El precio de despertar conciencias parece consistir en 74 años y tres meses de cárcel, al menos es la pena que pide la Fiscalía contra las 14 personas detenidas durante las manifestaciones del 15 de mayo de 2011. El fantasma de la criminalización de la protesta vuelve a presentarse ante la ciudadanía, de sobre amenazada por leyes mordaza y órdenes de represión a los cuerpos antidisturbios. Es la única respuesta de un régimen moribundo a las inquietudes de un pueblo cada vez más harto de lo mismo de siempre. Mientras tanto, los de las tarjetas negras, los que se forraron con el Instituto Nóos, los que se enriquecen ilícitamente, se encuentran tranquilamente en sus casas.
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