Si Eurovegas fuese una entrada de diccionario se podría definir como el intento de una oligarquía de imponer un nuevo modelo sociolaboral, basado en la precariedad, que también sirve para medir cuántos derechos están dispuestos a sacrificar los ciudadanos con tal de que les prometan unos cientos de puestos de trabajo. En un estado democrático la simple sugerencia de un proyecto que suponga la reducción de derechos laborales y la vulneración de leyes sanitarias o políticas fiscales tendría que ser motivo suficiente para su denegación. Pero no, han de ser las calculadoras de un banco alemán quienes consideren inviable -económicamente hablando- el megaproyecto de los casinos y el juego.
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