Cada vez es más habitual que los colectivos de asalariados que realizan algún tipo de reivindicación sean señalados, ante la opinión pública, como "privilegiados". Esta práctica, por parte de algunos políticos y medios de comunicación, fomenta la insolidaridad y desunión entre los trabajadores.
¿Qué tienen en común los bomberos de Madrid con los basureros de Cádiz?, ¿y los funcionarios con los mineros del carbón? Además de su natural condición de asalariados, estos trabajadores han protagonizado en los últimos tiempos protestas con objeto de mejorar sus condiciones laborales y, como respuesta, se han encontrado ante campañas de desprestigio contra sus respectivos colectivos, en las que sus reivindicaciones son mostradas ante la sociedad como actos insolidarios y egoístas. Estos cuatro casos, con sus evidentes particularidades, son ejemplos de la peligrosa tendencia a culpabilizar ante la sociedad a aquéllos que se atreven a exigir algún tipo de mejora.
Definitivamente, la legitimidad de cualquier reivindicación laboral queda en entredicho ante la opinión pública desde el momento en que los medios comienzan a hacer eco de los privilegios de quienes protestan. En este contexto no es de extrañar que la alcaldesa de Madrid afirmase que "las condiciones de trabajo de los bomberos las querrían tener muchos otros trabajadores y que si estos ciudadanos las conocieran en profundidad a lo mejor los bomberos no tenían tanto apoyo"[1]. Se trata de una versión adaptada a los tiempos modernos del "divide y vencerás" donde se intenta imponer la lógica de ¿cómo va a apoyar una familia que apenas llega a final de mes a un grupo de individuos que les son presentados como privilegiados? Ojalá los ciudadanos aplicasen ese mismo criterio con aquellos políticos que abusan de privilegios y les retirasen su apoyo. Resulta paradójico que una edil con un sueldo que supera los cien mil euros anuales[2] se atreva a señalar los "privilegios" de un determinado colectivo de trabajadores.
El argumento de los privilegios viene utilizándose desde hace mucho tiempo con tal eficiencia que, en muchos casos, ha penetrado en el sentido común popular. Anteriores "privilegiados" han sido los funcionarios. Por eso, los brutales recortes que vienen sufriendo han tenido una repercusión en la sociedad mucho menor de lo que sería lógico. El cliché de vagos, ineficientes y otras lindezas, han sido aceptados por una parte de la sociedad de manera acrítica, sin pensar que buenos y malos profesionales los hay en cualquier lugar. Esa triste apelación a la envidia de cada ciudadano sólo ha servido para empeorar las condiciones de un importante colectivo de trabajadores que, aún hoy en día, se sigue viendo como un grupo aparte. Pero es que, además, ¿acaso no es cierto que la aspiración de cualquier asalariado tendría que ser la mejora de sus condiciones en vez del empeoramiento de las de los demás?
Por eso, en una de las ciudades españolas más castigadas por el paro, es incomprensible que la sociedad diese la espalda al colectivo de basureros cuando éste se puso en huelga para reivindicar el cumplimiento de unas condiciones previamente pactadas[3]. Es razonable que si un grupo de asalariados tiene pactada una subida -en este caso de un 4,4%- y, aún así, se le ofrece una cantidad mucho menor -un 0,5%-, éste realice protestas e, incluso, convoque huelgas como medio de presión. El consistorio de la capital gaditana hizo uso de la mencionada táctica de acusar de privilegiados a quienes protestan. El despliegue de contrainformación, en este caso, pasó de las típicas declaraciones a los medios a la publicación en prensa de publicidad indicando los sueldos de los basureros de Cádiz[4]. El resultado fue la desconvocatoria de la huelga por los propios trabajadores ante la presión social que se originó en su contra[5], llegando a darse el caso de un basurero agredido físicamente por un exaltado[6].
El conflicto de la minería del carbón también ha sido salpicado por la lista de privilegios que disfrutan aquellos trabajadores. Pocos medios se han dignando en subrayar que poco privilegio hay en el hecho de trabajar en una industria con fecha de caducidad, cuyo futuro a medio plazo es su desaparición en beneficio del carbón importado. Independientemente de la rentabilidad de la extracción del carbón español, hay firmadas unas ayudas al sector hasta 2018 que, por simple coherencia, tendrían que ser cumplidas. La discusión no tendría que ser la rentabilidad de esas minas o los presuntos coches de lujo aparcados junto a las minas, sino el drama al que se enfrentan comarcas enteras en el caso de que las ayudas cesasen antes de tiempo.
En estos momentos de crisis profunda, con tal cantidad de desempleo, parece ser que tener un trabajo es cosa de privilegiados, independientemente de las condiciones. El derecho a tener aspiraciones colectivas se ha convertido en tabú, pues implica una unión entre los trabajadores que para nada conviene a la patronal, hecho que se refleja en la reforma laboral de febrero de 2012, que limita seriamente la cobertura de los convenios colectivos. Con la débil excusa de privilegios -tales como un sueldo digno-, la consigna por parte de muchos políticos, convertidos en capataces de los grandes empresarios, es la división de los trabajadores, su enfrentamiento, evitar cualquier atisbo de solidaridad.
[1] "Los bomberos abuchean a Ana Botella en la inauguración de las fiestas de La Paloma". 20 Minutos, 15 de agosto de 2012.
[2] "El gobierno central fijara el sueldo de Ana Botella y de sus concejales". Cadena SER, 5 de julio de 2012.
[3] "Huelga limpieza Cádiz continuará tras rechazar la empresa nueva propuesta". Ideal, 25 de julio de 2012.
[4] Imagen disponible en Twitter.
[5] "Desconvocada la huelga de basuras por temor a las amenazas de los vecinos". ABC, 29 de julio de 2012.
[6] "Agredido un trabajador en el conflicto de la basura en Cádiz". ABC, 27 de julio de 2012.
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