Déficit democrático en la construcción de Europa

Este artículo expone algunos de los síntomas que denotan el enorme déficit democrático que ha ido acompañando a la construcción de la Unión Europea. La imposición del Tratado de Lisboa como revisión de una Constitución Europea previamente rechazada por miles de ciudadanos en referendos es un claro ejemplo que se suma a las recientes designaciones de ex-altos cargos de la banca privada como primeros ministros sin previa consulta popular.

Un profundo sentimiento de decepción rodea a todos quienes alguna vez hemos soñado con una Europa realmente unida en condiciones de igualdad y fraternidad entre los pueblos del continente. El esperado paso hacia la integración de estados tradicionalmente enfrentados, el ejemplar ejercicio de internacionalismo destinado a convertirnos en ciudadanos del mundo parece haber sido una fatal tomadura de pelo. El proyecto Europeo es un espectro de lo que décadas atrás se prometió a la ciudadanía, un proyecto que ha demostrado -y sigue demostrando- estar orientado a los intereses de la banca y las grandes corporaciones en vez de al bienestar de los ciudadanos de todo el continente. Día a día comprobamos los efectos de un totalitarismo financiero que ha convertido a la orgullosa Europa cuna de la democracia en la oscura Europa lecho de la tecnocracia.

No se habla ya de la Europa de los Pueblos sino de la Europa de los ajustes, recortes y el déficit cero. Oscuros términos para describir la insolidaridad entre los estados miembros y de sus respectivos dirigentes hacia la clase trabajadora. Tampoco se habla ya de la soberanía del pueblo, sino de legitimación por los votos para cumplir las exigencias de los mercados. No en vano Mariano Rajoy, poco después de ganar las elecciones, dejó claro a los socios europeos que "había ganado por mayoría absoluta y que, por eso mismo, tenía las manos libres para hacer y deshacer a su antojo"[1]. Un antojo a su vez sometido a los dictados de sus homólogos de Alemania y Francia, representantes de facto de las bancas de sus respectivos estados. Vistas las experiencias en Grecia e Italia, cuyos primeros ministros fueron puestos a dedo desde la UE, este sometimiento parece haberse convertido en condición para mantenerse en el sillón de la presidencia.

En la Europa de hoy, las decisiones importantes se toman, cada vez más, a espaldas del pueblo. En este sentido, los medios de comunicación tradicionales han hecho un importante favor a las élites del poder al repetir hasta la saciedad, para acabar imponiendo, el mantra de que la política no sirve para nada. Que decidan ellos, que el pueblo ya tiene espectáculos y televisión de sobra para evitar así tener que pensar por sí mismo. Así, la ciudadanía europea ha sido apartada de la política hasta el extremo de -como veremos más adelante- limitar su derecho a efectuar el ritual del voto. La democracia participativa -salvo excepciones en la Europa más septentrional- sigue siendo un sueño utópico.

La ciudadanía de todo un continente, que tantos años ha vivido ajena a los entresijos de la construcción europea, no fue capaz de ver lo que se ocultaba tras el Tratado de Maastricht. Los cantos de sirena de una Europa unida, la de la prosperidad y el pleno empleo -decían-, incluían ponzoñosas condiciones para los estados miembros -como las que actualmente ahogan a Grecia[2]- que luego sufrirían sus ciudadanos. La obligación de asegurar la devolución del crédito a la banca privada queda por encima de cualquier otro compromiso de los estados. Así, las apresuradas reformas de las constituciones española e italiana, en septiembre de 2011, se llevaron a cabo con la intención de dar prioridad absoluta a tales pagos por ley[3]. Téngase en cuenta que tales cambios a la Constitución Española se llevaron a cabo por decreto, sin debate público, con el acuerdo expreso de los dos principales partidos del estado, PP y PSOE, indicativo de que ambas formaciones comparten líneas ideológicas en cuanto a política económica.

La voluntad popular demostró no ser freno para el proyecto de la Europa de la banca y las grandes corporaciones cuando, después de que el intento de imponer una Constitución Europea fuese abortado por los resultados de sendos referendos en Francia y Holanda -cuyos ciudadanos demostraron la sabiduría de leer lo que iban a votar-, ésta se maquilló y sustituyó por el Tratado de Lisboa, que esta vez sería ratificado por cada parlamento nacional sin pasar por previas consultas ciudadanas. La única excepción fue la República de Irlanda, cuya legislación obliga a que la ratificación parlamentaria de un tratado internacional de esta magnitud pase primero por consulta popular. Ésta se realizó y el resultado fue una rotunda negativa. Como respuesta a aquél resultado, la Unión Europea exigió la realización de un segundo referéndum[4].

El déficit democrático que actualmente adolece Europa ya fue advertido en los años noventa por el entonces presidente del Bundesbank, Hans Tietmeyer, quien lanzó el siguiente mensaje a los dirigentes europeos: "Ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados". Efectivamente, cada recorte, cada ajuste, cada sacrificio, cada pérdida de derechos que tiene lugar en nuestro continente en nombre de los mercados, no es más que un síntoma de la pérdida de soberanía de los pueblos de Europa y del autoritarismo de los grandes poderes económicos quienes no dudan en convertir a Europa en el laboratorio de ensayos del dogma neoliberal.

La ciudadanía ha de ser consciente de que no hay mayores antieuropeistas que quienes, en nombre de la construcción europea, niegan la soberanía a los estados y a los pueblos que representan. Una Europa unida bajo un fascismo financiero no es la Europa a la que debamos aspirar.

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Notas:
[1] "Rajoy avanza en Europa que las urnas le legitiman para imponer recortes". Público, 8 de diciembre de 2011.
[2] El artículo 104 del Tratado de Maastricht prohíbe, directamente, a los gobiernos nacionales y a cualquier otro organismo público recibir financiación de su Banco Central, y al mismo tiempo obliga a los países a recurrir necesariamente a los préstamos de los grandes bancos internacionales para costear todos los gastos del Estado.
[3] La sección 3 del artículo 135 de la Constitución Española, después de la reforma de 2011, indica que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión".
[4]  "Irlanda celebrará un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa". El País, 11 de diciembre de 2008.