El Ministerio del Interior ya no sabe qué excusa inventarse para censurar el uso de cámaras de vídeo y de fotografía en las manifestaciones. Así, el Gobierno insiste en que se podrán incautar estos objetos si los agentes consideran que pueden emplearse para cometer algún acto ilegal. La pregunta es ¿por parte de quién? Pocas ilegalidades pueden llevarse a cabo con cámaras o móviles, mientras que demasiadas grabaciones evidencian abusos por parte de unos pocos agentes que se extralimitan en sus funciones, sabedores de que, ante la ausencia de pruebas, no tendrán que responder frente a la justicia. Si lo que se busca es la impunidad para los Melitón Manzanas o los "Billy el niño" del siglo XXI, parece que estamos en el camino.
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