La noticia no fue que un grupo de ciudadanos consiguiera a duras penas organizar un evento que, aún lejos de ser multitudinario, lograse cierta repercusión mediática; tampoco lo fue la manifestación en sí misma, una más entre las muchas que día a día demuestran el descontento del pueblo. La noticia es que el Gobierno hizo eco implícito del rechazo que la institución monárquica produce en una parte importante de la sociedad española, harta de Urdangarines y asesinatos de elefantes, al sobredimensionar las medidas de seguridad que automáticamente convertían en sospechoso de antimonárquico a cualquiera que entrase a Madrid a base de exagerados controles e identificaciones, cierre de líneas de metro o una barrera de más de 1400 antidisturbios, además de la demostración de que no querían testigos al expulsar a los observadores internacionales de la OSCE, algo inaudito en un Estado que se defina como democrático.
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