El fin del "TDT Party"

Se habla últimamente del fin (en el sentido de final) del TDT Party, reflejado en el proceso captación de fondos por parte de Intereconomía. En este artículo se reflexiona acerca de los motivos que hacen que estos canales de televisión se encuentren en una aparente situación de precariedad económica, sugiriéndose la posibilidad de que simplemente cumplieron el fin (en el sentido de finalidad) para el que fueron creados, por lo que el destino de cada canal podría ser su reconversión o su simple desaparición.

Con la implantación de la televisión digital terrestre llegó un aluvión de cadenas de televisión con un denominador común: una línea editorial claramente ultraconservadora cuya programación parecía casi exclusivamente orientada a mantener campañas de acoso y derribo contra el gobierno de Zapatero y, en general, contra cualquier cosa que les pudiera sonar a izquierdas. La virulencia de sus tertulianos contra el partido del gobierno evocaba para muchos las maneras de Sarah Palin, y su Tea Party, hacia el presidente Obama, por lo que este grupo de canales pasó a conocerse como el TDT Party.

Días después de la derrota electoral del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 22M, comienzan a publicarse noticias sobre el desmoronamiento de estas cadenas, al parecer, por motivos de viabilidad económica. A la sorpresa que la noticia ha supuesto para la mayoría se le suma el alivio de pensar que la etapa de mayor acritud en los medios de comunicación españoles puede estar a punto de terminar.

Sin embargo, es difícil aceptar que el fin de estas cadenas, ya sea por desaparición o reconversión, se deba a motivos meramente monetarios ya que, visto el panorama político actual y previsible para los siguientes años, más bien parece que éstas ya cumplieron con el fin -de finalidad- para las que fueron creadas y ahora, simplemente, su formato ya no es necesario o, en todo caso, ya no interesa.

Tomando como modelo el politizado Telemadrid de Aguirre, las cadenas Veo, LibertaDigital, Intereconomía, La10 y otras similares surgen a partir del apoyo económico de un empresariado español muy localizado, con grandes intereses en la implantación de políticas neoliberales en el país y claramente ligado al espectro ideológico más conservador. Recordemos el eslógan de Intereconomía: "Porque somos de derechas".

Sus programas estrella consisten invariablemente en tertulias dedicadas a destripar todo lo que sus participantes no consideren dentro de su esfera ideológica. Su modus operandi se reduce a utilizar el insulto fácil (como aquella vez en que llamaron "zorra" a una consejera de la Generalitat), las acusaciones sin pruebas (como vincular sistemáticamente el movimiento 15M con Kale Borroka), continuos argumentos sin base y, sobre todo, repetir las mismas consignas a modo de eslóganes goebelsianos para que se conviertan en verdades implantadas en los subconscientes de los espectadores.

El adoctrinamiento fundamental de todas esas tertulias ha sido que la izquierda es mala; por tanto el PSOE, a quienes interesadamente identifican con la izquierda, es malo. Claro está que los conceptos de izquierdas o derechas que manejan están totalmente tergiversados, puesto que, si a políticas económicas se refiriesen, no encontraríamos demasiadas diferencias entre el neoliberalismo practicado por Zapatero y el que nos imaginamos que aplicaría Rajoy. Sin embargo, en la calle ha calado hondo la cantinela de que la "izquierda" no sirve para crear empleo, que lleva al país a la ruína y otras tantas lindezas sin fundamento que, en realidad, son todas consecuencias directas de la aplicación de agresivas políticas neoliberales en los últimos lustros.

Hay que reconocer, por tanto, que estas cadenas han cumplido su función, demostrado sobre todo tras las elecciones municipales del 22M, al haber movilizado el voto de la derecha a favor del PP y, en cierto modo, desmotivado el voto hacia el PSOE en mucha gente de ideología centrista. De este hecho podemos pensar que el mantenimiento de una línea editorial tan agresiva, tan "somos de derechas", no es atractiva para el posible votante de centro, quien podría desplazar su elección hacia el partido de Rosa Díez. Recordemos que, en un claro guiño a aquel sector del electorado, el eslógan del PP en las municipales era "Centrados".

En el mundo de los negocios la lógica es clara: cuando algo o alguien ha cumplido su función, deja de ser necesario y no se va a seguir financiando. Pero es que, además, la supuesta caída del TDT Party puede guardar un efecto colateral que, bien manejado, puede dañar a Rubalcaba. Si hacemos algo de memoria, recordaremos que el reparto inicial de licencias de TDT fue bastante criticado, al ser La Sexta la principal beneficiada en todo el proceso. Con objeto de evitar acusaciones de tratos de favor, el gobierno socialista tuvo que ceder a la concesión de más canales, la mayoría ocupados por televisiones del sector mediático más conservador. Indudablemente, esta torpeza estratégica debilitaría, sin duda, la hegemonía de PRISA, aliado tradicional del PSOE.

La distribución de la señal TDT en el estado español es algo distinta a la de otros países del entorno, en los cuales se lleva a cabo a través de varios operadores de satélite -como Astra o Eutelsat-, puesto que se realiza esencialmente a base de repetidores terrestres gestionados por la compañía privada Abertis. Los costes de este modo de operación son muy altos, por lo que a las cadenas de TDT les supone grandes inversiones mantenerse en emisión. La reciente reordenación del espectro de la televisión terrestre, a partir de la aplicación de una directiva europea que paulatinamente afectará a todas las emisoras, está siendo utilizada por Intereconomía como arma contra el gobierno, al sugerir que éste está detrás de todo, señalando implícitamente a Rubalcaba como artífice del supuesto complot.

Aún queda otro motivo por el que el TDT Party parece condenado a su final, al menos en el formato que ahora conocemos. Sencillamente, se ha alimentado a un monstruo radical con la capacidad de atacar a gobiernos. No es de extrañar que desde el propio PP se haya considerado que, en una previsible legislatura, cualquier muestra de tibieza por su parte fuera motivo de sufrir ataques desde los tertulianos más ultraconservadores.

No es nuevo que en españa los medios de comunicación estén politizados, de hecho siempre ha existido un reparto de influencias respecto a los dos partidos mayoritarios. No obstante, el TDT Party ha supuesto un nivel de insulto, crispación y demagogia jamás visto. Los ciudadanos no podemos seguir consintiendo la existencia de tales prácticas. Los tertulianos de estas cadenas amparan sus manipulaciones en su derecho a la libertad de expresión, pero hemos de exigirles que no sea a costa de nuestro derecho a la libertad de pensamiento. En la actualidad no podemos evitar que la prensa en su inmensa mayoría esté controlada por grandes grupos mediáticos de tendencias neoliberales, pero al menos podemos exigir el cumplimiento de una ética periodística, dentro de la información veraz, sin manipulación, por el interés general. La llave está en nuestra mano: hasta entonces podemos apagar los televisores.

Violencia, mentiras y cintas de vídeo (o YouTube)

Los lamentables sucesos acontecidos en Barcelona el pasado 15 de junio demuestran que la violencia es el arma elegida para desmantelar al movimiento 15M. Un movimiento ciudadano construido bajo la sólida base de la insurrección pacífica, es ahora puesto en entredicho ante los ataques que sufrieron algunos parlamentarios a la entrada del Parlament de Catalunya.

La propuesta inicial en las asambleas del 15M catalanas era rodear y dificultar, siempre de modo pacífico, la entrada de los parlamentarios. La gran mayoría de los indignados fueron allí con tal consigna y a ella se atuvieron. Sin embargo, a pesar del pactado espíritu pacífico de la concentración, ciertos individuos descontrolados agredieron de algún modo a varios parlamentarios. Por supuesto, la reacción de las fuerzas de seguridad no se hizo esperar y desproporcionadas cargas policiales se extendieron por el Parque de la Ciutadella. Los medios de comunicación rápidamente hicieron eco de los sucesos; los indignados, por su parte, mostraron su repulsa a cualquier tipo de agresión y rechazaron tener cualquier relación con quienes realizaron aquellos actos.

Desgraciadamente, los medios aprovecharon la coyuntura para satanizar a los indignados, culpabilizándolos de todos los desmanes, en claro acto de manipulación de la opinión pública. Intencionadamente obviaron contar que fueron muchos los indignados los que salieron a proteger a los parlamentarios de los descontrolados. Tampoco hicieron nada por recordar a la población las consignas básicas del movimiento 15M: “Siéntate en el suelo y levanta las manos. Si ves llegar a un policía con intención de desalojarte, moverte o pegarte, actitud pacífica”. Faltó tiempo a algunos políticos por justificar las represalias violentas por parte de la policía, incluso hubo quien sugirió extender la mano dura hacia todo el movimiento. Algún que otro filósofo moralista aprovechó para poner el dedo en la llaga y acusar de violentos a todos los indignados allí concentrados. ¿Dónde queda ahora la presunción de inocencia? La prensa oficial había comenzado un entierro prematuro del movimiento 15M y de los indignados.

Uno de los principales motivos que causó la simpatía hacia el 15M, aparte de sus reivindicaciones, ha sido su inquebrantable espíritu pacifista. Es por tanto dudoso que, de repente, todos los pacíficos indignados se convirtieran en perturbados sedientos de violencia gratuita; sobre todo teniendo la experiencia previa del 27 de mayo, donde no hizo falta provocación por parte de los indignados catalanes para recibir duras cargas policiales. Pero es que, habiéndose anunciado en las asambleas previas al miércoles 15 la concentración frente al Parlament, habiéndose llenado Barcelona de carteles anunciando las movilizaciones, ¿cómo es posible que el dispositivo policial se hubiera montado de modo tan inadecuado que pusiera en peligro la integridad de los diputados?

Por una parte, se puede llegar a pensar en negligencia por parte del responsable de la seguridad de sus señorías, el consejero de interior Felip Puig; por otra, se podría plantear un burdo montaje que, a modo de bomba de racimo, permitiría zanjar de una vez varios asuntos que incomodan en ciertas esferas de la política y la oligarquía patria:

1. Justificación de las cargas del 27 de mayo: de hecho, el mismo Puig aprovechó los sucesos del Parque de la Ciutadella para reivindicarse en actuaciones pasadas.
2. Justificación de futuras acciones, como el desalojo por la fuerza de plazas, no sólo en Barcelona sino en toda la geografía estatal.
3. Desacreditar al movimiento 15: cuando casi el 80% de la población, según encuestas, simpatizaba con los mensajes de éstos.
4. Y, especialmente, silenciar los brutales recortes votados ese día: los más profundos en la historia reciente del Estado del Bienestar, cosa que no se encontraba en el programa electoral del presidente Mas; quien, por cierto, llegó al lugar en helicóptero, librándose casualmente de cruzarse con los ciudadanos allí concentrados.

La simple posibilidad de tal manipulación es un grave indicador de los déficits democráticos en el estado español, cuyos representantes electos se niegan a escuchar a sus ciudadanos; prefiriendo ignorarlos, a la espera de cualquier excusa para aplicarles mano dura, desprestigiarlos. Lo más grave de esto es la existencia de pruebas gráficas donde se puede encontrar a los agitadores, algunos identificados como agentes infiltrados. En palabras del periodista Carlos Carnicero: “Cualquier periodista que haya hecho información de Interior sabe que las fuerzas antidisturbios son instruidas en las academias de policía en la infiltración para reventar manifestaciones”. Arcadi Oliveres, quien a partir de experiencias pasadas, sospecha de la actuación de los infiltrados como clave para explicar los altercados, es amenazado públicamente por el señor Puig con ser denunciado por calumnias.

Pero es que, seamos serios, partiendo del principio de que ningún tipo de violencia es tolerable: ¿justifican insultos, lanzamiento de agua y de pintura, por parte de algunos descontrolados, una carga policial que envía a 30 personas al hospital? ¿por qué el interés de los mossos en requisar cámaras y móviles, elementos claves para grabar lo que allí ocurrió?

La última noticia al respecto es la decisión de Felip Puig de comenzar una cruzada contra los vídeos colgados en YouTube sobre las cargas policiales, a los que acusa de montaje. El uso de la censura no es la mejor muestra de trasparencia para un gobernante cuya responsabilidad es la seguridad de todos, incluida la de las personas indignadas allí presentes. Al contrario, como ciudadanos hemos de exigir que cualquier video, que sirva para esclarecer lo ocurrido, sea público y utilizado, en lo posible, como base de las denuncias e investigaciones oportunas contra quienes corresponda. Nuestros impuestos son para asegurar la integridad de todos, diputados y ciudadanos, no para presuntos juegos sucios ni para emplear  las horas de trabajo de nuestros agentes del orden para rastrear YouTube, ni a abogados para poner demandas con objeto de eliminar contenidos.

El movimiento 15M no debe detenerse ni va a hacerlo por estos sucesos. La indignación es un sentimiento común a una mayoría de los ciudadanos, quienes poco a poco irán preguntándose por qué se nos recorta tanto para luego no cambiar nada.

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Notas:
[*] Se recomienda leer la nota informativa al respecto publicada por AcampadaBCN.

A todos nuestros mayores indignados: gracias por estar ahí

Las asambleas que se llevan realizando desde que se estableció el movimiento 15M han conseguido reunir a una gran cantidad de personas, muchas de las cuales han aportado valiosos puntos de vista, argumentos y mucha energía para vitalizar al resto de los allí congregados.

En muchas plazas, una figura recurrente ha sido aquel señor mayor, un abuelito curtido en mil batallas de la vida que se ha unido a sus conciudadanos más jóvenes, a quienes ha infundido ánimos y contagiado de su vetusta sabiduría. Algunos lucharon contra la dictadura, otros fueron sindicalistas, políticos o militantes activos durante la transición; todos tienen alguna historia que contar.

El 15M debe mucho a las personas mayores. Fue Stephane Hessel, lúcido nonagenario defensor de los Derechos Humanos, el primero en proponer un modo elegante de comenzar a cambiar las cosas. Un hombre de su experiencia, quien ha visto cambiar tanto del mundo en un lapso tan breve, tenía claro que los abusos del neoliberalismo tarde o temprano recibirían una contestación por parte de los ciudadanos. Hessel, quien lleva años observando el problema palestino, se da cuenta de que una reacción descontrolada, violenta contra el sistema no haría más que reforzarlo: el caso de Israel es claro, cuando cualquier piedra de la intifada justifica misiles contra la población civil. En Europa serían porras y pelotas de goma. La única lucha posible que queda contra la dictadura de los mercados ha de ser a base de una insurrección pacífica. Pero además, había que encontrar un término que no pudiera ser rentabilizado por ningún partido político, lo suficientemente neutro para que los ciudadanos no se sintieran amenazados por ningún prejuicio y con la sutileza necesaria para que la prensa más sensacionalista no pudiera hacer manipulación alguna.

Hessel nos recordó el valor de sentirnos indignados; otras personas mayores, como José Luis Sampedro, también nonagenario, nos recordaron que había motivos para ello. La experiencia, la madurez, se conjugaron con la fuerza de la ciudadanía, cuya juventud, convertida en vanguardia, lideró los asentamientos. Así nuestros mayores vinieron a pedirnos que siguiésemos adelante; como Eduard Punset, quien con tal motivo recorrió varias de las acampadas, o Vicenç Navarro, quien explica en la emblemática Plaza de Catalunya los recortes emprendidos a raíz -con la excusa- de la crisis.

Y en cada ciudad surgió un Hessel, un Sampedro. Hombres de edad avanzada que tomaron las plazas junto a los más jóvenes, quienes de repente rejuvenecieron 40 años al encontrar por primera vez el germen de la solidaridad entre los ciudadanos. Toda una vida esperando esto. Estas plazas no eran ocupadas para celebrar títulos deportivos o ascensos de división, sino por grupos de personas que se reunían para hablar de preocupaciones reales. Por vez primera, los ciudadanos se ponían de acuerdo no para tratar frivolidades o discutir sobre el partido político al que defender incondicionalmente. Los ciudadanos comenzamos a realizar un ejercicio libre de política. La auténtica política, apartidista, asamblearia.

Como dijo Román, el entrañable abuelito que acudía a Sol: "La juventud del 15M, sin saberlo, ha logrado lo que no pudimos hacer nosotros: la ruptura del sistema".

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En memoria de otro gran señor mayor quien, hasta sus últimos días, ayudó a forjar el camino que llevaría al 15M: José Saramago.

La democracia es incompatible con el miedo

Este artículo plantea la necesidad de conseguir el compromiso de la clase política a renunciar a cualquier tipo de violencia institucional como respuesta sistemática a las movilizaciones pacíficas por parte de la ciudadanía. Se entiende esta condición como necesaria para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la salud democrática.

Los violentos sucesos del viernes 27 de mayo en Barcelona, Lleida y Badalona, junto a los de París del domingo 29, son sintomáticos del interés, por parte de algunos poderes, de que la ciudadanía vuelva al estado de letargo en el que se encontraba hasta el 14 de mayo.

Hasta esa fecha, numerosos ciudadanos nos lamentábamos de la aparente indiferencia de la sociedad española ante las agresiones, en forma de recortes, a los que el Estado, desenmascarado como fiel representante de los grandes poderes, nos lleva sometiendo con cada vez más virulencia. Parecía que los ciudadanos españoles, los mismos que invadimos las calles para celebrar el triunfo mundialista de la selección, estuviésemos condenados al inmovilismo a la hora de defender nuestros derechos.

Muchos intelectuales llevaban tiempo pidiendo a la sociedad una reacción contra la continua degradación que el estado del bienestar lleva sufriendo desde hace años. Principalmente, éstos han aportado numerosos argumentos con el fin de alertar a la ciudadanía contra el neoliberalismo, el mismo que causó la crisis y de la cual ahora saca enormes provechos. Sin embargo aquellas advertencias no lograban penetrar en la población; al respecto, la falta de eco en los medios de comunicación tradicionales fue y sigue siendo clamorosa al respecto.

El inmovilismo se mantenía, aún con casi 5 millones de parados. Se respiraba miedo y resignación. Miedo a perder aún más derechos, resignación a aceptar contratos con condiciones laborales lamentables y menguantes. La consigna del conformismo se resumía en los repetidos "al menos tengo un trabajo" o "me queda la ayuda de no-sé-cuántos euros". Tales circunstancias se podrían comprender en el marco de la Doctrina del Shock de Naomi Klein: nos encontrábamos con una población desinformada, atenazada y confundida por los efectos de una crisis, que aceptaría cualquier cosa a cambio de la promesa de salir de aquélla.

Fue una suma de circunstancias la que propició un cambio de actitud en parte de la población, que repentinamente se volvió permeable a argumentos distintos a los esgrimidos por los voceros del neoliberalismo. Al fin y al cabo, la sociedad progresivamente había dejado de lado a los medios tradicionales para pasar a informarse a través de redes sociales. Algo comenzaba a cambiar. El miedo era mitigado por una suma de información e indignación. El miedo a la crisis, como tal, se va diluyendo, parte de la población empieza a comprender que quienes la causaron siguen igual que antes. No fue una crisis de los mercados, como nos hicieron creer, fue una crisis contra los ciudadanos. El buen virus de la indignación comenzó a propagarse entre la mayoría, quienes se preguntaban más allá de sus adentros por la calidad de la democracia que vivimos, por la realidad del sistema económico, por quienes pervirtieron los mercados y por quienes lo consintieron.

Por fin, en muchas personas, la indignación ha superado al miedo, ese sentimiento irracional que nos condena a vivir como ciudadanos de segunda categoría. Cuando la ciudadanía se vuelve sumisa, acepta que las decisiones las tomen otros, bajo el dogma de que es mejor que los poderosos se encuentren satisfechos, para al menos poder disfrutar de sus migajas. Esta mentalidad ha permitido la esclavitud a lo largo de la historia, cuando la población mayoritariamente renuncia a su libertad de pensamiento para dejarse llevar por quienes detentan los poderes.

Esa misma población sumisa, por desgracia aún extensa, es la que actúa de censora de los ciudadanos que estos días se reúnen en las plazas para mostrar su indignación, la que repite litúrgicamente las consignas de los medios que criminalizan con mentiras a esa juventud que apuesta por cambiar este mundo a mejor. Sin embargo, si el movimiento 15M mantiene su vigor, será inevitable que su mensaje cale poco a poco al resto de la ciudadanía. Porque, quienes no quieren líos con los poderosos, quienes se conforman con las migajas, tampoco ven claro el futuro. Incluso el vecino anónimo de la plaza, que sigue el juego a la prensa amarillista y se inventa declaraciones sobre el incivismo de sus conciudadanos acampados, sabe que el sistema económico, político y social al que se vende no garantiza más que precariedad y degradación del nivel de vida de sus hijos y nietos.

A más débil se sientan los poderosos, cuanto más amenazados se sientan, con más crudeza azuzarán a sus peones en la política para que frenen a la ciudadanía que se va volviendo contestataria. A cualquier precio, con tal de restablecer el miedo, el conformismo, la actitud de no querer meterse en líos. Por simple sentido común, resulta contradictorio que se envíen fuerzas antidisturbios contra personas en actitud pacífica, que se responda con represión a ciudadanos cuya exigencia es una democracia sana y plural. En tales condiciones, no hay razón que justifique agresión alguna desde el contexto del estado de derecho. Por eso, cada golpe recibido por un ciudadano en actitud pacífica, cada infamia vertida por los medios contra quien exige un mundo mejor, demuestra que esta crisis es también crisis de democracia.

Por tanto, la violencia desproporcionada hacia los ciudadanos es el principal escollo al que se enfrenta la esperanza de cambio hacia una sociedad más justa. El miedo a la agresión institucionalizada no puede convertirse en elemento de desincentivo a las movilizaciones pacíficas. Es por ello, que los demócratas hemos de exigir a los políticos su compromiso a no utilizar la violencia contra los ciudadanos, preservando así su derecho a pensar, expresarse y manifestarse libremente.