1. f. Aplicación simultánea del aumento de los impuestos indirectos (IVA, carburantes, etc.) y la reducción de los impuestos directos, fundamentalmente en sus tramos más altos. Este tipo de medidas suponen una vulneración del principio de progresividad fiscal, cuya principal consecuencia es una mayor concentración de rentas y riquezas en un pequeño porcentaje de la población, aumentando la brecha económica y social entre los ricos y el resto de la sociedad. No vamos a subir impuestos, sino a cambiar la ponderación.*
Una creencia muy extendida, y habitualmente repetida desde los sectores neoliberales, es que la rigidez del mercado laboral dificulta la creación de empleo. En realidad, como se explica en este artículo, tal tópico no es más que una excusa simplista para lograr el abaratamiento del coste laboral como ventaja para los empresarios y, con ello, la desprotección del asalariado.
Las últimas reformas laborales llevadas a cabo en el Estado español se han justificado con el tópico de la rigidez laboral. El dogma que se lleva intentando inculcar a la población es que si al empresario le fuera más sencillo despedir entonces se sentiría animado a invertir en la creación de empleo. Por lo tanto, para aquellos que pontifican con aquel dogma, la receta para la creación de empleo pasa por la flexibilización del mercado laboral.
Para desenmascarar la falacia que se encuentra detrás de tal afirmación, es necesario comprender las bases sobre las que se sustenta el mercado laboral. Así, eufemismos aparte, en el sistema económico actual el empresario no es más que el consumidor de una mercancía llamada fuerza de trabajo, la cual utiliza de materia prima para la producción de servicios o bienes. La fuerza de trabajo la proporcionan los trabajadores, ya sean asalariados, profesionales autónomos o incluso pequeños empresarios. La compraventa de esta mercancía se realiza habitualmente en un mercado que se encuentra bajo una regulación que evita que su valor quede exclusivamente al albedrío de las leyes de la oferta y la demanda. Según estas leyes, cualquier producto que destaque en abundancia tenderá a bajar su precio. Fuerza de trabajo hay de sobra, por lo que, a falta de una regulación que establezca unos mínimos, las condiciones laborales serían poco ventajosas para los trabajadores. Habitualmente esos mínimos tienen rango de ley y se establecen, en el caso español, en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Los mínimos asegurados en estas leyes no sólo han de referirse a los sueldos, sino a otros beneficios como vacaciones, duración de las jornadas, indemnizaciones por despido, etc. que, evidentemente, suponen un coste para el empresario o empleador; aunque también habría que matizar la existencia de ayudas públicas a las que éstos se acogen a la hora de crear nuevos empleos o convertir los existentes a indefinidos.
Cuando se señala la rigidez laboral como causa del desempleo, lo que en realidad se sugiere es la reducción o eliminación de aquellos mínimos que aseguran al asalariado algún tipo de protección, especialmente en lo referido a los costes de despido. Desde la perspectiva del empleador, un asalariado desprotegido es más manejable pues, en tales circunstancias, su capacidad para reclamar mejoras se ven anuladas. Un trabajador que vive bajo la continua amenaza del despido, ante un panorama de desempleo rampante como el actual, normalmente asumirá casi cualquier exigencia en su trabajo, incluyendo aquellas que pueden ser consideradas abusivas, es decir, irregularidades que, por miedo a perder el trabajo, no se atrevería a denunciar. Por tanto, en tales condiciones, la desprotección del trabajador es doble: la referente a las condiciones de despido y la derivada de vivir bajo el yugo del miedo a que ese despido se haga realidad.
Entiéndase que el empresario tiene una serie de costes básicos entre los que se encuentran, aparte de los laborales, los costes financieros -que se refieren a los intereses por créditos pendientes, cambios de moneda en exportación, etc.-, impuestos, el pago de materias primas y maquinarias, los costes energéticos, de alquiler o los referidos a la publicidad y distribución de los productos o servicios. Para mejorar beneficios, el empresario puede intentar optimizar cualquiera de los costes descritos, sin embargo, su particular batalla se suele encaminar a la reducción de los costes laborales. La lucha por la reducción de cualquiera de los otros costes implica echar un pulso al Estado, a la banca, a empresas más grandes, a los mercados de materias primas, que son todos, a priori, agentes mucho más poderosos que la clase trabajadora actual, la cual se encuentra en estos momentos dividida y debilitada.
Es fácilmente demostrable que no hay correlación entre facilidad de despido y creación de nuevos empleos. En primer lugar, hay que preguntarse por la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Si este número se mantiene constante, la flexibilidad de despido sólo servirá para el reemplazo de trabajadores con sueldos razonables por otros con menor salario, además de fomentar, como ya se explicó anteriormente, la posibilidad de abusos patronales. De hecho, en condiciones de recesión, como la actual, la flexibilidad laboral llevará inevitablemente a la disminución de puestos de trabajo, pues los empleadores intentarán reducir plantilla de modo que puedan concentrar la carga de trabajo en menos personal[1].
La reducción del desempleo nada tiene que ver con la flexibilidad laboral. Aunque suene a perogrullada, para disminuir el número de parados hay que aumentar el número de puestos de trabajo. Por una parte, esto implica la aceptación de que el actual modelo económico se encuentra agotado, al estar orientado a la producción y no a la demanda. Se produce mucho más de lo que se necesita y, por supuesto, de lo que se consume. Además, gran parte de la producción de bienes de consumo se encuentra localizada en países con condiciones laborales aún peores que la española. Aceptar que España ha de competir con aquéllos es asumir la equiparación de los derechos laborales de los trabajadores españoles a los de sus homólogos chinos. Por otra parte, la industria de productos de tecnología muy especializada, de precisión o de lujo, está monopolizada en Europa por Alemania. Ante tal perspectiva, la creación de puestos de trabajo ha de partir necesariamente del sector público. Si la voluntad política fuera la preservación y mejora del Estado del Bienestar, éste tendría que ser reforzado con la creación de empleos relacionados con este sector. Nótese que en el Estado español sólo el 9% de la población adulta trabaja en este sector, mientras en países más avanzados, éste alcanza el 25%, como el caso de Suecia[2]. Alcanzar tal porcentaje implicaría la creación en España de más de 5 millones de puestos de trabajo. El consumo consecuente bastaría para reactivar la economía.
[1] Vicenç Navarro: "Las causas del desempleo". Conferencia en las jornadas “Alternativas Económicas y Sociales frente a la crisis”. Fundación Sistema. Salamanca, 23-25 junio 2011.
La reciente constitución del Parlamento de Andalucía tuvo como anécdota la particular promesa llevada a cabo por Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda a la hora de tomar posesión de su cargo:
Por imperativo legal prometo y me comprometo a subvertir con todas mis fuerzas al culpable del paro, la corrupción y la crisis económica que no es otro que el sistema capitalista de producción, por eso me declaro insumiso a la dictadura del mercado, sus recetas y sus mandatos; me comprometo también a luchar con todo el coraje por esta nación sin soberanía que es Andalucía y por último me comprometo a darle voz a los sin voz en este parlamento y en la calle. ¡Viva Andalucía libre!
Estas palabras, como muestra el vídeo, causaron la risa de muchos, quienes evidenciaron su desconexión con la actual realidad social que vive el pueblo andaluz y, por extensión, el del resto del Estado español.
Habrá quien le pueda reprochar que la toma de posesión de un cargo no sea el momento más adecuado para expresar unos pensamientos, por desgracia, tan particulares. Hay que enfatizar el "por desgracia", porque en este mundo en el que nos ha tocado vivir hay demasiados políticos que se limitan a tomar su papel de capataces al servicio de sus grandes señores -banqueros y grandes empresarios-, que no tienen reparo en mostrar su lealtad a los dioses de los mercados, a convertirse en cómplices de la continua destrucción de derechos y conquistas sociales cuya consecución tantos sufrimientos costaron a la clase trabajadora.
Sin embargo, no tendría que ser motivo de burla que un político muestre abiertamente sus ideas, que diga lo que piensa con valentía, coherencia y dignidad. En todo caso, tendría que ser motivo de sonrojo para aquellos políticos que tan sólo desean acceder a algún sillón para tener su vida resuelta, a cualquier costa.
Y es que sí, es hora de llamar a las cosas por su nombre. La corrupción y la crisis son fenómenos connaturales a este sistema económico del "sálvese quien pueda", el capitalismo. Como es de sospechar, no pasará mucho tiempo en el que los medios más reaccionarios hagan uso de esta anécdota de la toma de posesión para cebarse con Don Juan Manuel, como días atrás hizo el señor Bono, quien lo tachó de "estalinista" y acusó de realizar "un planteamiento que a lo que conduce es al odio social, al enfrentamiento y a la lucha de clases"[1].
La lucha de clases no la provoca el pueblo, cuyas gentes sencillas aspiran a una vida normal, sino los grandes poderes, quienes nunca han ocultado la existencia de tal lucha, como avanzase el multimillonario Warren Buffet cuando afirmó que “hay lucha de clases, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando”[2]. El enfrentamiento al que Bono se refiere muy posiblemente sea el que viene dándose unilateralmente desde las grandes patronales y los llamados mercados, que exigen recortes que son sufridos directamente por la clase trabajadora, sometida a condiciones cada vez más penosas. Una clase trabajadora que, en estos momentos, no tiene capacidad de odiar: simplemente se resigna. El problema no son las palabras de Sánchez Gordillo, sino de la naturaleza de un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre.
1. f. Periodo de tiempo durante el cual los candidatos de ciertos partidos políticos deciden no decir lo que de verdad piensan hacer en caso de alcanzar el poder. Ya no estamos en campaña; es momento de decir lo que de verdad pensamos.*
La continua degradación del servicio público de sanidad beneficia directamente a las empresas privadas del sector, las cuales encuentran la oportunidad de aumentar su cartera de clientes -que buscan de algún modo compensar el empeoramiento del servicio-. Algo similar ha ocurrido con los cambios en la ley del sistema de pensiones y el surgir de numerosas ofertas de planes privados de pensiones por parte de bancos y aseguradoras.
Repiten los denominados "expertos" que el ideograma chino que se utiliza para representar la palabra "crisis" también puede significar "oportunidad". En los días que corren, pocos ciudadanos de a pie pueden presumir de haber disfrutado de alguna buena oportunidad desde el comienzo de la crisis. Al menos, quienes tienen la fortuna de mantener un puesto de trabajo sí que habrán tenido la oportunidad de recibir alguna llamada telefónica -o quizás un folleto publicitario- de su banco informándole de la importancia de suscribirse a un seguro de pensiones. El argumento del comercial no diferirá mucho de una hiperbólica explicación de la complicada situación económica actual y de cómo la manida crisis ha afectado al fondo público de pensiones. En otras palabras, nuestros legítimos temores se convierten en argumentos con el fin de vendernos un producto.
Desde hace casi dos décadas ha habido múltiples, e infructuosos, intentos de anunciar el fin del sistema público de pensiones. Por ejemplo, en 1995 hubo un informe que señalaba el año 2000 como el momento en el que las pensiones públicas serían inviables. Durante los años siguientes se repetirían idénticas predicciones para el 2005 y el 2020[1]. La posterior explosión de la crisis abonó un pesimismo generalizado que supo ser aprovechado por una comisión de estudios impulsada por la Unespa en 2010 que retrasaba la predicción del crack del sistema de pensiones hacia el 2022[2]. Todos estos estudios comparten, además de un lúgubre pronóstico para la sostenibilidad de las pensiones, el sesgo ideológico de sus respectivos autores, quienes establecen a propósito las adecuadas hipótesis de partida que les permitan alcanzar los resultados que buscan[3]. Así, por ejemplo, las conclusiones del estudio de la Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- son consecuentes con el artículo primero de sus estatutos, que explica que la finalidad de aquella asociación es la "representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales, comunes, de sus asociados"[4]. Por el contrario, resulta interesante comprobar que los resultados de estudios independientes hasta la fecha nunca han puesto en duda la viabilidad del sistema público de pensiones[5].
Si la propaganda en contra de la viabilidad de las pensiones se ha utilizado para potenciar el mercado de los fondos de pensiones privadas, los anunciados recortes en sanidad serán la excusa para potenciar los seguros privados de salud. Este hecho lleva un tiempo constatándose en las comunidades autónomas pioneras en el desmontaje del sistema público de salud, como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde las grandes empresas del sector privado de salud pugnan por el acceso a la gestión de los hospitales públicos incluidos en las respectivas agendas de privatización de estos gobiernos regionales[6].
La continua degradación del sistema público de salud supone nuevas oportunidades de negocio para las aseguradoras. Ya no se trata de disfrutar de habitaciones individuales en hospitales donde las enfermeras siguen vistiendo falda; ahora, el sensible aumento de las listas de espera, reiteradas reducciones de personal, cierres de alas de hospitales y quirófanos o amenazas de copago son argumentos suficientes para que muchos ciudadanos se planteen la suscripción a algún seguro médico privado[7]. Por supuesto, las coberturas serán limitadas, de modo que las afecciones más graves siempre serán derivadas al sistema público, pero la semilla de la desconfianza en la medicina pública ha comenzado a germinar.
El impuso final para las aseguradoras de salud, al mismo tiempo que la degradación definitiva del sistema público sanitario, puede venir de la reciente propuesta de introducir el principio de progresividad en las prestaciones sanitarias[8]. El hecho de que pague más quien más recursos tenga puede parecer, a priori, una medida progresista que, incluso, puede que sea aplaudida desde sectores nada afines al actual Gobierno en los que no se haya meditado lo suficiente sus implicaciones. Lo primero que hay que decir ante este asunto es que la propuesta, realizada por el ministro de Economía, no implica redistribución de riquezas. Lo justo sería un principio de progresividad fiscal aplicado en forma de impuestos directos, como el IRPF o los beneficios empresariales; principio del que desgraciadamente adolece el Estado español en comparación a estados más avanzados de la Unión Europea[9]. De llegar a hacerse realidad esta propuesta, no pasará mucho tiempo en el que el sector más privilegiado de la población se queje de pagar un sobrecoste por unas prestaciones sanitarias en continuo declive. El siguiente paso será el planteamiento de un sistema mixto de salud público-privado, o directamente privado, para las rentas más desahogadas quienes, por tanto, ya no tendrán que pagar a la sanidad pública. En otras palabras, el servicio público de salud quedará como servicio exclusivo de los menos pudientes, pasando a ser algo similar a las instituciones de beneficencia que existieron en España en épocas pasadas.
Parece claro que el camino dictado desde los grandes poderes es el trasvase de cualquier actividad pública rentable hacia el sector privado. La maquinaria mediática se encuentra funcionando a toda potencia para orientar a la opinión pública hacia la idea de la insostenibilidad de lo público. Desde hace unos años se lleva repitiendo la doctrina de que todo lo público supone un gasto. Hace mucho tiempo que se dejó de hablar de la inversión pública como medio para generar el capital intangible que supone el bienestar de la población. Los medios tradicionales no explican que la actual esperanza de vida en España es alta debido a la previa consecución de ciertos estándares en sanidad y condiciones laborales que ahora se están perdiendo. En nuestros días, tener una población longeva -desde la fría perspectiva neoliberal- ya no es motivo de orgullo, sino causa de déficit. El sensible empeoramiento de los servicios públicos -a consecuencia de los continuos recortes- se irá afianzando como argumento para convencer a una parte de la ciudadanía a contratar los servicios de entidades privadas que complementen las carencias de lo público para, más adelante, reclamar su completa sustitución. Las empresas privadas que proporcionen aquellos servicios habrán encontrado su gran oportunidad.
Como corolario, conviene comentar que en los Estados Unidos prácticamente todos los servicios básicos para la ciudadanía se encuentran en manos de grandes empresas privadas. Allí no es difícil encontrar a gente con dos puestos de trabajo que desempeñan a jornada completa. Dieciséis horas de trabajo diarias, con el desgaste físico que supone, no se hace por gusto. Normalmente se trata de personas que tienen que pagar costosos tratamientos médicos a familiares cercanos y no tienen otra opción.
Merece la pena leer estos catorce puntos, expuestos en el Ateneo de Madrid el 7 de diciembre de 2011, que lamentablemente apenas tuvieron eco en la prensa tradicional:
Independencia y soberanía nacional en forma de República federal, democrática y pluripartidista. Apertura de un proceso constituyente que permita de manera eficaz a la ciudadanía –ya sea por referendo o medio análogo- poder optar por esta nueva forma de organización estatal en sustitución de la Monarquía.
Ruptura con los últimos lastres de la dictadura franquista –incluidas las distinciones nobiliarias– y anulación de sus sentencias. Entronque histórico, jurídico y moral con la legalidad democrática de la II República española.
Bandera federal roja, amarilla y morada.
El Estado republicano fomentará y posibilitará la participación democrática de la ciudadanía en todas las esferas de la vida pública.
Concepción económica en clave de cohesión social y sostenibilidad medioambiental, con derecho a vivienda digna. La economía se orientará al pleno empleo, estable y de calidad, y a unos servicios públicos –Sanidad y Educación a la cabeza– garantizados por el Estado.
Resortes estratégicos de la economía serán de titularidad pública y estatal.
Legislación socio-laboral que garantice los derechos sociales, laborales y sindicales de los trabajadores.
Derecho a la propiedad legítima. Apoyo estatal a los emprendedores capaces de activar la economía real y generar empleo. Penalización de las actividades especulativas.
Administración pública basada en principios de subsidiariedad y cercanía, evitando duplicidades.
Funcionariado independiente de los partidos políticos, por criterios objetivos y prestigiado socialmente.
Separación efectiva Estado-Iglesia, garantizando la libertad de conciencia y confesión.
Políticas estatales de paz y no violencia. Fuerzas Armadas al servicio de la defensa de la ciudadanía y el territorio de la República de cualquier invasión militar.
Introducción de los referendos vinculantes como mecanismo normalizado de decisión democrática. Sometimiento a él de cualquier tratado internacional –vigente o por venir- que pueda afectar a la soberanía de la República.
La estructura detallada del Estado republicano sobre las bases expuestas se establecerá mediante plebiscito.
Las palabras del ministro de Industria en defensa de los intereses de las empresas españolas, en este caso Repsol frente al Gobierno argentino, hacen pensar si ese apoyo incondicional es extensible al choque de intereses que actualmente se está produciendo entre las grandes empresas y la clase trabajadora. Las condiciones impuestas en la última reforma laboral no dejan mucho margen para la duda.
Así de contundente ha sido el mensaje del ministro de Industria, José Manuel Soria:
El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España. Por tanto, el Gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, éstos traen consigo consecuencias.
Aunque no haya sido mencionado el asunto de manera explícita, tales palabras están motivadas ante la inminente nacionalización de la petrolera YPF[1], actualmente controlada por Repsol; siendo esta última una empresa privada que cuenta entre sus accionistas con inversores españoles. Cuestión aparte de la legitimidad de cualquier estado a administrar sus propios recursos naturales, resulta llamativa la insistencia del ministro en hablar de la defensa de los intereses de las empresas españolas.
Efectivamente, si hay algo que ha demostrado el actual ejecutivo es su férrea defensa de los intereses de las empresas españolas, especialmente las grandes compañías de capital privado. La última reforma laboral, por ejemplo, ha sido creada según los deseos de la CEOE[2], confederación de las grandes empresas con actividad en España. Esta reforma ha producido un conflicto de intereses entre la patronal y la clase trabajadora española. A pesar del claro rechazo por parte de una significativa mayoría de los ciudadanos, como quedó patente el día 29 de marzo[3], el Estado decidió mantenerse firme en su apuesta por defender los intereses de las empresas.
Volviendo al caso de Repsol, habría que matizar que sólo el 48,51% de su capital corresponde a inversores españoles[4]. A esto habría que añadir que, tal como explica el economista Alberto Garzón, "Repsol utiliza paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos, amén de beneficiarse de las rebajas fiscales y de las deducciones (todo en un marco de competencia fiscal)"[5], lo que supone importantes ingresos que el Estado español deja de percibir.
Fuente: Repsol
En definitiva, el Estado español ha entrado en una lamentable confrontación diplomática para defender los intereses de una empresa que hace mucho que dejó de ser realmente española. Españoles son, sin embargo, los numerosos jóvenes que, aún bien preparados, deciden emigrar a Argentina para encontrar el futuro que en España, entre reformas laborales y destrucción del Estado del Bienestar, se les niega[6]. Durante estos días, la prensa tradicional española hará gala de patriotismo extremo, mostrando a Repsol como una empresa española damnificada por las malas políticas populistas kishnerianas, sin que falte alguna referencia a inspiraciones chavistas. Es de esperar, pues se trata de los mismos medios de prensa que intentan convencernos de las bondades la última reforma laboral o de la necesidad de apretarse el cinturón. Lo peor es que muchos españolitos de a pie, sin acciones en Repsol, se sentirán ultrajados por el fatal atrevimiento del Gobierno argentino.
Mientras tanto, los ciudadanos de Lanzarote han pronunciado un rotundo "no" a las prospecciones petrolíferas que Repsol tiene autorizadas realizar en su costa[7], que entienden como un peligro a la biodiversidad y el modelo de desarrollo económico de la isla[8]. Conviene recordar que este permiso fue concedido por el mismo gobierno que afirma, de boca de uno de sus ministros, defender "los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España". ¿Se referiría el ministro a la isla de Lanzarote con la matización de ese "dentro de España"?
Este artículo recorre el contenido de las cartas escritas por el obispo de Ciudad Real con motivo de la reciente reforma laboral, la única crítica hasta el momento desde la jerarquía eclesiástica a esta medida del Gobierno. Sorprende la rotundidad y claridad de los términos utilizados por el prelado, desarrollando un mensaje que podría ser calificado, según los estándares de hoy, como progresista.
No es habitual que desde las altas jerarquías eclesiásticas se manifiesten opiniones que pongan en cuestión las decisiones del actual gobierno. Por eso sorprende muy positivamente la reciente publicación de dos cartas abiertas por parte del obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, desde las que critica la última reforma laboral.
De su lectura se desprende la preocupación real del sacerdote hacia los estragos que está causando la crisis en los más débiles, que identifica perfectamente con la clase trabajadora en la primera carta, la cual concluye invitándonos a "reflexionar, pues, sobre la situación que va a seguir creando la Reforma Laboral publicada por el Gobierno, pero sí podemos adelantar que es injusto que, con todo ello, el peso de la Crisis esté cayendo sobre los hombros de los trabajadores"[1].
El obispo manchego profundiza sus reflexiones sobre la debilidad de clase trabajadora en la segunda carta, donde afirma que "de lo que sí estamos en condiciones de juzgar es de la bondad o maldad de una Ley que rebaja claramente los derechos de los trabajadores respecto a situaciones anteriores, y lo peor es que llevamos muchos años ya de nuestra democracia donde siempre los perdedores en el concierto social, repito, siempre, son los mismos y siempre los más débiles"[2].
Hay que elogiar la valentía de este señor a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Habla expresamente de pérdida de derechos, desechando términos como "ajustes" o "flexibilización del mercado" que no son más que eufemismos con la función de edulcorar la continua pérdida de conquistas sociales que los trabajadores llevamos sufriendo en los últimos años. Valentía que sigue demostrando al señalar a los verdaderos beneficiarios de esta reforma laboral, los empresarios, pues "[...] lo que se quiere hacer es establecer un `mercado de trabajo` en el que los empleadores hagan y deshagan a su antojo [...]"[3].
Resulta significativa la utilización del término "fuerza de trabajo" en el discurso del obispo, quien recuerda que quienes proporcionan esa fuerza de trabajo son personas, a quienes hay que tratar como tales y, por tanto, "[...] el `empleado` posible es, ante todo y sobre todo, `persona` a la que otros han dado la vida, la han educado, tiene necesidades básicas: familiares y sociales, no es una mera fuerza de trabajo que se admite o despide unilateralmente y durante un largo periodo de tiempo. [...] Las personas no somos tan flexibles, tan elásticas, como nos quieren hacer creer"[4].
En la época de lo políticamente correcto sorprende leer un discurso así, claro y rotundo, que ponga los puntos sobre las íes, que hable de injusticia y explotación, que ponga en duda la doctrina del abaratamiento del despido como único medio para crear empleo cuando pregunta si "¿de verdad no hay otras soluciones para crear puestos de trabajo? Parece mentira que, a día de hoy, tengamos que echar mano de usos del pasado, que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores"[5].
Es de recibo aceptar que las palabras del obispo, a pesar del contexto actual de neoliberalismo extremo, no representan en absoluto un discurso revolucionario ni rupturista. Antonio Algora se ha limitado a exponer su honesta opinión acerca de la situación actual de la clase trabajadora, que podría ser compartida por cualquier ciudadano asalariado independientemente de cuestiones ideológicas personales. La cuestión a destacar de todo esto es que, por fin, alguien de la alta jerarquía eclesiástica española decide apartar por un momento su atención de tópicos moralistas para escuchar a los cristianos de base, como la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica, quienes también se han mostrado muy críticos con la reforma laboral.
Se echa en falta, por supuesto, el apoyo del resto de los gerifaltes de la jerarquía católica que, como era de suponer, no se han dado por aludidos respecto un asunto que concierne tan profundamente a las almas que ellos presumen pastorear. Que guarde un poco de relación al respecto, tan sólo merece la pena destacar la reacción del cardenal Rouco Varela ante los comunicados de la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica, a los que calificó de "improcedentes"[6].
Resulta lamentable el poco eco que ha tenido esta noticia en la prensa en comparación con cualquiera de las repetidas declaraciones de otros obispos en contra de los condones, el aborto o la investigación con células madre. Así, las reflexiones del obispo de Ciudad Real, que más temprano que tarde serán condenadas al limbo del silencio mediático, bien podrían evocar a las de su homólogo literario en El Talón de Hierro, el obispo Morehouse, quien decidió aprovechar su situación privilegiada para intentar abrir los ojos a las clases más privilegiadas de las injusticias sociales que sufre los trabajadores. Como era de esperar, su mensaje fue rechazado por la mayoría, ignorado por los demás. El protagonista de la novela observaba con sutileza que "los directores de diarios, cuyo salario depende de su línea de conducta, y su línea de conducta consiste en no publicar nada que sea una amenaza para el orden establecido", pues "[la prensa es] una excrecencia parásita que crece y engorda con la clase capitalista. Su función es servir al estado de cosas modelando a la opinión pública y ella se desempeña a maravillas"[7].
Definitivamente, hay que celebrar la valentía de este obispo por decir, en el caso de la reforma laboral, las cosas por su nombre. Se admiten apuestas de si alguna vez llegará a sustituir a Rouco Varela como presidente de la Conferencia Episcopal Española. Tocar temas tabú es lo que tiene. Recordemos que Roma no paga a traidores, y Roma ya sabemos a quiénes responde.
La llave del Gobierno de Andalucía está en manos de Izquierda Unida. La correcta gestión de este privilegio puede suponer el despegue definitivo de la coalición en el panorama político español, mientras que una mala gestión supondría un duro golpe para toda la izquierda.
El incontestable ascenso electoral de Izquierda Unida en Andalucía es motivo de satisfacción para militantes y simpatizantes. Por una parte, ha supuesto por primera vez en muchos años un esperanzador desafío al bipartidismo hasta hace poco reinante en la comunidad; por otra, demuestra que el trabajo de pedagogía al que se han dedicado muchos miembros de la formación empieza a dar sus frutos. Efectivamente, IU ha estado en el lugar y momento adecuados cuando la percepción de eternización de la actual crisis ha calado en gran parte de la ciudadanía. No es casual que las sucesivas mejoras electorales de la formación -elecciones municipales, generales y autonómicas- hayan tenido lugar a partir del surgimiento de los movimientos de indignación en mayo de 2011. No en vano, muchas de las propuestas que surgieron en las plazas españolas son coincidentes con los programas de IU desde hace más de una década.
Izquierda Unida tiene, como se suele decir en estas ocasiones, la llave de gobierno de Andalucía, privilegio que podría convertirse en arma de doble filo si no se gestiona con la máxima precaución. Se plantean varios escenarios de pactos y/o apoyos puntuales (por ejemplo, a la investidura) que tendrán que ser estudiados con detalle por la ejecutiva de la coalición, además de las pertinentes consultas a las bases.
Decida lo que se decida, la presidencia de la IX Legislatura Autonómica de Andalucía recaerá en Griñán o en Arenas. Permitir la entrada en el ejecutivo andaluz a este último supondría reeditar la situación vivida en Extremadura hace unos meses; escenario, por otro lado, altamente inviable. En todo caso, habría que recordar que, frente a la distorsión habitual desde ciertos medios interesados[1], IU jamás dio su apoyo al PP de Extremadura; lo que realmente hizo fue abstenerse[2], aunque esto supusiese abrir las puertas a un gobierno en minoría de los conservadores. En aquellos momentos, el rodillo del Partido Popular en el Gobierno central era aún un futurible. El protagonista activo de los recortes era el Gobierno de Zapatero, aún con el apoyo de los populares. Por otro lado, las situaciones de clientelismo y presunta corrupción en Extremadura habían desgastado de tal modo al PSOE que su salida de la Junta se hacía, para muchos, una necesidad.
La prepotencia mostrada por Mariano Rajoy a través de su brutal política de recortes o la recientemente aprobada reforma laboral desaconsejan cualquier movimiento, por parte de IU, que facilite, por activa o pasiva, la extensión del azul popular por el mapa peninsular. Tampoco se puede olvidar el particular concepto de democracia del Partido Popular, cuyo presidente afirma recurrentemente sentirse legitimado con los votos que obtuvo el 20 de noviembre de 2011 para acometer los recortes que crea necesarios[3]. Todo ello a pesar del evidente rechazo de un importante sector de la población española, tal como quedó demostrado el pasado 29 de marzo.
Descartado un escenario "a lo extremeño", la única salida de IU es permitir la permanencia del PSOE en el gobierno andaluz. El problema para IU es que no se puede permitir volver a tomar el papel de escudero del Partido Socialista. Para ello hay que distinguir claramente -y así hacérselo saber a la opinión pública- entre apoyo a la investidura y pacto de gobierno. Lo primero es considerado por muchos como algo necesario para evitar la hegemonía -y las consecuentes justificaciones a nuevos recortes- del Partido Popular en el panorama estatal.
Cualquier pacto de gobierno con el PSOE, si bien supondría el acceso a alguna consejería, tendría a la postre más perjuicios que beneficios. Si bien es cierto que el Partido Socialista hace gala de una leve sensibilidad social que no comparte el Partido Popular, no podemos olvidar que sus políticas, a pesar de lo dicho en su propaganda electoral, no dejan de tener un fuerte sesgo neoliberal. A los hechos hay que remitirse para recordar que el PSOE no es un partido de izquierdas, por mucho que sus dirigentes insistan en ello. Además, un gobierno en coalición jamás podría ser en una relación entre iguales por el simple motivo de que el PSOE goza del apoyo de más de un millón y medio de andaluces, mientras IU apenas supera los cuatrocientos mil. Cualquier intento de imponer un giro a la izquierda desde dentro de un gobierno de coalición sería frenado con el argumento de que la voluntad de una minoría no puede imponerse a la de una mayoría. Todo esto sin olvidar que, como eslabón más débil y sin apoyo mediático, IU siempre podría ser culpada de los fracasos del bipartito, mientras las glorias serían otorgadas en exclusiva a los méritos de la agrupación socialista.
La opción más inteligente es la propuesta de Julio Anguita[4], quien sugiere que el acuerdo con el PSOE se circunscriba exclusivamente a la investidura. Este acuerdo implicaría, en primer lugar, la creación de una comisión de investigación sobre el asunto de los EREs. Un segundo punto para el acuerdo podría ser la exigencia de varias medidas concretas, de carácter urgente, que beneficie a los sectores más desfavorecidos del pueblo andaluz. Por último, desde la formación se plantea la posibilidad de exigir que la presidencia del Parlamento Andaluz recaiga en Izquierda Unida. Posiblemente, este punto será utilizado desde los medios más conservadores como argumento para acusar a IU de buscar algún sillón donde colocar a los suyos. En realidad se trata de un puesto estratégico desde donde atar en corto a los socialistas, pues el Parlamento disfruta de la facultad de llevar a cabo la creación de comisiones de investigación[5], la aprobación de las Cuentas Generales o el control de las empresas públicas dependientes de la Junta de Andalucía[6]. El siguiente paso, una vez apoyada la investidura, sería pasar a una oposición constructiva, exigente, vigilante y comprometida en contar al andaluz de a pie lo que se cuece en el Parlamento durante la legislatura.
Sea cual sea la decisión tomada, esta nueva legislatura promete ser complicada y condicionada por las políticas regresivas orquestadas desde Europa, fielmente interpretadas por el presidente Rajoy. Los recortes anunciados desde el Gobierno central afectarán sensiblemente a las partidas destinadas para la comunidad andaluza, por lo que las políticas sociales a las que pueda aspirar Izquierda Unida se verán seriamente limitadas. Ahora, más que nunca, esta agrupación se juega su futuro y el de la izquierda en Andalucía. Por tal motivo, ha de liderar una alternativa seria a los partidos que asumieron la crisis neoliberal ante una ciudadanía cada vez más decepcionada por los continuos acontecimientos que nos acercan, cada día más, a Grecia. Como explica Alberto Garzón[7], ahora es el momento de asentar una importante base social que apoye un proyecto cuyo objetivo final sea la superación del sistema económico capitalista. De este modo, Izquierda Unida ha de demostrar a la población andaluza -aún con el handicap de la hostilidad de los medios de comunicación mayoritarios- que está fuera de las perversiones consustanciales al sistema imperante, como la corrupción o el clientelismo.
Por lo pronto, Izquierda Unida está dando ejemplo de democracia participativa al implicar a todos sus militantes en un proceso asambleario de donde se determinará la decisión final. Muy posiblemente -el tiempo lo dirá- la voluntad mayoritaria de los militantes, tras el necesario debate interno, corresponderá con el escenario planteado por Julio Anguita que, como resume Sánchez Gordillo, no se trataría más que de "acuerdos puntuales y con la nariz tapada"[8]. La verdadera lucha comenzará en el Parlamento, desde la oposición, para continuar en las calles, a través de la necesaria labor pedagógica y las movilizaciones en las calles.
