Las movilizaciones en el Estado español parecen estar destinadas a incrementarse en número e intensidad según prosigan los recortes por parte del Gobierno. Las masivas manifestaciones del pasado 15 de septiembre son una demostración de que la ciudadanía comienza a perder la paciencia ante una situación que sólo puede conducir a la precariedad.
Por encima de cualquier cuestión de índole sindical o política, las movilizaciones del pasado 15 de septiembre indican que la ciudadanía está cabreada, y mucho. Con las barbas de los vecinos griegos y portugueses más que cortadas, parece inevitable que la historia se repita en las carnes de la mayoría de quienes habitan España. Se trata de la destrucción de un modo de vida que, a priori, parecía intocable, de la condena de una gran parte de la población a la precariedad, a niveles de vida inaceptables desde la perspectiva del, hasta ahora, denominado Primer Mundo.
La desaparición del Estado Social ha supuesto el brusco despertar para una mayoría ciudadana que se encontraba embriagada por el consumo y el crédito fácil, por el estilo de vida occidental, por la fe ciega en la Europa de los Pueblos, transmutada final y abiertamente en la Europa del Capital. La crisis ha sido la excusa para intensificar la destrucción de los cimientos de aquel bienestar común que la ciudadanía consideraba un derecho. Derecho gradualmente arrebatado a base de decretos presentados -y aceptados- como inevitables, así como condiciones necesarias para salir de la crisis. De este modo, la doctrina del shock ha sido aplicada a la perfección para la satisfacción de los mercados, los dioses del siglo XXI, cuya divinidad va pareja al poder del capital concentrado en las manos de unos pocos.
Incluso ante el estado de shock más profundo hay quien despierta. Una parte de la sociedad comienza a abandonar el estado de indolencia, fruto del bombardeo mediático a base de mercados, déficits y primas de riesgo, para unirse a aquéllos que nunca fueron indiferentes. El gran plan neoliberal, tan simple como propiciar el trasvase del poder real de las instituciones democráticas a los mercados o -mejor dicho- a los poseedores de los grandes capitales que controlan los mercados, comienza a encontrarse con la creciente oposición de la ciudadanía.
Es complicado saber qué ocurrirá a medio plazo, pero las movilizaciones amenazan con convertirse en una constante, como ocurre -a pesar del silencio mediático- en Grecia o Portugal. No en vano, en una reciente sesión en el Congreso ya se advirtió que "del miedo se pasa a la mala leche, y de la mala leche a la movilización"[1]. En cierto modo, una parte de la población se siente ultrajada ante la situación actual. Ya no se trata de indignación, aquella palabra mágica que tuvo sentido hace poco más de un año ante una ciudadanía narcotizada por la indiferencia, se trata de cabreo. Mucha gente de la calle vaticina que esto no va a acabar bien, que la situación acabará explotando por alguna parte[2].
El pasado 15 de septiembre supuso la demostración de que, ante todo, las movilizaciones seguirán creciendo en todo el Estado, al igual que el cabreo, la mala leche, de la ciudadanía. De momento, el sentimiento de muchos ciudadanos se reduce al malestar. Hasta ahora, los sindicatos mayoritarios, los principales agentes movilizadores han seguido cumpliendo su función reguladora del descontento de la clase trabajadora pero, ¿por cuanto tiempo? El gran capital no desea sindicatos de ningún color, por muy dóciles que éstos sean. Tarde o temprano éste pedirá abiertamente su neutralización. Por tanto, será cuestión de tiempo que aquéllos se politicen, se reciclen, recuperen su identidad de clase y las reivindicaciones vayan más allá de parar los recortes. Para aquel entonces ninguna fuerza sindical osará pedir que los recortes sean sometidos a referéndum[3], exigirán directamente políticas sociales justas y plantearán el camino a seguir para que aquello sea posible.
Es lo justo y lo legítimo. La propia Constitución Española vigente afirma en su artículo 1.2 que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Ante la actitud de la mayoría de los gobernantes de dar la espalda al pueblo, de gobernar al servicio de los poderes económicos y financieros, a la ciudadanía sólo le queda la opción de exigir la soberanía que jamás debió perder.
[1] "Joan Tardà a Montoro: "Va a haber movilizaciones y a usted se le va a congelar esa sonrisa"". Vozpópuli. 18 de julio de 2012.
[2] Véase a modo de ejemplo este blog: "Jugando con palabras: TENSIÓN".
[3] "La calle exige a Rajoy que someta a referéndum sus recortes". Público, 16 de septiembre de 2012.
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