La ruptura unilateral, por parte del Gobierno, del acuerdo por el que el sector del carbón recibiría ayudas del Estado hasta el 2018 representa, no sólo una agresión a los mineros del norte de España, sino un aviso para el resto de la clase trabajadora, a la que se envía un mensaje de inflexibilidad ante los planes de destrucción de lo poco que queda del Estado del Bienestar.
El asunto de los recortes en las ayudas a la minería del carbón en el norte de España no es algo casual ni anecdótico. Se trata de una declaración de intenciones en toda regla del Gobierno para toda la ciudadanía, un mensaje de dureza e inflexibilidad en su decisión de destruir los pocos restos que aún perduran del Estado del Bienestar. Una situación perfectamente aprovechada por los tecnócratas de la Moncloa -al servicio de la oligarquía bancaria y corporativa europea- para explicar con hechos que no importa cuántas protestas se hagan ni la magnitud de aquéllas: la clase trabajadora tendrá que aceptar las medidas que el Gobierno dedica para satisfacer a los dioses mercados.
Los mineros del carbón son las grandes víctimas propiciatorias del sistema ideológico dominante, el brutal neoliberalismo, según el cual todo lo público representa un gasto prescindible y los trabajadores son simples números. De este modo, no importa romper unilateralmente acuerdos en vigor, como el existente de las ayudas a la minería del carbón[1], aunque aquello implique destruir el presente y futuro de comarcas enteras. Las consecuentes movilizaciones de las poblaciones de las zonas afectadas han sido respondidas, por parte del Gobierno, con una cruda represión que, una vez más, evoca a grises épocas pasadas.
Los enfrentamientos entre mineros y fuerzas del estado se suceden a diario, recrudeciéndose después de cada intento de negociación frustrado. La técnica es tan simple como provocar la reacción de estos trabajadores a base de decir "no" a todas sus reclamaciones[2]. Luego tan sólo hay que enviar furgones y helicópteros policiales para reprimir las protestas[3]. En situaciones pasadas, los cortes de carreteras y de vías férreas eran un elemento suficiente de presión para una negociación en la que finalmente se alcanzaba algún tipo de acuerdo que permitiría, una vez más, la supervivencia de la actividad económica en la zona.
Sin embargo, la cruda respuesta por parte de las autoridades al conflicto minero parece indicar que, en esta ocasión, no existe voluntad a priori de una resolución negociada del asunto. La literal invasión del casco urbano de Ciñera por la Guardia Civil, cuyos agentes iban, según los vecinos, "golpeando las puertas de las viviendas y apuntando a todo aquel que se les cruzara"[4] es un lamentable indicativo de las intenciones reales que quienes ordenan tales operativos. El posible uso de inhibidores de frecuencia, para evitar comunicaciones con teléfonos móviles[5], recuerda a las tácticas de contraguerrilla urbana de las tropas americanas en Irak. La utilización de bolas de goma por doquier, botes de humo e incluso ilegales defensas extensibles[6] convirtieron la pequeña localidad minera en un campo de batalla que más tarde se repetiría en Pola de Lena, donde ciudadanos -niños incluidos- fueron indiscriminadamente gaseados con botes de humo[7], por no hablar de la niña de cinco años que sufriría un traumatismo facial severo por culpa de un bolazo de goma[8].
Mientras tanto, el establishment mediático continúa su muestra de profunda complicidad con los grandes poderes, recordando al público las maldades de los mineros al cortar las carreteras o repetir hasta la saciedad imágenes de unos pocos lanzando cohetes caseros o piedras a los antidisturbios. Como bien dicen estos trabajadores: "somos mineros, no terroristas"[9]. Efectivamente, se trata de padres de familia abocados a una profesión que devora sus pulmones, que los condena a acortar sus vidas con tal de asegurar un futuro a sus hijos e hijas, razón por la cual salen a luchar a las calles.
Por ese motivo, es lastimoso oír las críticas de algunos trabajadores hacia sus compañeros de clase, los mineros, a quienes señalan de "privilegiados" por recibir a cambio de su trabajo un sueldo más o menos digno. El "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades" se adapta a un "son unos privilegiados por haber tenido aquellas ayudas", olvidando que las cifras de las subvenciones a la minería del carbón son ínfimas en comparación a las recientes ayudas a la banca española. Pero claro, resulta más cómodo -y menos comprometido- señalar al trabajador que al poderoso.
La única esperanza para un cambio de la situación de la minería pasa por el éxito de la "marcha negra" en su llegada a Madrid. Sin embargo, este resultado depende de la solidaridad de toda la clase trabajadora, no sólo el día 11 de julio, sino los sucesivos de una larga lucha. Vista la situación que se presenta, con más y mayores amenazadas de recortes[10], si el Gobierno consigue finalmente doblegar al sector minero, el futuro que se presenta a la clase trabajadora será infinitamente más negro que el carbón.
[1] "Industria pone en marcha las ayudas al carbón tras un año de conflicto". El País, 6 de febrero de 2011.
[2] "Soria no da su brazo a torcer frente a los mineros". Público, 2 de julio de 2012.
[3] "Soria 'enciende la dinamita' que estalla en Ciñera". LeoNoticias, 4 de julio de 2012.
[4] "La batalla de Ciñera". El Diario, 4 de julio de 2012.
[5] "La policía española toma un pueblo de León “a la caza” de mineros". LibreRed, 4 de julio de 2012.
[6] "Creyó que era la guerra". Diario de León, 20 de junio de 2012.
[7] "El Telediario de TVE1 omite la pelota de goma de antidisturbios que provocó traumatismo facial severo a una niña de cinco años". Tercera Información, 6 de julio de 2012.
[8] "Los mineros cumplen 40 días de huelga indefinida". Público, 6 de julio de 2012.
[9] "DÍA 13: Los mineros llegan a Arévalo al grito de 'Somos mineros, no terroristas'". RTVCYL, 4 de julio de 2012.
[10] "Rajoy pide “pisar el acelerador” con más recortes en el Estado y las autonomías". El País, 2 de julio de 2012.
El asunto de los recortes en las ayudas a la minería del carbón en el norte de España no es algo casual ni anecdótico. Se trata de una declaración de intenciones en toda regla del Gobierno para toda la ciudadanía, un mensaje de dureza e inflexibilidad en su decisión de destruir los pocos restos que aún perduran del Estado del Bienestar. Una situación perfectamente aprovechada por los tecnócratas de la Moncloa -al servicio de la oligarquía bancaria y corporativa europea- para explicar con hechos que no importa cuántas protestas se hagan ni la magnitud de aquéllas: la clase trabajadora tendrá que aceptar las medidas que el Gobierno dedica para satisfacer a los dioses mercados.
Los mineros del carbón son las grandes víctimas propiciatorias del sistema ideológico dominante, el brutal neoliberalismo, según el cual todo lo público representa un gasto prescindible y los trabajadores son simples números. De este modo, no importa romper unilateralmente acuerdos en vigor, como el existente de las ayudas a la minería del carbón[1], aunque aquello implique destruir el presente y futuro de comarcas enteras. Las consecuentes movilizaciones de las poblaciones de las zonas afectadas han sido respondidas, por parte del Gobierno, con una cruda represión que, una vez más, evoca a grises épocas pasadas.
Los enfrentamientos entre mineros y fuerzas del estado se suceden a diario, recrudeciéndose después de cada intento de negociación frustrado. La técnica es tan simple como provocar la reacción de estos trabajadores a base de decir "no" a todas sus reclamaciones[2]. Luego tan sólo hay que enviar furgones y helicópteros policiales para reprimir las protestas[3]. En situaciones pasadas, los cortes de carreteras y de vías férreas eran un elemento suficiente de presión para una negociación en la que finalmente se alcanzaba algún tipo de acuerdo que permitiría, una vez más, la supervivencia de la actividad económica en la zona.
Sin embargo, la cruda respuesta por parte de las autoridades al conflicto minero parece indicar que, en esta ocasión, no existe voluntad a priori de una resolución negociada del asunto. La literal invasión del casco urbano de Ciñera por la Guardia Civil, cuyos agentes iban, según los vecinos, "golpeando las puertas de las viviendas y apuntando a todo aquel que se les cruzara"[4] es un lamentable indicativo de las intenciones reales que quienes ordenan tales operativos. El posible uso de inhibidores de frecuencia, para evitar comunicaciones con teléfonos móviles[5], recuerda a las tácticas de contraguerrilla urbana de las tropas americanas en Irak. La utilización de bolas de goma por doquier, botes de humo e incluso ilegales defensas extensibles[6] convirtieron la pequeña localidad minera en un campo de batalla que más tarde se repetiría en Pola de Lena, donde ciudadanos -niños incluidos- fueron indiscriminadamente gaseados con botes de humo[7], por no hablar de la niña de cinco años que sufriría un traumatismo facial severo por culpa de un bolazo de goma[8].
Mientras tanto, el establishment mediático continúa su muestra de profunda complicidad con los grandes poderes, recordando al público las maldades de los mineros al cortar las carreteras o repetir hasta la saciedad imágenes de unos pocos lanzando cohetes caseros o piedras a los antidisturbios. Como bien dicen estos trabajadores: "somos mineros, no terroristas"[9]. Efectivamente, se trata de padres de familia abocados a una profesión que devora sus pulmones, que los condena a acortar sus vidas con tal de asegurar un futuro a sus hijos e hijas, razón por la cual salen a luchar a las calles.
Por ese motivo, es lastimoso oír las críticas de algunos trabajadores hacia sus compañeros de clase, los mineros, a quienes señalan de "privilegiados" por recibir a cambio de su trabajo un sueldo más o menos digno. El "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades" se adapta a un "son unos privilegiados por haber tenido aquellas ayudas", olvidando que las cifras de las subvenciones a la minería del carbón son ínfimas en comparación a las recientes ayudas a la banca española. Pero claro, resulta más cómodo -y menos comprometido- señalar al trabajador que al poderoso.
La única esperanza para un cambio de la situación de la minería pasa por el éxito de la "marcha negra" en su llegada a Madrid. Sin embargo, este resultado depende de la solidaridad de toda la clase trabajadora, no sólo el día 11 de julio, sino los sucesivos de una larga lucha. Vista la situación que se presenta, con más y mayores amenazadas de recortes[10], si el Gobierno consigue finalmente doblegar al sector minero, el futuro que se presenta a la clase trabajadora será infinitamente más negro que el carbón.
[1] "Industria pone en marcha las ayudas al carbón tras un año de conflicto". El País, 6 de febrero de 2011.
[2] "Soria no da su brazo a torcer frente a los mineros". Público, 2 de julio de 2012.
[3] "Soria 'enciende la dinamita' que estalla en Ciñera". LeoNoticias, 4 de julio de 2012.
[4] "La batalla de Ciñera". El Diario, 4 de julio de 2012.
[5] "La policía española toma un pueblo de León “a la caza” de mineros". LibreRed, 4 de julio de 2012.
[6] "Creyó que era la guerra". Diario de León, 20 de junio de 2012.
[7] "El Telediario de TVE1 omite la pelota de goma de antidisturbios que provocó traumatismo facial severo a una niña de cinco años". Tercera Información, 6 de julio de 2012.
[8] "Los mineros cumplen 40 días de huelga indefinida". Público, 6 de julio de 2012.
[9] "DÍA 13: Los mineros llegan a Arévalo al grito de 'Somos mineros, no terroristas'". RTVCYL, 4 de julio de 2012.
[10] "Rajoy pide “pisar el acelerador” con más recortes en el Estado y las autonomías". El País, 2 de julio de 2012.
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