El Faro de la Colina: Eurovegas: una intolerable cesión de soberanía a una empresa privada

martes, 26 de junio de 2012

Eurovegas: una intolerable cesión de soberanía a una empresa privada

Eurovegas no sólo implica la creación de una isla del juego en España, con todo lo que ello puede conllevar en inseguridad ciudadana y blanqueo de capitales, sino una auténtica cesión de soberanía por parte del Estado, al permitir a los gobiernos autonómicos la adaptación de las leyes según las exigencias de la multinacional norteamericana.

Desde que se hizo público el interés de la multinacional del juego Las Vegas Sands Corporation de establecerse en España[1], hemos podido asistir a una lamentable reedición de Bienvenido, Míster Marshall. De ser un completo desconocido para la opinión pública española, Sheldon Adelson ha pasado a convertirse en una especie de rey Midas a quien los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña -también lo intentaron Valencia y Canarias, con menos fortuna- tratan de convencer para que lleve su oro a sus respectivas autonomías.

La solución al rampante desempleo que sufren los ciudadanos del Estado español parece pasar ahora por la creación de enormes complejos dedicados principalmente al negocio del juego y las apuestas. El magnate norteamericano promete, de inicio, 15 mil puestos de trabajo para la construcción de las infraestructuras y otros 15 mil de forma estable para cuando el megacasino esté operativo[2], un número de empleos para nada espectacular si tenemos en cuenta que, tan sólo entre enero y marzo de 2012, se perdieron 374 mil puestos de trabajo en todo el territorio español[3].

Aunque la dramática situación actual obligue a tomar en cuenta cualquier iniciativa que permita la creación de empleo, no es menos cierto que, en el caso que nos ocupa, las administraciones implicadas van camino a regalar un cheque en blanco a la multinacional norteamericana. Las exigencias que ésta plantea implican una serie de cambios en la legislación española que, de concederse, supondrían una grave cesión de soberanía del Estado a una empresa privada.

Con la excusa de la creación de empleo, Adelson exige una serie de privilegios a costa de los derechos laborales de sus futuros empleados, como la inexistencia de convenio colectivo, o de la sociedad en su conjunto, como dos años de exención de cuotas a la Seguridad Social. A todas luces, la lista de concesiones por un puñado de puestos de trabajo -de los que, por cierto, no se detallan las condiciones- es inaceptable[4]. Años de discusión y consenso han sido necesarios para desarrollar una ley del tabaco que proteja el derecho a la salud de los no fumadores, homologada con los países europeos más avanzados, para que los intereses de una corporación vuelvan a primar sobre la salud pública. Un tanto podría decirse del hecho de que los menores pudieran acceder a los casinos[5]. Ni que decir tiene que las exigencias de Adelson en materia fiscal convertirían el lugar elegido para el establecimiento de Eurovegas en un sumidero de dinero de dudosa procedencia[6].

La posibilidad de que se establezca en España una copia cutre de Las Vegas no representa en absoluto una oportunidad para los ciudadanos. Incluso aunque se llegase a alcanzar la idílica cifra de 250 mil empleos para el año 2025, habría que preguntarse a costa de qué y en qué condiciones[7]. Por lo pronto, nos encontramos ante unos gobernantes que se rebajan lo indecible para conseguir los favores de un magnate que reconoce abiertamente su aversión a los sindicatos y su negativa a la redistribución de la riqueza[8]. Los mismos gobernantes que olvidan la importancia del I+D, que exilian por decreto a sus investigadores al extranjero, que amenazan con convertir la educación universitaria en un lujo, que descubren que el futuro de los españoles se encuentra en la hostelería y el juego. El desmantelamiento de la industria española a cambio de fondos europeos, iniciada en los ochenta, parece dar por fin sus frutos: a corto plazo se vislumbra un país de camareros, pinches y crupieres al servicio de ricachones patrios y extranjeros, sin más derechos que una hogaza de pan y la fortuna de poder volver al día siguiente al trabajo.

Mal precedente se asentaría en España si finalmente se acepta el proyecto Eurovegas. Incluso sin haberse concretado el establecimiento de Eurovegas en España, ya empiezan a darse casos de empresarios españoles que piden la aplicación de las mismas condiciones para sus proyectos[9]. Mientras tanto, algunos gobernantes parecen haber olvidado que las leyes se elaboran en las Cortes Generales -o los parlamentos autonómicos- y no en los despachos privados de magnates del juego. Se ha vuelto a la máxima despótica de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Las decisiones se toman exclusivamente según criterios financieros e ideológicos, siempre según los dogmas del neoliberalismo. El ciudadano de a pie queda al margen de cualquier decisión. Los argumentos de las plataformas vecinales que se oponen al megaproyecto son ignorados mientras políticos y empresarios locales reciben a los lugartenientes de Adelson como si se tratase de embajadores de una potencia extranjera[10].