El Gobierno amigo del poder financiero recurre a un artificio contable para poner 30 mil millones de dinero público en el capital de la banca española. De nuevo el Estado, y con aquél todos los ciudadanos, se convierte en avalista de las principales entidades financieras en el caso de que alguna de aquéllas entre en pérdidas o en proceso de liquidación. Por mucho que De Guindos lo llame préstamo, se trata de un regalo -a nuestra costa- a los de siempre.
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