El Faro de la Colina: septiembre 2012

domingo, 30 de septiembre de 2012

Cuando los medios extranjeros pretenden hacer la cama a Rajoy

La indefinición de Rajoy a la hora de aplicar algunas de las políticas de recortes dictadas desde Berlín -debido a la proximidad de elecciones autonómicas- junto al exceso de autoritarismo que demuestra ante las movilizaciones populares, llevan a algunos medios extranjeros a poner en duda su capacidad como presidente de Gobierno, que empiezan a verlo como un cadáver político que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, no hay que olvidar que el problema subyacente en el Estado español es más profundo que la presunta incompetencia de Rajoy.

Se suele decir que se le "hace la cama a alguien" cuando se tiene la sospecha, más que fundada, de que se le está preparando el terreno para relegarlo del puesto que ocupa. De la reciente proliferación de titulares y columnas de opinión en algunos medios internacionales -nada sospechosos de seguir líneas editoriales opuestas a los establishments occidentales- puede deducirse que existe algo más que desconfianza hacia el dirigente español, tal vez la intención de hacerle la cama.

El titular más reciente, que parece que no va a ser el último de este estilo, viene del periódico británico The Telegraph que afirma que "Rajoy es un muerto viviente"[1] refiriéndose a la constante pérdida de credibilidad, en los circuitos internacionales, acerca de su capacidad de gestionar cualquier mejora en la economía española desde su llegada al poder. Para reforzar tal idea, el columnista sentencia que "hace menos de un año que Rajoy llegó al poder en una aplastante victoria y ya está herido de muerte"[2].

Llama la atención la insistencia en la defenestración política de Rajoy, habida cuenta que éste sólo se ha limitado a cumplir órdenes. A estas alturas, a nadie se le puede escapar el detalle de que el Gobierno de España está siguiendo una hoja de ruta política y económica marcada desde los grandes estamentos financieros europeos. No en vano, siendo aún candidato a la presidencia, Rajoy se reunió con Merkel para rendirle pleitesía[3] y, una vez en posesión del cargo, poco tardó en volver a verla para reiterarle su disposición a cumplir con las directrices que ésta estimase oportuna[4].

A ojos de la opinión pública española, Rajoy ha sido -y sigue siendo- el fiel lacayo de Merkel[5]. Del famoso y repetido "como Dios manda" del presidente español, a tenor de su férrea obediencia, puede deducirse que éste sitúa a la mandataria alemana allá en los altares celestes, justo a la derecha de la banca privada europea. Sin embargo, a pesar de las apariencias, el Gobierno español no está libre de pecado aunque, de momento, no hayan sido motivo para desatar la ira de las deidades financieras. Unos de sus pecadillos de juventud fue, por ejemplo, ignorar los deseos de Alemania respecto a quien debiera ocupar el Ministerio de Economía[6]. La oligarquía europea pretendía a un tecnócrata cuya labor se limitase a obedecer sus dictados. El candidato era José Manuel González Páramo, consejero del BCE para más señas. No obstante, el Partido Popular, en su lógica aspiración a no ceder el cien por cien de su independencia, se decantó por Luis de Guindos, un hombre de la casa, próximo a sus fuentes ideológicas y, por tanto, a la FAES de José María Aznar.

Pero, quizás, el gran pecado de Rajoy ha sido su incapacidad de contemporizar las exigencias de la banca europea con los intereses electoralistas de su partido. Al PSOE, primero, y ahora al Partido Popular les ha tocado cumplir la particular hoja de ruta de la "refundación del capitalismo" en Europa; es decir, la destrucción de cualquier atisbo de bienestar social en la semi-periferia Europea. La impaciencia de los mercados, ávidos de ver cumplidas las antisociales y temidas reformas, se ha visto refrenada por la proximidad de las elecciones autonómicas. Al fin y al cabo, el partido en el Gobierno es consciente de la sangría de votos que le supone cada recorte llevado a cabo, por lo que es lógico que espere su anuncio a días posteriores a las susodichas elecciones.

El destino de la economía española parece pasar por un rescate o, lo que es lo mismo, la cesión definitiva de cualquier soberanía económica a la troika. La cesión de un ala del Ministerio de Economía a los temidos "hombres de negro" supondría la ejecución inmediata de reformas dañinas no sólo a la ciudadanía sino a los intereses electorales a corto plazo del partido en el Gobierno. Así, a juicio de Matthew Lynn del Wall Street Journal, Rajoy, en su desesperación por ganar tiempo, se encuentra inmerso en un "juego de la gallina" con los mercados financieros[7], una indefinición que podría agravar la recesión en la que se encuentra el sistema económico español. Al respecto, Goldman Sachs ha hecho uso de los medios de comunicación para instar al Gobierno a dejar "de satisfacer los intereses políticos domésticos"[8].

Mientras tanto, Alemania se mantiene en el juego de la ambigüedad, ensalzando unos días la intachable actitud del Gobierno de España en sus compromisos con el cumplimiento de déficit[9] para, a continuación, mostrar su descontento con la actitud española ante sus obligaciones con Europa[10]. Algunos analistas, como Edward Hugh, interpretan la confusa postura alemana como un modo de ganar tiempo ante las próximas elecciones en el país centroeuropeo, debido a la indeterminación del impacto que supondría un rescate a España en la banca privada alemana y el más que probable coste electoral que supondría al partido de Merkel[11].

Todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo de que algún tipo de rescate sea llevado a cabo en España. La consecuencia inmediata será la aplicación de nuevas medidas, entre ellas la reforma -a peor- del sistema de pensiones o la reducción del salario mínimo interprofesional. La consecuente contracción del consumo acelerará la espiral de desempleo y precariedad laboral que, a su vez, agravará la conflictividad y presumiblemente incrementará las movilizaciones contra el Gobierno y sus medidas. Ante tal perspectiva, Damian Reece, columnista del rotativo The Telegraph, advierte que "España ha dado otro paso seguro para convertirse en la próxima Grecia", de lo que culpa principalmente a Rajoy[12]. En la misma línea, el semanal francés Challenges se pregunta si el presidente español está a la altura de las circunstancias[13].

Más allá de la cuestión económica se encuentra la credibilidad de un Gobierno que demuestra ser mucho más débil de lo que pretende aparentar. El fuerte resurgir del independentismo catalán es interpretado en el resto del mundo como una grave muestra de descontento hacia su gestión. Por otra parte, el creciente número de movilizaciones ciudadanas llevadas a cabo en los últimos tiempos -sobre todo desde el 25 de septiembre-, y las represivas respuestas dadas a aquéllas, han puesto en duda el manto democrático con el que la Europa del capital pretende cubrir los recortes del Estado social. Paradójicamente, una vez al descubierto la crudeza de las políticas de austeridad llevadas a cabo en España, la prensa internacional no duda en señalar a Rajoy como cómplice de un golpe de estado financiero[14].

Cada vez son más los medios que dan por hecho que a Rajoy le queda poco tiempo en La Moncloa, que su destino es el mismo que siguieron Berlusconi o Papandreu. No se trata de ningún tipo de manía hacia su persona, a pesar de que su fama de presidente parco en intervenciones públicas y explicaciones a los ciudadanos no sea bien vista entre los medios extranjeros. La historia reciente indica que los mandatarios que aceptan rescates suelen tener sus días contados en los gobiernos. Puede ser que pronto España se encuentre bajo la batuta de un Gobierno de concentración cuyo papel sea, fundamentalmente, acelerar la agenda de reformas dictadas desde Berlín.

Sin embargo, la situación actual de la economía española no tendrá arreglo mientras se mantengan las mismas reglas del juego. Mariano Rajoy es ahora quien firma las medidas que le ordenan desde las oligarquías europeas. La regla no escrita es que las pérdidas sean socializadas entre los ciudadanos, quienes día a día sufren en sus carnes el drama de una precariedad cada vez mayor. Ante tal panorama, el desgaste de Rajoy en el Gobierno es inevitable, al igual que ocurrió con el anterior presidente. Por supuesto, en contra de Rajoy está su actitud totalitaria, bajo la excusa de la mayoría absoluta, y las políticas represivas sobre quienes protestan. Sin embargo, el problema no es Rajoy, como una parte de los medios extranjeros -al servicio del establishment- pretenden hacernos creer. Al gran capital no le importa quien gobierne mientras sea fiel al lenguaje de los recortes y la mal llamada austeridad. El problema es la falta de soberanía en el pueblo español debido a un modelo de Estado que no está a la altura.

lunes, 24 de septiembre de 2012

25 de septiembre: el Congreso lleva ocupado desde hace mucho tiempo

Aunque la intención de "ocupar" el Congreso el 25 de septiembre es simbólica, reduciéndose a una acción pacífica consistente en rodear el edificio para demostrar el descontento de una creciente parte de la población con el déficit democrático actual y exigir -por ello- el inicio de un proceso constituyente, sí que podría afirmarse que el Congreso lleva tiempo ocupado por una mayoría para la cual la actual Constitución es papel mojado.

A pesar de la insensatez que supone interpretar literalmente el denominador de la iniciativa ciudadana para el 25 de septiembre, aún hay partes interesadas que prefieren obviar que "Ocupa el Congreso" es un guiño al movimiento Occupy Wall Street el cual, por su parte, aún sigue protagonizando las protestas contra el inmenso poder concentrado en las pocas manos que dominan los mercados allí presentes.

Tanto en los Estados Unidos como en España -y, por extensión, todo Occidente- la brecha entre los ricos y el resto de la población es cada vez mayor, al igual que la cuota de poder que ostentan los primeros. Esta situación se traduce en una cada vez más visible precarización de las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía. Las leyes son ahora, más que nunca, dictadas para el beneficio de esa minoría poderosa, sin importar que ello suponga el final de cualquier garantía de bienestar por parte de los Estados. Grecia o Portugal han sido los primeros laboratorios de esta contrarreforma ejecutada a nivel mundial contra las clases populares. Los resultados son palpables, a pesar de la fuerte censura mediática, en los que las movilizaciones en aquellos lugares son casi a diario como respuesta a la destrucción de derechos que se pensaban inamovibles.

Si la mayoría de las constituciones modernas declaran que las soberanías de sus respectivos estados residen en el pueblo, algo falla cuando la voz del pueblo queda silenciada ante las exigencias de los mercados. Desde el momento en que las políticas se realizan con el único propósito de satisfacer oscuros objetivos de déficit, relegando a la población a un último plano, la democracia está herida de muerte.

Definitivamente, se ha traspasado el límite de lo tolerable. Ante el miedo a un presente gris, el pánico a un futuro negro es suficiente argumento para que la sociedad vaya, poco a poco, despertando del shock de la crisis. Ante circunstancias de tal gravedad, la respuesta natural e histórica del pueblo ha sido la movilización. No es casual que, desde el 15 de mayo de 2011, la participación en las movilizaciones convocadas a lo largo del Estado español haya ido creciendo en número de manera casi constante.

Si bien, por cuestión de paralelismos con Wall Street, el objetivo de las protestas podría haber sido el Palacio de la Bolsa de Madrid, hay argumentos de sobra para plantarse frente al Congreso en un gesto, aún simbólico, de la determinación de un pueblo a no aceptar un destino planificado desde oscuros despachos de tecnócratas al servicio de la élite financiera. La destrucción del Estado del bienestar, de derechos sociales y económicos por parte de los últimos gobiernos de España han certificado el fin de aquel "consenso de 1978", la refutación de aquella "Transición modélica". La Constitución española ha pasado a ser un trozo de papel mojado a quien nadie presta atención ni, lo que es más grave, respeto. La gravedad de la situación actual es tal que el cumplimiento real de aquella Carta Magna, consensuada entre los remanentes del franquismo y las tímidas fuerzas democráticas emergentes[1], podría hoy en día calificarse de "revolucionario"[2]. Además de no cumplirse, ésta se modifica al gusto de los grandes poderes económicos con la connivencia de los dos grandes partidos políticos estatales -agosto de 2011-, sin realizar consulta alguna al pueblo.

Dudosa legitimidad queda a cualquier gobierno que no esté al servicio de los ciudadanos, de esa mayoría silenciosa a la que se restringe su capacidad de expresión al depósito de una papeleta cada varios años. Papeletas interpretadas por quienes acceden al poder como "cartas blancas" que les permiten hacer y deshacer a su antojo o, mejor dicho, al servicio de los intereses de los grandes poderes. Ante tal coyuntura no es descabellado afirmar que el Congreso se encuentra actualmente ocupado, desde hace bastante tiempo, por una mayoría que no está al servicio del pueblo.

De ahí que quizás la única opción para revertir la actual situación sea un 25S, o los que sean necesarios, para que el pueblo lleve a cabo un legítimo[3] y necesario ejercicio de libertad de expresión frente al Congreso, rodeándolo de manera pacífica con el objetivo último de forzar el inicio de un proceso constituyente, con todo lo que ello implica, que haga efectivo el artículo 1.2 de la actual Constitución, dejando en manos del pueblo, de una vez por todas, la soberanía nacional.

[1] Julio Anguita: "¿De qué constitución hablamos?". Mundo Obrero, 7 de febrero de 2012.
[2] "Julio Anguita: "Yo no pienso ir a ningunas elecciones"". Público, 21 de junio de 2012.
[3] "JpD acusa a la Delegación del Gobierno en Madrid de "criminalizar" el 25S y coartar "derechos fundamentales"". Informativos Telecinco, 22 de septiembre de 2012.

domingo, 23 de septiembre de 2012

La soberanía viene del pueblo (lo reconoce la Constitución española de 1978)

Poco sentido tiene recordar a Santiago Carrillo por sus errores políticos. Es sensato y útil recordarlo como el símbolo, que fue en su día, de la lucha desde el exilio contra el régimen franquista, además de su papel fundamental para conseguir que la Constitución española de 1978 reconociese que la soberanía viene del pueblo.

Tras el fallecimiento de Santiago Carrillo no se ha hecho esperar la publicación de numerosos artículos en su memoria, que repasan diversas facetas de este personaje clave de la denominada Transición española. A pesar de lo controvertido de su currículo político, todos los escritos por parte de sus ex-compañeros de partido han recordado con respeto y sin rencores a quien un día luchó por la libertad y por ello tuvo que exiliarse. También ha habido amistosos epitafios por parte de quienes jamás guardaron alguna afinidad política con él. En cierto modo es algo normal y compatible con aquella españolísima norma no escrita por la que, una vez que alguien fallece, es el momento de hablar exclusivamente bien de su persona.

Pero, como todo en esta vida, hay matices y de ello Vicenç Navarro da buena cuenta en un reciente artículo en el que sagazmente señala que el "paradójico (y predecible) homenaje que el establishment español está haciendo a su figura a la vez que ha hecho todo lo posible para que el proyecto que Carrillo representó desapareciera"[1]. Al hilo de aquella afirmación, conviene recordar a Lenin, quien ya avisaba que "en vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para 'consolar' y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndola"[2].

Se puede afirmar categóricamente que Carrillo no fue en absoluto un revolucionario. En realidad, fueron sus maneras reformistas las que le grajearon ciertas antipatías entre la izquierda española y las que, a la postre, flaco favor hicieron al partido en el que tantos años militó. No obstante, fuera de hipocresías y de rencores, es justo reconocer las aportaciones positivas del político asturiano, convertido en símbolo de la España del exilio. No puede pasar al olvido el hecho de que hubo una España, aún con todos los defectos que pudiera tener, en la que el pueblo era soberano, en la que existía un proyecto de Estado moderno, de derecho, con garantías para todos, que fue bruscamente hecha añicos para transmutar en una pesadilla totalitaria de casi cuatro décadas de duración.

El Carrillo de aquellos años de brutal y represiva dictadura no puede diluirse, visto desde una perspectiva actual, en los posteriores errores de los que éste fue partícipe. Si bien fue unos de los padres de aquella Transición imperfecta, la de la desmemoria, la del paso de página para los cómplices del régimen represivo fascista, la del "todo atado y bien atado", conviene recordar que también llegó a ser uno de los símbolos de la resistencia a la opresión de la extrema derecha que gobernaba el Estado, la misma que represalió a miles de españoles.

Como advierte Vicenç Navarro, "vemos ahora cómo el establishment español intenta hacer suya la figura de Carrillo" para justificar aquella Transición -interesadamente calificada de "modélica"- de la que tanto unos pocos se han beneficiado. No obstante, es de justicia aceptar que Carrillo comprendiese que, en aquella época, vista la correlación de fuerzas, la Transición que hubo fuera la única y mejor posible. Al menos, como él mismo admitía, consiguió que la Constitución reconociera que la soberanía viene del pueblo.

Ahora más que nunca, viviendo en la zona cero de esta gran crisis que amenaza a los estándares de vida de la mayoría de la población española, es el momento de hacer efectiva esa soberanía para superar el sistema actual a base de luchar por un modelo de Estado más social, más plural, más justo, en definitiva, más democrático.

[1] Navarro, V. (2012): "Santiago Carrillo y la Transicion. Sistema, 21 de septiembre de 2012.
[2] Lenin, V.I. (1917): El Estado y la Revolución.

lunes, 17 de septiembre de 2012

15 de septiembre: ¿habrán pillado la "indirecta"?

Las movilizaciones en el Estado español parecen estar destinadas a incrementarse en número e intensidad según prosigan los recortes por parte del Gobierno. Las masivas manifestaciones del pasado 15 de septiembre son una demostración de que la ciudadanía comienza a perder la paciencia ante una situación que sólo puede conducir a la precariedad.

Por encima de cualquier cuestión de índole sindical o política, las movilizaciones del pasado 15 de septiembre indican que la ciudadanía está cabreada, y mucho. Con las barbas de los vecinos griegos y portugueses más que cortadas, parece inevitable que la historia se repita en las carnes de la mayoría de quienes habitan España. Se trata de la destrucción de un modo de vida que, a priori, parecía intocable, de la condena de una gran parte de la población a la precariedad, a niveles de vida inaceptables desde la perspectiva del, hasta ahora, denominado Primer Mundo.

La desaparición del Estado Social ha supuesto el brusco despertar para una mayoría ciudadana que se encontraba embriagada por el consumo y el crédito fácil, por el estilo de vida occidental, por la fe ciega en la Europa de los Pueblos, transmutada final y abiertamente en la Europa del Capital. La crisis ha sido la excusa para intensificar la destrucción de los cimientos de aquel bienestar común que la ciudadanía consideraba un derecho. Derecho gradualmente arrebatado a base de decretos presentados -y aceptados- como inevitables, así como condiciones necesarias para salir de la crisis. De este modo, la doctrina del shock ha sido aplicada a la perfección para la satisfacción de los mercados, los dioses del siglo XXI, cuya divinidad va pareja al poder del capital concentrado en las manos de unos pocos.

Incluso ante el estado de shock más profundo hay quien despierta. Una parte de la sociedad comienza a abandonar el estado de indolencia, fruto del bombardeo mediático a base de mercados, déficits y primas de riesgo, para unirse a aquéllos que nunca fueron indiferentes. El gran plan neoliberal, tan simple como propiciar el trasvase del poder real de las instituciones democráticas a los mercados o -mejor dicho- a los poseedores de los grandes capitales que controlan los mercados, comienza a encontrarse con la creciente oposición de la ciudadanía.

Es complicado saber qué ocurrirá a medio plazo, pero las movilizaciones amenazan con convertirse en una constante, como ocurre -a pesar del silencio mediático- en Grecia o Portugal. No en vano, en una reciente sesión en el Congreso ya se advirtió que "del miedo se pasa a la mala leche, y de la mala leche a la movilización"[1]. En cierto modo, una parte de la población se siente ultrajada ante la situación actual. Ya no se trata de indignación, aquella palabra mágica que tuvo sentido hace poco más de un año ante una ciudadanía narcotizada por la indiferencia, se trata de cabreo. Mucha gente de la calle vaticina que esto no va a acabar bien, que la situación acabará explotando por alguna parte[2].

El pasado 15 de septiembre supuso la demostración de que, ante todo, las movilizaciones seguirán creciendo en todo el Estado, al igual que el cabreo, la mala leche, de la ciudadanía. De momento, el sentimiento de muchos ciudadanos se reduce al malestar. Hasta ahora, los sindicatos mayoritarios, los principales agentes movilizadores han seguido cumpliendo su función reguladora del descontento de la clase trabajadora pero, ¿por cuanto tiempo? El gran capital no desea sindicatos de ningún color, por muy dóciles que éstos sean. Tarde o temprano éste pedirá abiertamente su neutralización. Por tanto, será cuestión de tiempo que aquéllos se politicen, se reciclen, recuperen su identidad de clase y las reivindicaciones vayan más allá de parar los recortes. Para aquel entonces ninguna fuerza sindical osará pedir que los recortes sean sometidos a referéndum[3], exigirán directamente políticas sociales justas y plantearán el camino a seguir para que aquello sea posible.

Es lo justo y lo legítimo. La propia Constitución Española vigente afirma en su artículo 1.2 que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Ante la actitud de la mayoría de los gobernantes de dar la espalda al pueblo, de gobernar al servicio de los poderes económicos y financieros, a la ciudadanía sólo le queda la opción de exigir la soberanía que jamás debió perder.

[1] "Joan Tardà a Montoro: "Va a haber movilizaciones y a usted se le va a congelar esa sonrisa"". Vozpópuli. 18 de julio de 2012.
[2] Véase a modo de ejemplo este blog: "Jugando con palabras: TENSIÓN".
[3] "La calle exige a Rajoy que someta a referéndum sus recortes". Público, 16 de septiembre de 2012.

martes, 11 de septiembre de 2012

Una entrevista como Dios manda

La reciente entrevista de Mariano Rajoy en TVE no ha pasado de ser una operación de limpieza de imagen de un Gobierno duramente tocado por el descrédito ante la opinión pública. En contraste con la benevolencia de las cuestiones planteadas, se ha echado en falta preguntas relacionadas con la realidad que sufre la población en los tiempos actuales.

Algo no funciona bien en España cuando el simple hecho de que su presidente conceda una entrevista sea presentado ante la sociedad como todo un acontecimiento. Lo que tendría que ser un ejercicio periódico de transparencia hacia la ciudadanía ha quedado reducido a un triste paripé de respuestas ambiguas a preguntas que parecían seguir un guión preestablecido[1].

Poco podía esperarse de este presidente poco amigo a dar la cara, más aún en una entrevista realizada en su propia cancha, en una televisión modelada según sus intereses a golpe de despidos y destituciones[2]. Como tal, el telespectador se encontró ante una edulcorada autopromoción del presidente, muy en la línea de los planes de mejora de imagen recientemente anunciados por su partido[3]. Tampoco podía esperarse mucho más de un elenco de periodistas de perfil similar -unos más escorados al neoliberalismo del Gobierno, otros a su sucedáneo socioliberal, el del PSOE- que, como mucho, se atrevieron a plantear la cuestión del reiterado incumplimiento del programa electoral del PP, sin profundizar en ello.

El rescate, supuestamente el tema estrella de la entrevista, ha dejado de ser repentinamente una amenaza sobre la ciudadanía para convertirse en una intrascendental elección a manos del presidente, un asunto sobre el que finalmente no aclaró nada. Por lo demás, no se plantearon temas realmente importantes como hubieran sido la actual destrucción por decreto de la sanidad y educación públicas; la creciente pobreza que ya afecta a uno de cada cuatro españoles[4], mientras la fractura entre ricos y pobres es cada vez mayor; o la inutilidad de una amnistía fiscal que, además de profundamente injusta, estaba desde el principio abocada al fracaso[5]. También se echó de menos que alguien le preguntase por la motivación real de una reforma laboral que sólo sirve para facilitar el despido, por mucho que el presidente Rajoy insistiera en la entrevista de que se trata de un "instrumento decisivo". Tan decisivo que la Organización Internacional del Trabajo anunció recientemente que España ha batido el récord mundial de paro que, presumiblemente, mantendrá al menos hasta el 2015[6].

Ninguna pregunta referida a Bankia ni a su compañero de partido Rodrigo Rato. Ningún entrevistador sugirió nada acerca de depurar responsabilidades ante todo lo que está cayendo. Nadie cuestionó que este Gobierno parezca mantener la tradición de otorgar puestos de responsabilidad a dedo[7]. El corporativismo brilló por su ausencia ante el hecho de que ninguno de los periodistas aprovechase la ocasión para quejarse de la descarada purga de periodistas en RTVE, que continúa hasta día de hoy[8].

La moraleja de Rajoy es que los españoles "no entienden" lo que hace el ejecutivo. Efectivamente, resulta difícil de entender lo que no se explica, lo que contradice promesas previas a las elecciones, lo que convierte un programa electoral en un simple folleto de supermercado. Resulta imposible entender tantas cosas en este país de la falta de transparencia, como los motivos por los que hay privilegiados que se libran de los recortes mientras la situación de muchas familias es cada vez más insostenible. Igualmente es imposible entender la falta de soberanía del Estado español, plegado a las exigencias de la banca europea y, desde hace unos días, a las de una multinacional del juego[9]. Lamentablemente, a ninguno de los cinco periodistas se le ocurrió -o autorizó- a plantear tales cuestiones.

[1] "Rajoy da la cara en televisión". Público, 10 de septiembre de 2012.
[2] "‘The Guardian’ destaca las “purgas” del Ejecutivo de Rajoy en RTVE". El Plural, 6 de agosto de 2012.
[3] "El PP anuncia una campaña surrealista para hacer cómplices de los recortes a sus víctimas". Público, 18 de agosto de 2012.
[4] "La pobreza extrema se acentúa en España: Una de cada cuatro personas en España roza el umbral de la pobreza". 9 de septiembre de 2012.
[5] "La amnistía fiscal de Rajoy fracasa y tan sólo logra recaudar 50 millones". Noticias de Álava, 10 de septiembre de 2012.
[6] "España bate el récord mundial de paro, según el Financial Times Deutschland". ABC, 10 de septiembre de 2012.
[7] "Hijos, hermanos, cuñados… el Gobierno tira de la familia para los altos cargos". El Confidencial, 18 de marzo de 2012.
[8] "TVE se 'desayuna' a tres tertulianos progresistas". Público, 10 de septiembre de 2012.
[9] "Soria abre la puerta a cambios legales para acoger Eurovegas". Levante, 10 de septiembre de 2012.

domingo, 9 de septiembre de 2012

Diccionario de la Crisis: compromiso con la empresa

compromiso.

(Del lat. compromissum).

~ con la empresa.

1. m. Disposición del asalariado a extender su horario laboral más allá de lo estipulado en su contrato habitualmente sin percibir emolumentos por ello. Para evitar sorpresas desagradables, debes demostrar tu compromiso con la empresa.

martes, 4 de septiembre de 2012

Diccionario de la Crisis: banco malo

banco.

(Del fr. ant. bank, y éste del germ. *banki).

~ malo.

1. m. Entidad pública que adquiere los activos tóxicos de la banca privada. Al realizarse esta compra con dinero público, se lleva a cabo la socialización de las pérdidas de la banca privada mientras a ésta se la exonera de sus desmanes.*

2. m. Entidad pública que, a modo de gran agencia inmobiliaria, compra con dinero público las viviendas y el suelo que las entidades financieras quieren quitarse de encima.**

[*] Definición desarrollada a partir del artículo de Eduardo Garzón: "¿En qué consiste un “banco malo”?". 6 de diciembre de 2011.
[**] Definición desarrollada a partir del artículo "¿Qué es el “banco malo”?". Eco Republicano, 23 de octubre de 2012.

sábado, 1 de septiembre de 2012

Cuando a quienes protestan se les acusa de privilegiados

Cada vez es más habitual que los colectivos de asalariados que realizan algún tipo de reivindicación sean señalados, ante la opinión pública, como "privilegiados". Esta práctica, por parte de algunos políticos y medios de comunicación, fomenta la insolidaridad y desunión entre los trabajadores.

¿Qué tienen en común los bomberos de Madrid con los basureros de Cádiz?, ¿y los funcionarios con los mineros del carbón? Además de su natural condición de asalariados, estos trabajadores han protagonizado en los últimos tiempos protestas con objeto de mejorar sus condiciones laborales y, como respuesta, se han encontrado ante campañas de desprestigio contra sus respectivos colectivos, en las que sus reivindicaciones son mostradas ante la sociedad como actos insolidarios y egoístas. Estos cuatro casos, con sus evidentes particularidades, son ejemplos de la peligrosa tendencia a culpabilizar ante la sociedad a aquéllos que se atreven a exigir algún tipo de mejora.

Definitivamente, la legitimidad de cualquier reivindicación laboral queda en entredicho ante la opinión pública desde el momento en que los medios comienzan a hacer eco de los privilegios de quienes protestan. En este contexto no es de extrañar que la alcaldesa de Madrid afirmase que "las condiciones de trabajo de los bomberos las querrían tener muchos otros trabajadores y que si estos ciudadanos las conocieran en profundidad a lo mejor los bomberos no tenían tanto apoyo"[1]. Se trata de una versión adaptada a los tiempos modernos del "divide y vencerás" donde se intenta imponer la lógica de ¿cómo va a apoyar una familia que apenas llega a final de mes a un grupo de individuos que les son presentados como privilegiados? Ojalá los ciudadanos aplicasen ese mismo criterio con aquellos políticos que abusan de privilegios y les retirasen su apoyo. Resulta paradójico que una edil con un sueldo que supera los cien mil euros anuales[2] se atreva a señalar los "privilegios" de un determinado colectivo de trabajadores.

El argumento de los privilegios viene utilizándose desde hace mucho tiempo con tal eficiencia que, en muchos casos, ha penetrado en el sentido común popular. Anteriores "privilegiados" han sido los funcionarios. Por eso, los brutales recortes que vienen sufriendo han tenido una repercusión en la sociedad mucho menor de lo que sería lógico. El cliché de vagos, ineficientes y otras lindezas, han sido aceptados por una parte de la sociedad de manera acrítica, sin pensar que buenos y malos profesionales los hay en cualquier lugar. Esa triste apelación a la envidia de cada ciudadano sólo ha servido para empeorar las condiciones de un importante colectivo de trabajadores que, aún hoy en día, se sigue viendo como un grupo aparte. Pero es que, además, ¿acaso no es cierto que la aspiración de cualquier asalariado tendría que ser la mejora de sus condiciones en vez del empeoramiento de las de los demás?

Por eso, en una de las ciudades españolas más castigadas por el paro, es incomprensible que la sociedad diese la espalda al colectivo de basureros cuando éste se puso en huelga para reivindicar el cumplimiento de unas condiciones previamente pactadas[3]. Es razonable que si un grupo de asalariados tiene pactada una subida -en este caso de un 4,4%- y, aún así, se le ofrece una cantidad mucho menor -un 0,5%-, éste realice protestas e, incluso, convoque huelgas como medio de presión. El consistorio de la capital gaditana hizo uso de la mencionada táctica de acusar de privilegiados a quienes protestan. El despliegue de contrainformación, en este caso, pasó de las típicas declaraciones a los medios a la publicación en prensa de publicidad indicando los sueldos de los basureros de Cádiz[4]. El resultado fue la desconvocatoria de la huelga por los propios trabajadores ante la presión social que se originó en su contra[5], llegando a darse el caso de un basurero agredido físicamente por un exaltado[6].

El conflicto de la minería del carbón también ha sido salpicado por la lista de privilegios que disfrutan aquellos trabajadores. Pocos medios se han dignando en subrayar que poco privilegio hay en el hecho de trabajar en una industria con fecha de caducidad, cuyo futuro a medio plazo es su desaparición en beneficio del carbón importado. Independientemente de la rentabilidad de la extracción del carbón español, hay firmadas unas ayudas al sector hasta 2018 que, por simple coherencia, tendrían que ser cumplidas. La discusión no tendría que ser la rentabilidad de esas minas o los presuntos coches de lujo aparcados junto a las minas, sino el drama al que se enfrentan comarcas enteras en el caso de que las ayudas cesasen antes de tiempo.

En estos momentos de crisis profunda, con tal cantidad de desempleo, parece ser que tener un trabajo es cosa de privilegiados, independientemente de las condiciones. El derecho a tener aspiraciones colectivas se ha convertido en tabú, pues implica una unión entre los trabajadores que para nada conviene a la patronal, hecho que se refleja en la reforma laboral de febrero de 2012, que limita seriamente la cobertura de los convenios colectivos. Con la débil excusa de privilegios -tales como un sueldo digno-, la consigna por parte de muchos políticos, convertidos en capataces de los grandes empresarios, es la división de los trabajadores, su enfrentamiento, evitar cualquier atisbo de solidaridad.

[1] "Los bomberos abuchean a Ana Botella en la inauguración de las fiestas de La Paloma". 20 Minutos, 15 de agosto de 2012.
[2] "El gobierno central fijara el sueldo de Ana Botella y de sus concejales". Cadena SER, 5 de julio de 2012.
[3] "Huelga limpieza Cádiz continuará tras rechazar la empresa nueva propuesta". Ideal, 25 de julio de 2012.
[4] Imagen disponible en Twitter.
[5] "Desconvocada la huelga de basuras por temor a las amenazas de los vecinos". ABC, 29 de julio de 2012.
[6] "Agredido un trabajador en el conflicto de la basura en Cádiz". ABC, 27 de julio de 2012.

Páginas