Diccionario de la Crisis: agencia de calificación

agencia.

~ de calificación. 

1. f. Empresa privada encargada de valorar la calidad de los títulos financieros emitidos por estados o empresas, algo que realiza asignándole a cada título un valor que se sitúa dentro de una escala que puede tener hasta 16 grados diferentes. Tres agencias de calificación dominan el sistema financiero internacional, y las tres son estadounidenses: Standar&Poor’s, Moody’s y Fitch.*

2. f. Empresa privada que es contratada por el agente emisor (el Estado o las empresas que emiten títulos) para que valore los títulos y resuma toda esa información en pocas palabras y, de hecho, en apenas tres letras. Por eso con la extensión de las agencias de calificación todos los inversores se concentran en únicamente la calificación que estas agencias dan, sin importar todo lo demás. De ahí que un cambio de opinión afecte al comportamiento general de los inversores, que además operan como un rebaño.**

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[*] Definición desarrollada a partir del artículo de Alberto Garzón "Las agencias de calificación en el punto de mira", 11 de mayo de 2011.
[**] Definición obtenida de una entrevista en Público con Juan Torres, 13 de julio de 2011.

Sombras de una época convulsa

Los incidentes acontecidos en Valencia han resultado un excelente instrumento para el Gobierno de España a la hora de distraer a la opinión pública ante la gravedad de la situación actual, donde la clase trabajadora ve cada día recortar sus derechos y endurecer sus condiciones laborales. Sólo la unidad de clase permitirá afrontar los continuos ataques de la oligarquía contra los intereses del pueblo.

Los sucesos de Valencia han supuesto un revulsivo para una sociedad demasiado acostumbrada al inmovilismo. La ciudadanía de todo el estado ha salido a la calle para protestar, pedir explicaciones, mostrar su indignación por actos de agresiones, vejaciones, abusos de autoridad realizados contra chicos de instituto y quienes fueron a apoyarlos[1]. En definitiva, lo que en las calles se empieza a conocer como libros y cuadernos contra porras.

La sociedad al respecto ha sido clara. La violencia es intolerable provenga de donde provenga, máxime cuando ésta es por parte de quienes tienen el deber de proteger a la ciudadanía. Estudiantes de instituto y universitarios, periodistas, políticos, ciudadanos corrientes, han comprobado que, cuando interesa a las autoridades, las leyes se pueden interpretar del modo más estricto para justificar órdenes que implican la vulneración de derechos fundamentales.

Más bien temprano que tarde, las aguas volverán a su cauce; quizás, siendo muy optimistas, habrá alguna dimisión; probablemente algunos de los detenidos queden libres sin cargos; desde las autoridades se suavizará lo ocurrido con el apoyo de la maquinaria mediática de los medios de comunicación afines; se darán algunas explicaciones, mayormente basadas en ambigüedades, que no satisfarán a nadie; habrá demagogia, mucha demagogia.

Pero la ciudadanía volverá a sus casas con la amarga sensación de saber que sus derechos están subordinados al arbitrio de unos cuantos gobernantes. A partir de ahora no olvidarán que unas simples órdenes dadas desde un cómodo despacho, alejado de la realidad de las calles, pueden significar horas de miedo y represión. Con un poco de suerte, el espíritu crítico se habrá despertado un poco más en esta población, cada vez menos adormecida, y comenzará a hacerse preguntas.

Mucha gente se preguntará porqué unos sí pueden cortar las calles -ya sea para hacer colas para comprar un nuevo iPhone, participar en jornadas de índole religioso o celebrar las victorias de su equipo de fútbol- pero, en cambio, cuando se trata de protestar por la falta de calefacción en las aulas de un instituto, la respuesta sean cargas policiales. También se preguntará por los costes de movilizar cuerpos antidisturbios de varias ciudades de España y habilitar helicópteros para controlar a las masas, seguramente muy superiores al precio de la calefacción que se ha negado a los estudiantes.

Pero quizás, el gran interrogante que surja entre la ciudadanía sea el motivo real de las cargas. ¿Realmente resultan tan molestos unas decenas de chicos apostados en unas calles por mucho que corten el tráfico?, ¿merece la pena erosionar la imagen de un cuerpo respetable como el de la Policía Nacional por un asunto así?, ¿acaso no pensaban que la población fuese a reaccionar indignada ante unas circunstancias tan graves?

Se ha pegado a gente, a personas de la calle, a jóvenes; se les ha insultado, vejado, arrestado, humillado. No se trata de rumores: hay cientos de grabaciones, fotos, partes médicos que corroboran los abusos. Las imágenes de lo ocurrido en Valencia han dado la vuelta al mundo[2], hecho que ya llegado a preocupar al propio Ministro de Interior quien, al respecto, ha dado órdenes a la policía de “restringir al máximo las intervenciones, aun a costa de aguantar hasta el límite posible incluso provocaciones”[3]. De esto último no es difícil deducir que, por una parte, el trato en la calle a los manifestantes depende de la repercusión internacional de las protestas y, por otra, el nivel de dureza y represión viene ordenado desde quienes nos gobiernan.

Si bien estos sucesos han supuesto una reacción por parte de un importante sector de la opinión pública y la movilización de miles de ciudadanos, también es cierto que han sido útiles para el Gobierno para distraer la atención de la opinión pública de asuntos como la polémica reforma laboral recientemente aprobada. Partiendo de la tesis de que nuestros gobernantes no son precisamente estúpidos sino que, muy al contrario, tienen estudiado cada paso que dan, no es descabellado pensar que esta situación haya podido ser instrumentalizada con el objetivo de poner en práctica la doctrina del shock que tan buen resultado ha dado a los discípulos del dogma neoliberal.

Planteemos por un momento la situación: un gobierno cuyo mandato, recién estrenado, comienza a ser puesto en duda incluso por algunos de quienes lo han votado por culpa de medidas tomadas como la reforma laboral que, tal como el propio Presidente reconoce, no reactivará la economía ni dará empleo a corto o medio plazo. Por otro lado, cuestiones que descontentan a mucha gente, como continuos recortes en la educación y la sanidad pública, comunidades autónomas al borde de la quiebra, el cese de un juez admirado por gran parte de la ciudadanía, casos de corrupción que salpican a las más altas esferas que, sin embargo parecen destinados a ser enterrados en el olvido. Por otro, la evidente falta de soberanía que delega las grandes decisiones a los designios de la gran oligarquía europea. Indicios todos de la degradación de la calidad democrática en el Estado Español. El fantasma de las movilizaciones masivas comenzaba a planear sobre el territorio patrio.

El exceso de celo con el que se inicialmente llevó el control de las movilizaciones emprendidas por grupos de estudiantes de instituto contra los recortes en educación fue la excusa perfecta para hacer una demostración de fuerza y, de camino, emplearla como maniobra de distracción de la opinión pública. Lo que podía haber sido una orden desde Delegación de Gobierno de evitar problemas y confrontaciones, y así calmar ánimos, se convirtió en otra de asedio al enemigo. El resto ya es historia. Cada actor hizo su papel a la perfección, incluido el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, quien echó más leña al fuego con sus desafortunadas declaraciones[4].

Vivimos épocas convulsas, momentos de crisis que se ceban con los derechos de los ciudadanos. No se trata de una simple crisis económica; nos encontramos ante una crisis de sistema, en la que los más poderosos practican un “sálvese quien pueda”, muy conscientes de que, en las circunstancias actuales, sólo pueden salvarse ellos. Hoy, más que nunca, se hace patente la división entre los “de arriba” y los “de abajo”. A más divididos estemos los “de abajo”, peor parados saldremos en esta contienda de la que no hacemos más que huir, pero que inevitablemente nos alcanza. Al respecto, hemos de tener todos muy claro que la clase trabajadora está compuesta por asalariados, autónomos y pequeños empresarios, es decir, los principales damnificados de esta crisis. Los agentes de policía son tan trabajadores como cualquier otro, de ahí que la sociedad esté en el derecho de exigirles que tomen conciencia de ello y actúen como tales. Aunque tengan la obligación de cumplir órdenes, también es cierto que tienen un reglamento y una ética que respetar. No vale, por difícil que sea, seguir a pies juntillas cualquier orden. Para quienes se reúnen en los despachos de los gobernadores y altas jerarquías, ellos sólo son números, carne de cañón a quien enfrentar contra la población. Desde el momento en que se les exige intervenir móviles con cámara u ocultar sus números de identificación, es razonable pensar que ese principio de transparencia y servicio a la ciudadanía va quedar anulado por órdenes de contundencia y desproporcionalidad.

Ningún ciudadano corriente, ninguno, va a salir a la calle a manifestarse por gusto. Al contrario, las personas aguantamos, toleramos mucho más de lo que sería deseable antes de reaccionar. Ése es el motivo por el que hemos llegado a la situación actual. Algunos de ustedes recordarán, hace unos 15 años, cuando en las columnas de opinión de los principales periódicos nacionales los economistas neoliberales hablaban de la necesidad de “limitar” el estado del bienestar. ¿Se imaginan ustedes cómo sería el presente si por aquel entonces los españoles hubiéramos invadido las calles como protesta ante tales declaraciones, que ahora comprobamos que fueron amenazas? La movilización es necesaria si realmente deseamos cambiar las cosas. Es una contradicción que los cuerpos de policía se conviertan en fuerzas de choque contra sus propios intereses como trabajadores. La obediencia debida es, en interés propio, un sinsentido.

Es por eso que, si definimos como “revolución” al hecho de detener esta sangría que nos están produciendo los “de arriba”, recordemos que históricamente las revoluciones sólo se consiguieron llevar a cabo con éxito cuando las fuerzas del orden se pusieron del lado del pueblo. A pesar de las amargas evidencias de la que ocurrió en Valencia, hay una esperanza. No hace mucho, tres agentes de policía dieron su vida por salvar a dos chicos que iban ahogando en las traicioneras aguas de Galicia. Dudo mucho que héroes como aquéllos hubieran protagonizado las tristes escenas vistas frente al instituto Lluis Vives.

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[1] "Cumplimiento de la ley y abuso de autoridad en Valencia". El Confidencial, 22 de febrero de 2012.
[2] "Las imágenes de las protestas de Valencia dan la vuelta al mundo a través de medios internacionales e Internet". EuropaPress, 21 de febrero de 2012.
[3] "El Gobierno ordena no intervenir a la policía aunque haya “provocaciones”". El País, 23 de febrero de 2012.
[4] "El jefe de la Policía justifica las cargas contra los estudiantes en Valencia". Público, 23 de febrero de 2012.
[5] "Eslovaquia condecora a los tres policías ahogados en A Coruña al tratar de salvar a su compatriota". RTVE Noticias, 17 de febrero de 2012.

Diccionario de la Crisis: perroflauta

perroflauta.

1. n. despect. Persona desengañada del sistema político con fuertes deseos de generar cambios.* 

2. n. despect. Persona que tiene la percepción de que las instituciones no representan el interés general de la población, porque se encuentran deslegitimadas por la corrupción.*

3. n. despect. Persona que considera que la sociedad carece de debate público sobre temas de gran interés y tiene la sensación de que las políticas se deciden en las cúpulas partidistas y a menudo en connivencia con poderes económicos y sociales. Por ello, pone de manifiesto la necesidad de abrir espacios de participación en el futuro.*

4. n. despect. Persona con actitud crítica frente a los partidos, PP y PSOE fundamentalmente, el sistema económico y hacia las ONGs y movimientos sociales, a los que ve con una cierta connivencia con las instituciones por depender de subvenciones y por ser estructuras dogmáticas en las que no se siente con libertad para decir lo que quiere.*  

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[*] Definiciones desarrolladas a partir del estudio realizado por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Vid. "Nada de perroflautas". El Correo, 23 de febrero de 2012.

La democracia es definitivamente incompatible con el miedo

La movilización es el principal recurso que queda al ciudadano para demostrar su disconformidad con el rosario de recortes que lleva sufriendo con la excusa de salir de la crisis. Lo que tendría que ser un ejercicio de libertad de expresión es continuamente coartado por las intervenciones de los cuerpos antidisturbios, que reciben orden de los responsables políticos de emplearse con dureza. La instrumentalización de aquellos agentes policiales por parte de los grandes poderes socava el espíritu democrático y al propio estado de derecho. 

El 15 de mayo de 2011 supuso un despertar para una gran parte de la sociedad, una toma de conciencia de una problemática común por la que muchas personas estarían dispuestas a movilizarse. El fantasma del inmovilismo, el del “no hay nada que hacer” parecía haber sido momentáneamente superado. Para muchos ciudadanos suponía la primera vez que salían a las calles y se enfrentaban a la cruda realidad de un sistema que lo tiene todo muy bien atado y no permite réplicas.

Es cierto que de toda la vida ha habido movilizaciones, aunque éstas eran de carácter parcial, limitadas a los intereses de gremios o sectores industriales. Aquellas movilizaciones, habitualmente fruto de dolorosas reconversiones o despidos masivos, solían saldarse con enfrentamientos con las fuerzas del orden que eran presentados a la sociedad como algo anecdótico sin ninguna causa más que los disturbios en sí mismos. Así, los titulares típicos de aquellos sucesos se referían exclusivamente al hecho de los disturbios[1], olvidando la inevitable desesperación de padres de familia al ver peligrar el sustento de los suyos.

Hay que tener una cosa bien clara: los ciudadanos preferimos disfrutar de nuestra vida corriente, sin sobresaltos, a tener que salir a la calle a protestar. Pero cuando la deseada normalidad deja de ser tal, cuando los puestos de trabajo peligran, cuando los derechos se degradan, la movilización es la única herramienta que queda a la ciudadanía para restablecer aquella normalidad.

Las movilizaciones han sido, por desgracia, tradicionalmente frenadas en seco por las autoridades, quienes han dispuesto a los cuerpos antidisturbios como fuerza de disuasión y choque contra las aspiraciones de protesta de la ciudadanía. Los movimientos de indignación surgidos durante el año 2011, a pesar de su carácter pacífico, rápidamente se encontraron con la oposición de los gobernantes. La reacción de las autoridades, en muchos casos, supuso la negación de facto del derecho de expresión a una parte de la ciudadanía que reaccionaba en contra de una crisis en cuyo nombre se destruían derechos.

La ciudadanía, al menos en una parte significativa, comenzaba a pensar por sí misma y, sobre todo, a organizarse. El consecuente miedo de algunos gobernantes a una ciudadanía con criterio propio se tradujo en respuestas represivas que alcanzaron la mayor crudeza en los sucesos del 27 de mayo en la Plaza de Catalunya de Barcelona. Los medios de comunicación tradicionales, sobre todo los más escorados hacia tendencias conservadoras, orquestaron campañas mediáticas para lograr que el resto de la ciudadanía identificase a los movimientos de indignación con gente al margen de la sociedad. En cierto modo era más sencillo justificar cargas policiales contra ciudadanos deshumanizados por los medios. Pero la realidad nos mostraba a personas con gran sensibilidad social que se manifestaba pacíficamente para exigir un cambio en las reglas del juego que convierten al ciudadano en eterno perdedor; que además predicaban con el ejemplo, oponiéndose a desahucios, haciendo por crear lazos entre vecinos y conciudadanos en una sociedad habitualmente individualista, tomando siempre la movilización pacífica como norma. De hecho, un responsable de la policía llegó a declarar a la prensa que "la única buena noticia es que el 15M, que es un movimiento pacífico, ha capitalizado el descontento y ha dejado muy fuera de juego a los activistas violentos"[2].

Sin embargo, multitud de imágenes tomadas con las cámaras de los móviles mostraban a gente normal siendo golpeada, arrastrada, vejada por algunos agentes antidisturbios que se extralimitaban en sus funciones. La ONG Human Right Watch llegó a presentar un informe en el que afirmaba que “hubo informes creíbles que denunciaban el uso excesivo de la fuerza por la policía en las operaciones de dispersión en Madrid y en otras partes entre mayo y agosto”[3]. El cambio de gobierno en el estado español, en noviembre de 2011, ha implicado un endurecimiento de la actitud del Ministerio de Interior hacia los movimientos de indignación[4] y, por extensión, a cualquier acto de protesta hacia los recortes que el Gobierno pretende aplicar durante esta legislatura. Desgraciadamente, los sucesos acontecidos en Valencia en la segunda quincena de febrero de 2012 muestran un nada alentador panorama que promete más ciudadanos privados de su derecho a manifestarse y represión, mucha represión, cuyo objetivo es la radicalización de las protestas ciudadanas para justificar aún más represión. Un terrible círculo vicioso que llevará el miedo a una población en estado de shock.

Las imágenes de adolescentes golpeados, arrastrados, zarandeados[5], vejados por comentarios del tipo "no tienes cuerpo ni de puta"[6]. Jóvenes que protestan por las tercermundistas condiciones en las que se encuentran sus institutos, mientras en su Comunidad se ha derrochado el dinero en aeropuertos sin uso, suntuosos circuitos de velocidad y otras perlas. Es inconcebible que esto esté ocurriendo en una sociedad supuestamente avanzada como la española. Una ciudad entera solidarizada con sus jóvenes recibe cargas policiales y detenciones[7]. Hay gente herida[8] que es considerada "enemiga" por un alto cargo de la policía[9], mientras la sociedad valenciana sigue sin entender nada y el resto del estado se solidariza[10]. Mientras tanto, las autoridades miran hacia otro lado, como si nada pasara.

No podemos olvidar que la causa última de estos sucesos es la continua degradación de derechos y servicios públicos que comienzan a asfixiar a la ciudadanía. La protesta es la reacción natural y legítima de la sociedad, el único modo de hacerse oír cuando las autoridades parecen haber olvidado que su deber -teórico- es servir a los ciudadanos. La gente cada vez tiene más claro que la clase política que ostenta el poder está al servicio exclusivo de una oligarquía empresarial y bancaria para quienes los trabajadores son mera mercancía. La reciente reforma laboral es el ejemplo más claro, que condena a la indefensión a cualquier trabajador ante los caprichos del empresario ávido de dividendos[11].

Cuando los agentes antidisturbios salen armados con porra y escudo, salen a defender los intereses de aquellos grandes empresarios y banqueros, españoles y europeos, quienes hace tiempo que nos condenaron a la segunda división europea. Es comprensible que su trabajo sea velar por el orden y la seguridad, pero toda responsabilidad tiene unos límites. El insulto y la vejación, aunque se explique en las academias como elemento disuasorio, no tienen lugar frente a ciudadanos que tan sólo desean llevar una vida normal que se les niega porque los poderosos quienes serlo aún más. Todavía nos encontramos en un estado de derecho, por tanto su obligación es también la protección de los ciudadanos a los que golpean, porque aquéllos sí que están realmente indefensos ante el fantasma del desempleo y la precariedad. No cabe duda de que si a muchos de aquellos agentes se les diera la orden de detención a ciertos banqueros, lo harían con mucho gusto. Tampoco cabe duda de que basta con un par de energúmenos entre un grupo de buena gente para dañar el buen nombre de una institución como la Policía. Todos conocemos casos de compañeros de trabajo, sea cual sea nuestro trabajo, cuyo mal comportamiento disculpamos por puro compañerismo. Pero, en este caso, aquel corporativismo está consiguiendo que parte de la sociedad comience a ver a los cuerpos de seguridad como el enemigo, cuando lo justo sería verlos como trabajadores que también pagan sus impuestos, sufren recortes y llevan a sus hijos a los mismos institutos en los que faltan servicios básicos.

El enemigo real es el gran empresario y el banquero que dictan a los gobiernos los recortes a nuestra calidad de vida. El policía antidisturbios es, desgraciadamente, un peón en manos de aquéllos; los mismos que, cuando tienen oportunidad, satanizan al funcionario, los mismos que terminarán destruyendo el sistema de vida tal como hemos conocido. La democracia es incompatible con el miedo, por eso los gobernantes jamás estarán legitimados a ordenar a sus fuerzas de seguridad a reprimir, a asustar con porras y pelotas de goma, como hacen en la actualidad. No vale la excusa de cumplir órdenes si con ello se hiere a ciudadanos, pues con ello también se daña al estado de derecho y a la propia democracia. La buena salud de la democracia conlleva, por parte de las propias fuerzas del orden, la necesidad de una toma de conciencia de la realidad y su compromiso a renunciar a ser meros instrumentos en manos de aquellos grandes poderes que ningún ciudadano ha votado. La Constitución y los Derechos Humanos los legitima para ello.

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[1] Tómese como ejemplo este titular de ABC del 2004 referente a unas movilizaciones en los Astilleros de Puerto Real (Cádiz). Obsérvese cómo no se mencionan para nada las causas que las produjeron: "Varios heridos en los disturbios en los astilleros de Cádiz". ABC, 4 de febrero de 2004.
[2] "Las policías se preparan para un auge de la crispación en la calle". El Periódico, 2 de octubre de 2011.
[3] "HRW: las denuncias de 'uso excesivo de la fuerza' de la Policía contra el 15M son 'creíbles'". EuropaPress, 22 de enero de 2012.
[4] "El ministro del Interior advierte a los indignados del 15M de que no dejará que tomen la calle". El Confidencial, 22 de diciembre de 2011.
[5] "La Policía vuelve a cargar contra los estudiantes en Valencia". Público, 20 de febrero de 2012.
[6] "Un agente a una de las jóvenes estudiantes: 'No tienes cuerpo ni de puta'". El Mundo, 17 de febrero de 2012.
[7] "Seis detenidos y nueve heridos por las protestas del IES Lluís Vives". Público, 17 de febrero de 2012.
[8] "'Tengo seis grapas y una brecha de siete centímetros por defender mis derechos'". Público, 19 de febrero de 2012.
[9] "La Policía aduce que se limitó a responder al 'enemigo'". Público, 20 de febrero de 2012.
[10] "'Hasta que la delegada no abandone su cargo, nosotros no abandonaremos las calles'". Público, 20 de febrero de 2012.
[11] "Jueces para la Democracia rechaza la reforma laboral por ser 'profundamente injusta'". Finanzas, 16 de febrero de 2012.

Carta abierta al Inspector Jefe de la Policía Nacional de Valencia

Se recomienda la lectura de esta carta abierta que reproduzco a continuación, dirigida al Inspector Jefe de la Policía Nacional de Valencia a raíz de las cargas policiales contra estudiantes de instituto producidas los días 15 y 16 de febrero de 2012.

Me gustaría hacer desde aquí un llamamiento a Manuel Castilla Oroz, Inspector Jefe y portavoz del cuerpo de Policía Nacional de Valencia. 

Sr. Castilla, lamento tener que dirigirme a usted en estas circunstancias, pero entiendo que usted es uno de los máximos responsables de lo que ha ocurrido durante dos jornadas consecutivas en el I.E.S. Lluís Vives de Valencia, en el que se manifestaban de forma pacífica en una de las calles aledañas al centro, un grupo de no más de 40 alumnos. Se quejaban de que no tenían calefacción, ni agua, ni electricidad. Se quejaban porque no podían ir a clase y aprender. Usted o alguien de los de su gremio, decidió que esto era una potencial amenaza y envió alrededor de 150 agentes de policía de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios). 

A última hora de la mañana, sus agentes de policía, sobre los que tendrá que responder, vieron la necesidad de arrestar, vejar, insultar, arrastrar, golpear, maltratar y herir gravemente a varios de esos alumnos, todos ellos adolescentes: ninguno contaba más de 18 años. También lo hicieron sobre aquellos abogados que, voluntariamente, se ofrecieron a defender sus derechos. 

Le tomaba por un hombre respetable, Sr. Castilla. ¿Cuál de todos esos policías que vemos en las imágenes se supone que es el que nos tiene que defender?¿Es usted?¿Y qué piensan sus hijos?¿Era necesario? 

El enfermero que escribe estas líneas Sr. Castilla es el mismo enfermero que le salvó la vida a su madre, Carmen, cuando estuvo apunto de morir hace dos años. Ella me contaba que usted también fue niño. Le daré un consejo: nunca olvide que está tratando con personas. Cuando asistí a su madre, yo no lo olvidé. Tampoco olvide, que la inocencia no se elimina con porras y pelotas de goma. No les quite la inocencia a esos niños que solo quieren aprender.

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[1] Carta publicada en el blog Nacidos Para Perder.

La irrenunciable obligación de movilizarse

La movilización es el único camino para cortar la sangría de derechos que está sufriendo la clase trabajadora. El 19 de febrero de 2012 los sindicatos mayoritarios convocan la primera de estas movilizaciones contra la reciente reforma laboral. Independientemente de la simpatía que pueda sentirse hacia aquellos sindicatos, la movilización ha de ser masiva.

La reciente reforma laboral anunciada por el actual Gobierno representa una nueva agresión a los intereses de los ciudadanos. Como explica el profesor Vicenç Navarro, "estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora"[1]. El siguiente paso en este camino de recortes será la limitación del derecho a huelga, como ya piden abiertamente los grandes empresarios y aceptan algunos partidos políticos[2].

Hemos de recordar que tanto asalariados como pequeños empresarios y autónomos somos el eslabón más débil de una cadena que cada vez se tensa más. Desde los grandes poderes han descubierto que una situación de crisis permanente les beneficia de tal modo que no les resulta para nada apetecible salir de aquélla. Hemos de tener desde ya algo muy claro: esta crisis continuará mientras nos quede algún derecho a los trabajadores. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos con tal de salir de la crisis?

Mientras las estadísticas nos muestran un estado cuyos habitantes ven reducir sus estándares de vida y los niveles de pobreza alcanzan niveles muy preocupantes, donde día a día se comprueba la continua degradación de nuestros servicios públicos: escuelas sin calefacción, impago de medicamentos a las farmacias, hospitales con menos medios disponibles, por falta de unos presupuestos se derivan hacia la banca privada. Estas situaciones, junto al creciente desempleo, son elementos de desmoralización de las masas, así como un medio para generar conformismo desde el momento en que cualquier trabajador sabe que "tiene un ejército de parados detrás suya que con gusto trabajaría por mucho menos sueldo".

Desde el momento en el que aceptamos ese juego, del que seremos eternos perdedores, dejamos de ser dueños de nuestros destinos. Al respecto, hemos de tener algo muy claro: un trabajador sin derechos no es un trabajador, es un esclavo. La ciudadanía de hoy se encuentra ante la tesitura de responder a las agresiones de los grandes poderes, a decir "no" a la condena a una esclavitud de facto. La movilización es el único camino. No vale justificar la inacción con tópicos como que no vamos a seguir el juego a unos sindicatos mayoritarios "vendidos" y que nunca hacen nada. La fuerza no está en las siglas de ningún sindicato, la fuerza está en la unión y organización de los ciudadanos y, sobre todo, en el único modo de hacer oír de la ciudadanía: la movilización.

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[1] Vicenç Navarro: "La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales". Sistema, 17 de febrero de 2012.

[2] "El Gobierno está dispuesto a revisar el derecho de huelga". Público, 18 de febrero de 2012.

De España a Españistán

Este artículo es un ejercicio de crítica constructiva a una ciudadanía inteligente, bien preparada, que aún así rehuye a pensar por sí misma, lo que la hace manejable a manos de una élite que, con la excusa de la crisis, no hace más que recortar derechos e incrementar el déficit democrático que minimiza la soberanía del pueblo. 

Gran parte de la población española vive atenazada ante la dureza de estos tiempos de crisis, sumida en la indolencia, en un estéril inmovilismo a la espera de que otros les solucionen los problemas, resignada a asumir injustos cambios a sabiendas de que no harán más que agravar su situación. Esto sólo puede ser posible como consecuencia de un sutil trabajo de reeducación y enajenación de masas que nos ha convertido en mercancía en manos de los grandes poderes.

Tal nivel de resignación no se puede justificar exclusivamente con la profusión de ligas de las estrellas, programas del corazón, y demás inmundicia rosa, que alienan a una parte de la población que ha elegido dar la espalda a la realidad. Es triste recordar que una copa del mundo, ganada por una veintena de multimillonarios cuyas primas fueron declaradas en Sudáfrica para tributar menos impuestos[1], tuviese mayor capacidad de convocatoria de gente en calles y plazas que las protestas contra las duras reformas que van aprobando en este estado. Es el pueblo arrodillado, agarrado al clavo ardiendo del circo a la espera que el pan venga por la gracia de los que más tienen. Se trata de la mentalidad del esclavo, la que nos hace sumisos, conformistas, acríticos, borregos.

El gran problema de esta sociedad, la causa principal del inmovilismo aquí expuesto, es su grave déficit democrático, con profundas raíces históricas, que nos hace ignorar la esencia de la democracia y el estado de derecho, minusvalorar lo público, el poder de lo colectivo, la importancia de defender nuestros derechos. En un estado democrático, la soberanía es del pueblo. Los gobernantes han de realizar su trabajo por y para la ciudadanía. Sin embargo, cuando un presidente de gobierno se reune con los grandes empresarios para consultarles la salida de la crisis[2], cuando nuestros representantes en el Gobierno y oposición ceden a las presiones de otros estados para que reformemos nuestra Constitución[3], cuando la primera tarea de un presidente recién elegido consiste en consultar sus políticas con la canciller de Alemania[4], se demuestra que la soberanía no reside en el pueblo, ni siquiera en sus gobernantes; cuando se presume de una dura reforma laboral ante ministros cuyos países tienen estándares de vida que jamás hemos soñado aquí[5], se demuestra que no se gobierna para la mayoría de los ciudadanos.

Vivimos en un mar de medias verdades y falacias. Se ha aceptado que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hemos asumido y magnificado nuestra parte de culpa de la crisis actual. Así, señalamos sin rubor al post-adolescente que dejó a medias sus estudios de bachillerato para trabajar de peón de albañil y dedicar su sueldo a la compra de un BMW que ahora no puede seguir pagando. Culpamos a cualquier trabajador a quien un banco le concedió una hipoteca, sin traba alguna, y ahora se queda sin su vivienda. Aplaudimos en su día la llegada del euro, aunque a los pocos días de su existencia los precios de los productos básicos se multiplicasen sin más justificación que la del vil redondeo. Llegamos a sentirnos europeos porque la Seat era comprada por Volkswagen y se abrían supermercados franceses y alemanes en cada barrio. Aplaudimos el Tratado de Maastricht sin saber de qué iba, sólo porque lo apoyaban nuestros políticos del bipartidismo. Votamos “sí” a la Constitución Europea seducidos por una campaña publicitaria protagonizada por Los Morancos y otros famosos contratados para captar votos a favor[6].

Duele decirlo, pero parece que hemos tocado fondo y vamos a tardar en volver a flotar mientras no cambiemos de actitud. Hemos tocado fondo porque hemos sido conducidos, sin resistencia, a una situación que puede tornarse tan grave como la que hoy se vive en Grecia. Hemos tocado tocado fondo porque nos encontramos en un estado desindustrializado, sin capacidad de producir ni de consumir, destinado a convertirse en el hogar del pensionista del jubilado alemán, condenando a gran parte de los jóvenes a trabajar al servicio de turistas procedentes de los países desde donde se pide a nuestros gobernantes que nos bajen los salarios. Hemos tocado fondo cuando en plena crisis no somos capaces de reaccionar ante todo lo que se nos presenta. 

Puede que para la Europa rica esto ya no sea España sino Españistán. Al fin y al cabo, sin suliteza alguna, nos incluyeron en el club de los PIGS (“cerdos” en inglés), lo que ha venido a significar un total sometimiento a políticas de ajustes, recortes y una mal llamada austeridad para asegurar la devolución de la deuda nacional a los bancos, especialmente alemanes y franceses. Mientras tanto, gran parte de la población asume que hay que devolver esa deuda sin plantearse si es justa o no, ni quienes la causaron.

Españistán es la suma de los dos Españas en que se divide un gran sector de la ciudadanía cuando se trata de justificar las desgracias que nos ocurren. Asi, una gran parte de la población culpa de la situación actual a los políticos, normalmente a los del bando contrario al que confiaron su voto; porque simpatizar con una agrupación política o con otra se ha convertido en seña de identidad, puro forofismo, como la eterna pugna entre los hinchas del Madrid y del Barça. Otros, los menos, los culpan a todos sin distinción, metiendo en el mismo saco a los políticos del bipartidismo, a los de los partidos minoritarios, a los honrados, a los corruptos.

La media España forofa del partido ahora en el gobierno suspiró tranquila cuando Francisco Camps fue declarado no-culpable, mientras otra se negaba a aceptar el veredicto. La grave cuestión de la corrupción volvía a quedar reducida a arma política. El asunto no es qué partido político tiene mayor o menos número de corruptos, sino los motivos por los que la corrupción es una lacra en el estado español, el porqué de la falta de transparencia que provoca esa sensación de impunidad que parte de la población percibe y critica, aunque la contaminación partidista hace que en ocasiones sólo se critiquen los pecados cometidos por los políticos de partido ajeno. Ante tales circunstancias, la imparcialidad de la Justicia queda en entredicho, al fin y al cabo, la decisión de un juez ante cualquier caso de corrupción terminará siendo interpretada como una sentencia a favor o en contra de un partido u otro.

Más que nunca es necesario que la ciudadanía reaccione ante la situación actual, ante el déficit democrático que sigue permitiendo cuentas opacas, gastos inútiles, despilfarros, administraciones públicas manejadas como si se tratasen de cortijos privados por señoritos que alcanzaron su cargo a base de forofismo en vez de explicar a la ciudadanía sus intenciones, su programa. Muchos comenzamos a darnos cuenta que ya no estamos en España, de algún modo nos deportaron a Españistán y corremos el peligro de quedarnos aquí para siempre. El regreso a esa España -que algún día quiso ser- democrática, plural empieza por la ciudadanía. Mientras no apaguemos los televisores, desafiemos al amo, comencemos a pensar por nosotros mismos, dejemos a un lado forofismos políticos y exijamos programas, estaremos condenados a sufrir la Españistán de la caspa y la mediocridad, la de la interminable crisis y la sumisión a la banca europea.

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[1] "Selección española e impuestos". 19 de julio de 2011.
[2] "Zapatero se reunirá con 30 grandes empresarios el sábado para implicarles en la salida de la crisis". El País, 24 de noviembre de 2010.
[3] "España: La reforma constitucional aprobada sin consenso". Euronews, 2 de septiembre de 2011.
[4] "Rajoy a Merkel: 'How are you, Angela?'". ABC, 26 de enero de 2012.
[5] "Rajoy presume entre sus colegas de que 'la reforma laboral me va a costar una huelga'". Diario Progresista, 30 de enero de 2012.
[6] "Famosos a favor de Europa". El País, 13 de enero de 2005.

Comunicado de la Federación Nacional de Funcionarios de Policía de Grecia

Merece la pena leer este comunicado emitido por la ΠΟΑΣΥ (Federación Nacional de Funcionarios de Policía), la principal asociación de la policía griega. Como bien dice el texto, los intereses de la ciudadanía no paran de ser erosionados, mientras la policía -que no deja de estar formada por ciudadanos con los mismos problemas e inquietudes que cualquier otro trabajador- se convierte, por orden de unos políticos subordinados a la Unión Europea, en la fuerza de choque "a punta de pistola" contra las protestas de un pueblo indignado que no causó la crisis. Ojalá el ejemplo cunda pronto en el resto de las policías europeas, especialmente la española. 

Para los representantes: 

Presidente de la Comisión Servaz Nteroouz

      del Fondo Monetario Internacional, el Sr. Thomsen Pooul

       Banco Central Europeo, el Sr. Klaouz Mazouch 

Señores, 

El Consejo General Ampliado de la Federación con representantes de todas las organizaciones de oficiales de policía del país, durante los trabajos de ayer y de hoy (8 y 9 de febrero de 2012) decidió por unanimidad ponerse en contacto con ustedes y determinar los siguientes puntos: 

Durante dos años, la Federación Nacional de Funcionarios de Policía ha advertido que la política de imponer y exigir que se aplica “a punta de pistola” está destruyendo la cohesión social y matando cualquier esperanza en la recuperación de la economía griega. 

Esto representa nuestra protesta en la sede de la Unión Europea y las Embajadas de Alemania y Francia, expresamos nuestra oposición frontal a las políticas que afectan al orgullo y las sensibilidades democráticas de nuestro pueblo.

Les advertimos que nos negaremos a ir contra nuestros padres, hermanos, hijos, o los ciudadanos de este país, que protestan y exigen cambios de ruta.

Todo lo que pedimos son políticas programáticas que salvaguarden los intereses de los trabajadores y de todos los que ahora viven bajo la línea de pobreza.

Los intereses de los acreedores de préstamos usureros y los capitalistas que codician la riqueza nacional no pueden, en arreglo a la Ley, poner por encima de las necesidades básicas de la gente corriente sus propios intereses. Por otra parte, la prioridad de la supervivencia de los ciudadanos de una nación tiene legitimidad internacional y es una prioridad no sólo en la política interna sino de la comunidad internacional. Por otra parte, no somos ni nosotros ni la mayoría de la gente común los que causaron la crisis.

Debido a que, sin embargo, nos encontramos una vez más con que quieren continuar con las mismas políticas destructivas para todos nosotros, nos gustaría afirmar categóricamente que bajo ninguna circunstancia aceptaremos matar a nuestros hermanos. 

Quedan avisados de que, como representantes legítimos de la policía griega, requeriremos que nos sean emitidas órdenes de arresto hacia ustedes por una gran cantidad de delitos contemplados por la legislación y de acuerdo al Código Penal griego, como la promoción encubierta de la eliminación o reducción de nuestro sistema de gobierno democrático y la soberanía nacional, la interferencia de otros bienes jurídicos esenciales del pueblo griego, etc.

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[*] Texto original disponible en la web oficial de ΠΟΑΣΥ.

Déficit democrático en la construcción de Europa

Este artículo expone algunos de los síntomas que denotan el enorme déficit democrático que ha ido acompañando a la construcción de la Unión Europea. La imposición del Tratado de Lisboa como revisión de una Constitución Europea previamente rechazada por miles de ciudadanos en referendos es un claro ejemplo que se suma a las recientes designaciones de ex-altos cargos de la banca privada como primeros ministros sin previa consulta popular.

Un profundo sentimiento de decepción rodea a todos quienes alguna vez hemos soñado con una Europa realmente unida en condiciones de igualdad y fraternidad entre los pueblos del continente. El esperado paso hacia la integración de estados tradicionalmente enfrentados, el ejemplar ejercicio de internacionalismo destinado a convertirnos en ciudadanos del mundo parece haber sido una fatal tomadura de pelo. El proyecto Europeo es un espectro de lo que décadas atrás se prometió a la ciudadanía, un proyecto que ha demostrado -y sigue demostrando- estar orientado a los intereses de la banca y las grandes corporaciones en vez de al bienestar de los ciudadanos de todo el continente. Día a día comprobamos los efectos de un totalitarismo financiero que ha convertido a la orgullosa Europa cuna de la democracia en la oscura Europa lecho de la tecnocracia.

No se habla ya de la Europa de los Pueblos sino de la Europa de los ajustes, recortes y el déficit cero. Oscuros términos para describir la insolidaridad entre los estados miembros y de sus respectivos dirigentes hacia la clase trabajadora. Tampoco se habla ya de la soberanía del pueblo, sino de legitimación por los votos para cumplir las exigencias de los mercados. No en vano Mariano Rajoy, poco después de ganar las elecciones, dejó claro a los socios europeos que "había ganado por mayoría absoluta y que, por eso mismo, tenía las manos libres para hacer y deshacer a su antojo"[1]. Un antojo a su vez sometido a los dictados de sus homólogos de Alemania y Francia, representantes de facto de las bancas de sus respectivos estados. Vistas las experiencias en Grecia e Italia, cuyos primeros ministros fueron puestos a dedo desde la UE, este sometimiento parece haberse convertido en condición para mantenerse en el sillón de la presidencia.

En la Europa de hoy, las decisiones importantes se toman, cada vez más, a espaldas del pueblo. En este sentido, los medios de comunicación tradicionales han hecho un importante favor a las élites del poder al repetir hasta la saciedad, para acabar imponiendo, el mantra de que la política no sirve para nada. Que decidan ellos, que el pueblo ya tiene espectáculos y televisión de sobra para evitar así tener que pensar por sí mismo. Así, la ciudadanía europea ha sido apartada de la política hasta el extremo de -como veremos más adelante- limitar su derecho a efectuar el ritual del voto. La democracia participativa -salvo excepciones en la Europa más septentrional- sigue siendo un sueño utópico.

La ciudadanía de todo un continente, que tantos años ha vivido ajena a los entresijos de la construcción europea, no fue capaz de ver lo que se ocultaba tras el Tratado de Maastricht. Los cantos de sirena de una Europa unida, la de la prosperidad y el pleno empleo -decían-, incluían ponzoñosas condiciones para los estados miembros -como las que actualmente ahogan a Grecia[2]- que luego sufrirían sus ciudadanos. La obligación de asegurar la devolución del crédito a la banca privada queda por encima de cualquier otro compromiso de los estados. Así, las apresuradas reformas de las constituciones española e italiana, en septiembre de 2011, se llevaron a cabo con la intención de dar prioridad absoluta a tales pagos por ley[3]. Téngase en cuenta que tales cambios a la Constitución Española se llevaron a cabo por decreto, sin debate público, con el acuerdo expreso de los dos principales partidos del estado, PP y PSOE, indicativo de que ambas formaciones comparten líneas ideológicas en cuanto a política económica.

La voluntad popular demostró no ser freno para el proyecto de la Europa de la banca y las grandes corporaciones cuando, después de que el intento de imponer una Constitución Europea fuese abortado por los resultados de sendos referendos en Francia y Holanda -cuyos ciudadanos demostraron la sabiduría de leer lo que iban a votar-, ésta se maquilló y sustituyó por el Tratado de Lisboa, que esta vez sería ratificado por cada parlamento nacional sin pasar por previas consultas ciudadanas. La única excepción fue la República de Irlanda, cuya legislación obliga a que la ratificación parlamentaria de un tratado internacional de esta magnitud pase primero por consulta popular. Ésta se realizó y el resultado fue una rotunda negativa. Como respuesta a aquél resultado, la Unión Europea exigió la realización de un segundo referéndum[4].

El déficit democrático que actualmente adolece Europa ya fue advertido en los años noventa por el entonces presidente del Bundesbank, Hans Tietmeyer, quien lanzó el siguiente mensaje a los dirigentes europeos: "Ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados". Efectivamente, cada recorte, cada ajuste, cada sacrificio, cada pérdida de derechos que tiene lugar en nuestro continente en nombre de los mercados, no es más que un síntoma de la pérdida de soberanía de los pueblos de Europa y del autoritarismo de los grandes poderes económicos quienes no dudan en convertir a Europa en el laboratorio de ensayos del dogma neoliberal.

La ciudadanía ha de ser consciente de que no hay mayores antieuropeistas que quienes, en nombre de la construcción europea, niegan la soberanía a los estados y a los pueblos que representan. Una Europa unida bajo un fascismo financiero no es la Europa a la que debamos aspirar.

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Notas:
[1] "Rajoy avanza en Europa que las urnas le legitiman para imponer recortes". Público, 8 de diciembre de 2011.
[2] El artículo 104 del Tratado de Maastricht prohíbe, directamente, a los gobiernos nacionales y a cualquier otro organismo público recibir financiación de su Banco Central, y al mismo tiempo obliga a los países a recurrir necesariamente a los préstamos de los grandes bancos internacionales para costear todos los gastos del Estado.
[3] La sección 3 del artículo 135 de la Constitución Española, después de la reforma de 2011, indica que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión".
[4]  "Irlanda celebrará un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa". El País, 11 de diciembre de 2008.

Diccionario de la Crisis: emprendedor

emprendedor, ra.

1. adj. Quien decide aventurarse en el terreno empresarial como autónomo, con sus propios y limitados recursos, ante la imposibilidad de encontrar un empleo de calidad por cuenta ajena. Su decisión suele estar alentada por las administraciones, puesto que éste pasa a ser un parado menos. Suele sufrir importantes trabas para conseguir créditos, además de la competencia desleal de las grandes empresas, las cuales tienen grupos de presión que les permiten ventajas fiscales y menos trabas burocráticas para el desarrollo de sus negocios. 

2. adj. Quien, en su deseo de ser su propio jefe, termina trabajando subcontratado para una gran empresa, la cual se ahorra los gastos de Seguridad Social que tendría con un empleado, además de cualquier indemnización por despido.

3. m. y f. Mit. Ser mitológico que crea un gran emporio empresarial exclusivamente a partir de su esfuerzo personal.

V. Autónomo