Como viene siendo costumbre, cuando el FMI se acuerda de España es para proponer nuevas reformas laborales y reducciones salariales a los trabajadores. Es esta ocasión Lagarde matiza que su idea no es "beneficiar a los que tienen empleo, sino a los que quieren tenerlo" a través de reducciones fiscales a las empresas. Un juego de palabras para justificar reducciones en sus cotizaciones que obvia el posterior impacto negativo que medidas de este tipo tendrían sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que finalmente recaerá sobre los bolsillos de los propios trabajadores. Los grandes organismos al servicio de las oligarquías financieras siguen insistiendo en imponer un modelo económico en el cual el Estado se desentiende de la creación directa de empleo, limitándose su papel a la legislación de incentivos basados en reducir costes a las empresas, de modo que el trabajador pasa a ser un elemento de consumo de aquéllas.
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