domingo, 1 de enero de 2012

Feliz 2012, si la banca quiere

Los recientes anuncios del nuevo Gobierno indican que nos espera un año muy duro para la clase trabajadora. La amenaza de nuevos recortes de derechos se hace cada vez más patente, mientras que la clase dominante -banca privada y grandes empresarios de España y Europa- se ha apropiado en la práctica de la soberanía del Estado. Con estas perspectivas es difícil hablar de un feliz 2012.

A pesar de los buenos deseos de año nuevo, las perspectivas para el 2012 no parecen muy halagüeñas. No es cuestión de pesimismo sino de evidencias, habida cuenta de la profunda crisis sistémica en la que nos encontramos inmersos y de su instrumentalización para el desmontaje de cualquier atisbo de estado del bienestar.

El camino trazado para el año recién estrenado no va a divergir mucho de la senda de privatizaciones y recortes de derechos de los últimos tiempos. Incluso la ciudadanía de la periferia de Europa va a ver agravada sus condiciones, donde las exigencias del Banco Central Europeo llevarán a un aumento de la ya enorme brecha económica existente entre ricos y pobres, entre la clase dominante y la clase trabajadora.

El propósito de año nuevo del Gobierno de España parece claro: se van a cumplir las directrices del Banco Central Europeo: que los salarios y la protección social disminuyan. El dogma neoliberal parte de estos condicionantes para mejorar la competitividad de la economía española como paso previo a la salida de la recesión. Según aquél, unos salarios reducidos harán nuestros productos más competitivos para la exportación, mientras que la disminución del gasto social permitirá contener el déficit. En realidad, es un argumento falaz, tal como demuestra el profesor Vicenç Navarro, quien da el ejemplo de Suecia, uno de los países con mayor crecimiento económico de Europa a pesar de tener los salarios más elevados y la mayor protección social de la Unión[1].

Los apresurados cambios en las constituciones de España e Italia fueron consecuencia de la presión del BCE a los expresidentes Rodríguez Zapatero y Berlusconi como condición para recibir importantes ayudas económicas de este organismo. Es decir, las soberanías de estos dos estados quedaron supeditadas a los intereses de un organismo cómplice de la banca privada: recordemos que el BCE realiza préstamos a bajo interés a la banca privada para que luego ésta compre bonos de los estados a intereses 6 veces superiores. Podemos hablar sin miedo a equivocarnos de un rescate de baja intensidad, del mismo tipo del que luego Rajoy, en fechas próximas a las elecciones generales, solicitaría a Angela Merkel cuando contacta con aquélla para expresarle que “a cambio de 100.000 millones de euros está dispuesto a hacer las medidas que sea necesario”[2].

Los grandes poderes financieros se frotan las manos ante la situación que se presenta para el año que está comenzando. La anunciada congelación del sueldo de los funcionarios o del salario mínimo interprofesional son síntomas de lo que espera a los trabajadores del sector privado para este año. Así, la reducción de salarios conllevará un mayor endeudamiento de la población -lo cual lógicamente beneficiará a la banca-, además de una disminución de costes salariales al sector empresarial. La perspectiva de la privatización de las pensiones públicas se hace cada vez más patente, exigencia que más pronto que tarde llegará desde el BCE, lo que supondrá para la banca privada cuantiosos ingresos. Tampoco hay que descartar la posibilidad de la privatización del sistema sanitario, lo que beneficiará a las grandes aseguradoras privadas.

La actual debilidad de las fuerzas sindicales de clase será aprovechada por el gobierno para continuar el desmontaje de derechos ya comenzado por el ejecutivo anterior. Muy posiblemente, con la excusa de su presunto perjuicio para la economía, se limitará el derecho a huelga. Cualquier intento de reacción por parte de la ciudadanía, que indudablemente se movilizará en protesta al anunciado latrocinio de derechos, recibirá una contundente respuesta por parte de las fuerzas del estado, tal como insinuó el nuevo ministro de Interior tras jurar su cargo[3].

Mientras tanto, a consecuencia de la disminución real de sueldos, la reducción de la capacidad adquisitiva de la población en general dejará bajo mínimos la capacidad de consumo interno, principal motor de la economía de un estado cuyo tejido productivo se basa principalmente en pequeñas y medianas empresas. El consecuente debilitamiento de la economía nacional, junto a la negativa europea a permitir un aumento de la inversión pública, pondrá al estado español al borde de una seria depresión que tendrá incalculables costes para la sociedad en su conjunto.

No olvidemos que, poco después de tomar posesión de su cargo, el nuevo ministro de Economía y Competitividad explicaba que España se encuentra en recesión[4], dato confirmado por la CEOE, que predice para el 2012 crecimiento cero en la economía, además del aumento del desempleo hasta los 5,2 millones de personas[5]. Tras estos últimos años de recortes y sacrificios de nuestros derechos es hora de aceptar que no hay solución a la crisis actual mientras nos mantengamos en las tesis neoliberales. Las nefastas predicciones de la patronal hemos de tomarlas como el reconocimiento de la incapacidad de aquellas medidas para cumplir el objetivo de salir de la crisis, aunque de seguro que las utilizarán en su provecho para recortarnos derechos laborales. En todo caso, no podemos olvidar que se trata de una crisis que afecta exclusivamente a los trabajadores y pequeños empresarios, mientras los poderosos son cada vez más ricos[6].


[1] Sobre el papel del BCE léase el artículo de Vicenç Navarro, “El BCE, el lobby de la banca”, Público, 8 de diciembre de 2011.
[3] "Una advertencia a los indignados", Público, 23 de diciembre 2011.
[4] "El ministro de Economía confirma que la recesión ha vuelto a España", El Periódico, 27 de diciembre de 2011.
[6] Vicenç Navarro, "Concentración de la riqueza", Público, 29 de diciembre 2011.

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