Aún a la fecha de hoy -agosto de 2011-, incomprensíblemente tertulianos y similares de algunos medios se empeñan en criticar la falta de propuestas concretas por parte de los indignados[1]. Simplemente, no quieren escuchar ninguna propuesta, cómodamente instalados en el negacionismo a la espera de que el movimiento 15M se desinfle con el paso del tiempo.
Es por ello la necesidad de que cualquier propuesta nacida con la intencionalidad de dar contenido a esta democracia sea difundida entre los ciudadanos, quienes por suerte disponemos de herramientas alternativas a los medios tradicionales. Si la prensa no quiere divulgar propuestas, si algunos medios insisten en negar la existencia de aquellas, hagamos uso de nuestros blogs.
He aquí una serie de propuestas que en su día, por desgracia, no han tenido repercusión mediática:
Reforma de la ley electoral:
La ley electoral actual está diseñada para fomentar el bipartidismo, un turnismo de facto que no permite elección real a los ciudadanos de sus representantes; factor que desanima a muchos a ejercer su derecho al voto o, quizás lo que es peor, a limitar sus opciones al mal llamado "voto útil".
Transformar el actual referéndum consultivo en vinculante:
No tiene sentido un estado democrático donde la última palabra ante el resultado de un referéndum la tenga el propio gobierno. En democracia lo lógico sería que las decisiones que se consulten al pueblo fuesen vinculantes.
Reforma de la Ley sobre la Iniciativa Legislativa Popular:
Es decir, que se facilite el proceso y mecanismos por los cuales los ciudadanos pueden presentar propuestas para ser debatidas, a nivel local, en los plenos o, a nivel nacional, en el Congreso o convocar un referéndum.
La elección del Fiscal General del Estado ha de recaer sobre el Parlamento:
Actualmente es el Gobierno quien nombra al Fiscal General del Estado. Con esta propuesta se garantizaría su imparcialidad.
Reforma de la moción de censura:
El modelo de moción de censura constructiva que se contempla en España, en la práctica blinda a los gobernantes en su cargo, pues es harto difícil que grupos políticos dispares no sólo lleguen a un acuerdo para forzar la sustitución de un cargo, sino que también lo alcancen para plantear a un sustituto.
Revocación de los ministros en el Parlamento:
En España sólo puede ser revocado un ministro bajo la orden del presidente quien, evidentemente, fue quien decidió ponerlo en su cargo. Es deseable que la revocación de un ministro pueda ser decidida en el Parlamento, como ya contemplaba la Constitución de la II República.
Reforma de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronal:
Quien paga manda, así que la financiación de estos entes -tanto con dinero público como privado- es un asunto fundamental para asegurar que sus funciones son llevadas a cabo por el interés de sus representados y no de quienes les pagan.
Transparencia en el Gasto Fiscal:
Es decir, acceso para todos los ciudadanos de los gastos que realizan todas las instituciones incluidas dentro del sector fiscal entre las cuales se encuentran el Gobierno y todas aquellas entidades que producen bienes y servicios públicos. Es un sinsentido que las administraciones se escuden en la Ley de Protección de Datos para no facilitar datos que son del interés de todos.
Código ético para el cargo público:
El cargo público tendrá que prometer que su desempeño será honrado, que está al servicio de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier acto de enriquecimiento ilícito tendría que suponer duras sanciones tanto para el cargo corrupto como para sus cómplices.
Elaboración de ley de incompatibilidades:
Quienes detenten cargos públicos tendrán que renunciar a puestos en empresas privadas que puedan generarles conflictos de intereses. A esto habría que añadir que ese estatus de incompatibilidad tendría que prolongarse por muchos años después de su paso por la política[2].
Ley expropiadora de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas:
No ha de bastar con la cárcel para los corruptos. Cualquier enriquecimiento ilícito ha de ser investigado y los bienes revertidos a las arcas públicas de donde salieron. La Agencia Tributaria tiene profesionales y herramientas suficientes para investigar a los corruptos, sus entornos y detectar movimientos sospechosos de capital.
Regulación de los casos de transfuguismo:
No tiene sentido en democracia que el escaño pertenezca al diputado, es de recibo que éste sea propiedad del partido político, pues a este último es a quien han votado los electores.
Derecho a los medios de comunicación de titularidad pública:
Los ciudadanos, representados por asociaciones de vecinos, ONGs, han de tener derecho a acceder a estos medios con objeto de fomentar la participación ciudadana y la información.
Ley anti-trust de medios de comunicación :
Es necesario que se impida que un mismo propietario tenga varias cadenas, periódicos, pues se pone en riesgo la neutralidad informativa y la pluralidad ideológica. Actualmente se vive en pleno proceso de concentración de medios, cuya primera víctima fue la cadena CNN+.
Ley de participación de los ciudadanos en las instituciones democráticas:
La ciudadanía ha de avanzar hacia la democracia participativa. El estado y las administraciones han de articular los medios necesarios para implicar a la ciudadanía a participar en las tomas de decisiones de sus gobernantes. Es necesario para ello transparencia e información. Los ciudadanos tienen el deber de saber cómo se administran los impuestos que pagan, sin duda el mejor y más eficaz mecanismo anticorrupción.
Estas medidas fueron algunas de las propuestas que Julio Anguita planteó a la dirección del PSOE en mayo de 1998 como base para presentar una alternativa conjunta contra el gobierno de Aznar. Desgraciadamente, visto cómo nos encontramos ahora -trece años después-, no le hicieron caso.
Reforma de la ley electoral:
La ley electoral actual está diseñada para fomentar el bipartidismo, un turnismo de facto que no permite elección real a los ciudadanos de sus representantes; factor que desanima a muchos a ejercer su derecho al voto o, quizás lo que es peor, a limitar sus opciones al mal llamado "voto útil".
Transformar el actual referéndum consultivo en vinculante:
No tiene sentido un estado democrático donde la última palabra ante el resultado de un referéndum la tenga el propio gobierno. En democracia lo lógico sería que las decisiones que se consulten al pueblo fuesen vinculantes.
Reforma de la Ley sobre la Iniciativa Legislativa Popular:
Es decir, que se facilite el proceso y mecanismos por los cuales los ciudadanos pueden presentar propuestas para ser debatidas, a nivel local, en los plenos o, a nivel nacional, en el Congreso o convocar un referéndum.
La elección del Fiscal General del Estado ha de recaer sobre el Parlamento:
Actualmente es el Gobierno quien nombra al Fiscal General del Estado. Con esta propuesta se garantizaría su imparcialidad.
Reforma de la moción de censura:
El modelo de moción de censura constructiva que se contempla en España, en la práctica blinda a los gobernantes en su cargo, pues es harto difícil que grupos políticos dispares no sólo lleguen a un acuerdo para forzar la sustitución de un cargo, sino que también lo alcancen para plantear a un sustituto.
Revocación de los ministros en el Parlamento:
En España sólo puede ser revocado un ministro bajo la orden del presidente quien, evidentemente, fue quien decidió ponerlo en su cargo. Es deseable que la revocación de un ministro pueda ser decidida en el Parlamento, como ya contemplaba la Constitución de la II República.
Reforma de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronal:
Quien paga manda, así que la financiación de estos entes -tanto con dinero público como privado- es un asunto fundamental para asegurar que sus funciones son llevadas a cabo por el interés de sus representados y no de quienes les pagan.
Transparencia en el Gasto Fiscal:
Es decir, acceso para todos los ciudadanos de los gastos que realizan todas las instituciones incluidas dentro del sector fiscal entre las cuales se encuentran el Gobierno y todas aquellas entidades que producen bienes y servicios públicos. Es un sinsentido que las administraciones se escuden en la Ley de Protección de Datos para no facilitar datos que son del interés de todos.
Código ético para el cargo público:
El cargo público tendrá que prometer que su desempeño será honrado, que está al servicio de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier acto de enriquecimiento ilícito tendría que suponer duras sanciones tanto para el cargo corrupto como para sus cómplices.
Elaboración de ley de incompatibilidades:
Quienes detenten cargos públicos tendrán que renunciar a puestos en empresas privadas que puedan generarles conflictos de intereses. A esto habría que añadir que ese estatus de incompatibilidad tendría que prolongarse por muchos años después de su paso por la política[2].
Ley expropiadora de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas:
No ha de bastar con la cárcel para los corruptos. Cualquier enriquecimiento ilícito ha de ser investigado y los bienes revertidos a las arcas públicas de donde salieron. La Agencia Tributaria tiene profesionales y herramientas suficientes para investigar a los corruptos, sus entornos y detectar movimientos sospechosos de capital.
Regulación de los casos de transfuguismo:
No tiene sentido en democracia que el escaño pertenezca al diputado, es de recibo que éste sea propiedad del partido político, pues a este último es a quien han votado los electores.
Derecho a los medios de comunicación de titularidad pública:
Los ciudadanos, representados por asociaciones de vecinos, ONGs, han de tener derecho a acceder a estos medios con objeto de fomentar la participación ciudadana y la información.
Ley anti-trust de medios de comunicación :
Es necesario que se impida que un mismo propietario tenga varias cadenas, periódicos, pues se pone en riesgo la neutralidad informativa y la pluralidad ideológica. Actualmente se vive en pleno proceso de concentración de medios, cuya primera víctima fue la cadena CNN+.
Ley de participación de los ciudadanos en las instituciones democráticas:
La ciudadanía ha de avanzar hacia la democracia participativa. El estado y las administraciones han de articular los medios necesarios para implicar a la ciudadanía a participar en las tomas de decisiones de sus gobernantes. Es necesario para ello transparencia e información. Los ciudadanos tienen el deber de saber cómo se administran los impuestos que pagan, sin duda el mejor y más eficaz mecanismo anticorrupción.
Estas medidas fueron algunas de las propuestas que Julio Anguita planteó a la dirección del PSOE en mayo de 1998 como base para presentar una alternativa conjunta contra el gobierno de Aznar. Desgraciadamente, visto cómo nos encontramos ahora -trece años después-, no le hicieron caso.
Notas:
[1] Las primeras propuestas del movimiento 15M fueron publicadas el 20 de mayo, apenas cinco días después del nacimiento del movimiento.
[2] Se recomienda el artículo Reflexiones sobre los salarios de los políticos.
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