La reciente recomendación del Banco Central Europeo de reducir los salarios de los trabajadores españoles forma parte de la hoja de ruta de las altas jerarquías que controlan Europa que, siguiendo el dogma neoliberal, aspiran a la completa liberalización del mercado laboral y la destrucción de cualquier atisbo de protección social.
El Banco Central Europeo vuelve a atacar a los asalariados españoles con nuevas recomendaciones[1] que, más temprano que tarde, el Gobierno español acatará -como es costumbre- a pie juntillas. Los tecnócratas europeos mencionan la necesidad de nuevas reformas estructurales que, explícitamente, asocian a nuevos recortes sociales y, sobre todo, a la disminución de los salarios. Todo ello, como de costumbre, en nombre de la ansiada competitividad.
A pesar del envoltorio de neutralidad con el que se pretende disfrazar, el concepto de competitividad tiene un fuerte sesgo ideológico. Las recomendaciones del BCE siguen la lógica del neoliberalismo, entre cuyas aspiraciones se encuentra la desregularización de los mercados laborales y, en consecuencia, la disminución de los salarios. Evidentemente, la petición del lobby bancario europeo de "nuevas reducciones significativas en los costes laborales unitarios"[2] va en ese sentido.
En nombre de la competitividad, la depreciación del valor de la fuerza de trabajo en Europa -especialmente la periférica-, es un hecho que viene dándose con especial virulencia en los últimos años. En el caso de España, esta depreciación no sólo ha afectado a los sueldos de funcionarios y trabajadores públicos, sino a los de absolutamente todos los asalariados. Es necesario recordar que el salario de cada trabajador no se limita a la paga que percibe cada mes -que sería el denominado salario directo- sino a los servicios públicos a los que tiene acceso a un precio inferior al que supondría si se tratase de una prestación privada, como la sanidad o educación públicas, -salario indirecto- o las prestaciones que aquél recibirá una vez finalizada su vida laboral, fundamentalmente la paga por jubilación, que correspondería al salario diferido. Así, desde la perspectiva del concepto global de salario -la suma del directo, el indirecto y el diferido-, la sucesión de reducciones de salarios queda patente si se tiene en cuenta el retraso de la edad de jubilación -de 65 a 67 años- y el aumento del tiempo computado para el cálculo de la paga de jubilación[3], correspondientes al salario diferido; o los continuos recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos, correspondientes al salario indirecto.
Ahora la banca europea ha decidido que es el turno de reducir sin contemplaciones el salario directo y, para ello, propone una hoja de ruta que pasa por "la relajación de la legislación de protección del empleo, la abolición de los regímenes de salvaguarda, bajando los salarios mínimos y permitir la negociación salarial a nivel de empresa"[4]. Ante tales perspectivas, a corto o medio plazo, no puede esperarse más que una nueva reforma laboral -aún más regresiva que la de febrero de 2012[5]- que responda a los deseos de las patronales de empresarios -la CEOE y la CEPYME-, incluyendo la limitación al derecho de huelga[6].
Sin ánimos de satanizar a la clase empresarial, es necesario insistir en que esta ambición por depreciar la fuerza de trabajo de los asalariados corresponde a la propia lógica del sistema económico dominante, donde el objetivo de cualquier empresa privada es la maximización de los beneficios. Para ello, la reducción de salarios es un camino muy apetecible en un momento en el que los trabajadores apenas tienen fuerza para defender sus derechos. En una situación normal, en la que las empresas compiten entre sí por vender sus servicios o productos, incluso el empresario más ético de España se vería obligado a entrar en el juego de la depreciación de salarios pues, en caso contrario, otro empresario con menos escrúpulos sí que aplicaría tales reducciones, aumentando así sus posibilidades de obtener beneficios respecto al primero.
La lógica de depreciar salarios con el objetivo de asegurar beneficios ha sido paliada históricamente con la existencia de un contrato social, que garantizaba unos mínimos a los asalariados. Lo que ahora se plantea desde el BCE es la derogación de aquel contrato social, alcanzándose la aspiración neoliberal de liberalizar el mundo laboral y, con ello, despojar a la clase trabajadora de cualquier protección social.
Debido a que las recomendaciones del lobby bancario europeo se nutren de un dogma ideológico, es sencillo encontrar contradicciones que invaliden las argumentaciones a favor de llevar a cabo tales contrarreformas en el terreno laboral y, en particular, las cuantías de los salarios. Efectivamente, hay numerosas voces críticas con tales propuestas a quienes, por desgracia, el establishment mediático ignora, al ser contrarios a sus intereses. Expertos economistas, como Vicenç Navarro[7], han advertido que bajar los salarios no es el camino, pues con ellos disminuye la demanda interna, verdadero motor natural de cualquier economía que aspire a mantener unos mínimos de bienestar en su población.
El futuro para los asalariados se plantea más negro que nunca. La semilla de la desesperanza y el miedo se ha sembrado en las últimas décadas en los corazones de la clase trabajadora, germinando de ella un fuerte sentimiento de resignación. De cumplirse las recomendaciones del Banco Central Europeo, la incertidumbre y la precariedad serán losas que caigan sobre los hombros de los trabajadores, definitivamente condenados a vivir para trabajar. Sin apenas protección ante el desempleo, sin la cobertura de un convenio colectivo, la relación entre asalariado y empresa se volverá insosteniblemente asimétrica, sabedor el primero que la caducidad de aquélla queda al libre albedrío del empresario.
[1] ECB Monthly Bulletin. BCE, agosto de 2012, p. 62.
[2] Ibid.
[3] Cómo se calcula la pensión de jubilación con la reforma de las pensiones". 2 de febrero de 2011
[4] ECB Monthly Bulletin. Op. cit.
[5] "Reforma laboral al detalle: el nuevo "contrato Rajoy"". Laboro, 13 de febrero de 2012.
[6] "Rosell aplaude la reforma laboral y pide revisar el derecho de huelga". Público, 15 de febrero de 2012.
[7] "¿Bajar los salarios para salir de la crisis?". Público, 14 de agosto de 2012.
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