Una creencia muy extendida, y habitualmente repetida desde los sectores neoliberales, es que la rigidez del mercado laboral dificulta la creación de empleo. En realidad, como se explica en este artículo, tal tópico no es más que una excusa simplista para lograr el abaratamiento del coste laboral como ventaja para los empresarios y, con ello, la desprotección del asalariado.
Las últimas reformas laborales llevadas a cabo en el Estado español se han justificado con el tópico de la rigidez laboral. El dogma que se lleva intentando inculcar a la población es que si al empresario le fuera más sencillo despedir entonces se sentiría animado a invertir en la creación de empleo. Por lo tanto, para aquellos que pontifican con aquel dogma, la receta para la creación de empleo pasa por la flexibilización del mercado laboral.
Para desenmascarar la falacia que se encuentra detrás de tal afirmación, es necesario comprender las bases sobre las que se sustenta el mercado laboral. Así, eufemismos aparte, en el sistema económico actual el empresario no es más que el consumidor de una mercancía llamada fuerza de trabajo, la cual utiliza de materia prima para la producción de servicios o bienes. La fuerza de trabajo la proporcionan los trabajadores, ya sean asalariados, profesionales autónomos o incluso pequeños empresarios. La compraventa de esta mercancía se realiza habitualmente en un mercado que se encuentra bajo una regulación que evita que su valor quede exclusivamente al albedrío de las leyes de la oferta y la demanda. Según estas leyes, cualquier producto que destaque en abundancia tenderá a bajar su precio. Fuerza de trabajo hay de sobra, por lo que, a falta de una regulación que establezca unos mínimos, las condiciones laborales serían poco ventajosas para los trabajadores. Habitualmente esos mínimos tienen rango de ley y se establecen, en el caso español, en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Los mínimos asegurados en estas leyes no sólo han de referirse a los sueldos, sino a otros beneficios como vacaciones, duración de las jornadas, indemnizaciones por despido, etc. que, evidentemente, suponen un coste para el empresario o empleador; aunque también habría que matizar la existencia de ayudas públicas a las que éstos se acogen a la hora de crear nuevos empleos o convertir los existentes a indefinidos.
Cuando se señala la rigidez laboral como causa del desempleo, lo que en realidad se sugiere es la reducción o eliminación de aquellos mínimos que aseguran al asalariado algún tipo de protección, especialmente en lo referido a los costes de despido. Desde la perspectiva del empleador, un asalariado desprotegido es más manejable pues, en tales circunstancias, su capacidad para reclamar mejoras se ven anuladas. Un trabajador que vive bajo la continua amenaza del despido, ante un panorama de desempleo rampante como el actual, normalmente asumirá casi cualquier exigencia en su trabajo, incluyendo aquellas que pueden ser consideradas abusivas, es decir, irregularidades que, por miedo a perder el trabajo, no se atrevería a denunciar. Por tanto, en tales condiciones, la desprotección del trabajador es doble: la referente a las condiciones de despido y la derivada de vivir bajo el yugo del miedo a que ese despido se haga realidad.
Entiéndase que el empresario tiene una serie de costes básicos entre los que se encuentran, aparte de los laborales, los costes financieros -que se refieren a los intereses por créditos pendientes, cambios de moneda en exportación, etc.-, impuestos, el pago de materias primas y maquinarias, los costes energéticos, de alquiler o los referidos a la publicidad y distribución de los productos o servicios. Para mejorar beneficios, el empresario puede intentar optimizar cualquiera de los costes descritos, sin embargo, su particular batalla se suele encaminar a la reducción de los costes laborales. La lucha por la reducción de cualquiera de los otros costes implica echar un pulso al Estado, a la banca, a empresas más grandes, a los mercados de materias primas, que son todos, a priori, agentes mucho más poderosos que la clase trabajadora actual, la cual se encuentra en estos momentos dividida y debilitada.
Es fácilmente demostrable que no hay correlación entre facilidad de despido y creación de nuevos empleos. En primer lugar, hay que preguntarse por la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Si este número se mantiene constante, la flexibilidad de despido sólo servirá para el reemplazo de trabajadores con sueldos razonables por otros con menor salario, además de fomentar, como ya se explicó anteriormente, la posibilidad de abusos patronales. De hecho, en condiciones de recesión, como la actual, la flexibilidad laboral llevará inevitablemente a la disminución de puestos de trabajo, pues los empleadores intentarán reducir plantilla de modo que puedan concentrar la carga de trabajo en menos personal[1].
La reducción del desempleo nada tiene que ver con la flexibilidad laboral. Aunque suene a perogrullada, para disminuir el número de parados hay que aumentar el número de puestos de trabajo. Por una parte, esto implica la aceptación de que el actual modelo económico se encuentra agotado, al estar orientado a la producción y no a la demanda. Se produce mucho más de lo que se necesita y, por supuesto, de lo que se consume. Además, gran parte de la producción de bienes de consumo se encuentra localizada en países con condiciones laborales aún peores que la española. Aceptar que España ha de competir con aquéllos es asumir la equiparación de los derechos laborales de los trabajadores españoles a los de sus homólogos chinos. Por otra parte, la industria de productos de tecnología muy especializada, de precisión o de lujo, está monopolizada en Europa por Alemania. Ante tal perspectiva, la creación de puestos de trabajo ha de partir necesariamente del sector público. Si la voluntad política fuera la preservación y mejora del Estado del Bienestar, éste tendría que ser reforzado con la creación de empleos relacionados con este sector. Nótese que en el Estado español sólo el 9% de la población adulta trabaja en este sector, mientras en países más avanzados, éste alcanza el 25%, como el caso de Suecia[2]. Alcanzar tal porcentaje implicaría la creación en España de más de 5 millones de puestos de trabajo. El consumo consecuente bastaría para reactivar la economía.
Las últimas reformas laborales llevadas a cabo en el Estado español se han justificado con el tópico de la rigidez laboral. El dogma que se lleva intentando inculcar a la población es que si al empresario le fuera más sencillo despedir entonces se sentiría animado a invertir en la creación de empleo. Por lo tanto, para aquellos que pontifican con aquel dogma, la receta para la creación de empleo pasa por la flexibilización del mercado laboral.Para desenmascarar la falacia que se encuentra detrás de tal afirmación, es necesario comprender las bases sobre las que se sustenta el mercado laboral. Así, eufemismos aparte, en el sistema económico actual el empresario no es más que el consumidor de una mercancía llamada fuerza de trabajo, la cual utiliza de materia prima para la producción de servicios o bienes. La fuerza de trabajo la proporcionan los trabajadores, ya sean asalariados, profesionales autónomos o incluso pequeños empresarios. La compraventa de esta mercancía se realiza habitualmente en un mercado que se encuentra bajo una regulación que evita que su valor quede exclusivamente al albedrío de las leyes de la oferta y la demanda. Según estas leyes, cualquier producto que destaque en abundancia tenderá a bajar su precio. Fuerza de trabajo hay de sobra, por lo que, a falta de una regulación que establezca unos mínimos, las condiciones laborales serían poco ventajosas para los trabajadores. Habitualmente esos mínimos tienen rango de ley y se establecen, en el caso español, en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Los mínimos asegurados en estas leyes no sólo han de referirse a los sueldos, sino a otros beneficios como vacaciones, duración de las jornadas, indemnizaciones por despido, etc. que, evidentemente, suponen un coste para el empresario o empleador; aunque también habría que matizar la existencia de ayudas públicas a las que éstos se acogen a la hora de crear nuevos empleos o convertir los existentes a indefinidos.
Cuando se señala la rigidez laboral como causa del desempleo, lo que en realidad se sugiere es la reducción o eliminación de aquellos mínimos que aseguran al asalariado algún tipo de protección, especialmente en lo referido a los costes de despido. Desde la perspectiva del empleador, un asalariado desprotegido es más manejable pues, en tales circunstancias, su capacidad para reclamar mejoras se ven anuladas. Un trabajador que vive bajo la continua amenaza del despido, ante un panorama de desempleo rampante como el actual, normalmente asumirá casi cualquier exigencia en su trabajo, incluyendo aquellas que pueden ser consideradas abusivas, es decir, irregularidades que, por miedo a perder el trabajo, no se atrevería a denunciar. Por tanto, en tales condiciones, la desprotección del trabajador es doble: la referente a las condiciones de despido y la derivada de vivir bajo el yugo del miedo a que ese despido se haga realidad.
Entiéndase que el empresario tiene una serie de costes básicos entre los que se encuentran, aparte de los laborales, los costes financieros -que se refieren a los intereses por créditos pendientes, cambios de moneda en exportación, etc.-, impuestos, el pago de materias primas y maquinarias, los costes energéticos, de alquiler o los referidos a la publicidad y distribución de los productos o servicios. Para mejorar beneficios, el empresario puede intentar optimizar cualquiera de los costes descritos, sin embargo, su particular batalla se suele encaminar a la reducción de los costes laborales. La lucha por la reducción de cualquiera de los otros costes implica echar un pulso al Estado, a la banca, a empresas más grandes, a los mercados de materias primas, que son todos, a priori, agentes mucho más poderosos que la clase trabajadora actual, la cual se encuentra en estos momentos dividida y debilitada.
Es fácilmente demostrable que no hay correlación entre facilidad de despido y creación de nuevos empleos. En primer lugar, hay que preguntarse por la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Si este número se mantiene constante, la flexibilidad de despido sólo servirá para el reemplazo de trabajadores con sueldos razonables por otros con menor salario, además de fomentar, como ya se explicó anteriormente, la posibilidad de abusos patronales. De hecho, en condiciones de recesión, como la actual, la flexibilidad laboral llevará inevitablemente a la disminución de puestos de trabajo, pues los empleadores intentarán reducir plantilla de modo que puedan concentrar la carga de trabajo en menos personal[1].
La reducción del desempleo nada tiene que ver con la flexibilidad laboral. Aunque suene a perogrullada, para disminuir el número de parados hay que aumentar el número de puestos de trabajo. Por una parte, esto implica la aceptación de que el actual modelo económico se encuentra agotado, al estar orientado a la producción y no a la demanda. Se produce mucho más de lo que se necesita y, por supuesto, de lo que se consume. Además, gran parte de la producción de bienes de consumo se encuentra localizada en países con condiciones laborales aún peores que la española. Aceptar que España ha de competir con aquéllos es asumir la equiparación de los derechos laborales de los trabajadores españoles a los de sus homólogos chinos. Por otra parte, la industria de productos de tecnología muy especializada, de precisión o de lujo, está monopolizada en Europa por Alemania. Ante tal perspectiva, la creación de puestos de trabajo ha de partir necesariamente del sector público. Si la voluntad política fuera la preservación y mejora del Estado del Bienestar, éste tendría que ser reforzado con la creación de empleos relacionados con este sector. Nótese que en el Estado español sólo el 9% de la población adulta trabaja en este sector, mientras en países más avanzados, éste alcanza el 25%, como el caso de Suecia[2]. Alcanzar tal porcentaje implicaría la creación en España de más de 5 millones de puestos de trabajo. El consumo consecuente bastaría para reactivar la economía.
[1] Vicenç Navarro: "Las causas del desempleo". Conferencia en las jornadas “Alternativas Económicas y Sociales frente a la crisis”. Fundación Sistema. Salamanca, 23-25 junio 2011.
[2] Vicenç Navarro: "Cómo resolver el desempleo". 25 de mayo de 2011.
