Crítica al apoyo a la Ley Wert por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España

Reflexiones sobre la nota de prensa emitida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, que apoya abiertamente la Ley Wert.

En las escuelas de ingeniería se suele decir, no sin cierta resignación, que los ingenieros comienzan su trayectoria profesional pensando en voltios para finalizarla pensando en euros. En cierto modo, la reciente nota de prensa del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales acerca de la Ley Wert[1] parece confirmar aquel dicho, dando la impresión de retrotraerse inconscientemente incluso a épocas en las que la unidad monetaria era la peseta, cuando ésta era canjeable por diez perras gordas.

Hay que recordar que, en épocas pasadas, en España sólo podían estudiar los más privilegiados. Los costes de las carreras universitarias suponían un ímprovo sacrificio para las familias humildes que, en demasiadas ocasiones, no se podían permitir. Fueron las becas el mecanismo que corrigieron tal desequilibrio, dando la oportunidad a aquellas personas con capacidad y talento de obtener el título que les permitiera desarrollarse profesionalmente, independientemente de su capacidad económica.

El problema de la Ley Wert es que ataca directamente al mecanismo de asignación de becas, por lo que es imprudente apoyarla sin más. Reducir becas no va a contribuir a ninguna cultura del esfuerzo. No lo va a hacer, al menos, de un modo modo equitativo. Con el modelo de becas propuesto en la Ley Wert sólo se exigiría un sobreesfuerzo a quienes dependiesen de las becas para seguir estudiando, los hijos de gente humilde, mientras que los hijos de los ricos podrán permitirse pagar sus estudios a base de los talonarios de sus progenitores.

Continuando con el tópico de la cultura del esfuerzo, convendría valorar entonces el empeño de aquellos estudiantes que compaginan estudios y trabajo, estos últimos siempre precarios, para costearse su carrera e, incluso, ayudar a la economía familiar. La necesidad de trabajar para obtener ingresos complementarios supone un esfuerzo adicional que, como es lógico, suele suponer una merma en el rendimiento académico de quien lo realiza; todo ello sin contar con las trabas impuestas por el modelo de evaluación del Plan Bolonia, donde la presencialidad suele puntuar. Por último, no se debe olvidar que, en el caso de la ingeniería industrial, hablamos de una títulación muy exigente en lo académico, cuya tasa de abandono por la dificultad de la misma ya es de por sí elevada.

Por otro lado, avanzando en la nota de prensa, es justo aplaudir la loable aspiración de cualquier colegio profesional a la excelencia en sus correspondientes titulaciones universitarias. Por tanto, no hay nada que objetar acerca de la reclamación del Consejo de Colegios de Ingenieros de cuidar el actual prestigio de las carreras de Ingeniería Industrial. Sin embargo, no es justo asociar prestigio o calidad a la cantidad de alumnos.

En la actualidad, a pesar del número de titulados, los ingenieros españoles tienen una excelente preparación, lo cual queda perfectamente reflejado en su magnífica cotización allende las fronteras españolas. Tal como se desprende de la nota de prensa, el hecho de que sean otras sociedades las que se beneficien del trabajo de muchos ingenieros formados en España es motivo de malestar para los Colegios, una inquietud que por cierto tendría que ser compartida por toda la ciudadanía. No cabe discusión en afirmar que no es justo que la sociedad española dedique recursos para la formación de profesionales que luego otros estados disfrutarán a coste cero.

Ahora bien, aceptar la problemática del exilio de nuestros titulados no implica que sobren ingenieros. Dicho de otro modo, no se puede culpabilizar a los estudiantes de la falta de oportunidades profesionales en su tierra. Aceptar otra perspectiva supondría reducir las Escuelas de Ingenieros a factorías de titulados cuya producción dependa de las necesidades de la industria. Es necesario, ante todo, un sólido ejercicio de crítica acerca de la situación de la industria española, degradada a causa de un modelo productivo alejado -salvo excepciones- de la alta tecnología tras sucesivas reconversiones. A estas alturas debiera quedar claro que la ingeniería punta del continente se desarrolla casi en exclusiva en los núcleos industriales del Centro de Europa, fundamentalmente Alemania.

Antes que plantear la reducción de plazas ofertadas por las Escuelas Superiores de Ingenieros Industriales, sería imprescindible reclamar un cambio en el modelo productivo español, un desafío a aquellos grandes poderes que decidieron que la industria española sea de segunda categoría. Sólo con las políticas adecuadas, sería posible revitalizar la industria nacional para que fuese capaz de absorber la oferta de ingenieros españoles. En caso contrario, si nos conformamos con el modelo Eurovegas no sólo sobrarán ingenieros, sino la mayoría de los titulados universitarios.

En definitiva, ante la grave situación socioeconómica que vive España, cuya principal consecuencia es el agravamiento de la desigualdad entre las clases populares y las clases pudientes, no es asumible un modelo educativo que reduzca la oportunidad de estudiar, ya sea recortando becas, ya sea reduciendo plazas en escuelas y facultades. Los principales damnificados por estas medidas serán, como es de esperar, los hijos de los trabajadores, de los autónomos, de quienes dependen de su propio trabajo para llegar a final de mes, en un escenario donde sólo los hijos de los pudientes podrán escoger carrera.

---

[1] "Los ingenieros industriales apoyan al ministro Wert en su intento de reimplantar la cultura del esfuerzo". Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, 28 de junio de 2013.