El Faro de la Colina: Políticas sociales: el programa electoral de Syriza y su extrapolación al Estado español

Este artículo continúa el recorrido por el programa electoral de Syriza para las elecciones de junio de 2012 en Grecia, centrándose en esta ocasión en las propuestas de carácter social, analizando asimismo la posibilidad de su extrapolación a la realidad española.

Si en artículos anteriores se revisaron las propuestas relacionadas con la deuda pública o la política fiscal, en éste se analizarán las políticas sociales propuestas por Syriza en su programa electoral[1]. Como ejercicio de política-ficción, se planteará la posibilidad de su extrapolación al Estado español.

Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la Iglesia para alojar a las personas sin hogar.

En un momento de crisis no sólo económica sino social, no es mala idea legislar para que los edificios sin uso de administraciones, bancos o Iglesia sean reacondicionados para, temporalmente, alojar a quienes estén sin vivienda.

Asimismo, es inconcebible la cantidad de edificios y viviendas vacías existente mientras cada día tenemos noticias de nuevos desahucios, más gente sin hogar. El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 deja bien claro el derecho a una vivienda digna. Sería por tanto legítimo que el Estado forzase a la banca a liberar la inmensa bolsa de viviendas vacías de las que dispone, que no saca a la venta para evitar una caída de los precios. Esa actitud de la banca es, ni más ni menos, que otro modo de especulación.

La cuestión de la vivienda, como elemento básico de bienestar, requiere un tratamiento serio que también implicaría el control de propietarios de múltiples viviendas que adquirieron en épocas de bonanza, y en la actualidad se dedican a su alquiler que, en ocasiones prefieren dejar vacías antes que alquilar por debajo de determinados precios. Para evitar actividades especulativas, podría conseguirse el compromiso de los ayuntamientos para utilizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como herramienta para limitar el número de viviendas sin uso en muchos lugares de la geografía española. Esta medida podría hacerse también extensible a los locales comerciales, sujetos habitualmente a una especulación desmedida que dispara el precio de sus alquileres, dificultando la supervivencia de los negocios que sustentan a pequeños empresarios y autónomos.

Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.

Es una medida solidaria que, acompañada de una ley que contemplase de modo eficiente la dación en pago, evitaría muchos desahucios. No obstante, sería importante que el Estado estableciera mecanismos para evitar la picaresca y que personas que, desde la economía sumergida, tienen ingresos importantes se aprovechen de estas ayudas.

Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.
No es justo el argumento neoliberal que sostiene que las prestaciones para el desempleo fomentan la holgazanería. La prestación de desempleo es un derecho que ha de ser respetado: quien pierde su puesto de trabajo se merece una protección. Lo importante es, de nuevo, la existencia de mecanismos de control de la picaresca y el fraude.

Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.

Esta medida tendría que afectar fundamentalmente al IVA, que tendría que ser de un tipo muy reducido para productos de primera necesidad.

Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

Se trata de una medida deseable que, además de suponer un alivio económico para los padres, permitiría una mejor compatibilización de las jornadas laboral y escolar.

Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).

En España el gasto en sanidad pública, aún mayor que el aplicado en Grecia, es inferior a la media europea, representando éste tan sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15[2]. La principal causa de la subfinanciación de la sanidad pública española, respecto a la europea, es la reticencia de los sectores más pudientes de la población a aceptar el pago de más impuestos[3]. Un aumento de los fondos para la sanidad pública ha de ir acompañada, necesariamente, de una reforma fiscal progresiva por la que las rentas superiores sean las que más aporten.

Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.

Los últimos recortes del ejecutivo de Rajoy presagian la degradación de la calidad de los servicios sanitarios. Un objetivo no explícito de estos recortes es la potenciación de la sanidad privada. Ni más ni menos, la destrucción de la sanidad pública implica una gran oportunidad de negocios para aseguradoras y otras empresas privadas que desean hincar el diente en un sector tan apetecible que, por meras cuestiones biológicas, siempre va a disponer de clientes[4].

En la actualidad, las estadísticas muestran que el sector privado sanitario atiende principalmente a las rentas más altas. El servicio privado se centra principalmente en ventajas relacionadas con la comodidad, que se resumen en la disposición de una cama por habitación, un mayor tiempo en la duración de la visita médica y una lista de espera inferior. Sin embargo, la calidad del servicio en cuanto a recursos y calidad del personal es superior en la pública. Otro elemento diferenciador que no puede subestimarse es el afán de lucro natural de cualquier empresa privada, incluyendo en ello a las compañías del ramo sanitario. Estando la cuestión del negocio sobre el servicio no es de extrañar que las estadísticas acerca de la mortalidad en los centros hospitalarios suelan ser superiores en los privados que en los públicos[4].

Lo lógico, sería la mejora de la sanidad pública en los aspectos de eficiencia y confort para el usuario. Sin embargo, los economistas neoliberales insisten en la inherente falta de eficiencia en la gestión de lo público, incluyendo el servicio público de salud. La realidad demuestra que la eficiencia está relacionada con la gestión, independientemente de sus gestores. Así, por ejemplo, el 68% de la población norteamericana está enormemente insatisfecha con el servicio sanitario en los EEUU, de capital privado[5]. En cambio, la sociedad española califica con un 6,2 (en una escala de 0 a 10) a la sanidad pública española, el servicio público mejor valorado[6].

Eliminar el copago en los servicios sanitarios.

El copago en los servicios sanitarios es una medida injusta que demuestra una clara falta de voluntad política en encontrar la financiación adecuada para la sanidad pública. Resulta más sencillo penalizar el uso de servicios médicos y medicamentos a la población que aplicar una política fiscal que exija solidaridad a las rentas más altas.

Con el copago lo único que se conseguirá será desincentivar a las rentas más humildes a la utilización de los servicios médicos, lo que a la postre supondrá una degradación de la calidad de vida de estas rentas.

Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

Sobre el papel, el derecho a la sanidad pública gratuita universal se encuentra plenamente reconocido en el Estado español. No obstante, la reciente reforma sanitaria sienta las bases para una sanidad pública de dos velocidades. A pesar de las promesas de la Ministra de Sanidad, está por aclarar las limitaciones en los servicios que, en esta época de recortes de los servicios públicos, habrá para aquellos ciudadanos que tengan que sacarse la tarjeta sanitaria para los "sin recursos" y, sobre todo, el "limbo" sanitario en el que quedan aquellos ciudadanos que sean considerados "con recursos" a pesar de encontrarse desempleados[7].

Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.

La cuestión de la inmigración es muy delicada, pues es fácilmente utilizable con los partidos más conservadores como arma electoral. Las políticas sinceras, y bien diseñadas, de integración son fundamentales para evitar, no sólo posibles problemas de convivencia, sino la satanización de los trabajadores de origen extranjero por parte de los medios afines a aquellas fuerzas políticas.

Un peligroso argumento utilizado para justificar la reciente reforma sanitaria iba referido a la cuestión del "turismo sanitario", que viene a asociar a los ciudadanos extranjeros con abusos sistemáticos del sistema público de salud. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de apartar a cualquier grupo de personas del sistema sanitario implica un peligro latente para la salud pública que, además, atenta contra los derechos fundamentales de estas personas[8].

La cuestión del "turismo sanitario", como abuso, ha de combatirse en términos administrativos, básicamente con el establecimiento de acuerdos de reciprocidad con terceros países. Lo que es injusto es la negación del derecho a la salud de las personas.

Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

Medida totalmente lógica y coherente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada tanto por España como Grecia. Sería deseable que las pesadillas denunciadas en los CIES pasen a ser un mal recuerdo tras la nueva regulación recientemente aprobada[9].

Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.

Efectivamente, lo que hay que combatir es el tráfico ilegal y no el consumo. Incluso sería interesante, con el objetivo de debilitar a las mafias del narcotráfico, abrir un debate en la sociedad sobre la conveniencia de legalizar la venta -a través de centros controlados por el Estado- de ciertos estupefacientes.