país (ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua…).

La construcción de la Unión Europea se ha hecho según los dictados de la ideología neoliberal. Los sectores estratégicos de la mayoría de los estados del continente, habitualmente de capital público durante los años de vigencia del Estado del Bienestar, han pasado a ser privatizados. La principal excusa mediática para justificar tales privatizaciones se ha basado en el repetido argumento de la ineficiencia de lo público en la gestión empresarial.

La realidad es que las primeras compañías en ser privatizadas fueron las que presentaban mayor rentabilidad, por lo que las dudas acerca de su gestión quedarían en entredicho. En el caso de España, compañías con beneficios como Telefónica, Tabacalera, Repsol, Gas Natural y Endesa, entre otras, fueron privatizadas, mientras que otras empresas públicas no rentables eran directamente desmanteladas. La venta de las empresas públicas, aunque supusiera un ingreso momentáneo de capital para el Estado, en realidad implicó el corte de un flujo continuo de liquidez que, hasta entonces, entraba en las arcas estatales a través de los beneficios obtenidos.

Desde una perspectiva más allá de lo meramente financiero, la venta de las empresas públicas implica la cesión a manos privadas un capital intelectual que, consecuentemente, deja de estar en manos del Estado. De nuevo nos encontramos ante una cuestión de soberanía: conocimientos y tecnologías, patrimonios hasta entonces públicos, son transferidos a empresas privadas.

Nuevamente, hay que recordar que la razón de ser de cualquier empresa privada es la maximización de beneficios y no la prestación del servicio en sí mismo. Una implicación de que los sectores estratégicos se encuentren en manos privadas es la falta de control sobre los servicios proporcionados por aquéllos. Consecuencia de esto es que, donde no sea rentable ofrecer un servicio, la compañía privada se negará a darlo.

Apostar por las energías renovables y por la protección del medio ambiente.

Estados con reducida producción de petróleo como España han de aportar fuertemente por las renovables como vía para reducir su dependencia energética de terceros países. Desgraciadamente, el camino tomado por España es el inverso[7]. El liderazgo en producción de renovables se está perdiendo principalmente a causa de las presiones de los lobbies del gas, del petróleo, del carbón o de la energía nuclear[8].

La necesidad de proteger el medio ambiente ya no es un simple tópico de obligada inclusión en cualquier programa electoral que se precie, es una apuesta imprescindible y sincera que ha de llevarse a cabo con urgencia extrema ante la situación climática y ambiental que se presenta a corto plazo. La Unión Europea ha de convertirse en el abanderado contra el cambio climático, convirtiéndose en contrapeso de los grandes intereses que obstaculizan la aplicación de protocolos conservacionistas, como el de Kioto. A nivel doméstico, la protección ambiental ha de contemplarse como un factor de creación de nuevos puestos de trabajo. La protección, conservación y restauración de bosques, acuíferos naturales, ríos y costas necesita de la conjunción de personal especializado y tecnologías específicas que, bajo la correcta tutela de las administraciones públicas, conllevarían el liderazgo de España en materia medioambiental.

***

Bajo las tres propuestas enumeradas en este artículo subyace el común denominador de la soberanía de los estados. Las finanzas de Grecia y España se encuentran bajo la tutela del Gobierno alemán. Los bancos privados de ambos estados, endeudados con sus homólogos alemanes, estrangulan las respectivas economías nacionales. En la cuestión industrial, energética o tecnológica la cuestión no es muy distinta. La entrada de ambos estados en el Unión Europeo supuso un importante flujo de ayudar para el desarrollo que, como contrapartida, implicaba la reconversión de las industrias nacionales, su privatización y, por último, su adaptación a las necesidades de Berlín. Incluso el trono del liderazgo perdido en energías renovables acaba de pasar a Alemania[9].