lunes, 30 de enero de 2012

El sinsentido de la jornada laboral partida en muchos sectores

Con la excusa, demostradamente falaz, de mejorar la productividad de las empresas, las condiciones de trabajo de los trabajadores se van deteriorando paulatinamente. Un ejemplo de este empeoramiento se encuentra en la sustitución de las jornadas intensivas por jornadas partidas que atan al empleado a su lugar de trabajo por más horas al día haciendo bueno el tópico de vivir para trabajar.

En un momento como el actual, en el que el paro en España afecta a más de 5 millones de personas, puede parecer inadecuado plantear temas como la calidad del trabajo. Si nos ponemos en la piel de cualquier parado es comprensible que, a primera instancia, pueda incluso resultar ofensivo el planteamiento de cuestiones como las jornadas de quienes tienen la fortuna de poder trabajar, mientras otros sufren la precariedad a consecuencia de su condición de desempleados.

La realidad nos presenta a un importante número de ciudadanos que, aún disfrutando de un trabajo, rozan la precariedad al enfrentarse a condiciones que apenas permiten asegurar una estabilidad o unos ingresos decentes. Desgraciadamente, no hay que irse a China para encontrarse a trabajadores que realizan jornadas de mayor duración a las permitidas por ley, contratos a jornada completa que tan sólo cotizan a media jornada, horas extras que no se pagan[1], convenios colectivos que no se respetan[2]. Los abusos laborales existen, a pesar de que su existencia sea ocultada -no denunciadas- en muchas ocasiones por sus propias víctimas, al preferir mantener un puesto de trabajo, aunque sea precario y en condiciones ilegales, que verse en la calle sin ingresos.

Se ha llegado a una cultura del miedo, miedo a protestar, miedo a reivindicar justas mejoras, miedo a implicarse en movimientos sindicales de clase, miedo a señalarse por todo aquello. Como es de imaginar, esta cultura del miedo fomenta la insolidaridad, al extender el ejercicio de autocensura a los compañeros de trabajo que desean luchar por cambios a mejor o, cuando menos, pelear por preservar los derechos propios de los asalariados. Esta falta de solidaridad deja en plena indefensión a los trabajadores que, en una época de crisis como la actual, ven empeorar sus condiciones laborales en aras de mejorar conceptos tan truculentos como la competitividad.

Hoy en día quienes trabajan en jornada continua suelen ser señalados como privilegiados. Por supuesto, ya sabemos lo que ocurre con los derechos cuando, sobre todo en tiempos de crisis, se confunden intencionadamente con privilegios. Desde la perspectiva de muchos empresarios, la jornada laboral partida se percibe como un modo de asegurar una supuesta mejora de la productividad. Si nos ceñimos al particular concepto de productividad subyacente en los discursos de muchos empresarios, el empleado más productivo es quien trabaja el mayor número de horas al menor precio.

Ha sido en los sectores más técnicos -ingenierías, software, etc.- donde se ha ensayado con mayor profusión este nuevo “modelo de productividad”. Unida a la tradición de no pagar las horas extras, la jornada partida ha sido exprimida a conciencia por parte de muchos empresarios de estos sectores, compuestos fundamentalmente por trabajadores en su mayoría dóciles, adoctrinados por un sistema educativo por el que han pasado exitosamente por cada una de sus etapas y absorbido a la perfección la ingrata imposición de obedecer sin hacer preguntas. En cierto modo, los ingenieros, arquitectos e informáticos de hoy son el sueño de cualquier explotador: excelentemente formados, trabajan sin rechistar las horas que hagan falta, además de aceptar la cultura de que está mal visto salir a la hora en punto; lo bien visto es quedarse un rato más en la empresa gratuitamente. De hecho, muchos suelen creerse más cercanos a la empresa que a los compañeros, de modo que entienden la competencia -a toda costa- con aquéllos como un medio de supervivencia y, si es posible, para escalar puestos en la compañía. Así, parte de las dos horas de interrupción habituales en las jornadas partidas se convierten en horas de trabajo gratuitas para la empresa. Para el amo, el sueño de la productividad perfecta se alcanza durante esos instantes.

El trabajador en tales condiciones no sólo renuncia a cobrar por horas de su trabajo, sino que se ve obligado a emplear su dinero donde le imponen las circunstancias. Poco a poco, muchos bloques de oficinas, polígonos industriales y viveros de empresas han ido evolucionando a pequeños ecosistemas humanos donde se saca el máximo provecho de las maratonianas jornadas partidas. La larga estancia de los empleados en el mismo recinto conlleva satisfacer toda una serie de necesidades de las que, tarde o temprano, surgirán oportunidades de negocio para unos pocos. Así, junto a los clásicos comedores-cafeterías irán surgiendo gimnasios, guarderías, recreativos, centros de estética, de masaje, en los cuales los empleados de las empresas de la zona dejarán parte de sus ingresos. Todo, sin salir de la zona de trabajo.

El tópico de vivir para trabajar cobra así más vigencia que nunca. Ante tal panorama es inconcebible hablar de trabajadores motivados, hecho de sentido común confirmado por un estudio del portal de empleo Monster[3]. Empresas del sector como Randstad también han aportado estudios al respecto, que indican el aumento de productividad en los trabajos de jornada intensiva[4]. Pero quizás la aportación más contundente sobre la conveniencia de aplicar la jornada laboral continua viene de la mano de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que ha elaborado un decálogo que explica que “la productividad no sólo no desciende con esta clase de medidas, sino que se ve incrementada”[5] pues:
1. Aumenta la motivación. La jornada continua tiene una incidencia directa en la motivación de sus empleados. Están más satisfechos, más felices y con mejor disposición para el trabajo gracias a que tienen tiempo para dedicarlo a su vida personal y a su familia.

2. Fortalece la identificación con el proyecto y con la empresa. Los empleados satisfechos se identificarán con mayor facilidad con una empresa que tiene en cuenta sus necesidades y sus circunstancias personales, que les deja tiempo para atender esas cuestiones.

3. Reduce el estrés. El estrés acumulado repercute negativamente en el rendimiento de los
trabajadores, además esto se une a la angustia que les produce el hecho de que las largas jornadas de trabajo les impide dedicar tiempo a la atención de la familia, la preparación de las vacaciones, las compras y las obligaciones cotidianas.

4. Estimula la optimización del tiempo. Al disponer de un menor número de horas para realizar las mismas tareas que antes distribuía a lo largo de una jornada completa, los empleados aprenden a optimizar sus horas de trabajo, a ser más eficaces y resolutivos en la realización de sus labores profesionales diarias.

5. Enseña a planificarse. Sin una buena planificación, la optimización del tiempo es una tarea imposible. Los empleados se verán obligados a aprender a planificar sus jornadas de trabajo con suficiente antelación, por medio de reuniones de trabajo operativas que les permitan distribuir sus tiempos a lo largo de la semana.

6. Permite el aprendizaje y el trabajo en equipo. El verano es también el periodo vacacional para muchos trabajadores, algo que obliga a los que todavía no se han ido a implicarse más en las tareas y responsabilidades de los compañeros ausentes y a colaborar con otros departamentos y conocer así otros aspectos de la empresa hasta que vuelven los primeros para relevar a los segundos. Todo ello redunda en beneficio de la empresa y es algo que sería muy difícil llevar a cabo en un ambiente de insatisfacción laboral.

7. Mejora el descanso. La jornada reducida permite que el trabajador sufra un menor nivel de desgaste físico y psíquico. Llega a casa más fresco, a una hora que le permite disponer de tiempo suficiente para su ocio y su familia sin tener que trasnochar, y se acuesta antes, con menos preocupaciones y con menor sensación de agotamiento. Todo ello hace que llegue menos cansado al trabajo y en mejores condiciones para trabajar.

8. Facilita la desconexión. Salir a una hora razonable de trabajar permite a la persona desconectar por unas horas de las preocupaciones laborales. Algo que sería muy difícil hacer si la jornada que comienza se vive como una continuación de la anterior porque se ha salido muy tarde y apenas le ha dado tiempo para cenar con la familia y acostarse. Un tiempo de ocio de calidad es esencial para liberar la mente y dejarla limpia y lista para una nueva jornada de trabajo productiva.

9. Explora nuevas facetas. Facetas de la personalidad del trabajador que más tarde pueden tener una incidencia directa en su trabajo. Desde cursos de formación que ahora tiene tiempo para realizar, hasta aspectos de desarrollo personal de cada uno de los trabajadores que, aprovechando que tienen más tiempo y están más relajados, pueden activarse o desarrollarse.

10. Incrementa la productividad. La productividad de los trabajadores se ve incrementada de manera significativa, algo de lo que se benefician tanto él como su empresa, y que viene a probar la rentabilidad de la implantación de medidas de la conciliación y horarios racionales.
La tradicional imposición de la jornada laboral partida no es, por tanto, cuestión de productividad, sino de dominio y explotación de los empleados, quienes se ven obligados en muchas ocasiones a utilizar gran parte de su tiempo libre de descanso para continuar gratuitamente con sus tareas laborales. Se convierte así, por parte de jefes y patronos, en una demostración de fuerza y poder de doblegación de la voluntad de los trabajadores, que ven su vida irremediablemente condenada al trabajo de sol a sol. Por desgracia, sólo la unidad y solidaridad entre los trabajadores puede servir como elemento de presión para convencer a los empresarios de las bondades de la jornada continua. Una unión que sólo puede surgir a partir de la organización de aquéllos, como paso necesario para la conformación de una conciencia de clase que permita a cada empleado alcanzar la sensación de que trabaja para vivir en vez de vivir para trabajar.


[1] "Las empresas ahorran casi 70.000 empleos con las horas extras que no pagan a sus trabajadores". RTVE Noticias, 23 de noviembre de 2011.
[2] "Truquitos de empresa 1: 'equivocarse' de convenio". Laboro, 6 de noviembre de 2011.
[3] "La jornada intensiva mejora la motivación". Muy Pymes, 28 de julio de 2011.
[4] "Más productividad en la jornada intensiva". Muy Pymes, 2 de julio de 2010.
[5] "Diez argumentos a favor la jornada continua en verano". Aprendermás, 25 de julio de 2009.

domingo, 29 de enero de 2012

"Déjà vu" en la universidad española

Los recientes sucesos en la Universidad de Cádiz, donde la actuación sin permiso del Rector de un grupo de policías antidisturbios puso en peligro la integridad cientos de alumnos presentes en el recinto recibiendo sus clases, suponen una violación del principio de autonomía universitaria. Es importante que el asunto no caiga en el olvido y la sociedad exija las responsabilidades pertinentes.

Hay situaciones que no tendrían que repetirse jamás. Cuando la mayoría de los ciudadanos creíamos que la imagen de policías antidisturbios irrumpiendo en un edificio universitario, porra y escudo en mano, era cosa de un pasado teñido de gris, la historia vuelve a repetirse a principios de 2012. En síntesis, el 12 de enero se produjo una carga policial injustificada dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz que se saldó con la detención de un alumno y lesiones a varias de las personas allí presentes.

No hay en absoluto justificación para la irrupción de ningún cuerpo de seguridad en un recinto privado sin que medie orden judicial, constatación de un delito flagrante o denuncia del titular del recinto. Tal como explica públicamente el Rector, máxima autoridad de la Universidad de Cádiz, “desde la UCA ni se solicitó presencia policial alguna ni se demandó en ningún momento la intervención de los agentes”[1], por lo que no hubo motivos para tal intervención, la cual incluso pudo haber ido a mayores habida cuenta de la presencia de numerosos alumnos que a esas horas asistían a clase con normalidad.

Aquel día tuvo lugar una conferencia impartida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska y el periodista José María Ridao, que formaba parte del ciclo “Diálogos sobre la Libertad” que organizan el Consorcio del Bicentenario y la Asociación de la Prensa de Cádiz con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812. Un grupo de personas acudió al acto para explicar al juez el desalojo que habían sufrido el día anterior del centro social y cultural en el que habían convertido un edificio abandonado, aunque en perfectas condiciones de habitabilidad. A pesar de la natural sorpresa de los ponentes ante la interrupción que supuso tal acción, éstos invitaron a aquellas personas a quedarse el resto de la ponencia para luego, una vez llegados al turno de libre palabra, darles la oportunidad de intervenir para explicar con más detalle la problemática del desalojo.

Lo que podía haber quedado como mera anécdota, además de una constructiva charla entre ciudadanos y el juez Grande-Marlaska, quedó ensombrecido por la actuación de la Policía Nacional dentro del recinto universitario, que comenzó a pedir documentación a los presentes en las inmediaciones del Aula Magna de la Facultad. Según explicaron numerosos testigos allí presentes, entre ellos profesores y demás personal de la Universidad, poco después se produjo la irrupción de un grupo de antidisturbios que comenzó a cargar con el resultado que ya sabemos[2].

Es importante señalar la indignación que tales hechos han producido en la comunidad universitaria. Aunque lo deseable hubiera sido la realización de una denuncia en los juzgados, la Universidad de Cádiz, a través de su Rector y el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pidió explicaciones sobre tales acciones a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz “para que explique quién autorizó la presencia de la policía y su intervención en el interior de un centro universitario e inicie el procedimiento administrativo al que hubiera lugar”[3].

Ante la gravedad de tales hechos, se ha echado en falta un mayor eco por parte de los medios de comunicación, fundamentales para hacer llegar a la opinión pública esta vulneración de la autonomía universitaria. Hay que señalar al respecto que la autonomía universitaria es un derecho recogido en el artículo 27 sección 10 de la Constitución Española, a su vez desarrollado en la Ley Orgánica 6/2.001, conocida como Ley Orgánica de Universidades. Este derecho tiene sus raíces en el Medievo, a partir de la Bula Papal “Parens Scientiarum” promulgada por el Papa Gregorio IX en 1231, que condicionaba la entrada de cualquier fuerza armada en el interior de los recintos universitarios al permiso tácito del Rector. Incluso en la época de la dictadura del General Franco este derecho fue en muchas ocasiones respetado y, cuando no era así, utilizado por la comunidad universitaria para protestar; por ejemplo, en 1957 llegó a exigirse la dimisión del entonces Ministro de Educación[4].

La razón de ser de la autonomía universitaria estriba en la necesidad de asegurar la libertad de cátedra y la independencia de la Universidad respecto a cualquier autoridad externa. Este derecho se aplica en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, incluso los que solemos señalar como menos democráticos. Ahí tendríamos, por ejemplo, el caso de Egipto, donde en 2005 la Corte Suprema sentenció la imposibilidad para la policía de entrar en las universidades del país sin autorización expresa del rector correspondiente.

En un estado de derecho, como el estado español, no pueden tolerarse acciones que empañen los valores democráticos más básicos, y mucho menos a partir de acciones ordenadas desde las administraciones públicas. En aras de la salud democrática es fundamental que se aclaren los hechos y se depuren las responsabilidades pertinentes pero, sobre todo, la ciudadanía no puede permanecen impasible ante hechos así. Desde el momento en que los ciudadanos dejamos de prestar atención a hechos tan graves, o los justificamos con un simple “algo habrán hecho los otros”, renunciamos al concepto más básico de justicia social y pasamos a ser cómplices de una intolerable degradación de un estado de derecho en el que la participación para su continua mejora tendría que ser obligación de todos.


[1] Comunicado de la Universidad de Cádiz. 13 de enero de 2012.
[4] Arasa, D. (2008): Historias curiosas del franquismo, 244-245.

jueves, 26 de enero de 2012

Diccionario de la Crisis: antisistema

antisistema.
1. adj. Dicho de una persona: Que hace uso de su libertad de pensamiento para expresar sus dudas acerca de los dogmas establecidos y lo políticamente correcto. U.t.c.s.
2. com. Persona que se opone a la especulación inmobiliaria, que participa en el sindicalismo alternativo, el activismo contra el cambio climático, los foros sociales, la defensa del territorio frente a las grandes infraestructuras, los centros sociales autogestionados, la generación de experiencias de consumo alternativo y de promoción de la agroecología, o los intentos de abrir una brecha en el sistema político impulsando candidaturas alternativas.*

3. adj. despect. Persona o grupo señalado como antisocial o aislado a sí mismo de la sociedad. U.t.c.s.



Notas:
[*] Definición extraída del artículo "¿Antisistema? Por supuesto" de Josep Maria Antentas y Esther Vivas, Público, 15 de octubre de 2010.