El Gobierno español se ratifica en su política de criminalizar las protestas, tal como demuestra la orden dada a la Policía Nacional de identificar y detener a quienes participen en actos de señalamiento a políticos o escraches. Primero la forzada comparación con ETA, ahora esto: un excelente baremo para medir el nivel de democracia en el Estado español. |
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