Las portadas mostradas por los principales periódicos de corte conservador el 1 de marzo de 2012 demuestran el interés del establishment mediático de satanizar cualquier tipo de movilización por parte de la clase trabajadora. Las conductas violentas de unos pocos, cuyo comportamiento nada tiene que ver con el sentir de las mayoría de los ciudadanos, se utilizan como argumento para desacreditar a los manifestantes, pasando a un segundo plano las reivindicaciones que les hicieron salir a las calles.
Las movilizaciones llevadas a cabo el pasado 29 de febrero de 2012 contra los recortes sociales tuvieron inmediata respuesta por parte de los medios de comunicación de corte conservador. Al día siguiente, las portadas de los periódicos afines -la gran mayoría de los actualmente disponibles en los kioskos- mostraban imágenes de calles ardiendo como consecuencia de apocalípticos disturbios acontecidos durante las movilizaciones. Resulta lamentable el interés de aquellos medios de vincular el comportamiento violento de unos pocos con el sentido de las manifestaciones.
Ninguna de las portadas mencionaban los motivos que condujeron a decenas de miles de ciudadanos a salir a las calles. Tampoco mencionaban que las movilizaciones del 29 de febrero partían de la convocatoria a nivel continental de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para protestar contra las políticas de recortes y reformas estructurales que se están produciendo en toda la Unión Europea[1]. La denominada Jornada de Acción Europea surge como consecuencia de la preocupación generalizada entre los ciudadanos del continente ante una Unión Europea cada vez más alejada de la Europa de los Pueblos, cuyo único objetivo parece ser la defensa de los intereses de los grandes poderes concentrados en la banca privada y los grandes empresarios.
El caso de España es especialmente preocupante al respecto. La crisis ha servido como pretexto para acelerar el desmontaje del limitado estado del bienestar existente a base de continuos recortes en gasto social, privatizaciones y limitaciones en los derechos fundamentales. Si el derecho a una vivienda digna es inalcanzable para muchos, debido a la especulación inmobiliaria, o el derecho a un trabajo -digno o no- un sueño vano para millones de ciudadanos; otros derechos están en proyecto de ser coartados a golpe de ley. Recordemos la insistencia de ciertos grupos de presión, donde se encuentran los grandes empresarios, para limitar el ejercicio de la huelga[2]. Una limitación a este derecho fundamental, de llevarse a cabo, significaría en la práctica poner una mordaza a la clase trabajadora, privarla de su única herramienta efectiva de lucha y negociación. Si en la actualidad se están asentando las bases para coartar el derecho a la huelga, también se está haciendo, no con menos sutileza, lo propio hacia el derecho a manifestación, el instrumento último de la ciudadanía para demostrar su descontento hacia las políticas de quienes gobiernan.
Un sentimiento de decepción hacia la clase gobernante se acrecienta día a día tras comprobar cómo la sangría de recortes no sólo no se detiene, sino que amenaza a derechos que pensábamos intocables. Parte de la ciudadanía confió su voto a un partido político que se presentaba como alternativa a aquel que traicionó el "no os fallaré"[3]. La campaña, a cualquier costa, por parte de los medios de comunicación a favor del partido candidato, sumada a una serie de promesas por parte de aquél[4], ilusionaron a muchos ciudadanos con una pronta salida de la crisis y la reedición de un mitificado milagro económico de Aznar y Rato. La decepción no tardará mucho en convertirse en rabia cuando la dinámica de la precariedad y el desempleo no se detenga ante la ofensiva de los recortes anunciados y, sobre todo, de los no anunciados.
Las movilizaciones del 29 de febrero no fueron más que el primer aviso de una población que se ve con el agua al cuello, cuya confianza en la clase gobernante decrece día a día. El muro de contención del establishment mediático es cada vez menos efectivo. El circo sólo es eficiente cuando va acompañado de pan. Cinco millones de parados y ninguna perspectiva de mejora sólo garantizan aguas revueltas. Por desgracia, en aquellas aguas sólo pescan los de siempre. La CEOE ha conseguido imponer su soñada reforma laboral que deja al trabajador más desprotegido que nunca[5]; los sistemas públicos de sanidad y educación se encuentran bajo mínimos; en la práctica, la protección a las personas mayores -léase Ley de Dependencia- ha pasado a ser historia.
A pesar de los ecos de una prensa que abraza cada día más el amarillismo, las movilizaciones ciudadanas son pacíficas. El hecho de que grupos de descontrolados aprovechen las circunstancias para causar disturbios, la mayoría de las personas que deciden salir a las calles a exigir un cambio de dirección lo hacen con el único deseo de ser oídas. La gente es pacífica por naturaleza, de hecho aguanta lo inenarrable antes de decidir dar el paso a la protesta. Se trata de ciudadanos, padres y madres de familia, estudiantes, desempleados, gente preocupada por su futuro. La violencia no es una alternativa para los ciudadanos que deciden movilizarse, aunque habitualmente la encuentren frente a ellos a causa de gobernantes que deciden interpretar las leyes de la peor de las maneras para ordenar su disolución a base de cargas, como si nos retrotrajéramos al más gris de los pasados.
La violencia beneficia a los grandes poderes, pues vemos que los actos vandálicos de unas minorías se utilizan para desacreditar el esfuerzo de miles de ciudadanos que deciden salir a las calles legitimados por la necesidad de defender sus derechos. Los medios de comunicación al servicio de los grandes poderes insisten en meten en el mismo saco a manifestantes pacíficos y descontrolados violentos, es el modo más efectivo de conseguir el rechazo social por parte de la población que decide quedarse en sus casas y evitar así posibles adhesiones a una causa que afecta a todos. La prensa amarillista demostró una tremenda falta de ética al mezclar además violencia con partidismo, al sugerir una relación directa entre los manifestantes -identificados todos como violentos- con el anterior Gobierno, ahora en la oposición. Frases como "[manifestarse] para ganar en la calle lo que perdieron en las urnas"[6] demuestran la falta de sensibilidad democrática de quienes se supone que tendrían que informarnos en vez de manipularnos.
La ciudadanía no puede caer en la trampa mediática de creerse lo que dice la prensa; todos hemos de recordar que los ciudadanos que deciden salir a la calle a movilizarse lo hacen como recurso último ante un panorama desolador, en defensa de los derechos de la mayoría. Quizás mañana tenga que salir a protestar quien hoy se refugia en el calor de su hogar a la espera de que las cosas se arreglen por sí solas, pero nadie desea unir sus reivindicaciones a la de gente tachada como violenta. La violencia es, por tanto, el recurso de unos pocos que perjudica los intereses de la ciudadanía a quien la razón, en el marco de los derechos fundamentales, apoya. Cualquier atisbo de violencia será aprovechado por los medios, controlados desde los grandes poderes, para desacreditar cualquier movimiento ciudadano ante la opinión pública nacional e internacional; además de justificar agresiones por parte de las fuerzas antidisturbios, reduciéndolo todo a enfrentamientos entre policías y ciudadanos, trabajadores todos, mientras los poderosos sonríen complacidos desde sus seguras torres de marfil.
Ninguna de las portadas mencionaban los motivos que condujeron a decenas de miles de ciudadanos a salir a las calles. Tampoco mencionaban que las movilizaciones del 29 de febrero partían de la convocatoria a nivel continental de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para protestar contra las políticas de recortes y reformas estructurales que se están produciendo en toda la Unión Europea[1]. La denominada Jornada de Acción Europea surge como consecuencia de la preocupación generalizada entre los ciudadanos del continente ante una Unión Europea cada vez más alejada de la Europa de los Pueblos, cuyo único objetivo parece ser la defensa de los intereses de los grandes poderes concentrados en la banca privada y los grandes empresarios.
El caso de España es especialmente preocupante al respecto. La crisis ha servido como pretexto para acelerar el desmontaje del limitado estado del bienestar existente a base de continuos recortes en gasto social, privatizaciones y limitaciones en los derechos fundamentales. Si el derecho a una vivienda digna es inalcanzable para muchos, debido a la especulación inmobiliaria, o el derecho a un trabajo -digno o no- un sueño vano para millones de ciudadanos; otros derechos están en proyecto de ser coartados a golpe de ley. Recordemos la insistencia de ciertos grupos de presión, donde se encuentran los grandes empresarios, para limitar el ejercicio de la huelga[2]. Una limitación a este derecho fundamental, de llevarse a cabo, significaría en la práctica poner una mordaza a la clase trabajadora, privarla de su única herramienta efectiva de lucha y negociación. Si en la actualidad se están asentando las bases para coartar el derecho a la huelga, también se está haciendo, no con menos sutileza, lo propio hacia el derecho a manifestación, el instrumento último de la ciudadanía para demostrar su descontento hacia las políticas de quienes gobiernan.
Un sentimiento de decepción hacia la clase gobernante se acrecienta día a día tras comprobar cómo la sangría de recortes no sólo no se detiene, sino que amenaza a derechos que pensábamos intocables. Parte de la ciudadanía confió su voto a un partido político que se presentaba como alternativa a aquel que traicionó el "no os fallaré"[3]. La campaña, a cualquier costa, por parte de los medios de comunicación a favor del partido candidato, sumada a una serie de promesas por parte de aquél[4], ilusionaron a muchos ciudadanos con una pronta salida de la crisis y la reedición de un mitificado milagro económico de Aznar y Rato. La decepción no tardará mucho en convertirse en rabia cuando la dinámica de la precariedad y el desempleo no se detenga ante la ofensiva de los recortes anunciados y, sobre todo, de los no anunciados.
Las movilizaciones del 29 de febrero no fueron más que el primer aviso de una población que se ve con el agua al cuello, cuya confianza en la clase gobernante decrece día a día. El muro de contención del establishment mediático es cada vez menos efectivo. El circo sólo es eficiente cuando va acompañado de pan. Cinco millones de parados y ninguna perspectiva de mejora sólo garantizan aguas revueltas. Por desgracia, en aquellas aguas sólo pescan los de siempre. La CEOE ha conseguido imponer su soñada reforma laboral que deja al trabajador más desprotegido que nunca[5]; los sistemas públicos de sanidad y educación se encuentran bajo mínimos; en la práctica, la protección a las personas mayores -léase Ley de Dependencia- ha pasado a ser historia.
A pesar de los ecos de una prensa que abraza cada día más el amarillismo, las movilizaciones ciudadanas son pacíficas. El hecho de que grupos de descontrolados aprovechen las circunstancias para causar disturbios, la mayoría de las personas que deciden salir a las calles a exigir un cambio de dirección lo hacen con el único deseo de ser oídas. La gente es pacífica por naturaleza, de hecho aguanta lo inenarrable antes de decidir dar el paso a la protesta. Se trata de ciudadanos, padres y madres de familia, estudiantes, desempleados, gente preocupada por su futuro. La violencia no es una alternativa para los ciudadanos que deciden movilizarse, aunque habitualmente la encuentren frente a ellos a causa de gobernantes que deciden interpretar las leyes de la peor de las maneras para ordenar su disolución a base de cargas, como si nos retrotrajéramos al más gris de los pasados.
La violencia beneficia a los grandes poderes, pues vemos que los actos vandálicos de unas minorías se utilizan para desacreditar el esfuerzo de miles de ciudadanos que deciden salir a las calles legitimados por la necesidad de defender sus derechos. Los medios de comunicación al servicio de los grandes poderes insisten en meten en el mismo saco a manifestantes pacíficos y descontrolados violentos, es el modo más efectivo de conseguir el rechazo social por parte de la población que decide quedarse en sus casas y evitar así posibles adhesiones a una causa que afecta a todos. La prensa amarillista demostró una tremenda falta de ética al mezclar además violencia con partidismo, al sugerir una relación directa entre los manifestantes -identificados todos como violentos- con el anterior Gobierno, ahora en la oposición. Frases como "[manifestarse] para ganar en la calle lo que perdieron en las urnas"[6] demuestran la falta de sensibilidad democrática de quienes se supone que tendrían que informarnos en vez de manipularnos.
La ciudadanía no puede caer en la trampa mediática de creerse lo que dice la prensa; todos hemos de recordar que los ciudadanos que deciden salir a la calle a movilizarse lo hacen como recurso último ante un panorama desolador, en defensa de los derechos de la mayoría. Quizás mañana tenga que salir a protestar quien hoy se refugia en el calor de su hogar a la espera de que las cosas se arreglen por sí solas, pero nadie desea unir sus reivindicaciones a la de gente tachada como violenta. La violencia es, por tanto, el recurso de unos pocos que perjudica los intereses de la ciudadanía a quien la razón, en el marco de los derechos fundamentales, apoya. Cualquier atisbo de violencia será aprovechado por los medios, controlados desde los grandes poderes, para desacreditar cualquier movimiento ciudadano ante la opinión pública nacional e internacional; además de justificar agresiones por parte de las fuerzas antidisturbios, reduciéndolo todo a enfrentamientos entre policías y ciudadanos, trabajadores todos, mientras los poderosos sonríen complacidos desde sus seguras torres de marfil.
[1] "CCOO y UGT piden que el 29 de febrero se rechacen los ajustes europeos". El Economista, 24 de febrero de 2012.
[2] "La patronal pide restringir el derecho de huelga". Público, 16 de febrero de 2012.
[3] "No os fallaré". El País, 30 de agosto de 2010.
[4] Recopilación de promesas electorales del Partido Popular en el blog Escolar.net.
[5] "No es una reforma laboral; parece un ‘atraco’ masivo". El Plural, 11 de febrero de 2012.
[6] "El PSOE insiste en tomar la calle". El Imparcial, 29 de febrero de 2012.
La violencia es un fracaso de los manifestantes. Si dejas que los violentos te representen, eres un corderito mas. He sido y soy parte de Anonymous y el 15M. Hackear el sistema es entenderlo y manipularlo. Me avergüenza el infantilismo de quienes critican la manipulacion mientras permiten que sus actos sean manipulados. La violencia es despreciable. Ahora justificad lo que os salga de los huevos, que en la psique de esta sociedad de corderos, perdurarán esas imagenes... Epic Fail!!! For the LOLZ!!!
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