Gran parte de la población española ha interpretado los últimos recortes perpetrados desde el Estado español como un ataque directo contra sus derechos. El Gobierno se enfrenta ante un panorama de seria agitación social, contra la cual poco vale escudarse en la legitimidad de su mayoría absoluta. Ante tales circunstancias, la posibilidad del establecimiento de un gobierno de salvación nacional -igualmente controlado por la troika- se hace, cada día que pasa, más real.
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Los últimos recortes anunciados por el Gobierno del Partido Popular, los más duros de la historia moderna, han provocado el rechazo de una parte significativa de la población española. Desde el 11 de julio, numerosas movilizaciones -tanto espontáneas como organizadas- no han dejado de sucederse[1]. La credibilidad del Gobierno, a pesar del incondicional apoyo de la caverna mediática, se encuentra bajo mínimos. El argumento de la mayoría absoluta[2], utilizado por aquél para hacer y -sobre todo- deshacer al antojo de los grandes poderes financieros, deja de tener legitimidad -si es que alguna vez la tuvo- cuando cada anuncio de recortes implica la ruptura de más promesas electorales.
El pretexto de la herencia recibida del anterior gobierno pierde cada vez más fuerza, pasando a interpretarse como una excusa para evitar reconocer que el trasfondo de los recortes es mucho más profundo que una consecuencia de la suma de errores pasados. Las indudables equivocaciones del expresidente Rodríguez Zapatero partieron de la misma base ideológica que ahora continúa Rajoy: la sumisión al neoliberalismo impuesto desde la Europa del capital, cuya embajadora es Angela Merkel, a partir de una particular interpretación del concepto de austeridad que conlleva al inexorable empobrecimiento de la población. Por tanto, detrás de cada recorte, haya sido impuesto por Zapatero o por Rajoy, hay un trasfondo ideológico cuyo fin último es el desmontaje del Estado del Bienestar, pues éste ha dejado de ser un instrumento necesario para los grandes poderes.
Ante la perspectiva, cada vez más tangible, del desmontaje de los -ya de por sí débiles- mecanismos del bienestar en España es lógico pensar que la deseada paz social peligre, pues ya no existe ningún contrato social que la garantice. Dicho de otro modo, el factor de contención social del pan y circo sólo tiene validez mientras haya un mínimo de pan. Los últimos recortes suponen la ruptura unilateral del contrato social hasta ahora existente e implica la reedición del camino de emprobrecimiento emprendido en su día por Grecia.
La dinámica de movilizaciones, disturbios y huelgas generales que ha venido azotando a Grecia puede reproducirse en España. Toda esta conflictividad ha de interpretarse como síntoma de que no se está gobernando para el interés de la mayoría, sino para el beneficio de unos pocos privilegiados; de hecho, dada la magnitud del conflicto, es razonable pensar que ningún gobierno actuaría de un modo tan evidentemente suicida -desde una visión electoralista- si pudiera evitarlo. Efectivamente, España y Grecia son gobiernos títere de los grandes grupos de poder cuya cabeza visible es la troika formada por el BCE, la Comisión europea y el FMI.
El reconocimiento a tal situación parte de los propios gobernantes electos, justificándose cualquier recorte con el consabido "nososotros no queríamos, pero nos obligan". De hecho, la impotencia del Gobierno se ilustra perfectamente en la afirmación de que, en caso de no tomar las medidas a motu proprio, vendrán de fuera a tomarlas[3]. En román paladino, esto significa que a Europa no le temblará el pulso en deponer a cualquier gobierno insumiso para colocar, a continuación, a algún tecnócrata de su confianza, como ya hizo con Berlusconi o Papandreu. La Europa intervenida ha pasado a ser un protectorado del gran capital, representado por la troika, al cual le da exactamente igual el bienestar de la población de los países rescatados con tal de que los créditos y sus intereses sean devueltos a los bancos acreedores[4]. En tal sentido, no han sido casuales los ataques orquestados por el Gobierno de Angela Merkel contra Syriza durante la campaña electoral de junio de 2012. El gran capital europeo hará lo que esté en su mano por asegurar la permanencia de gobiernos afines a sus intereses, manipulando lo necesario para que se mantenga una sensación democrática, aunque se reduzca exclusivamente al ámbito electoral.
La espiral de conflictividad a la que parece abocada la sociedad española puede que no tarde en reproducir un escenario como el que se produjo en Grecia, que supuso el fin del gobierno de Papandreu. En su caso, la presión social contra la aceptación de un nuevo rescate fue tal que obligó al entonces primer ministro a convocar un referendum. Su cese y sustitución por un títere afín a Berlín fue inmediato. Al igual que en Grecia, asociaciones y sindicatos afines a las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército han presentado diversos comunicados advirtiendo de su disconformidad con la actual situación[5]. Por otra parte, se plantean movilizaciones ciudadanas para el 25 de septiembre con el objetivo de "rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución"[6].
Ante la situación descrita se plantea un escenario en el que la Unión Europea, en aras de la normalización, la responsabilidad y el sentido de Estado -con el oportuno apoyo de los todólogos de los medios de comunicación tradicionales-, podría imponer la creación de un gobierno de salvación o concentración nacional[7] formado por los partidos más representativos, fundamentalmente PP, PSOE y CiU. De hecho, la coalición catalana lleva tiempo sugiriendo la posibilidad de que tal gobierno sea llevado a cabo[8]. En todo caso, de ocurrir así, todas las movilizaciones, todas las luchas a pie de calle no habrán servido para nada, repitiéndose lo ocurrido en Grecia.
Es fundamental que la sociedad haga uso de la movilización como instrumento para la toma de conciencia de clase. Las movilizaciones no pueden reducirse a simples actos de protesta, de demostración de inconformidad hacia las medidas lesivas a los ciudadanos, sino que han de ser la referencia de una lucha constructiva hacia objetivos claros. De nada sirve desafiar al Estado, por muy degradado que se encuentre ante injerencias de terceros, si no se utilizan tales desafíos para construir relaciones de poder favorables para la clase trabajadora. De ahí la importancia de la consolidación de un frente cívico que canalice la preocupación de la ciudadanía hacia una toma real de conciencia de clase, que permita así plantear una alternativa sólida y eficaz a futuras imposiciones desde el gran capital europeo.
El pretexto de la herencia recibida del anterior gobierno pierde cada vez más fuerza, pasando a interpretarse como una excusa para evitar reconocer que el trasfondo de los recortes es mucho más profundo que una consecuencia de la suma de errores pasados. Las indudables equivocaciones del expresidente Rodríguez Zapatero partieron de la misma base ideológica que ahora continúa Rajoy: la sumisión al neoliberalismo impuesto desde la Europa del capital, cuya embajadora es Angela Merkel, a partir de una particular interpretación del concepto de austeridad que conlleva al inexorable empobrecimiento de la población. Por tanto, detrás de cada recorte, haya sido impuesto por Zapatero o por Rajoy, hay un trasfondo ideológico cuyo fin último es el desmontaje del Estado del Bienestar, pues éste ha dejado de ser un instrumento necesario para los grandes poderes.
Ante la perspectiva, cada vez más tangible, del desmontaje de los -ya de por sí débiles- mecanismos del bienestar en España es lógico pensar que la deseada paz social peligre, pues ya no existe ningún contrato social que la garantice. Dicho de otro modo, el factor de contención social del pan y circo sólo tiene validez mientras haya un mínimo de pan. Los últimos recortes suponen la ruptura unilateral del contrato social hasta ahora existente e implica la reedición del camino de emprobrecimiento emprendido en su día por Grecia.
La dinámica de movilizaciones, disturbios y huelgas generales que ha venido azotando a Grecia puede reproducirse en España. Toda esta conflictividad ha de interpretarse como síntoma de que no se está gobernando para el interés de la mayoría, sino para el beneficio de unos pocos privilegiados; de hecho, dada la magnitud del conflicto, es razonable pensar que ningún gobierno actuaría de un modo tan evidentemente suicida -desde una visión electoralista- si pudiera evitarlo. Efectivamente, España y Grecia son gobiernos títere de los grandes grupos de poder cuya cabeza visible es la troika formada por el BCE, la Comisión europea y el FMI.
El reconocimiento a tal situación parte de los propios gobernantes electos, justificándose cualquier recorte con el consabido "nososotros no queríamos, pero nos obligan". De hecho, la impotencia del Gobierno se ilustra perfectamente en la afirmación de que, en caso de no tomar las medidas a motu proprio, vendrán de fuera a tomarlas[3]. En román paladino, esto significa que a Europa no le temblará el pulso en deponer a cualquier gobierno insumiso para colocar, a continuación, a algún tecnócrata de su confianza, como ya hizo con Berlusconi o Papandreu. La Europa intervenida ha pasado a ser un protectorado del gran capital, representado por la troika, al cual le da exactamente igual el bienestar de la población de los países rescatados con tal de que los créditos y sus intereses sean devueltos a los bancos acreedores[4]. En tal sentido, no han sido casuales los ataques orquestados por el Gobierno de Angela Merkel contra Syriza durante la campaña electoral de junio de 2012. El gran capital europeo hará lo que esté en su mano por asegurar la permanencia de gobiernos afines a sus intereses, manipulando lo necesario para que se mantenga una sensación democrática, aunque se reduzca exclusivamente al ámbito electoral.
La espiral de conflictividad a la que parece abocada la sociedad española puede que no tarde en reproducir un escenario como el que se produjo en Grecia, que supuso el fin del gobierno de Papandreu. En su caso, la presión social contra la aceptación de un nuevo rescate fue tal que obligó al entonces primer ministro a convocar un referendum. Su cese y sustitución por un títere afín a Berlín fue inmediato. Al igual que en Grecia, asociaciones y sindicatos afines a las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército han presentado diversos comunicados advirtiendo de su disconformidad con la actual situación[5]. Por otra parte, se plantean movilizaciones ciudadanas para el 25 de septiembre con el objetivo de "rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución"[6].
Ante la situación descrita se plantea un escenario en el que la Unión Europea, en aras de la normalización, la responsabilidad y el sentido de Estado -con el oportuno apoyo de los todólogos de los medios de comunicación tradicionales-, podría imponer la creación de un gobierno de salvación o concentración nacional[7] formado por los partidos más representativos, fundamentalmente PP, PSOE y CiU. De hecho, la coalición catalana lleva tiempo sugiriendo la posibilidad de que tal gobierno sea llevado a cabo[8]. En todo caso, de ocurrir así, todas las movilizaciones, todas las luchas a pie de calle no habrán servido para nada, repitiéndose lo ocurrido en Grecia.
Es fundamental que la sociedad haga uso de la movilización como instrumento para la toma de conciencia de clase. Las movilizaciones no pueden reducirse a simples actos de protesta, de demostración de inconformidad hacia las medidas lesivas a los ciudadanos, sino que han de ser la referencia de una lucha constructiva hacia objetivos claros. De nada sirve desafiar al Estado, por muy degradado que se encuentre ante injerencias de terceros, si no se utilizan tales desafíos para construir relaciones de poder favorables para la clase trabajadora. De ahí la importancia de la consolidación de un frente cívico que canalice la preocupación de la ciudadanía hacia una toma real de conciencia de clase, que permita así plantear una alternativa sólida y eficaz a futuras imposiciones desde el gran capital europeo.
[1] "Los funcionarios vuelven a salir a la calle y cortan la Gran Vía para protestar por los recortes". RTVE Noticias, 16 de julio de 2012.
[2] Por ejemplo, véase como ejemplo: "El PP bloquea la comparecencia de Rajoy para explicar los recortes". El País, 17 de abril de 2012.
[3] "Cospedal: si España no toma medidas, "van a venir otros" a ponerlas". Europa Press, 16 de julio de 2012.
[4] De hecho, la prensa extranjera no tiene reparos en definir a la UE como "los nuevos amos de España". Vid. "The Economist: "Subir el IVA es una imposición de los nuevos amos de España"". El Economista, 15 de julio de 2012.
[5] "Militares avisan que su capacidad de aguante tiene un límite". Público, 15 de julio de 2012.
[6] "Movimientos sociales de toda España pretenden ocupar el Congreso el 25 de septiembre". Tercera Información, 15 de julio de 2012.
[7] Esta posibilidad ya fue planteada por Julio Anguita en la entrevista: ""Seré rebelde hasta que me muera, porque no soporto esta injusticia"". Diario de Córdoba, 1 de julio de 2012.
[8] "Duran: "El Gobierno de Rajoy me ha decepcionado: son unos burócratas"". La Vanguardia, 21 de mayo de 2012.
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