Este año se disparará el voto por correo para las elecciones generales

El anuncio de las elecciones generales para el 20 de noviembre va a suponer, para la hasta ahora tranquila ciudadanía, uno de los bombardeos mediáticos más intensos que se hayan visto durante las últimas campañas electorales. No en vano, ambos partidos están marcados por los resultados de las recientes elecciones del 22 de mayo: mientras el partido de la oposición espera a que éstos se repitan, el partido gobernante realiza una carrera de fondo para evitar una debacle que podría ir desde la pérdida del gobierno hasta su destronamiento del binomio bipartidista PSOE-PP, como ya sucedió al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) en las dos últimas elecciones a causa de las políticas neoliberales de Gerard Schröder.

Las esperanzas del PSOE están puestas en la experiencia del candidato que sucederá a Rodríguez Zapatero, quien parece a priori un aspirante mejor valorado que su contrincante, inevitablemente debilitado tras sus anteriores derrotas electorales. Así nos encontraremos metidos en una campaña entre un partido débil con un candidato fuerte, frente a un partido en ascenso con un candidato a quien pesan las losas de anteriores derrotas electorales y la propia valoración de la ciudadanía.

El adelanto de estas elecciones también libra al partido gobernante del compromiso de tener que lidiar con el toro de la negociación de los presupuestos generales para el 2012, cosa nada sencilla en las circunstancias actuales que, en caso de haber fijado las elecciones para marzo, le hubiera supuesto un desgaste adicional (y ahí sí que podríamos hablar de debacle electoral segura). Éste ha sido, sin duda el motivo fundamental del adelanto de las elecciones para noviembre, no obstante hay que admitir que la fecha elegida es muy simbólica.

El primer elemento de polémica para los días siguientes al anuncio de las elecciones va a ser el simbolismo de la propia fecha. Como todos sabemos, cada año el 20 de noviembre es día de peregrinación al Valle de los Caídos de numerosos devotos fieles al antiguo régimen, que parten de toda España para recordar aquella época de extraordinaria placidez. Aunque todos aquellos señores y señoras acudan al mausoleo a honrar la memoria de su amado dictador, también suelen ejercer indefectiblemente su derecho al voto (el mismo que paradójicamente les era negado en sus años mozos).

La pregunta es si estos señores, los que vengan desde lejos de Madrid, renunciarán a una tradición arraigada por más de tres décadas para ir a votar o, por el contrario, dejarán de ir a votar para mantenerse fieles a su visita anual a los restos del anterior jefe del estado. No, no renunciarán a ninguna de las dos cosas, simplemente, realizarán su voto por correo. Desde hace décadas tienen decidido a quién quieren ver en el gobierno.

La masacre de Noruega: ¿qué hay detrás de Breivik?

Unos días después de los trágicos atentados de Oslo y Utoeya siguen llegando noticias acerca del asesino confeso, Anders Behring Breivik, y múltiples conjeturas sobre sus móviles, personalidad, ideología. Sin embargo, los medios de comunicación parecen centrarse demasiado en el asesino cuando lo realmente importante es la posibilidad de que tuviese algún tipo de cobertura.

La tesis oficial, defendida por su abogado y el propio asesino, es que Breivik es un perturbado que actuó solo, aprovechándose de la candidez de unas fuerzas de seguridad de un estado poco acostumbrado a la violencia terrorista. Ciertamente la lentitud de la policía en actuar, la indisponibilidad de medios para acceder a la isla de Utoeya son síntomas de esa falta de preparación ante este tipo de incidentes.

Breivik se autodefine de extrema derecha, xenófobo, antimusulmán, a lo que la prensa noruega añade el calificativo de integrista cristiano. En cualquier caso, su ideología quedó perfectamente plasmada en el manifiesto de 1518 páginas, titulado 2083: declaración de independencia europea, que publicó poco antes de realizar las masacres. Ahí criticaba abiertamente al multiculturalismo de las sociedades modernas, al marxismo, a la igualdad de la mujer, a los inmigrantes...

La interpretación de algunos psicólogos que han podido acceder al manifiesto es que nos encontramos ante un psicópata. En realidad, una acción tan terrible, cuyos planes explica al detalle en el documento, no puede ser cometida más que por un perturbado mental. Resulta estremecedor imaginarse a una persona asesinando y rematando a sangre fría, sin inmutarse, capaz de generar una situación dantesca que, también, plantea muchos interrogantes.

En primer lugar, surge la cuestión de la bomba. Parece ser que la elaboró a partir de fertilizantes químicos, que adquirió legalmente. Aunque algunos medios indican que la policía fue alertada inicialmente por la compra, parece ser que ésta desechó profundizar en la investigación al ser Breivik un tipo, por entonces, sin antecentes. Por otro lado, la cantidad de fertilizante que adquirió parece estar dentro de lo normal en el mercado agrícola noruego. De hecho, él regentaba una pequeña compañía agrícola llamada Breivik Geofarm. Sin embargo, por una parte, Breivik no tenía formación militar, como para conocer de antemano la fabricación de explosivos y, por otra, es dudoso que la infraestructura necesaria para aquello pudiera ser soportada por una sola persona. Podríamos aceptar que el asesino fuera, además, un aplicado autodidacta; que las pruebas que realizó de las bombas en una explotación agrícola junto al río Glomma fueran un éxito y no levantaran sospecha. Sin embargo, para un solo hombre sin ningún tipo de apoyo, todo parece demasiado perfecto para que, al menos, no levantase sospecha.

Otra cuestión es la munición utilizada. Para maximizar los daños, el asesino utilizó balas expansivas, las cuales están prohibidas incluso en las guerras. Su uso queda restringido para la caza mayor, fundamentalmente del jabalí. La primera pregunta que nos hacemos es cómo pudo hacerse con, al menos, un centenar de balas sin levantar sospechas. Aunque parece que Breivik disponía de licencia de caza, la cantidad de munición que utilizó parece excesiva para ser adquirida en una armería sin que nadie hiciera preguntas.

La cuestión de la cobertura que pudo tener Breivik parte de sus propias palabras. Él afirma la existencia de dos células más afines a su ideología en Noruega y varias más repartidas por Europa. Su abogado, Geir Lippestad, quita importancia a aquellas afirmaciones, apoyándose en la locura de su defendido, al afirmar que "su visión de la realidad es rara y es difícil de explicar". En cualquier caso, la actitud del letrado de restar importancia al asunto resulta ciertamente irresponsable, pues la simple sospecha de la existencia de células afines a los métodos de Breivik tendría que implicar un profundo proceso de investigación por las autoridades de toda Europa. En todo caso, Breivik demuestra un profundo interés por la política Europea, de la que realiza un repaso en su manifiesto. Por ejemplo, acusa a Zapatero de "rendirse a los musulmanes" o critica a la ministra española de defensa por su embarazo durante el ejercicio de su cargo; asimismo justifica sus crímenes por la necesidad de "salvar a Noruega y a Europa occidental de los musulmanes y del marxismo cultural".

Existan o no esas células de las que Breivik habla, los ciudadanos europeos vemos el progresivo resurgir de partidos políticos de extrema derecha que, día a día, se aprovechan del declive del estado del bienestar para ganar adeptos entre los desheredados de las clases medias a base de demagogia y señalar a los más desfavorecidos, acusándolos injustamente de la situación actual. Esto empieza a parecerse, aunque sea tangencialmente, a la Europa de los años 30 del siglo pasado. La Europa actual no puede permitirse caer en la trampa de la intolerancia, el extremismo. No se puede predicar desde los medios que ya no hay ni izquierdas ni derechas, para luego emitir programas donde tertulianos propagan ideas lesivas al estado del bienestar, pinceladas de odio e irreflexión instaladas en el extremismo, dosis de apología a las ideas que nos llevaron a una guerra civil en España o a una posterior guerra mundial.

Los ciudadanos europeos no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el peligro de que nuevos atentados surjan a raíz de la intolerancia fomentada por unos pocos. Incluso, aceptando el hecho de que Breivik no tuviese cobertura de terceros, ¿qué influencia puede llegar a tener en un perturbado los vigentes discursos ultraconservadores? Es el momento de exigir a los medios de comunicación mayor rigor que nunca en sus informaciones, mesura en sus opiniones aún respetando su línea ideológica. Y a los gobiernos, tolerancia cero hacia esta posible amenaza venidera y, por supuesto, hacia quienes la fomenten.

Reflexiones sobre los salarios de los políticos

Pasada la vorágine del 22 de mayo, una vez constituidos los equipos de gobiernos de las nuevas legislaturas locales y autonómicas, la actualidad política se centra en las asignaciones de nuestros representantes políticos, normalmente resultantes en subidas salariales. El sentimiento popular, cuando se lee alguna noticia relacionada a los plenos donde se toman tales decisiones, es que parece que los políticos sólo se ponen de acuerdo cuando se trata de subirse los sueldos.

No hace mucho, saltó a la prensa un suceso ocurrido en Mollet del Vallès cuando el alcalde electo -Josep Monràs (PSC)- propone elevar su sueldo en un 32%. La reacción de los vecinos no se hizo esperar, quienes llegaron a perseguir y a recriminar al nuevo regidor su actitud. Finalmente su subida se rebajó a un 10%. Otro alcalde, éste de Sant Andreu de Llavaneres -Bernat Graupera (CiU)-, sí que consiguió elevar su sueldo en un 31%, para un montante total de 54.236 € anuales.

En épocas de crisis, como la que vivimos, donde se nos habla de recortes, austeridad, contención de gasto público, para la mayoría de los ciudadanos resulta indignante que aquellas personas elegidas democráticamente, cuyo teórico trabajo es el de servir a la ciudadanía, tome actitudes tan poco ejemplares, tan insolidarias como aplicarse subidas de sueldo en magnitudes que, en ocasiones, resultan vergonzantes. En la otra cara de la moneda, en algunos municipios se ha dado la situación de bajadas de sueldos e incluso la renuncia de alcaldes y concejales a cobrar. En realidad es justo recordar que, en el territorio nacional, el 60% de los alcaldes no cobra sueldo alguno por su trabajo, que suelen ser regidores de municipios de menos de 1000 habitantes. Salvo algunas renuncias voluntarias antes comentadas, el principal motivo de que existan regidores sin sueldo es el bajo presupuesto disponible en las arcas de unos municipios tan reducidos. Como veremos más adelante, la imposibilidad de cobrar un sueldo digno por desempeñar funciones políticas es un serio limitador para permitir el libre acceso a los cargos públicos a los ciudadanos de rentas medias y bajas.

Partiendo del principio de que todo trabajo ha de ser remunerado, los ciudadanos hemos de plantearnos el efecto de los sueldos de los políticos sobre la salud democrática. No es algo trivial: la gestión de los poderes públicos cae en manos de personas que se han presentado a listas electorales a quienes los ciudadanos hemos tenido la opción de votar. Está claro que no son admisibles remuneraciones con cifras desorbitadas, pero también hay que entender que alguien que presta su tiempo, o parte de él, en gestionar dinero público, no lo puede hacer gratis.

Es razonable establecer unos mínimos que permitan al político sentir que su función está siendo razonablemente compensadas en lo económico. Un buen sueldo es fundamental para asegurar el acceso a la función política de cualquier ciudadano, que podría establecerse en función de las rentas medias de los habitantes de su jurisdicción -por ejemplo, del sueldo medio de los habitantes de un municipio para el caso un alcalde-, su nivel de responsabilidad y dedicación. Tampoco tiene sentido la cuantía de ciertas nóminas, que superan hasta ocho veces el salario medio en el estado español. Hablamos de trabajos de mucha responsabilidad, pero recordemos que hay ciudadanos españoles muy cualificados, con grandes responsabilidades en sus respectivos trabajos, que jamás van a acercarse a una fracción de aquellas cifras. Como ya señalamos, para muchos ciudadanos resulta indecente que se realicen plenos para subirse los sueldos, por lo que sería adecuado que los salarios se fijasen a partir de otros criterios, o incluso organismos, como podría ser alguno creado ex profeso dentro de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, estando de acuerdo en que es preciso establecer unos márgenes salariales para los políticos, nos quedan ciertos flecos que considerar. El primero de ellos es la cuestión de sus rentas. Habría que seguir un modelo de transparencia total, al estilo del finlandés, donde sea posible acceder públicamente a los datos patrimoniales del núcleo familiar de cada político (aunque en Finlandia es extensible para absolutamente todos los habitantes del país). El derecho de los ciudadanos a controlar la honradez de sus representantes ha de prevalecer sobre cualquier ley de protección de datos. No es una exigencia desabellada; al fin y al cabo, quien elige tomar la senda de la política lo hace voluntariamente, por tanto ha de comprender que la confianza de la ciudadanía es lo primero.

Pero la preocupación de la ciudadanía no sólo ha de estar con la posibilidad de que los políticos engorden sus bolsillos ilegalmente metiendo sus manos en las arcas públicas. Otro importante problema a resolver es el clientelismo. Es por ello por lo que sería necesaria una estricta ley de incompatibilidades que garantice que el político de turno no vaya a tomar decisiones que beneficien a su entorno personal. Se nos vienen a la mente casos de empresas proveedoras de servicios a organismos públicos participadas por políticos, familiares o amigos de éstos que, casualmente, siempre ganan los concursos públicos. Pero no sólo ha de mantenerse ese estatus de incompatilidad durante la vida activa en política, sino por muchos años después. Recordemos el caso de un expresidente español que llevó a cabo la privatización de una empresa pública de la que años después pasó a formar parte como asesor. Aparte de lo chocante de la situación de por sí, lo justo hubiera sido que se le hubiera retirado la paga que actualmente recibe del estado por su antiguo cargo político.

La credibilidad de nuestros políticos está en horas muy bajas. La mala gestión del boom inmobiliario y la posterior gestión de la crisis por parte de las administraciones a todos los niveles -desde ayuntamientos al Gobierno central-, los casos de corrupción, los desmanes salariales de muchos políticos, la sumisión a poderes no democráticos -banca, grandes empresarios, multinacionales- los han convertido en una clase aparte de la ciudadanía. En democracia los representantes políticos han de estar al servicio de la mayoría, no al de unos pocos privilegiados. Lo contrario no es más que un grave síntoma de déficit democrático. Para revertir esto, los políticos han de considerarse a sí mismos, en primer lugar, ciudadanos y no una clase aparte.

El acceso a la política ha de ser igual en oportunidades para todos; por tanto, aplaudir que los políticos no cobren por ejercer sus funciones es demagógico y peligroso para la salud de la democracia en sí misma. No ayuda a ésto la prensa cuando destaca las bondades de aquellos alcaldes que renuncian a cobrar su sueldo, ni tampoco la actitud de quienes aplauden esas iniciativas; porque, si el pensamiento mayoritario es que es bueno que los políticos renuncien a sus sueldos, entonces sólo podrán ejercer política aquellas personas que dispongan de rentas muy altas o inversiones paralelas que les reporten ingresos. A esta potencial situación de exclusión para la mayoría de la ciudadanía se une el consecuente peligro de que las decisiones de los políticos se tomen en función de los intereses de sus inversiones personales.

Es también importante comprender que quien decide emprender el camino de la política está renunciando a su carrera profesional por, al menos, unos años. Por tanto se entiende defendible la postura de facilitar su reingreso al mercado laboral tras una eventual salida de la política activa, e incluso ayudas económicas en esa etapa transitoria. No obstante se requerirían ciertas matizaciones al respecto. Las prebendas a los políticos en temas salariales, de pensiones, etc. tendrían que realizarse siempre con la máxima de permitir el acceso de cualquier ciudadano al ejercicio de la política, por lo que las ayudas que éste pudiera recibir durante su transición a la vida profesional privada tendría que depender precisamente de sus rentas. Tampoco estaría mal la existencia de organismos públicos independientes encargados de evaluar la calidad del desempeño de nuestros políticos. No es justo que diputados que apenas pisan el congreso dispongan del mismo paracaídas de oro que quienes realmente realizan su trabajo con eficiencia. Al respecto también sería exigible una ley de incompatibilidad de cargos, pues resulta a todas luces ineficiente un alcalde que también sea diputado.

Lo natural es que los ciudadanos exijamos decencia a nuestros políticos. De esta exigencia surgen las críticas a manifiestas demostraciones de insolidaridad cuando algunos de estos deciden subir sus salarios o mantener sus prebendas cuando a los trabajadores públicos y pensionistas se les recorta su capacidad adquisitiva. Sin embargo, igual o más indecente son los casos de políticos en activo que cobran por varios cargos desempeñados simultáneamente, u otros ya retirados que reciben pensiones del Estado mientras perciben importantes sueldos de compañías privadas -a las que, en ocasiones, benefician por su estatus de ex-cargos políticos-. En España tenemos el caso de dos expresidentes: ninguno ha renunciado a su paga del Estado.

No olvidemos, sin embargo, que también hay honrosas excepciones. Algún ex-político ha tenido la decencia de renunciar a cobrar su pensión vitalicia del Estado. Ha de desaparecer del imaginario colectivo la idea de que todo quien se mete a la política lo hace con el fin de enriquecerse o, en su caso, asegurar sus riquezas. El político ha de estar al servicio de los ciudadanos. La clase política ha de ser ejemplarizante para la sociedad, justo lo contrario que es ahora. Somos los ciudadanos quienes hemos de exigir a nuestros representantes la adecuación de sus criterios salariales a la realidad económica del país, dentro de las normas más estrictas de transparencia y la igualdad de oportunidades de acceso a la vida política para todos. Al respecto, va siendo hora de que se active un fondo común para que los alcaldes y concejales de las poblaciones más pequeñas puedan acceder a un salario digno, haciendo realmente posible que el ciudadano más humilde pueda plantearse realmente servir a sus paisanos.

Si no quieres ser como ellos, lee a Navarro, lee a Torres

Posiblemente, se trata de las viñetas más sutiles que he leído últimamente:

El Chiste de Mel del pasado 23 de junio se trata, ni más ni menos, de un genial guiño a aquellos intelectuales que, sistemáticamente, son silenciados por los medios de comunicación. Tanto Juan Torres López como Vicenç Navarro llevan realizando, desde hace varios años, una valiosa e incesante labor pedagógica y divulgativa a través de sus respectivos blogs y colaboraciones donde explican, de modo accesible, los entresijos de las políticas económicas actuales y proponen alternativas, bien argumentadas, a las decisiones de nuestros políticos.

Navarro y Torres son los más veteranos de una legión de académicos que, principalmente desde la comunidad universitaria, muestran su compromiso con la sociedad, desmontando sin tapujos las falacias argüidas por los voceros del neoliberalismo para defenestrar el estado del bienestar. Frente a la fortaleza de la propoganda neoliberal, generosamente financiada por fundaciones afines y la banca, nuestros intelectuales hacen uso de sólidos argumentos, aplican el método científico y rigor en sus investigaciones y ensayos. Sin embargo, también comprometen su estatus -y tranquilidad- en sus respectivos ambientes de trabajo, donde cada vez es más común cátedras, departamentos o universidades en su conjunto, en cuya financiación participan entidades de marcado sesgo neoliberal.

Salvo algún medio en particular, como Público, estos intelectuales raramente han gozado del favor de los medios de comunicación de mayor difusión, cuyas líneas editoriales asumen las tesis neoliberales como dogmas. Antes de que la crisis que aún sufrimos fuera realidad, nuestros académicos ya advertían de que ésta estaba por llegar. Nadie les escuchó, se desoyeron sus advertencias para evitarla, o al menos suavizar sus efectos. Actualmente, aún inmersos en la crisis, nadie, desde la impermeable clase política bipartidista, hace eco de sus propuestas para salir de aquélla y así evitar las continuas agresiones que, con la excusa de reflotar economías y mercados, sufrimos los ciudadanos en toda Europa, especialmente los de la periferia, donde nos encontramos.

Navarro, Torres y otros han tenido el valor de poner nombres a los culpables de la crisis, el coraje de romper tabúes del diccionario de lo políticamente correcto al volver a hablar de lucha de clases. Han dado argumentos contra cada una de las medidas de ajustes promocionadas desde la Europa del capital y la banca, aceptadas con júbilo desde los sectores más conservadores del panorama nacional: desde el asunto de las pensiones y la edad de jubilación hasta las reformas en la sanidad, privatizaciones innecesarias, reducción de gasto público, ataques a las condiciones laborales y salariales. Asimismo, han dejado claro que esta crisis es un fraude, un montaje cuyo último fin es la justificación de las medidas antes enumeradas que no conducirán más que a una polarización aún mayor de las rentas entre las clases más pudientes y los asalariados, a un dramático empobreciento de la población, a una considerable merma en el nivel de vida de los ciudadanos.

No olvidemos que las justificaciones para llevar a cabo todas aquellas medidas, en aras de contentar a los mercados, parten del dogma neoliberal, cuya aplicación en Europa se remonta a la época Thatcher y que actualmente goza del beneplácito de las oligarquías de toda Europa. La justificación de tales medidas se basa en argumentos pseudocientíficos de grupos de académicos y think tanks al servicio de las mismas. Navarro, Torres y muchos otros representan el think tank de los ciudadanos, quienes con rigor científico desmontan las falacias de, entre otros, el FEDEA o los denominados "100 Economistas".

Como ciudadanos hemos de mostrar nuestro más rotundo rechazo al desmontaje del estado del bienestar, a todas las agresiones que amenacen a nuestra calidad de vida. No podemos permitir que los poderosos sigan generando en nosotros ese sentimiento de autoculpabilidad, que hace que aceptemos el argumento de que, para salir de la crisis, los principales sacrificios han de partir de los propios ciudadanos, condenándonos a un camino similar al que está tomando Grecia. Los principales medios de comunicación no van a dar voz a estos intelectuales, condenados al silencio mediático por su rebeldía al neoliberalismo. Es nuestra elección como ciudadanos decidir si tomamos el Chiste de Mel como tal o, en esta ocasión, lo interpretamos como un consejo a seguir para ser más libres de pensamiento, al disponer en los blogs de estos académicos del material necesario para entender lo que ocurre en el mundo político y económico del que absolutamente depende nuestro bienestar.