El pulso entre el Gobierno de España y la asociación de consumidores FACUA, a raíz de las campañas de aquélla contra las políticas de recortes, agudiza la imagen caciquil de un ejecutivo que no admite críticas en su contra, una postura que parece obedecer las directrices de su fuente ideológica, la FAES de Aznar.
El desarrollo de los acontecimientos presentes apunta a un preocupante panorama en el que cierta modalidad de censura, por parte del Gobierno español, podría ser una constante. La misiva del Instituto Nacional del Consumo[1] -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- a FACUA, a la que insta a detener sus reiteradas críticas hacia los sucesivos recortes llevados a cabo por el Gobierno so pena de perder su condición legal de asociación de consumidores, además de su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios[2].
A efectos prácticos, la sanción a FACUA implicaría, además de la previsible retirada de subvenciones, su expulsión "de todos los órganos consultivos a nivel estatal" desde los que traslada la voz de los consumidores y "la pérdida del derecho a opinar sobre normas que afecten a los consumidores en trámite de audiencia"[3]. Sin embargo, detrás de todo este asunto parece esconderse un aviso a navegantes, un diáfano mensaje que deja claro que contrariar las políticas del Gobierno puede tener consecuencias. En el caso de FACUA, esta advertencia se refuerza con la respuesta de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril -quien ostenta el carné del partido en el Gobierno-, a la petición de amparo solicitada por la asociación de consumidores. La señora Becerril se limita a sugerir a FACUA "que tenga a bien revisar las campañas llevadas a cabo por esta organización, por si, en algún caso, se hubiera o hubiese producido alguna actividad que no encaje, precisamente, en los fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios"[4].
Afortunadamente, FACUA ha conseguido un importante apoyo social que[5], muy probablemente mitigue lo que, en caso contrario, sería un ejercicio de censura sin precedentes en los últimos tiempos, un duro ataque a la libertad de expresión y un chantaje en toda regla. Sin embargo, otras asociaciones o grupos de ciudadanos críticos con las políticas de recortes, pero con menor base social o alcance mediático, pueden verse afectadas por similares ejercicios de censura.
Para sostener la afirmación de que el caso FACUA no es una preocupación puntual para el Gobierno, es necesario acudir a su fuente ideológica. Como es sabido el partido en el Gobierno se nutre ideológicamente de los estudios y propuestas realizados desde la FAES -Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales-, un think tank (laboratorio de ideas) presidido por el expresidente Aznar, cuyo objetivo fundamental es la apología del dogma neoliberal. En una publicación realizada por la FAES[6] se alerta de "las proposiciones arbitristas que pretenden hacer pasar por proyectos de reformas meditados lo que no dejan de ser ejercicios más o menos bien intencionados de retórica política", por parte de una "sedicente 'portavocía' de la sociedad civil". Es decir, para los guías espirituales del Gobierno, quienes discuten las políticas de recortes no tienen ningún tipo de credibilidad. De ahí que dejen claro que no les "servirá la fragmentación electoral, ni las propuestas radicales, ni las hojas de firmas, que aguantan mal la comparación con el censo electoral, que ha avalado mayoritariamente y hace bien poco el programa popular"[7].
De nuevo la mayoría absoluta pasa a convertirse en el salvoconducto con el que aplicar decisiones de corte absolutista, haciendo bueno aquello de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", de modo que oponerse a ellas implica en la práctica ser tildado casi de antidemocrático[8]. De la editorial de la FAES, se puede inferir que los "sedicentes portavoces de la sociedad" son un obstáculo para la aplicación de las reformas programadas por el Gobierno, que "exigen sacrificios importantes". Las críticas de FACUA a las políticas de recortes o a la subida del IVA han despertado las iras de un Gobierno que ha seguido el guión sugerido por la FAES, el mismo que les llevó a eliminar de la nómina de la Radiotelevisión pública a aquellos periodistas que pudieran, a propia cuenta y riesgo, el papel de "sedicentes portavoces de la sociedad"[9].
Estas acciones por parte del Gobierno representan, en su conjunto, un grave síntoma del déficit democrático que adolece el Estado español. Como afirman desde FACUA, "si una ley dijera que no podemos criticar al Gobierno estaríamos en una dictadura"[10]. La insistencia en esos métodos caciquiles, cuya imagen es indefectiblemente proyectada al extranjero[11], no deja de ser una torpeza por parte de un Gobierno que aún piensa que su mayoría absoluta representa una carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. A estas alturas, el señor Presidente y sus asesores tendrían que saber que en el resto de Europa y Norteamérica gusta de la aplicación de recortes bajo el manto de una aparente democracia.
[1] Pilar Farjas: "Requerimientos FACUA". Instituto Nacional del Consumo, 1 de agosto de 2012.
[2] "El Gobierno amenaza a FACUA con ilegalizarla como asociación de consumidores". FACUA, 5 de agosto de 2012.
[3] "Facua: "La amenaza del Gobierno es un grave atentado contra la democracia"". Público, 22 de agosto de 2012.
[4] "Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y “sugiere” a la organización que revise sus campañas anti–recortes". Crónica de Aragón, 23 de agosto de 2012.
[5] "Más de 60 artistas y periodistas promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'". FACUA, 22 de agosto de 2012.
[6] "Editorial". Cuadernos de pensamiento político, 35. FAES, julio-septiembre 2012.
[7] Ibid.
[8] "La fundación de Aznar carga contra los que protestan por los recortes". Público, 9 de agosto de 2012.
[9] "La “purga” de periodistas de RTVE: Cuando ser periodista se convierte en ser culpable". Tercera Información, 13 de agosto de 2012.
[10] "Facua mantiene la campaña contra los recortes pese a la amenaza del Gobierno". El País, 22 de agosto de 2012.
[11] "Le Monde, Financial Times y Guardian siguen hablando de “escandalo” en RTVE". Tuitformación, 10 de agosto de 2012.
Vamos a ver.
ResponderEliminarQue el gobierno suprima a FACUA del registro de asociaciones, imposible legalmente.
Imposible con la antigua ley de Franco de 1964.
Imposible con la actual ley de Aznar de 2002, salvo que se apoye al terrorismo (no es el caso, ¿no?).
Si el gobierno suprimiera a FACUA del registro sería ilegal. Los tribunales no lo permitirían. Un tribunal contencioso-administrativo se encargaría de invalidar la sentencia, y un tribunal penal se encargaría de decidir si mandar a alguien a la cárcel por prevaricación.
La amenaza es tan sólo éso, una amenaza. No es creíble, no es verosímil. Es tan sólo un ejemplo más de nostálgicos del franquismo golpeándose contra el duro muro de la legalidad. Ni saben gobernar, ni saben lo que es la democracia.