Se puede afirmar categóricamente que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. En este artículo se explican argumentos que permiten comprender que la repetida consigna no es más que una excusa para justificar recortes en los derechos de los ciudadanos.
A base de repetir lo mismo una y otra vez, los medios de comunicación tradicionales nos han adoctrinado para que afirmemos de manera acrítica que la culpa de la crisis y la dificultad para salir de aquélla es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este argumento ha calado tan hondo en gran parte de la sociedad que se ha convertido en una especie de mantra, un mea culpa a entonar para tranquilizar a los temidos dioses de los mercados que justamente nos castigan por haber cometido el pecado de atrevernos, tan siquiera, a pensar que podríamos vivir mejor.
Pero, ¿quién o quiénes han vivido por encima de sus posibilidades?, ¿los ciudadanos?, ¿el Estado?, ¿qué significa vivir por encima de las posibilidades? Unos se refieren al hecho de que muchos españoles de a pie hayan participado activamente en el
boom inmobiliario, que se hayan endeudado hasta las cejas para comprar un piso -o los que el banco financiase-, encerrados en el mundo irreal donde la regla fija era que lo que hoy cuesta uno mañana se podrá vender por cuatro. Otros, con intenciones más mezquinas, señalan directamente al Estado del Bienestar, al cual consideran un despilfarro que las administraciones públicas no se pueden permitir y, por tanto, lo mejor sería aceptar que hay que reducir aquellos gastos -de ahí su mezquidad- de los que los ciudadanos nos hemos beneficiado.
En realidad, ambas interpretaciones parten con la misma intención. Sea al estado o al individuo, en ambos casos se busca culpabilizarlos, responsabilizarlos de su situación. Que hay ciudadanos desahuciados, pues es totalmente por su culpa por manirrotos; que el Estado está en bancarrota, se lo ha buscado por gastar en lo que no debe. Simplemente, unos aceptan que ha sido el ciudadano de a pie con su irresponsabilidad quien se ha buscado su propia ruina, mientras otros culpan al propio Estado por derrochador, dando a entender que el sostenimiento de un mínimo Estado del Bienestar es un despilfarro.
Los medios tradicionales olvidaron aquellos años en los que se hacían eco de créditos maravillosos casi sin condiciones, del imparable aumento del precio de la vivienda -por lo que o comprábamos “ya” o en un futuro el precio nos sería prohibitivo-, de los “pelotazos” de advenedizos gurús del ladrillo y del mercado inmobiliario. En aquellos momentos no se hablaba de vivir por encima de las posibilidades de nadie. El gobierno de entonces negaba la existencia de burbuja inmobiliaria alguna cuando, según el presidente Aznar, España iba bien. Muy al contrario, aquel gobierno se esforzaba por mantener la ilusión de que no había riesgos, engaño que luego continuó Rodríguez Zapatero al afirmar pomposamente que la economía española se encontraba en la “Champions”.
Ambos gobiernos se quisieron aprovechar del boom del ladrillo para crear un clima de confianza que sabían efímero, detalle que silenciaban. De este modo, la facilidad de conseguir crédito junto al relativo bajo precio de los intereses condujo a muchos, particulares y empresas, a endeudarse para comprar no sólo inmuebles sino accesorios superfluos como automóviles y vacaciones de lujo. No podemos culpar exclusivamente a los mismos que lo perdieron todo a consecuencia de la crisis, ya que en realidad fueron víctimas del juego del gran capital, los principales beneficiarios de toda la vorágine especuladora del ladrillo, y de la irresponsabilidad de los gobiernos de turno y el Banco de España, quienes prefirieron dejar crecer la burbuja hasta que explotase violentamente llevándose a muchos por delante, como finalmente ocurrió[1].
La sensación de crecimiento desenfrenado de la economía en los supuestos años de bonanza contrastaba con las cifras correspondientes a los salarios reales, que cayeron un 8% entre 1996 y 2008. En el intervalo de 1999 a 2005 los beneficios empresariales en España crecieron un 73% -más del doble de la media de la Europa de los 15-, mientras que los costes laborales aumentaron apenas un 3,7% -cinco veces menos que la Europa de los 15-[2]. La brecha entre las rentas de los ricos y los asalariados en este país no ha dejado de crecer desde entonces. De estos datos se puede inferir que no todos los trabajadores se endeudaban por el placer de comprarse un BMW, sino principalmente por la disminución real de su capacidad adquisitiva.
Han sido los grandes capitales -los ricos- quienes han ampliado sus posibilidades a partir del boom del ladrillo y, actualmente, de las oportunidades de la crisis[3]. Sin embargo, esta bonanza económica en las clases pudientes no se ha visto repercutida como debiese en las arcas del Estado. El 1% de las rentas superiores de España pagan sólo el 20% de lo que pagan sus equivalentes en Suecia. De este modo, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa[4]. La baja fiscalidad en España para las rentas altas ha limitado los ingresos y, por tanto el gasto público social. En el Estado español se gasta por habitante el 74% del promedio gastado en los países de la Europa de los 15.
A partir de los datos anteriores se comprende que la falacia de admitir la crisis actual -y la dificultad de salir de aquélla- como consecuencia de que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades no es más que pura propaganda para culpabilizar a los ciudadanos y al propio Estado del Bienestar de la situación actual. Una excusa diseñada para evitar a los políticos en el poder el trago de tener que enfrentarse a las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas. Les es muchísimo más sencillo cebarse con el bienestar de una ciudadanía, aún en estado de shock, que en su deseo de salir de la crisis es capaz de aceptar casi cualquier cosa.
Las medidas planteadas para salir de la crisis por los gobiernos actuales no han sido más que la aplicación del dogma neoliberal. Una ciudadanía que se sienta culpable de la situación actual es mucho más manejable y totalmente acrítica ante argumentos que realmente sólo son excusas para justificar recortes de acuerdo a aquel dogma. Los mismos políticos que desde las administraciones nos acusan de haber vivido por encima de nuestras posibilidades olvidan el derroche de haber construido aeropuertos sin pasajeros o estaciones del AVE sin viajeros, además de ciertos privilegios exorbitados para algunos cargos públicos; los grandes empresarios y banqueros que repiten el mismo cántico olvidan que ellos mismos tributan al Estado muchísimo menos que sus homólogos en el resto de la Europa rica, además de haber utilizado dinero público -destinado a salvar sus empresas de la quiebra- para blindar sus cargos y asegurarse indemnizaciones o pensiones por cuantías escandalosas.
[1] El propio ex-presidente Zapatero llegó a reconocer durante el Debate sobre el estado de la Nación de junio de 2011 que la burbuja inmobiliaria se había ido de las manos a los gobiernos de la época. "
Zapatero: 'Me arrepiento de no haber pinchado antes la burbuja inmobiliaria'",
El Mundo. 28 de junio de 2011.
Reproduzco a continuación un comunicado de la Delegación de Alumnos de la Universidad de Cádiz con relación a los graves sucesos acontecidos el pasado jueves 12 de enero en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad:
